La indefensión aprendida de la clase trabajadora
Las dos reformas laborales de 2010 y 2012 han recortado derechos a los trabajadores y facilitado y abaratado el despido, debilitado la negociación colectiva y reforzado el poder del empresario para modificar, unilateralmente, las condiciones pactadas en el contrato
Ante la desaparición de entre el 40-50% de los empleos actuales durante los próximos 30 años se acentuará la desigualdad acompañada de una mayor, si cabe, precarización de los empleos y reducción salarial
La OIT prevé que para el 2019 la tasa de paro en España se sitúe en el 21.5%
Economistas Sin Fronteras - Paco Cervera
Un sistema que beneficia a tan pocos y perjudica a tantos solo puede reproducirse de dos formas, una violenta y otra más discreta.
Nos centraremos en la más discreta, es decir, aquella que hace creer que el sistema es bueno o bien aquella que hace creer que no existe una alternativa mejor.
El caso español debería estudiarse
Durante algún tiempo, y excepcionalmente estos últimos cinco años, el maltrato a la clase trabajadora de este país ha sido de juzgado de guardia.
Dos reformas laborales, en 2010 y 2012, que han recortado derechos a los trabajadores y trabajadoras, facilitado y abaratado el despido, debilitado la negociación colectiva y reforzado el poder del empresario para modificar, unilateralmente, las condiciones pactadas en el contrato.
En conclusión, precariedad y abaratamiento del factor trabajo.
En muchas familias la única fuente de renta procede de la venta en el mercado de sus servicios como trabajadores. Está apareciendo una subclase dentro de la clase trabajadora, que sería la compuesta por aquellas personas que, a pesar de trabajar, se considera que están en riesgo de pobreza, un 21.3% (2014) en España.
Las personas que se encuentren desocupadas además son excluidas de la sociedad, en tanto que no participan en el proceso productivo y, por ende, tampoco pueden participar en la fase de consumo. Un 29.2% (2014) de la población en nuestro país se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social.
A la situación anterior le añadimos el desmantelamiento incesante del jamás desarrollado Estado de Bienestar debido, en gran medida, a la pérdida de autonomía fiscal de los países.
Además, las medidas impuestas para reducir el déficit público se han centrado en la reducción del gasto, sobretodo en las autonomías, proveedoras de Sanidad y Educación, y municipios, principales suministradores de la ayuda social.
El salario indirecto de los trabajadores también se ha visto menguado.
El futuro
Y no es que las expectativas para los trabajadores sean muy halagüeñas, según se señala en Perspectivas Laborales y Sociales en el Mundo, de la OIT, se prevé para el 2019 una tasa de paro para España del 21.5%.
Si consideramos que el TTIP puede aprobarse sin demasiada oposición por los gobiernos europeos, los efectos que puede tener sobre los derechos laborales son considerablemente negativos (precarización de las condiciones laborales, pérdida de derechos sindicales y amenaza de deslocalización de empresas).
Añadamos que la competencia entre trabajadores no se va a ceñir a los americanos y europeos, sino más bien va a suponer una competencia con los trabajadores asiáticos después de que se ratifique el Trans-Pacific Partnership (TPP), punta de lanza de un acuerdo mucho más potente, la Free Trade Area Asia-Pacific (FTAAP).
Todo parece señalar a uno de los escenarios que Paul Mason dibuja en su libro, 'PostCapitalism: a guide to our future'.
Ante la desaparición de entre el 40-50% de los empleos actuales durante los próximos 30 años se acentuará la desigualdad, acompañada de una mayor precarización de los empleos y reducción salarial.
El final de esta cadena de acontecimientos estará el crecimiento de fanatismos, nacionalismos, violencia y la desaparición de la globalización. En cambio, discrepo en las consecuencias de ese escenario.
El fraude
Hay que considerar que la clase hegemónica ha desarrollado técnicas muy eficaces para mantener el fraude y así mantener controlada a la sociedad.
La continua división de la clase perjudicada entre parados-trabajadores, trabajadores públicos-privados o nacionales-extranjeros solo facilita las cosas.
Los medios de comunicación deben seguir haciendo su trabajo como hasta ahora, controlando la agenda pública y evitando consecuencias negativas de las políticas que pueden enfurecer a la gente.
La indefensión aprendida también actúa en contra de esa predicción y puede ser inducida.
¿Qué es? Es una situación en la cual una persona se inhibe cuando las acciones que ha emprendido para cambiar algo no surten el efecto deseado.
Todos hemos sido receptores, sino emisores, de la frase: “Para que voy a ir a (votar, a manifestarme, a enviar un CV, etc.) si total no va a cambiar nada”.
Este comportamiento social tiene importancia, según este post en United Explanations, porque se traduce en pasividad ciudadana, lo que a su vez provoca que la brecha entre ciudadanía y políticos se amplíe, dejando un excesivo margen de maniobra a estos últimos y facilitando la captura del Estado por parte de los poderes corporativos.
Y lo que es peor, este proceso se va retroalimentando.
Hace falta una alternativa
¿Qué ha sucedido en Grecia después del referéndum del 5 de julio? Nada.
Las contrarreformas neoliberales y la humillación al pueblo griego han sido retransmitidas por todos los medios de comunicación del mundo para que nadie se quedara por verlo.
De eso se trata, “no hay alternativa”.
La izquierda griega, la que se estaba erigiendo en baluarte de la resistencia ha sucumbido a la obviedad, haciendo desaparecer de cuajo cualquier atisbo de contestación en el sur europeo.
Las encuestas en España dan para el 20D la victoria a la derecha del Partido Popular y Ciudadanos. La izquierda ha quedado huérfana de discurso alternativo al neoliberal.
El PSOE se ha presentado como “la izquierda posible” tratando de dejar claro que no va a cambiar nada, solo edulcorar algún desmadre sistémico.
El resto de partidos pueden recibir votos que castiguen al bipartidismo pero, realmente, no han sabido diseñar un discurso alternativo.
Y me permito concluir con las mismas palabras que utilicé en otro artículo publicado en este mismo espacio, porque nada ha cambiado, con la esperanza de que empiece a fraguarse una alternativa más pronto que tarde:
En su “Filosofía de la Liberación”, Enrique Dussel habla sobre la importancia de construir un discurso desde y para los dominados. Los silenciados por el sistema deben rebelarse contra él, crear un discurso que contradiga la verdad actual y que llegado el momento pueda sustituirla. Ello requeriría del reconocimiento de uno mismo como dominado y tomar conciencia de clase, salir a la calle y compartir espacios.
El artículo refleja la opinión del autor.
Economistas sin fronteras no coincide necesariamente con su contenido.
Por Médico crítico
En estas semanas leemos (o incluso emitimos) propuestas sobre políticas de salud de cara a las elecciones, se resaltan respuestas a las preguntas más inverosímiles y se elucubra con quiénes serían los responsables de las carteras ministeriales si gobernara tal o cual partido.
Sin embargo existe una pregunta que rara vez sale en los debates o entrevistas sobre política sanitaria y que probablemente sea la llave que abra o cierre el acceso a la posiblidad de llevar a cabo las políticas de salud prometidas en los diferentes documentos de propuestas de gobierno: ¿cuál es la postura de su partido frente al TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, que se trata de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América)?
Hace algo más de un año publicamos en eldiario.es un artículo titulado "El TTIP: ¿una amenaza para los sistemas sanitarios públicos?" donde comentábamos algunas de las repercusiones que dicho acuerdo podría tener sobre la privatización de los servicios de salud, así como en la legislación en materia de protección de la salud.
Los párrafos finales de dicho artículo decían:
En resumen los efectos que el TTIP puede tener en el sector sanitario son, principalmente, dos:
1) Incrementar la apertura y facilidades para que empresas aseguradores de los Estados Unidos puedan implantarse en los países miembros de la Unión Europea, otando sus inversiones de una mayor seguridad jurídica y disminuyendo la soberanía en la gestión de ciertos setores por parte de los países de la Unión.
2) Blindar los procesos de liberalización y privatización emprendidos en los últimos años en los países de nuestro entorno.
Afirmar que estos serán los efectos del TTIP no es un ejercicio de adivinación, sino la consecuencia directa de observar quiénes han sido los que han diseñado e interferido en la redacción de sus medidas.
Como se puede ver en la web de Corporate Europe Observatory, el 92% de las reuniones de la Comisión Europea fueron con lobbies empresariales privados, y solo el 4% con representantes de los intereses públicos; además, las empresas del sector sanitario y farmacéutico se encuentran en el top 10 de las qe más presión han ejercido durante la redacción del TTIP.
El TTIP puede ser una de esas medidas que Mckee y Stuckler (Mckee 2011) señalaban como claves para destruir la universalidad de los servicios públicos, estando ausente del debate público y siendo complicado adelantar los efectos que tendrá en el medio plazo.
Recientemente, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha emitido un informe de posicionamiento sobre el posible efecto del TTIP sobre la salud pública; uno de los aspectos más comentados en dicho documento es el papel que desempeñará el denominado "inversor-to-state dispute settlement", un arbitraje encaminado a proteger al inversor extranjero frente al resto de actores (inversores nacionales, estados miembros y la propia Unión Europea).
El problema que esto trae consigo es lo que comenta el informe de SESPAS:
"...la experiencia demuestra que el arbitraje puede acabar afectando a la potestad regulatoria de los gobiernos. Es más, en los últimos años se aprecia una preocupante tendencia.
Los inversores extranjeros están utilizando impropiamente este mecanismo, no sólo para blindar sus expectativas de ganancia y conseguir una indemnización del Estado, sino también para intentar que los árbitros internacionales dejen sin vigencia y paralicen las leyes emanadas de la soberanía popular."
Un ejemplo de dichas leyes puede estar en relación con las iniciativas de los diferentes partidos en materia de transparencia sanitaria relacionada con la investigación realizada por empresas privadas.
Uno de los aspectos que presumiblemente traería consigo el TTIP sería un incremento de los tiempos de exclusividad en la ocultación de los datos de investigaciones realizadas en la Unión Europea.
Ese monopolio de datos, que supone un problema en materia de seguridad y ética (exposición de pacientes a ensayos clínicos con incertidumbres posiblemente solucionables con peno acceso a datos existentes pero ocultos por motivos comerciales y estratégicos) podría tratar de paliarse con leyes de transparencia sanitaria (o leyes de transparencia en general) a nivel estatal dentro de los estados miembros de la Unión Europea, pero difícilmente esa legislación podría salir adelante en el marco de un TTIP que blindara los derechos de las industrias que realicen investigación y desarrollo en este ámbito.
Eso mismo es aplicable a las posturas sobre gestión pública, privatización de servicios auxiliares no clínicos, estatus jurídico de los profesionales sanitarios, incrementos de las partidas presupuestarias para sanidad,...
Se pueden plantear mil y una propuestas, pero si ante la pregunta de "¿piensa su partido apoyar la firma del TTIP?" la respuesta no es de oposición al mismo, es probable que el resto de propuestas sean, en gran parte, fuegos de artificio a merced de un marco jurídico superior que no sabemos muy bien cómo articulará el papel de los estados miembros para actuar y legislar en su ámbito interno de actuación.
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