¿POR QUÉ LOS CONTRIBUYENTES HAN DE FINANCIAR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS?
Los partidos políticos ya han recibido este año 55,4 millones de euros en subvenciones del Estado, según los datos que aparecen publicados en el Portal de Transparencia*, que indica que en el tercer trimestre de este año se han liberado casi 14 millones de euros a las formaciones políticas con presencia en las Cortes.
De ellos, 52,7 millones de euros corresponden a las ayudas que el Ministerio del Interior entrega a los partidos para el funcionamiento de los grupos.
Los otros 2,7 millones son para financiar los gastos de seguridad.
Preguntamos: ¿Cuál es el principal argumento democrático, para que sea el contribuyente quien pague de su propio dinero a estas formaciones políticas?
¿Es ético subvencionar a los sindicatos?
A medida que pasan los días vamos conociendo más detalles sobre los ajustes que se han practicado en los Presupuestos Generales del Estado para 2012.
Así,los sindicatos también han pillado su porción del tijeretazo. Aunque en diciembre del pasado año ya se incluyó un recorte en las subvenciones a las centrales del 20%, finalmente el tijeretazo se ha elevado hasta el 33%.
En cifras, el ajuste supone que las aportaciones a los sindicatos pasen de los 25,9 millones de euros el año pasado a tan “sólo” 17,3 millones, lo que supone un ajuste de 8,6 millones. ¿Ajuste severo? ¿Ajuste blando? Creo que lo que realmente deberíamos plantearnos es si estas subvenciones son moralmente correctas.
La pérdida de popularidad que los sindicatos han sufrido en los últimos años se debe en gran medida a la politización de los mismos. Tal vez si estas subvenciones desapareciesen y estos se financiasen exclusivamente de las aportaciones de sus afiliados el panorama cambiase.
Si me permitís la expresión, no tiene mucho sentido creer que la bestia muerda la mano que le da de comer. Las subvenciones a los sindicatos corrompen el concepto original de estas organizaciones y acaban con su independencia.
Si me permitís la expresión, no tiene mucho sentido creer que la bestia muerda la mano que le da de comer. Las subvenciones a los sindicatos corrompen el concepto original de estas organizaciones y acaban con su independencia.
Años atrás los sindicatos eran fuertes y gozaban del respaldo y apoyo de los trabajadores.
Hoy en día esa idea ha quedado atrás y muchos les ven como una organización más al servicio de los poderosos.
En la actualidad, los sindicatos presentan otro problema añadido, y es la concentración de poder en manos de y CC.OO, que además mantienen año tras año a sus mismo líderes al frente. Se estima que el 70% de las subvenciones vayan a parar a manos de esta dos corporaciones, mientras que el 30% restante se repartiría entre los cerca de ochenta sindicatos minoritarios.
En ocasiones me resulta curioso que critiquemos el bipartidismo político pero nunca hagamos mención al bipartidismo sindical. Pienso que igual que la existencia de dos partidos fuertes concentrando el poder no nos beneficia en absoluto, tampoco lo hace el reparto de poder sindical en manos de los dos sindicatos teóricamente más representativos.
La palabra es vuestra. ¿Pierden los sindicatos su esencia en el momento en el que pasan a estar subvencionados por el Estado?
En El Blog Salmón | ¿Qué apoyo tienen realmente los sindicatos para una huelga general?, ¿Porqué los sindicatos en Francia tienen más fuerza que en España?
La formación izquierdista enmienda los Presupuestos para que se disminuya la asignación del Estado a la institución hasta lograr su total autofinanciación en el 2018.
Que el Estado no aporte ni un solo euro a la Iglesia. Esto es lo que propone Izquierda Unida para el 2018. La formación izquierdista ha solicitado en una de sus enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 que se rebaje del 0,7% actual al 0,5% la cuota íntegra del IRPF correspondiente a los contribuyentes que manifiesten en la Declaración de la Renta su voluntad de financiar la Iglesia Católica.
Asimismo, plantea disminuir hasta los 9,5 millones de euros la cantidad mensual que el Estado entregará a la Iglesia en 2016, al mismo tiempo que pone como fecha el 31 de diciembre de 2018 el plazo para que ésta se autofinancie con las donaciones de los fieles.
“Se propone recortar razonablemente la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF con la finalidad de que la Iglesia participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis y hasta que se produzca laprogresiva adaptación de la Iglesia Católica a su autofinanciación”, señala IU en la argumentación de la enmienda.
La formación liderada por Alberto Garzón, ha planteado también en otra enmienda al PGE la supresión del “privilegio de emisiones de certificaciones sobre bienes inmobiliarios (IBI) de la Iglesia Católica”.
Lo que Izquierda Unida no ha aclarado es si en los próximos meses serán los miembros de su formación los que se dediquen a financiar o colaborar con organizaciones sociales que dependen de la Iglesia como Cáritas, y que llegan allí donde no alcanza el Estado.
Por otra parte el Partido Popular, ha presentado un nuevo mecanismo de financiación, con el objetivo de establecer un sistema “con carácter estable”, por la cual el Estado entregaría mensualmente a la Iglesia Católica 13.266.216,12 euros en 2016, lo que supone cerca de 159 millones de euros para el próximo año, a cuenta de lo que espera recaudar con la casilla de la Iglesia del IRPF.
Estos 159 millones previstos por el Gobierno en el proyecto de ley equivalen a la previsión de ingresos por los contribuyentes que marquen la casilla de la Iglesia del IRPF, por la que otorgan el 0,7% a la institución.
La previsión de este anticipo, según precisan fuentes de la Conferencia Episcopal, se realiza en base a lo recaudado el año anterior a través de la ‘X’ a la Iglesia en el IRPF, que según el último ejercicio, correspondiente a la Declaración de 2013 ascendió a 247,5 millones de euros, lo que supondría entregar a la Iglesia 20,6 millones al mes.
Ahora bien, el PP en su enmienda plantea que el cálculo de las transferencias mensuales se realice en función de la última Declaración liquidada, en lugar de la previsión de ingresos para el ejercicio corriente como se hacía hasta ahora.
PONE EL AÑO 2018 COMO FECHA TOPE
Izquierda Unida quiere impedir a los contribuyentes españoles financiar voluntariamente a la Iglesia
Izquierda Unida ha solicitado en una de sus enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 que se rebaje del 0,7% actual al 0,5% la cuota íntegra del IRPF correspondiente a los contribuyentes que manifiesten en la Declaración de la Renta su voluntad de financiar la Iglesia Católica.
La coalición de izquierda pretende que el año 2018 sea el último en que la Iglesia reciba una asignación voluntaria de los contribuyentes españoles
28/08/15 10:12 AM |
(EP) IU plantea disminuir hasta los 9,5 millones de euros la cantidad mensual que el Estado entregará a la Iglesia en 2016, al mismo tiempo que pone como fecha el 31 de diciembre de 2018 el plazo para que ésta se autofinancie con las donaciones de los fieles.
«Se propone recortar razonablemente la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF con la finalidad de que la Iglesia participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis y hasta que se produzca la progresiva adaptación de la Iglesia Católica a su autofinanciación», señala IU en la argumentación de la enmienda recogida por Europa Press.
IU no dice nada del esfuerzo que la propia Iglesia hace, a través de Cáritas y otras organizaciones similares, para superar la crisis económica.
IBI
A su vez, IU plantea en otra enmienda al PGE la supresión del «privilegio de emisiones de certificaciones sobre bienes inmobiliarios de la Iglesia Católica».
Según justifica en su enmienda, la Ley Hipotecaria autoriza a la Iglesia a emitir certificaciones de dominio sobre los bienes que la Iglesia considere suyos. Entre otros casos, destaca el de la Catedral de Córdoba, de la que, según dice falsamente IU, «la Iglesia se apropió en 2006».
Por ello, cree que hay que promover la revisión de la Ley Hipotecaria para suprimir ese «anacrónico privilegio». De hecho, en su enmienda llama a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la Ley Hipotecaria por «vulnerar lo establecido» en la Constitución sobre la aconfesionalidad del Estado.
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