OPINIÓN de Ramón Cotarelo/ Palinuro.- Es evidente. La justicia del enemigo que, creyéndose vencedor, la convierte en cualquier cosa menos en justicia; en venganza ("más dura será la caída", dice el reprobado fiscal), en revancha, en escarmiento.
El titular de El País es un prodigio de manipulación y estulticia por igual.
Al escribir que el independentismo responderá ante la justicia está dando la razón al govern en el exilio cuando afirma que se trata de un juicio político y que se pretende perseguir ideas políticas, en concreto la independentista.
Porque, obviamente, quienes responderán (o no) ante la justicia, serán personas físicas, con nombres y apellidos, como exige el derecho penal... salvo que se trate de eso, del derecho penal y la "justicia" del enemigo.
En tal caso, el titular es un estremecedor acierto: está incoándose una causa general contra una idea. Con este espíritu, el hecho de manifestarse independentista pasará a ser delito. Y así estaremos de nuevo criminalizando la libertad de expresión, un descenso que no tiene fin porque si ser independentista es un delito, ¿por qué no cualquier otra idea que disguste al poder político o a sus brazos ejecutores?
Lo confiesan ellos mismos pues, al fin y al cabo, El País es uno de los periódicos del triunvirato nacional, del lado del gobierno. Se trata de un juicio político abierto. Y sin garantías.
Aquí viene la parte de manipulación del titular en la afirmación de que el independentismo comparecerá ahora ante la justicia.
¿Qué justicia? Recuérdese: la de un país que, en materia de independencia judicial ocupa el lugar vigésimo segundo de los veintiocho de la UE y el septuagésimo segundo de los ciento cuarenta y ocho que ha estudiado el Foro Económico Mundial.
¿Cómo puede aportar garantías judiciales un país con esta ejecutoria? No, el independentismo no comparece ante la justicia sino ante la Audiencia Nacional española, una jurisdicción especial, heredera del TOP de Franco, y ante un fiscal reprobado por el Parlamento y una jueza cuyas actuaciones suscitan un creciente cuestionamiento jurídico por su evidente politización.
Siendo la justicia española no independiente, como dictaminan los órganos pertinentes, en realidad, el independentismo no comparece ante la justicia sino ante el gobierno por intermedio de los jueces.
¿Garantías en la aplicación del derecho penal del enemigo? Ninguna, obviamente. Y no solo garantías judiciales. Ni seguridad personal tienen los acusados.
Ayer grupos organizados de patriotas españoles esperaron, acosaron e insultaron a los consellers que llegaron a El Prat, como a los miembros de la mesa del Parlament a la llegada a la estación de Mediodía en Madrid, o a otros cargos en Sants camino del AVE.
En todo caso, los acosadores tenían previa noticia de los movimientos de sus víctimas.
Hay quien está filtrando estas informaciones a las bandas de fascistas para que vayan a provocar altercados.
Garantías, ninguna. Seguridad, menos.
Hay una evidencia creciente de que las bandas de matones campan por sus respetos por Cataluña y Barcelona en concreto, con impunidad y con la benevolencia de las autoridades, si es que el grado de implicación de estas no es superior.
Medio govern, seguramente, irá a la cárcel y quizá también la mesa del Parlament con Forcadell a la cabeza. El otro medio govern en el exilio.
Una situación que probablemente satisfará a los halcones del partido de la Gürtel pero que no es sostenible internacionalmente y que sin duda pesará mucho en las negociaciones a tres (España, Cataluña y la UE) que se estarán llevando en las dos "embajadas" de la Generalitat que han quedado abiertas, la de Madrid y la de Bruselas.
Ahí se está intentando encauzar el proceso hasta las elecciones del 21D, que serán determinantes.
No lo tiene nada fácil el triunvirato nacional.
El mensaje que la otra parte ha emitido es el de una eficacia y unidad a prueba de bomba.
El medio gobierno que va a ir voluntariamente a la cárcel, conjuntamente con la mesa del Parlament harán compañía a los dos Jordis, se constituirán igualmente en presos políticos y reafirmarán la unidad de acción de las instituciones y los movimientos sociales. Nadie escabulle el bulto, nadie retrocede ni se esconde. La distribución de roles es pragmática.
Puigdemont es más eficaz en el extranjero; Junqueras, Forn, en la cárcel. El relato adquiere dramatismo e interpela con fuerza el ánimo de resistencia y desobediencia pacíficas que embarga a muchos niveles de la administración y muy diversos sectores sociales.
La vigilancia y mediación de hecho de la UE no permite al gobierno interferir en el proceso electoral, prohibir los partidos independentistas o hacer las habituales trampas.
Así las cosas es de prever que el bloque independentista se presente en una sola lista acicateado por el probable hecho de que eso mismo intentará hacer el unionismo.
Las elecciones del 21D han acabado siendo el referéndum que se quiso evitar, pero con el régimen de unas elecciones autonómicas, o sea, con el sistema d'Hondt, en donde a los pequeños suele irles mal.
De darse los dos bloques, solo quedaría por averiguar qué haría el de los Comunes, cosa en la que también influirá el resultado de la actual trifulca en Podemos entre el centro y la sucursal catalana en torno a la figura de Albano Dante.
La cuestión viene de inmediato: si, como parece probable, vuelve a salir una mayoría independentista, ¿qué propone hacer el triunvirato nacional? ¿Ignorarlo? ¿Convertir el 155 en el nuevo Estatuto de Cataluña? ¿Repetir las elecciones hasta que los catalanes voten en contra de sus convicciones?
El resultado de esas elecciones deberá ser vinculante.
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