Cincuenta juristas exigen que se deje votar a los 2 millones de emigrantes españoles
Por Medios CC/CL -
Luís Díez | Cuarto Poder | 03/11/2015
Medio centenar de juristas han constituido una plataforma para exigir al Gobierno que deje votar a los españoles residentes en el extranjero.
En las elecciones autonómicas y locales de mayo pasado, el 94% del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) no pudo votar, en gran parte por los problemas técnicos y burocráticos del voto rogado.
Entre los promotores de la iniciativa Dos Millones de Votos figuran los magistrados José Antonio Martín Pallín y Baltasar Garzón (ahora en funciones de abogado), los profesores José Ramón Monteroy Fernando Vallespín y los letrados Enrique Lillo y Lola Montejo, por mencionar solo algunos nombres.
La plataforma hace suyas las reivindicaciones de Marea Granate, que acaba de publicar un exhaustivo informe sobre el problema,y propone una batería de medidas urgentes para remediar los efectos más perniciosos de la legislación electoral vigente que, en la práctica, han convertido el derecho al voto en una carrera de obstáculos.
Primero, los datos.
En las elecciones autonómicas y municipales de mayo pasado, la participación apenas llegó al 4% de los 1,8 millones de españoles en el exterior.
Un año antes, en las elecciones europeas, el porcentaje fue igual de raquítico: 34.310 votos del total de 1,69 millones de inscritos en el CERA.
En las autonómicas catalanas del 27 de septiembre pasado, las peticiones de voto (“voto rogado”) aumentaron un 70,2% respecto a las anteriores de 2012. Pero de los 21.771 catalanes del CERA que rogaron el voto, solo pudieron votar 14.781.
“La negligencia e indolencia del servicio consular dejó a 6.990 votantes sin poder votar”, según denunció el diputado nacionalista catalán Jordi Xucláantes de pedir la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, quien negó negligencia en la red consular (181 sedes) y aprovechó una proposición incorrecta del diputado para recomendarle: “Vaya usted al psiquiatra”.
La plataforma Dos Millones de Votos no pide la dimisión de Margallo ni mucho menos le recomienda una revisión mental; se limita a reclamar a su departamento y al de su colega de Interior, Jorge Fernández Díaz, algunas medidas cabales y urgentes para que los cerca de dos millones de emigrados puedan votar.
Piden una campaña informativa de Exteriores para facilitar el voto, la apertura de los consulados más allá del horario de oficina, la habilitación de un teléfono de asistencia electoral, la habilitación del registro y las correcciones del censo de forma no presencial, la asistencia técnica (telefónica y por correo electrónico) para la solicitud del voto, la habilitación de fax en todos los consulados para que los ciudadanos puedan enviar las solicitudes de voto, la agilización del proceso de reembolso del voto por correo y, entre otras acciones meramente administrativas, la implantación de un mecanismo que permita al elector confirmar que su voto ha llegado y ha sido contabilizado.
Casi ninguna de estas exigencias de los juristas, en su mayoría adscritos a la Asociación pro Derechos Humanos, sería necesaria si el Gobierno de Mariano Rajoy y su partido, con mayoría absoluta en el Congreso, hubiesen aceptado la reforma de la ley electoral que en lo referente al voto rogado, plantearon los representantes del Bloque Nacionalista Galego (BNG) desde el Grupo Mixto al comienzo de la legislatura, con el apoyo de IU y de los nacionalistas catalanes y vascos.
En las elecciones de noviembre de 2011 ya se constató el fracaso del sistema del voto rogado o petición del voto en cada elección.
De 1,48 millones de españoles inscritos en el CERA sólo votaron 73.361. Cuatro años antes, en 2008, habían votado 382.568 de un censo de 1,20 millones residentes en el extranjero.
Las iniciativas del grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) fueron también rechazadas por el PP.
La última se planteó en julio pasado, tras las elecciones autonómicas y locales, en las que quedó claro que el voto rogado era sinónimo de “voto robado”, pues, según destacó Ricardo Sixto, los cientos de miles de jóvenes emigrantes en busca de empleo no eran precisamente proclives a los partidos que se han turnado en el poder.
El diputado de IU ofreció una panoplia de alternativas al voto rogado que tuvieron el apoyo del PSOE y de los demás grupos en la Comisión Constitucional.
Los dirigentes de Marea Granate en Londres, Berlín y París también han denunciado reiteradamente a lo largo de la legislatura los obstáculos para votar.
Pero en vez de prestar atención a sus demandas para ejercer un derecho fundamental, el PP reaccionó a finales de 2014 con una enmienda presupuestaria que permitía retirar la tarjeta sanitaria a quienes residan más de tres meses seguidos en el extranjero.
Ante las elecciones del 20D, el Gobierno cerró sin aviso previo el censo electoral de españoles en el extranjero el 31 de julio pasado.
De este modo, los que quieran votar y no se hayan inscrito antes en el CERA solo tienen dos opciones: personarse en los consulados y exigir que les inscriban o registrarse como españoles residente temporalmente ausentes (ERTA) para solicitar y enviar el voto por correo.
Lo mejor es seguir las indicaciones de la Marea Granate y prestar atención al reloj electoral de su web.
La cuenta atrás comenzó el 28 de octubre y la inscripción en los consulados y solicitud del voto termina el sábado, 21 de noviembre.
La Delegación Provincial del Censo ha de enviar las papeletas a partir del 30 de noviembre y el voto por correo ha de remitirse antes del 16 de diciembre.
Aunque el ministro de Exteriores ha asegurado que la red consular realiza un esfuerzo extraordinario, con un millar de personas dedicadas a facilitar los trámites electorales, los resultados de la reforma que impulsó la vicepresidenta y actual consejera de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, y culminó en 2010 con la implantación del voto rogado y alguna otra medida de higiene electoral, han sido “perversos” y “contrarios al ejercicio de un derecho fundamental como el sufragio activo”.
Así lo entienden y denuncian los letrados y juristas de la plataforma Dos Millones de Votos.
Es verdad que con “el ruego del voto” o “voto rogado” se pretendía evitar los fraudes electorales detectados en la emigración.
La trampa más frecuente era el voto de personas fallecidas hace años en las sucesivas elecciones.
El más sofisticado fue el caso Formentera, cuando, después de varios viajes del entonces presidente de Baleares, Jaume Matas, y de su número dos, Rosa Estarás, a Argentina, en 1998 y 1999, aparecieron en el censo de Formentera 74 residentes en Argentina que ni conocían la existencia de la isla ni tenían ancestros en ella.
Su voto era decisivo para desequilibrar la balanza a favor del PP.
Incluso el entonces ministro de Exteriores, Abel Matutes, propietario de las salinas de Formentera, dijo que se habían inscrito en el censo porque tenían el proyecto de construir una “residencia de temporada” en la isla.
Aunque había otros métodos para depurar el censo y garantizar la limpieza electoral, el bipartidismo y su principal bisagra, CiU, optaron por el más complicado para los electores.
Sólo IU-ICV, ERC y Rosa Díez, entonces en el Grupo Mixto, rechazaron la reforma.
El Ministerio de Interior de España podría haber manipulado los datos de las últimas elecciones
Por Medios CC/CL -
RT|21 septiembre 2015
Una supuesta trama corrupta en el Ministerio del Interior de España habría amañado la adjudicación del contrato para la gestión de datos de las elecciones europeas de 2014 y las autonómicas y las municipales del pasado mes de mayo, recoge un informe que la Policía Nacional y la Guardia Civil han enviado a la Fiscalía General del Estado.
Los investigadores del caso concluyeron que, al menos, uno de los tres funcionarios supuestamente implicados en el escándalo habría cambiado los pliegos de condiciones de las licitaciones para favorecer a la empresa tecnológica Base 100, en la que trabaja uno de sus familiares en primer grado y en la que podría tener intereses comerciales, según el documento citado por ‘El Confidencial’.
Ese funcionario responde a las iniciales L.F.P.G. y, hasta el pasado mayo, era vocal asesor de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales del ministerio, desde donde podía influir en la redacción de los pliegos y orientar la selección de las compañías candidatas.
El escándalo se desató cuando se supo que el principal acusado había enviado información privilegiada a la multinacional francesa de servicios tecnológicos Atos sobre los requisitos que debían cumplir las compañías que quisieran optar al contrato del Ministerios del Interior para el recuento de las elecciones generales.
Su objetivo era que esa compañía llegara a una alianza con Base 100, de menor tamaño, para concurrir a la licitación de manera conjunta.
Este fraude se detectó a tiempo y los pliegos se redactaron de nuevo, pero la trama sí habría influido en el concurso para el recuento de las elecciones europeas de 2014 y los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2015, en los que se detectaron irregularidades técnicas después del cierre de los colegios electorales.
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