A pesar de que el agua es un recurso básico, un derecho humano, la mitad de los abastecimientos ya están gestionados en España por empresas privadas, que en su mayoría están controladas por solo dos, Agbar y FCC.
Y el motivo ha sido siempre el mismo: a pesar de la evidencia de que la gestión pública es más eficaz y barata, la privatización se ha usado como una forma coyuntural de obtener fondos, aunque sea a costa de un patrimonio tan importante.
Si la oposición social no frena algunas de las privatizaciones previstas en Madrid, Cataluña y otros lugares, la gestión privada del agua se convertirá en hegemónica en España.
En la mayoría de los países europeos la legislación sobre los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de las aguas residuales adjudica su titularidad a la Administración Pública, normalmente a las Entidades Locales, al entender que es la mejor manera de garantizar el acceso ciudadano a un bien esencial.
No obstante, en algunos casos las instalaciones de abastecimiento y saneamiento son supramunicipales (embalses, estaciones de tratamiento o depuradoras), o bien, por simples motivos de tamaño o escala se propicia la prestación del servicio a través de entidades supramunicipales, que no dejan de ser administraciones públicas locales.
Esto es posible debido a que la normativa española no obliga a que sea la propia Entidad Local la que preste el servicio de manera directa, por lo que la gestión del ciclo urbano del agua se puede llevar a cabo de manera mancomunada, consorciada o delegándola a una empresa privada o mixta.
Así, en España, durante los últimos años hemos venido constatando esta diversidad de modelos de gestión del ciclo urbano del agua. A la gran cantidad de municipios que ejercen con autonomía sus competencias en esta materia, se han unido un número creciente de consistorios que han ido delegando esas responsabilidades en empresas privadas. Este proceso de privatización se ha producido en una situación de carencia de información y de ausencia total de participación social.
En la actualidad, contamos con numerosas empresas públicas, como Acosol, Canal de Isabel II, Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, Emacsa, Emasa, Emasesa, Arcgisa, Giahsa, Emalcsa y muchas otras que son una garantía de disfrute del derecho humano al agua frente a otros tipos de gestión basados en la obtención de beneficios a corto plazo.
Recientemente, el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada ha comparado la eficiencia de la gestión entre 28 sociedades públicas y 24 ámbitos (municipales o supramunicipales) con gestión privada, todas ellas ubicadas en Andalucía, concluyendo que las empresas públicas son más eficientes que las privadas.
Y añaden que uno de los motivos es la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de la Administración.
Privatizar para tapar agujeros
A la vista del resultado, cabría preguntarse a qué otros intereses, que no es la eficacia en la gestión, obedece el proceso privatizador del servicio de agua vivido en España en los últimos años. Se puede decir sin temor a equivocarse que detrás de cada proceso de privatización hay una necesidad de financiación por parte de la entidad privatizadora.
La fórmula de privatización más utilizada es la concesión de los servicios.
El agua sigue siendo pública, el servicio competencia y responsabilidad de las Entidades Locales, pero la gestión se adjudica a un agente privado.
En todos los casos de privatización del ciclo urbano del agua la empresa privada paga a la Administración una cantidad de dinero a cambio de la concesión.
Es lo que se denomina canon concesional.
Estos cánones concesionales millonarios, lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, se dedican a aliviar las difíciles finanzas municipales y son repercutidos en tarifa a los ciudadanos, en la mayoría de los casos sin que aparezca claramente reflejado en la factura.
Las empresas privadas, para abonar el canon concesional, recurren al crédito, que obtienen con el respaldo de las tarifas de los más de 20 años que suele durar la concesión y la garantía de un porcentaje de cobro que supera el 95%.
Es decir, dos décadas de ingresos permanentes y asegurados ya que se trata de un mercado cautivo de pagos protegidos por la amenaza del corte de suministro.
El agua en España es un refugio financiero y somos los ciudadanos quienes pagamos estos créditos con su correspondiente interés y beneficio empresarial.
Así hemos llegado a una situación en la que la gestión privada (a través de empresas mixtas o privadas) supone ya el 50% y en la que a su vez, esa gestión privada, está controlada en un 90% por dos empresas, Aguas de Barcelona (Agbar, perteneciente al grupo Suez) y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), con lo que en la práctica podemos decir que estamos gestionando un derecho humano en auténtico régimen de oligopolio donde no hay competencia.
Este modelo de gestión es costoso para el ciudadano que ve incrementada su tarifa; medioambientalmente insostenible, ya que a mayor consumo de agua, mayor es el beneficio (como ponen en evidencia las quejas de Agbar por el descenso en el consumo durante la sequía que sufrió Cataluña en 2007); oscuro (no existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión, ni estadísticas fiables); y supone una auténtica pérdida del control de las administraciones que a veces se ven abocadas a renovar los servicios sin licitación pública.
Situaciones parecidas a estas han hecho que en muchas ciudades europeas como Grenoble o París hayan recuperado la concesión y que los ciudadanos italianos acaben de votar en referéndum contra la privatización de los servicios de agua.
Fuertes intereses privatizadores en España
Sin embargo, en España la presión de las empresas privadas se ve favorecida por la falta de recursos municipales y la debilidad de la regulación. Así hemos visto privatizar agua de buena parte de nuestro territorio. La más reciente ha sido Aguas de Huelva (150.000 hab.), a finales de 2010, que ha incorporado a un grupo de empresas privadas al 49% del accionariado. La operación supuso un montante total de 57,3 millones de euros.
A cambio, Aquagest, el grupo que se ha sumado a la entidad –Unicaja (30%), Caja Granada (15%) y Agbar (55%)–, se compromete a invertir en la ciudad siete millones de euros en los 25 años del contrato (un millón de euros el primer ejercicio).
Además, cuatro millones irán destinados a sensibilización y concienciación ciudadana, lo que supondrá un vínculo contractual muy estrecho con los medios de comunicación locales, beneficiarios colaterales del proceso.
La nueva empresa resultante tiene la posibilidad de subir las tasas anualmente un 1% por encima del IPC, pero solo previa aprobación del pleno municipal y tras justificar los costes.
A simple vista, los beneficios directos de esta operación no son muy elevados (en el pliego se señala que el proceso de privatización solo repercutirá en la tarifa en 1% por encima del IPC).
Pero existen numerosas repercusiones colaterales, ya que una vez conseguida la concesión, la nueva empresa se compra a sí misma la tecnología, los suministros y las obras necesarias.
No está sometida a las mismas exigencias de publicidad y concurrencia que las entidades públicas, por lo que no está obligada a contratar mediante concurso público.
Por último, ellos cobran de forma regular y pueden pagar a proveedores con más plazo.
Ya solo con el manejo de tesorería, tienen beneficios.
El resultado es que en la ciudad de Huelva las tarifas aumentaron en un solo año un 14,4%. La historia de Huelva ejemplifica un proceso similar al que han vivido recientemente ciudades como León, Avilés o Guadalajara.
En la ciudad de León (145.000 hab.) la privatización se realizó a finales de 2009, Aquagest también se hizo con el 49% de la empresa municipal de aguas por un importe de 25 millones de euros, en concepto de “uso de las instalaciones, bienes y elementos existentes adscritos al servicio”.
A cambio, Aquagest se aseguró la gerencia ejecutiva de la empresa, el control efectivo de la estrategia empresarial y de las decisiones económicas fundamentales. Y todo ello en un contexto opaco, garantizado por el derecho a la privacidad de la información empresarial que dificulta, cuando no bloquea, cualquier proceso de participación ciudadana efectiva.
Se privatizó el servicio de aguas de una ciudad que, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de marzo de 2006, era una de las mejores gestiones, siendo la capital de provincia más barata en el suministro.
La entrada de Aquagest supuso una subida inmediata del 2,8% en la tarifa del agua para 2010.
Oposición social
Los procesos de privatización también han supuesto fuertes movimientos ciudadanos de defensa del agua como bien común.
Los vecinos de Avilés (Asturias) consiguieron crear una de las Plataformas contra la privatización del agua más activas.
De hecho, en un municipio de no más de 85.000 habitantes, consiguieron recabar casi 20.000 firmas para exigir que la gestión del agua se decida por referéndum.
Movilizaciones que no impidieron que el 1 de enero de 2010 comenzara a funcionar una nueva sociedad participada en un 74% por Aquagest y en un 26% por el Ayuntamiento gracias a los 37 millones de euros del canon (de los que sólo 18 millones se destinarán a mejorar y completar la red).
El objetivo de ampliar espacios al mercado sobre la base de privatizar los servicios públicos (sanidad, educación, agua y saneamiento) que en las últimas décadas ha presidido las políticas de liberalización y desregulación, acaba encontrando en esta coyuntura de crisis una ventana de oportunidad.
En el último año se han anunciado nuevos procesos de privatización: Lugo (85.000 hab.), Jerez de la Frontera (206.000 hab.), el Puerto de Santa María (85.000 hab.) y las muy relevantes del Canal de Isabel II (6.000.000 hab., casi toda la Comunidad de Madrid) o Aigües Ter-Llobregat (5.000.000 hab.) que de concretarse supondrán la hegemonía absoluta del agua privada en España.
Los fracasos vividos al inicio de la década en Latinoamérica (gracias a las protestas ciudadanas) y el nuevo proceso de privatización que se vive en España ha reorientado la estrategia de las multinacionales del agua hacia los denominados mercados maduros; mercados donde se minimizan los riesgos dado que los recibos del agua tienen una alta garantía de pago.
En este sentido, Agbar, ha reorientado su estrategia de futuro ante el nuevo contexto económico y en los próximos años focalizará su actividad en acometer grandes proyectos de concesiones de la mano de fondos de inversión y en impulsar las actividades de tecnologías y soluciones con alto valor añadido para las empresas de agua.
En los últimos meses, se ha mostrado interesada en hacerse con la gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATL), Aguas de Jerez y el Canal de Isabel II de Madrid si estas entidades se privatizan, lo que responde también a esta estrategia de futuro.
Al margen de su valor crematístico, el agua en España, como en la mayoría de las culturas mediterráneas, sigue manteniendo un fuerte valor simbólico, un significado de “fuente de vida”.
Este valor simbólico hace que la ciudadanía tome rápidamente conciencia social sobre el agua como bien común.
Por tanto, es importante destacar también el papel que la sociedad civil juega frente a la mercantilización.
En este sentido son notorias las actuaciones que se están llevando a cabo en Madrid y Catalunya, a través de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y la Plataforma Aigua és Vida.
Incluso es de destacar, que recientemente dieciséis colectivos se han sumado al frente contra la decisión del gobierno local de privatizar la gestión del ciclo del agua de Ajemsa (Aguas de Jerez).
De su capacidad de acción dependerá, en buena medida, que en España el agua sea un bien común o un valor comercial.
Para reforzar el papel del agua como bien común, desde AEOPAS creemos que si la legislación simplemente prohibiera –como en la mayoría de los países europeos– que los cánones concesionales se utilicen para fines distintos de la mejora de las infraestructuras hidráulicas, los procesos de privatización serían en España algo muy residual.
No hacer esto es fomentar una burbuja hídrica basada en la utilización de la tarifa del agua como mecanismo de recaudación no transparente para financiar a los municipios y cuyo resultado no muy lejano será la ausencia de inversión en la gestión del ciclo urbano, lo que conducirá a su insostenibilidad y, quizás, a su posterior rescate público pagado por todos.
Artículo escrito por Luis Babiano, Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), originalmente publicado en la web de Ecologistas en Acción, protegido por licencia CC BY 2.5 ES. Revista El Ecologista nº 72.
![[Img #51720]](http://canarias-semanal.org/upload/img/periodico/img_51720.jpg)
Consideran positivo la reapertura del Caso Inalsa en Lanzarote:
"LA JUSTICIA DEBE SEÑALAR A LOS CULPABLES DE ARRUINAR LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUA"
La organización política de Lanzarote Alternativa Ciudadana 25 de Mayo ha destacado como "positivo para los intereses de la ciudadanía que se reabra el caso Inalsa".
"Esperamos -apuntan desde AC25M- que la investigación sirva para que la Justicia señale a los verdaderos responsables de la ruina de la empresa pública de agua".
Alternativa Ciudadanave "conveniente para los intereses de la ciudadanía de la isla que la Fiscalía solicite investigar las presuntas irregularidades en cuatro contratos relativos a la gestión del ciclo integral del agua en la isla y que supone un monto de unos 4,6 millones de euros de dinero público".
"El caso Inalsa -recuerdan - fue denunciado por esta organización política en 2013, denuncia que la Fiscalía asumió e incluso la amplía, siendo el pasado mes de febrero archivado, presentando Alternativa Ciudadana recurso de apelación contra esta decisión, adjuntando en dicho recurso entre otros documentos, un informe del Tribunal de Cuentassobre el servicio de producción y venta de agua entre los años 2007 - 2011 y pidiendo que se constatara si desde la empresa distribuidora de agua en la isla se desviaron importes monetarios sin justificación".
Desde Alternativa Ciudadana aseguran que "después de un estudio pormenorizado del Informe de la Audiencia de Cuentas, se puede observar que se adjudicaban contratos, vulnerando las principios básicos de publicidad y transparencia. También en diversas obras realizadas relacionadas con el ciclo integral del agua en la isla, no se emitieron los preceptivos informes jurídicos y de intervención, que faltan los informes de supervisión y el visado del colegio profesional correspondiente, así como, irregularidades detectadas en el replanteo y en la propuesta de liquidación de la obra. Por todo ello, en el recurso de apelación se pide que se investigue estas presuntas irregularidades".
La reapertura de este caso -concluyen - "confirma las denuncias que durante años hemos hecho sobre el saqueo y despropósito que ha estado sometida la empresa pública de agua y en la corrupción de la gestión ciclo integral del agua en la isla, y reitera que la investigación no solo sirva para que la Justicia señale a los verdaderos culpables del presunto desfalco, sino que los mismos afronten con su patrimonio la mala gestión de la que son responsables, principalmente, PSOE, PIL y Coalición Canaria".
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