Montoro, ¿y si auditamos la deuda del Estado Central? EFE
Montoro, ¿y si auditamos la deuda del Estado Central?
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- noviembre 15º, 2017
El mundo al revés. Eso es lo que sucede en nuestra querida España, donde las cosas no son lo que parece sino lo que nos quieren hacer aparentar. Resulta que el responsable político del Reino bajo cuya gestión la deuda del Estado Central ha registrado el mayor incremento de su historia, aumentando en 517.736 millones de euros, decide intervenir un ayuntamiento, el de Madrid, con superávit fiscal. ¡Manda huevos!, ¿verdad?
Lo que es un absurdo es una regla de gasto ad-hoc inventada por sabe dios quién sin ningún tipo de criterio analítico y sí mucha ideología. Supone un ejemplo más de la deriva e incompetencia de la ortodoxia neoliberal.
Permítanme refrescarles los datos sobre la evolución de la deuda públicade nuestro país desde 2008, y muy especialmente desde finales de 2011, cuando llegó al poder el actual ínclito monclovita. En el cuadro 1 tienen ustedes los datos actualizados a cierre del segundo trimestre de 2017 por Banco de España hace unas semanas.
Bajo Rajoy “el austero” la deuda pública del Estado Central ha pasado de 623.296 millones de euros a los actuales 1,14 billones de euros, concretamente se ha incrementado en 517.736 millones de euros. Por el contrario, la deuda de los ayuntamientos, las instituciones públicas más cercanas al ciudadano ha caído en 4.191 millones de euros. ¿Raro, verdad?
Evolución Deuda de España por sectores, 2008-actualidadFoto por: millones de eurosLa evolución de la deuda soberana
Muchos economistas liberales desconocen a fecha de hoy una identidad contable básica de toda economía.
Es tal la ignorancia de algunos que no dejan de sorprenderme por qué se les invita a ciertos platos o tertulias. Los tentáculos del poder son inescrutables. Pero vayamos al grano.
Vamos a dividir la economía en tres sectores: sector privado nacional, formado por hogares y empresas (financieras y no financieras); sector público nacional que incluye todos los niveles gubernamentales (estado central, comunidades autónomas, ayuntamientos, y seguridad social); y el resto del mundo (empresas, hogares y sectores públicos extranjeros).
Hay un principio contable que se cumple siempre: si se suman los déficits en los que incurren uno o más sectores el resultado debe de ser igual a los superávits en los que incurren otro sector o sectores.
Siguiendo a Wynne Godley obtenemos la siguiente ecuación:
Balance Privado Doméstico + Balance Público Doméstico + Balance Exterior = 0
Si un sector tiene superávit presupuestario por lo menos uno de los sectores tiene que incurrir en déficit presupuestario.
En términos de variables stock para que un sector acumule patrimonio financiero neto al menos uno de los sectores tiene que aumentar su endeudamiento en la misma proporción.
Es imposible que todos los sectores acumulen patrimonio financiero neto incurriendo en superávits financieros.
Bajo esta idea sencilla es muy fácil explicarle al señor Montoro por qué se ha endeudado tanto el Estado Central. En España la Gran Recesión se tradujo en una intensa recesión de balances privados.
Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, era el sector privado quien presentaba problemas de solvencia.
La deuda de las familias, empresas, y entidades financieras superaba el 320% del PIB, y el precio del colateral que soportaba la mayor parte de la misma se desplomó.
Pero no hubo ningún proceso de reestructuración del sector bancario patrio a costa de gerencia y acreedores, con la consiguiente quita a los hipotecados (modelo bancario sueco).
Como consecuencia del descenso del colateral y de los elevados niveles de endeudamiento, las familias disminuyeron el consumo y recuperaron ahorro, las empresas no financieras no invirtieron, destruyeron capital ya instalado, y despidieron a trabajadores. Las entidades financieras cortaron el grifo del crédito, en un contexto de incremento de la mora, y trataron de recapitalizarse a costa de los contribuyentes.
Obviamente, los ingresos públicos se hundieron, aumentó el déficit público y se incrementó la deuda del Estado.
Los déficits presupuestarios del sector público fueron en gran medida no discrecionales, es decir, no eran atribuibles a diferentes paquetes de estímulo fiscal sino a los estabilizadores automáticos.
El ahorro del sector privado se tradujo en desahorro del sector público.
Esta explicación tan elemental muchos economistas la desconocen. Incompetencia, ideología e intereses de clase.
Deuda estado central ilegítima
El problema es que una parte del incremento de la deuda del estado central patrio ni siquiera se explica por la intensa recesión de balances privados que sufrió España.
Fue deuda generada no para sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino para ser nuevamente prestada a terceros, favoreciendo intereses privados espurios al margen de la ciudadanía. Estas deudas en última instancia conllevan un empeoramiento de los servicios públicos y el sometimiento a la ciudadanía a una represión social y política y, en definitiva, en contra los intereses de los propios ciudadanos.
Los cálculos realizados en nuestro país para el período 2008-2013 se aproximarían a los 250.000 millones.
No hubiese hecho falta implementar ningún recorte en sanidad, educación, o jubilación, ni haber sometido a la población española al mayor empobrecimiento de los últimos 40 años.
Por eso, señor Montoro, ¿por qué no auditamos la deuda generada bajo su mandato?
¡No se preocupe, ya sé que no se va a hacer!
Los distintos lobbies oligopolistas beneficiados de estas prácticas –bancario, eléctrico, telecomunicaciones, constructor,…- han actuado en connivencia con el aparato político, y ambos tendrían mucho que perder. Además controlan la inmensa mayoría de los medios de comunicación.
La austeridad suicida y la regla de gasto
La austeridad impuesta desde Bruselas agudizó este proceso.
Los datos de la propia Comisión Europea muestran que para España en el período 2010-2013 la política fiscal fue tremendamente contractiva.
El déficit estructural se recortó desde niveles superiores al 7% del PIB a cifras próximas al 2%. Había que buscar dinero para rescatar a terceros. En un contexto de desapalancamiento del sector privado supuso una gravísima recesión económica.
Pero desde finales de 2013, con el consentimiento de Bruselas, la austeridad se relajó.
El déficit estructural ha crecido desde entonces.
El objetivo era evitar un resultado electoral que, antes de la expansión fiscal, era nefasto para ciertos intereses.
Para rematar la faena del absurdo, la regla de gasto.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012, con los votos de PP, CiU, UPyD y UPN, impide a las administraciones aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española, lo que se conoce como "regla de gasto".
Esto limita a los ayuntamientos incrementar la inversión a pesar de que cierren sus cuentas con superávit:
obligatoriamente el remanente de tesorería debe emplearse en amortizar deudas.
La paradoja es que el ayuntamiento de Madrid ha aplicado una política de gestión económica que le ha permitido recaudar más fondos para destinarlos a servicios públicos, pero el Ministerio que dirige Montoro exige que los ahorros logrados se dediquen al pago de una deuda pública generada cuando el PP gobernó el ayuntamiento de Madrid, bajo un absoluto despilfarro y otras cosas inconfesables que ustedes ya conocen.
Desde el inicio de la crisis de la eurozona había soluciones más eficientes y más justas.
Estas eran ampliamente entendidas por los economistas y no eran especialmente difíciles de implementar -al menos técnicamente (otra cosa es la política)-.
Había un camino alternativo, cancelación de deudas y mucha menos austeridad. Pero este camino no fue tomado.
La deuda ha sido utilizada, en definitiva, como una excusa para apretar el orden económico neoliberal dentro de un marco federalista conservador. ¡Y en esas seguimos!
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