Lo que no se sabe sobre el Tratado de libre comercio entre EEUU y la UE
Vicenç Navarro, Público.es
En varios artículos anteriores he alertado del peligro que supone el nuevo Tratado mal llamado de Libre Comercio entre EEUU y la Unión Europea (UE) para los derechos laborales, derechos civiles y derechos del consumidor a los dos lados del Atlántico Norte, que se verán negativamente afectados por tal tratado (“¿Qué se intenta con los tratados mal llamados de libre comercio?”, Público, 23.07.15; “Las consecuencias negativas de los anteriores tratados de libre comercio”, Público, 15.06.15; “La farsa de los tratados de libre comercio”, Público, 21.05.15). Como subrayé en tales artículos, el objetivo de este tratado no es facilitar el comercio entre EEUU y los países de la UE (objetivo con el cual no tengo ninguna reserva), sino eliminar lo que el tratado define como “barreras para el comercio y para la inversión”, que es el término utilizado para referirse a las normas de protección del trabajador, del consumidor y del ambiente que los países han desarrollado en respuesta a las demandas populares. Y esta eliminación tendría lugar mediante el establecimiento de un tribunal supranacional (que no sería elegido y cuya composición sería principalmente de “expertos” en comercio próximos a las grandes empresas transnacionales) que tendría la autoridad para forzar a un país a que desmantelara tales protecciones al considerarlas “barreras al comercio y a la inversión”.
Parece que la gran protesta que ha habido sobre este elemento del Tratado ha hecho que se esté ahora discutiendo entre los bastidores del poder (en los comités secretos donde se está preparando tal tratado) cómo diluir esta protesta popular haciendo cambios en la naturaleza de dicho tribunal. No me fío, y el secreto que domina el proceso, con una enorme opacidad y falta de transparencia, explica la falta de credibilidad de tales comités. De ahí que sea vital que la oposición a este tratado continúe, pues estas negociaciones son claramente antidemocráticas (no hay otra manera de definirlas), ya que ni el Parlamento Europeo ni los parlamentos nacionales están siendo invitados ni consultados en estas negociaciones.
Vicenç Navarro, Público.es
En varios artículos anteriores he alertado del peligro que supone el nuevo Tratado mal llamado de Libre Comercio entre EEUU y la Unión Europea (UE) para los derechos laborales, derechos civiles y derechos del consumidor a los dos lados del Atlántico Norte, que se verán negativamente afectados por tal tratado (“¿Qué se intenta con los tratados mal llamados de libre comercio?”, Público, 23.07.15; “Las consecuencias negativas de los anteriores tratados de libre comercio”, Público, 15.06.15; “La farsa de los tratados de libre comercio”, Público, 21.05.15). Como subrayé en tales artículos, el objetivo de este tratado no es facilitar el comercio entre EEUU y los países de la UE (objetivo con el cual no tengo ninguna reserva), sino eliminar lo que el tratado define como “barreras para el comercio y para la inversión”, que es el término utilizado para referirse a las normas de protección del trabajador, del consumidor y del ambiente que los países han desarrollado en respuesta a las demandas populares. Y esta eliminación tendría lugar mediante el establecimiento de un tribunal supranacional (que no sería elegido y cuya composición sería principalmente de “expertos” en comercio próximos a las grandes empresas transnacionales) que tendría la autoridad para forzar a un país a que desmantelara tales protecciones al considerarlas “barreras al comercio y a la inversión”.
Parece que la gran protesta que ha habido sobre este elemento del Tratado ha hecho que se esté ahora discutiendo entre los bastidores del poder (en los comités secretos donde se está preparando tal tratado) cómo diluir esta protesta popular haciendo cambios en la naturaleza de dicho tribunal. No me fío, y el secreto que domina el proceso, con una enorme opacidad y falta de transparencia, explica la falta de credibilidad de tales comités. De ahí que sea vital que la oposición a este tratado continúe, pues estas negociaciones son claramente antidemocráticas (no hay otra manera de definirlas), ya que ni el Parlamento Europeo ni los parlamentos nacionales están siendo invitados ni consultados en estas negociaciones.
En varios artículos anteriores he alertado del peligro que supone el nuevo Tratado mal llamado de Libre Comercio entre EEUU y la Unión Europea (UE) para los derechos laborales, derechos civiles y derechos del consumidor a los dos lados del Atlántico Norte, que se verán negativamente afectados por tal tratado (“¿Qué se intenta con los tratados mal llamados de libre comercio?”, Público, 23.07.15; “Las consecuencias negativas de los anteriores tratados de libre comercio”, Público, 15.06.15; “La farsa de los tratados de libre comercio”, Público, 21.05.15). Como subrayé en tales artículos, el objetivo de este tratado no es facilitar el comercio entre EEUU y los países de la UE (objetivo con el cual no tengo ninguna reserva), sino eliminar lo que el tratado define como “barreras para el comercio y para la inversión”, que es el término utilizado para referirse a las normas de protección del trabajador, del consumidor y del ambiente que los países han desarrollado en respuesta a las demandas populares. Y esta eliminación tendría lugar mediante el establecimiento de un tribunal supranacional (que no sería elegido y cuya composición sería principalmente de “expertos” en comercio próximos a las grandes empresas transnacionales) que tendría la autoridad para forzar a un país a que desmantelara tales protecciones al considerarlas “barreras al comercio y a la inversión”.
Parece que la gran protesta que ha habido sobre este elemento del Tratado ha hecho que se esté ahora discutiendo entre los bastidores del poder (en los comités secretos donde se está preparando tal tratado) cómo diluir esta protesta popular haciendo cambios en la naturaleza de dicho tribunal. No me fío, y el secreto que domina el proceso, con una enorme opacidad y falta de transparencia, explica la falta de credibilidad de tales comités. De ahí que sea vital que la oposición a este tratado continúe, pues estas negociaciones son claramente antidemocráticas (no hay otra manera de definirlas), ya que ni el Parlamento Europeo ni los parlamentos nacionales están siendo invitados ni consultados en estas negociaciones.
Una dimensión del tratado desconocida
Pero existe otra dimensión del TTIP que casi ha pasado desapercibida y que puede causar tanto daño como el Tribunal Internacional. Me refiero a los comités llamados Consejos de Cooperación Reguladora (Regulatory Cooperation Council) que se constituirán de manera bilateral entre EEUU y los países miembros de la UE (o entre estos mismos), y que tendrán como objetivo analizar los obstáculos al comercio y a la inversión. Tales consejos estarán compuestos por “expertos en comercio”, pero no por expertos en temas laborales, ambientales o de defensa del consumidor. Las funciones de estos consejos se están definiendo, pero no tienen buena pinta. ¿Quién proveerá la información? ¿Quién la evaluará? ¿Qué poder normativo tendrán? ¿Qué poder sancionador?
Ya hay algo en la narrativa que es alarmante. Todo el lenguaje es económico y se habla de aplicar medidas utilizando criterios de evaluación de intervenciones tales como el coste-beneficio, que es el código que se utiliza en econometría para aplicar primordialmente criterios economicistas para evaluar una intervención. Desde este punto de vista, parecería que el único criterio para evaluar cualquier intervención o eliminación de protección laboral, ambiental o de defensa del consumidor sería la rentabilidad de dicha intervención. Esta ideología, presentada como ciencias económicas, es enormemente peligrosa y nos ha llevado al desastre actual del austericidio. Es el pensamiento (mejor dicho, dogma) neoliberal aplicado al comercio internacional.
De ahí la urgente necesidad de que la población se movilice y exija cambios tanto en la composición como en las funciones de dichos consejos, subrayando que el tema prioritario del criterio de evaluación sea el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones sujetas a tal tratado, exigiendo además que haya expertos laborales y ambientales, entre otros, sensibles a las necesidades de los trabajadores y usuarios, en lugar de tomar siempre como criterio la rentabilidad para el empresario de tal comercio o inversión. E, incluso más importante, subrayar que tales consejos deben estar bajo la responsabilidad política de los representantes de la población, una responsabilidad que en el clima neoliberal mercantil dominante en las instituciones que están preparando este tratado ni se considera. La arrogancia del poder llega hasta el punto de que propuestas de una enorme insensibilidad social y de claro perjuicio a las clases populares se presentan como las únicas lógicas y razonables según el criterio de las “ciencias económicas”.
Above is the content the blog provided. If incomplete, read the original here.
Pero existe otra dimensión del TTIP que casi ha pasado desapercibida y que puede causar tanto daño como el Tribunal Internacional. Me refiero a los comités llamados Consejos de Cooperación Reguladora (Regulatory Cooperation Council) que se constituirán de manera bilateral entre EEUU y los países miembros de la UE (o entre estos mismos), y que tendrán como objetivo analizar los obstáculos al comercio y a la inversión. Tales consejos estarán compuestos por “expertos en comercio”, pero no por expertos en temas laborales, ambientales o de defensa del consumidor. Las funciones de estos consejos se están definiendo, pero no tienen buena pinta. ¿Quién proveerá la información? ¿Quién la evaluará? ¿Qué poder normativo tendrán? ¿Qué poder sancionador?
Ya hay algo en la narrativa que es alarmante. Todo el lenguaje es económico y se habla de aplicar medidas utilizando criterios de evaluación de intervenciones tales como el coste-beneficio, que es el código que se utiliza en econometría para aplicar primordialmente criterios economicistas para evaluar una intervención. Desde este punto de vista, parecería que el único criterio para evaluar cualquier intervención o eliminación de protección laboral, ambiental o de defensa del consumidor sería la rentabilidad de dicha intervención. Esta ideología, presentada como ciencias económicas, es enormemente peligrosa y nos ha llevado al desastre actual del austericidio. Es el pensamiento (mejor dicho, dogma) neoliberal aplicado al comercio internacional.
De ahí la urgente necesidad de que la población se movilice y exija cambios tanto en la composición como en las funciones de dichos consejos, subrayando que el tema prioritario del criterio de evaluación sea el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones sujetas a tal tratado, exigiendo además que haya expertos laborales y ambientales, entre otros, sensibles a las necesidades de los trabajadores y usuarios, en lugar de tomar siempre como criterio la rentabilidad para el empresario de tal comercio o inversión. E, incluso más importante, subrayar que tales consejos deben estar bajo la responsabilidad política de los representantes de la población, una responsabilidad que en el clima neoliberal mercantil dominante en las instituciones que están preparando este tratado ni se considera. La arrogancia del poder llega hasta el punto de que propuestas de una enorme insensibilidad social y de claro perjuicio a las clases populares se presentan como las únicas lógicas y razonables según el criterio de las “ciencias económicas”.
Ya hay algo en la narrativa que es alarmante. Todo el lenguaje es económico y se habla de aplicar medidas utilizando criterios de evaluación de intervenciones tales como el coste-beneficio, que es el código que se utiliza en econometría para aplicar primordialmente criterios economicistas para evaluar una intervención. Desde este punto de vista, parecería que el único criterio para evaluar cualquier intervención o eliminación de protección laboral, ambiental o de defensa del consumidor sería la rentabilidad de dicha intervención. Esta ideología, presentada como ciencias económicas, es enormemente peligrosa y nos ha llevado al desastre actual del austericidio. Es el pensamiento (mejor dicho, dogma) neoliberal aplicado al comercio internacional.
De ahí la urgente necesidad de que la población se movilice y exija cambios tanto en la composición como en las funciones de dichos consejos, subrayando que el tema prioritario del criterio de evaluación sea el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones sujetas a tal tratado, exigiendo además que haya expertos laborales y ambientales, entre otros, sensibles a las necesidades de los trabajadores y usuarios, en lugar de tomar siempre como criterio la rentabilidad para el empresario de tal comercio o inversión. E, incluso más importante, subrayar que tales consejos deben estar bajo la responsabilidad política de los representantes de la población, una responsabilidad que en el clima neoliberal mercantil dominante en las instituciones que están preparando este tratado ni se considera. La arrogancia del poder llega hasta el punto de que propuestas de una enorme insensibilidad social y de claro perjuicio a las clases populares se presentan como las únicas lógicas y razonables según el criterio de las “ciencias económicas”.
TTIP y SALUD: lo que no te cuentan de un Tratado del que los mass media no informan
“El verdadero objetivo del TTIP es de tipo geopolítico: frenar las alternativas a la hegemonía económica norteamericana y europea en el comercio mundial, y devolver a los EEUU y la UE al liderazgo en la fijación de las reglas de juego de la economía internacional, del que han gozado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.El TTIP elevaría de forma efectiva al capital transnacional a la condición de estado-nación encubierto y establecería la preeminencia de los derechos de las corporaciones transnacionales sobre los humanos.Si este rumbo no cambia, el futuro democrático, social y ecológico de una gran parte de la humanidad estará seriamente comprometido”.(Extracto del informe)
El TTIP es malo para la salud y para la democracia: Informe SESPAS
Acaba de publicarse un Informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) sobre los problemas que el tratado Transatlantic Trade and Investment Parthnership (TTIP) acarreará para la salud pública, la soberanía nacional y la democracia.
En su primer capítulo, se señala como los riesgos se proyectan sobre:
(1) el acceso a los medicamentos y
(2) la capacidad regulatoria gubernamental de productos como el tabaco, los alimentos procesados y el alcohol
En relación con los medicamentos, el Tratado quiere imponer a los Estados la agenda de la industria farmacéutica:
(1) extensión del plazo de las patentes para compensar demoras: en el inicio del estudio de la solicitud de la patente; en el proceso de otorgamiento una vez iniciado; en el proceso de aprobación de comercialización
(2) ampliación de los sistemas de exclusividad de datos, cuyo objetivo es evitar que las autoridades regulatorias usen datos ya existentes, sobre eficacia y seguridad para registrar medicamentos genéricos
(3) ampliar la cobertura de los derechos de propiedad intelectual: a las nuevas formas y usos de los medicamentos, aunque no haya un incremento de su eficacia
(4) creación de mecanismos que faciliten la participación de grupos de pacientes (muchos controlados por la industria) durante los procesos de autorización de los medicamentos
(5) la creación de comités de consulta y revisión de los procesos de autorización de los medicamentos, que pueden convertirse en herramientas de presión por parte de la industria
(6) autorización de la publicidad directa al consumidor
El conjunto de medidas, en relación con los medicamentos, que pretende imponer el TTPI:
– “prolongarían el monopolio del mercado, por parte de las marcas originales, retrasando la entrada de versiones genéricas y limitando así el acceso de la población a los medicamentos“
– conseguirían “incrementar el poder de injerencia de la industria farmacéutica en todo el proceso de autorización de los medicamentos, directamente y a través de grupos de presión bajo su tutela“
En relación con las políticas de regulación del tabaco, el alcohol y los productos alimetarios, el TTIP pretende que:
(1) los acuerdos los derechos de propiedad intelectual se asocien tanto a la marca como al diseño del empaque de sus productos, como mecanismo para anular las medidas para el empaquetado y etiquetado establecidas por el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco de 2005.
(2) se garantice la participación de la industria en los procesos de diálogo y toma de decisiones reglamentarias, ampliando sus recursos para impugnar decisiones que impacten negativamente en sus intereses comerciales
(3) se incremente la Inversión Extranjera Directa (IED) y consolidar su poder a lo largo de toda la cadena:
“Estos procesos de consolidación han permitido a la industria alcanzar economías de escala que han favorecido la reducción de precios y aumentado la disponibilidad de alimentos altamente procesados. Evidencia de esto es la asociación observada entre los aumentos de IED y de consumo de dichos alimentos, caracterizados por ser pobres en nutrientes y con alto contenido de grasas, azúcares y sal.”
En el segundo capítulo se critican aspectos relacionados con el proceso negociador:
(1) inclusión de disposiciones sobre protección de las inversiones
(2) mecanismos de resolución de diferencias entre inversores y Estados
De facto, “los tratados permitirían al inversor enfrentarse directamente, no sólo frente a un Estado, sino frente a la propia Unión Europea” mediante “tribunales de arbitraje privados“.
Con su suscripción:
(1) “se ampliará enormemente el alcance del arbitraje de inversión, exponiendo a los Estados miembros a riesgos de responsabilidad sin precedentes e impredecibles”
(2) “se hurta a la jurisdicción ordinaria del Estado la posibilidad de conocer el asunto” sustituyéndolo por
(3) una “absoluta falta de transparencia“
(4) se consolida una “sobreprotección para el inversor extranjero en la medida en que sólo las grandes multinacionales extranjeras están en condiciones de poder recurrir a ellos. Sólo ellos tienen el derecho a eludir el sistema judicial del Estado”
(5) se produce “cierta pérdida de la soberanía estatal a favor del interés estrictamente económico del inversor en ámbitos que además son de especial sensibilidad”
El objetivo final de dicho TTIP consiste en:
(1) aumentar el comercio y la inversión
(2) fortalecer las relaciones económicas entre la Unión Europea y Estados Unidos.
El TTIP integraría a algo más de 820 millones de personas, a la mitad de la producción mundial y a casi un tercio del comercio de bienes y servicios en todo el mundo.
Se preveen efectos económicos positivos pero existe incertidumbre sobre (1) la existencia final de beneficios y, de existir, (2) su distribución equitativa
(1) Efectos positivos potenciales: crecimiento adicional del 0,34 (nivel mínimo) 0,49% (techo máximo) del PIB en Estados Unidos y en la Unión Europe (por el aumento de las exportaciones totales en un 7,6% y en un 5,9% respectivamente)
(2) Efectos negativos potenciales: pero el TTIP podría causar efectos negativos en diversos sectores del mercado interior europeo debido a:
-la apertura a nuevas importaciones competitivas en precios
– por la penetración de nuevas inversiones originarias de Estados Unidos
– pérdidas de empleo (al menos 1.3 millones de trabajadores europeos y 715.000 estadounidenses perderían su empleo en el escenario más ambicioso del TTIP)*
– significativa devaluación de los salarios de millones de trabajadores*
– la puesta en marcha del tratado multilateral llamado NAFTA entre EEUU, Canadá y México provocó un enorme incremento de las desigualdades sociales, pasando el nivel de pobreza extrema de México de un 16% a un 28% (hoy la pobreza es del 52%)*
– 5 millones de campesinos tuvieron que abandonar sus tierras, contribuyendo a incrementar el elevado desempleo urbano y deteriorando el mercado de trabajo*
La validez de estos análisis prospectivos de impacto económico positivo para el crecimiento por parte de este TTIP (que en muchos casos comprenden simulaciones hasta el 2027) depende en gran medida del resultado final de las negociaciones
El verdadero objetivo del TTIP es de tipo geopolítico: frenar las alternativas a la hegemonía económica norteamericana y europea en el comercio mundial, y devolver a los EEUU y la UE al liderazgo en la fijación de las reglas de juego de la economía internacional, del que han gozado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
El TTIP elevaría de forma efectiva al capital transnacional a la condición de estado-nación encubierto y establecería la preeminencia de los derechos de las corporacionestransnacionales sobre los humanos.
Si este rumbo no cambia, el futuro democrático, social y ecológico de una gran parte de la humanidad estará seriamente comprometido.
En el quinto capítulo los autores señalan el peligro de que el TTIP, como otros acuerdos comerciales similares, represente un hito en el modo de entender la organización político-jurídica, legitimando a través del Derecho la transformación de un sistema cimentado en la democracia y en una concepción del poder público al servicio del interés general o ciudadano, en un sistema en el que los representantes de los mercados tienen un rol privilegiado en las más importantes sedes de decisión.
El TTIP puede ser muy malo para la salud y para la democracia
Fuente: nogracias.eu
Reedición artículo, título post, Freeman
visto en: Liberación AHORA
No hay comentarios:
Publicar un comentario