Ley mordaza: Multas de 600 euros por darle
al "me gusta" en redes sociales a un vídeo viral
"A medida que transcurra el tiempo, muchas de las dudas o críticas se verá que no tienen fundamento", decía entonces Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior, cuando entró en vigor la Ley Morzada.
Tenía rota la bola de cristal porque hoy es más polémica que nunca. No sólo genera divisiones dentro del congreso, que votó a favor de su derogación.
También genera divisiones en aquellas instituciones a las que más empodera, como la comisaría de Santiago de Compostela donde trabaja el policía que denunció a los internautas que presuntamente viralizaron su vídeo con un simple "like".
La historia es ejemplar por varios motivos pero sobre todo porque, a diferencia de otras similares, es difícil no estar de parte del policía.
La historia es ejemplar por varios motivos pero sobre todo porque, a diferencia de otras similares, es difícil no estar de parte del policía.
Empieza así: un vecino que esperaba con el coche delante de la estación de tren de Santiago ve a un policía nacional correr detrás de otro hombre.
El perseguido va sin camisa, el perseguidor no le da pillado. Al vecino le parece gracioso, graba la persecución fallida y el vídeo acaba en Internet. A Internet le parece hilarante.
Unos dejan comentarios, otros pinchan en "me gusta" y lo comparten en su muro.
La mayoría se mofan de la incapacidad del policía para arrestar al delincuente.
Solo que, según informa la comisaría, el perseguido no era un delincuente sino un paciente mental, y el policía no trataba de alcanzarlo sino de sacarlo de la carretera para que no lo atropellaran.
"Por su cuenta y de un modo un tanto obcecado"
La policía intenta recontextualizar el vídeo pero ya es demasiado tarde: la persecución ha sido reproducida 17.000 veces y compartida más de 300.
En noviembre de 2016, el policía presenta una denuncia contra el conductor que realizó el vídeo y, también, los autores de los "me gusta" y algunos de los comentarios más feos.
Esta semana empezaron a llegar las notificaciones de una sanción administrativa por parte de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, con una multa de 600 euros por infracción del artículo 37.4 de la Ley.
Al realizador de la obra le podrían pedir hasta 30.000 euros, si supieran quién es.
La denuncia establece que el vídeo muestra a un policía en el ejercicio de sus funciones y que su difusión constituye un riesgo para su seguridad personal y familiar.
La denuncia establece que el vídeo muestra a un policía en el ejercicio de sus funciones y que su difusión constituye un riesgo para su seguridad personal y familiar.
Pero, en lugar del artífice de la imagen, en este caso se persigue a aquellos que, con sus "Me gusta", han actuado como promotores del contenido, contribuyendo a su difusión.
También a los autores de comentarios que ponen "en entredicho la capacidad como funcionario policial y ridiculizando la actuación general de la Policía Nacional y desprestigiando a la institución".
Pero, según La Voz de Galicia, el policía actuó sin "el respaldo ni con el conocimiento del comisario, que ayer supo de la existencia de la denuncia por la prensa".
El periódico asegura que la mayoría de los policías compostelanos consideran que el agente "está actuando por su cuenta y de un modo un tanto obcecado".
En principio, la Ley de Seguridad Ciudadana permite a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado elevar propuestas de sanción a la Delegación del Gobierno por infracciones administrativas recogidas en el texto.
La Delegación del Gobierno las tramita y comunica al afectado. El artículo 52 establece "el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad". No necesitan comunicarselo a sus superiores.
Una ley caracterizada por el conflicto de intereses
La ley mordaza nunca fue muy popular. Sobrevivió al congreso en marzo de 2015 gracias al respaldo único del PP y pese al rechazo del resto de los grupos políticos.
Lo que hace es dar al gobierno poderes que antes solo podía ejercer un juez.
Y a los policías un poder que rompe el principio de igualdad procesal.
Desde que se aprobó en julio de 2015, ha habido ejemplos de sobra.
Uno de los más sangrantes fue el de la vecina de Petrer, Alicante, que tuvo que pagar una multa de 800 euros por subir a su muro del Facebook la foto de un coche de la Policía Local aparcado en una zona reservada para minusválidos.
El mismo policía que cometía la infracción generó la sanción administrativa, sin que el evidente conflicto de intereses obstaculizara el proceso.
Peor aún: los denunciados pasan a tener antecedentes policiales sin haber pasado por un juez.
Peor aún: los denunciados pasan a tener antecedentes policiales sin haber pasado por un juez.
Otorga el derecho a tener un "Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana", una especie de registro de antecedentes donde el Ministerio del Interior tiene fichados a aquellos que considera infractores "a efectos exclusivamente de apreciar la reincidencia".
En ese registro están, por ejemplo, todos aquellos que han sido detenidos por "la perturbación de la seguridad ciudadana". Por ejemplo:
parar un desahucio ("Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales"),
manifestarse pacíficamente ante las puertas del Congreso ("Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas"),
o protestar durante un espectaculo de tortura animal ("Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas").
El año pasado, una petición de información de eldiario.es permitió conocer los detalles de las 40.000 sanciones desde su puesta de largo; una media de 30 personas al día solo por "faltas de respeto" a los agentes de la ley, siempre según los agentes de la ley.
Esta mañana, el vicepresidente de la Xunta Alfonso Rueda ha declarado que la Policía Nacional solo ha denunciado a los que difundieron el vídeo después de que se hiciera público que el perseguido era un enfermo mental y que "lo que se está haciendo es aplicar una ley que está en vigor y, por lo tanto, hay poco que discutir".
Nada más lejos de la realidad.
eldiario.es
"En abril de 2015 se realizó una manifestación de hologramas frente al Congreso de los Diputados"
Ley Mordaza:
hasta 30.000 euros de multa por subir el vídeo de un policía corriendo
Los acusados consideran que "se están movilizando recursos y funcionarios públicos para algo que es una tontería".
Adrián Parrondo
La aplicación de la polémica "ley mordaza" está siendo, cuanto menos, polémica. El último caso: un usuario de Facebook al que, posiblemente, puedan imponer una multa de 30.000 euros por subir el vídeo de un policía corriendo detrás de un delicuente.
Como el agente no consigue atrapar al perseguido, los autores del vídeo empiezan a lanzar comentarios jocosos.
Y, por lo visto, ahí está el delito.
Según relata Verne, la propuesta de sanción ha llegado desde la policía Nacional de Santiago de Compostela, que a su vez niega la posibilidad de que se multe a nadie por cliquear en el botón "me gusta" de dicha publicación.
Algunos medios señalaron que la multa por este gesto podía ascender a los 600 euros. Según ha relatado el propio cuerpo de policía "esto es rotundamente falso", aunque los afectados han asegurado que el policía les amenazó con sancionar a todos los que comentasen y le diesen al citado "me gusta" de la publicación.
Los afectados aseguran que la sanción es una venganza personal del policía al que grabaron
El vídeo, que ya cuenta con un total de 17.000 reproducciones y ha sido compartido hasta en 300 veces, muestra a un agente corriendo detrás de un hombre que no puede capturar.
El cuerpo ha asegurado que en realidad se trataba de un paciente con trastornos mentales al que se intentaba proteger de ser atropellado.
Sin embargo, los implicados han considerado como una "exageración" todo lo sucedido y han asegurado a La Voz de Galicia que decidirán el tipo de acciones que llevarán a cabo cuando les llegue la propuesta de sanción de manera formal.
Aseguran que todo es parte de una venganza del agente por la publicación del vídeo y han denunciado que "se están movilizando recursos y funcionarios públicos para algo que es una tontería".
"La resistencia pasiva está penada con hasta 30.000 euros desde la aprobación de la 'Ley Mordaza'"
Para las autoridades, sin embargo, el vídeo "pone en entredicho la capacidad como funcionario policial y ridiculiza la actución general de la Policía Nacional, desprestigiando a la institución".
Desde la Policía se iniste en que la sanción por el momento no existe, únicamente hay una propuesta que debería aprobarse.
La Subdelegación del Gobierno en Coruña, que aún no ha recibido la propuesta, ha asegurado que estudiará si la archiva en base a los posibles antecedentes de los acusados.
El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha recordado que lo "único que se está haciendo es aplicar la ley", y ha recordado que los denunciantes "tienen la posibilidad de recurso".
La "Ley Mordaza"
"En abril de 2015 se realizó una manifestación de hologramas frente al Congreso de los Diputados"
Lo cierto, es que los comentarios que los autores del vídeo realizaron sobre dicha actuación policial podrían incumplir el artículo 37.4 de la nueva Ley de Seguridad ciudadana, que castiga "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones" con multas de entre 100 y 600 euros.
Junto a ello, tampoco se habría tenido en cuenta el artículo 36.23, que prohíbe "el uso no autorizado de imágenes o datos personales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", con sanciones que podrían llegar hasta los 30.000 euros de multa.
La polémica ley, que puede ser derogada teniendo en cuenta la actual aritmética parlamentaria, sanciona con hasta 600.000 euros, por ejemplo, la celebración de manifestaciones de manera espontánea sin haberlas comunicado previamente a las autoridades.
También prohíbe expresamente que estas se celebren frente al Congreso de los Diputados o el Senado, así como paralizar un deshaucio o la resistencia pacífica, que podría llegar a acarrear multas de hasta 30.000 euros.
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