Carmena llevará a los tribunales a quienes vendieron vivienda pública de Madrid a fondos buitre
El concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, confirma que el Ayuntamiento emprenderá acciones judiciales contra los administradores de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por vender pisos sociales "sin la existencia de pliegos de condiciones", según el informe de la Cámara de Cuentas.
PÚBLICO / EFE
MADRID.— La noticia saltó en abril y se ha confirmado ahora: entonces el Ayuntamiento de Madrid anunció que emprendería acciones legales contra la venta de viviendas públicas y sociales a fondos buitre aprobada por el anterior equipo de Gobierno comandado por Ana Botella si se demostraba que hubo irregularidades en dicha venta.
El concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha anunciado este viernes que el Consistorio emprenderá acciones judiciales contra los administradores de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por la venta de pisos sociales a fondos buitres, una operación cuestionada por la Cámara de Cuentas.
El concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha anunciado este viernes que el Consistorio emprenderá acciones judiciales contra los administradores de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por la venta de pisos sociales a fondos buitres, una operación cuestionada por la Cámara de Cuentas.
"Hay base jurídica para muchas cosas, pero especialmente para una actuación contra los administradores de una sociedad que desde luego no han velado por el correcto funcionamiento de la misma, ni por su patrimonio. Evidentemente, según mi conocimiento, limitado, pero suficiente para este caso, hay base para actuaciones judiciales y no les quepa la menor duda que las ejecutaremos", ha asegurado Sánchez Mato tras la sesión de la comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas que ha tenido lugar en el Ayuntamiento.
En dicha comisión ha declarado la exinterventora municipal, Beatriz Vigo, que se ha ratificado en sus informes y ha asegurado que no recordaba con exactitud los peros que puso a la operación.
Ayer, jueves, se publicó el informe definitivo de la Cámara de Cuentas, que determinaba que en las operaciones de venta se prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación.
Este informe analiza las operaciones de venta de 6.844 inmuebles con protección —de los que 2.956 son viviendas—, cuyo precio total ascendió a 261,88 millones de euros.
Según ese organismo, la venta se realizó "sin la existencia de pliegos de condiciones" y "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar", que se fijó "por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores".
Esto supone, según la Cámara de Cuentas, "la no aplicación de los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos".
En el caso de las viviendas vendidas a Fidere, el informe apunta que fueron los interesados en la compra los que fijaron el precio de venta que finalmente fue aceptado por el órgano de contratación, sin que se conociese el "valor objetivo de mercado de los bienes a enajenar".
"De lo que estamos hablando es de irregularidades que pueden incluso suponer actuaciones penales, o sea, vulneraciones del código penal, por supuesto también de actuaciones que han vulnerado las normas mercantiles", ha advertido sobre ese asunto Carlos Sánchez Mato.
Esto supone, según la Cámara de Cuentas, "la no aplicación de los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos".
En el caso de las viviendas vendidas a Fidere, el informe apunta que fueron los interesados en la compra los que fijaron el precio de venta que finalmente fue aceptado por el órgano de contratación, sin que se conociese el "valor objetivo de mercado de los bienes a enajenar".
"De lo que estamos hablando es de irregularidades que pueden incluso suponer actuaciones penales, o sea, vulneraciones del código penal, por supuesto también de actuaciones que han vulnerado las normas mercantiles", ha advertido sobre ese asunto Carlos Sánchez Mato.
Revertir la situación
No obstante, ha comentado que para poder revertir la situación (es decir, para que las viviendas vendidas regresen a manos municipales) habría que ir por la vía del Derecho Civil, porque "incluso una actuación delictiva que haya tenido como resultado un desastre para la EMVS podría hacer imposible la devolución de esas viviendas al patrimonio de todos".
"Por lo tanto esa parte, la que es menos sencilla de probar, es la que seguimos estudiando, porque desde luego los otros dos elementos, las obligaciones mercantiles y penales, parecen bastante claras", ha afirmado.
"Por lo tanto esa parte, la que es menos sencilla de probar, es la que seguimos estudiando, porque desde luego los otros dos elementos, las obligaciones mercantiles y penales, parecen bastante claras", ha afirmado.
El fondo buitre Blackstone calcula que sus VPO ya valen 100 millones más de lo que le costaron
La cuentas de Fidere, la sociedad que controla los pisos, informa de una "plusvalía latente" del 36% después de valorar todos sus inmuebles al acabar 2015
El precio de mercado que ahora tienen sus inmuebles alcanza 317 millones de euros, cuando el valor que se le dio al adquirirlas supone 201 millones
El fondo compró directamente viviendas sociales al Ayuntamiento de Madrid y la Sareb además de extender su gestión a promociones de Barcelona, Guadalajara y la Comunidad de Madrid
Las viviendas protegidas que el fondo buitre Blackstone posee en España ya valen mucho más de lo que le costó hacerse con ellas.
Más de 100 millones de euros, según los cálculos de Fidere, la filial que utiliza el fondo para gestionar esos pisos.
Así lo aseguran las cuentas anuales de la sociedad que denomina a esta diferencia "plusvalía latente no registrada", tras haber tasado la totalidad de sus inmuebles a 31 de diciembre de 2015.
Una plusvalía del 36%.
Fidere informa en sus cuentas de que el valor de mercado de las VPO que controla es muy superior tanto al precio que desembolsó directamente por ellas – como las promociones vendidas por el Ayuntamiento de Madrid gobernado por Ana Botella en 2013–, como a la cantidad en las que se han valorado casas del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid que ha ido adquiriendo al entrar en las promotoras encargadas de esas casas.
El cálculo global es que la valoración de las casas al hacerse con ellas ascendió a 201 millones de euros mientras que su valor en el mercado al cerrar el año pasado se iba a 317 millones.
En el caso de los pisos enajenados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Ana Botella en la capital, Fidere pagó por 12 promociones de protección pública en alquiler que compró, 35,6 millones en líquido a lo que se le pueden sumar los 39 millones de préstamos asociados a esos inmuebles.
Total: 74,6 millones. Ahora, la tasación interna de Fidere les otorga un valor de 146,8 millones de euros.
El Gobierno local admitió incluso rebajar el precio ya ofrecido en firme por Fidere a petición del fondo y sin contraponer sus argumentos.
También abonó dos millones de euros a un intermediario por participar en esta operación.
Este proceso ha sido considerado fuera de la ley por la Cámara de Cuentas de Madrid por "ignorar las más elementales normas de buena gestión".
Algo parecido ocurre con, por ejemplo, las seis promociones inmobiliarias (415 viviendas) en las localidades de Rivas Vaciamadrid, Móstoles, Alcorcón y Valdemoro compradas a la Sareb en 2014 por 24 millones de euros cuyo precio real está por encima de los 46 millones.
Algunas tienen una diferencia menor como las viviendas del Plan Joven de Getafe adquiridas mediante la absorción de la promotora Egicam Plan Joven que se valoraron en 21,2 millones y se han tasado en 22,5.
Además de en la Comunidad de Madrid, las cuentas de la inmobiliaria hacen referencia a promociones en Barcelona y Guadalajara.
Las casas en Cataluña muestran un valor en los libros de Fidere de 12,8 millones de euros mientras que el mercado las coloca ya en los 18,9.
En Castilla-La Mancha, las promociones fueron valoradas en 3,2 millones mientras que la tasación interna las lleva a los 7,2 millones.
Multiplica los beneficios
El negocio de la vivienda protegida en España le está yendo bien a Blackstone, según las cuentas cerradas ofrecidas a los accionistas.
El año pasado el fondo dobló los ingresos por las rentas que pagaron los inquilinos de estas casas. Si en 2014 sumaron 5,5 millones de euros, en 2015 superaron los 11.
La ocupación media de sus inmuebles ha llegado, asegura, al 84% –partía de algo más del 60%– de los más de 166.000 metros cuadrados de viviendas sociales que gestiona.
Los vecinos de casas que vieron cómo su casero cambiaba de golpe de ser el Ayuntamiento de Madrid a una sociedad inmobiliaria privada han padecido diversas situaciones: desde episodios de desahucio, aumento de la renta o cambio de condiciones de su alquiler (como triplicar el coste del agua caliente).
Incluso alguna afectada llegó a ser expulsada de las lista de viviendas sociales por tratar de defenderse ante el fondo buitre.
Así las cosas, el beneficio ordinario que obtuvo de su negocio la sociedad utilizada por Blackstone llegó a los 3,5 millones cuando un año antes quedó en los 1,9 millones de euros.
RESPONSABLES DE PRICEWATERHOUSE COOPERS ESTÁN LLAMADOS A DECLARAR
El PP y el fondo buitre Blackstone, bajo la lupa
La investigación sobre la venta de 18 promociones de vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid en la época de Ana Botella (PP) continúa este viernes con las declaraciones de los responsables del plan de viabilidad, firmado por la consultora PriceWaterhouse Coopers.
Ocupación en marzo de 2013, de la sede central del Banco Malo, en Madrid, por miembros de la PAH. / DAVID FERNÁNDEZ
Fermín Oslé Uranga, antiguo consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, trabaja ahora en la constructora Velasco.
Ahí le han avalado,según figura en su perfil público en inglés, su “especialización en procesos de reestructuración y reorganización de empresas”, y su conocimiento “extensivo” de la Administración y empresas públicas.
Este ejecutivo fue uno de los diez altos cargos del PP en la época de Ana Botella como alcaldesa de Madrid que dio plantón el 16 de junio a una comisión de investigación municipal.
Esta comisión tenía que indagar en los detalles de la adjudicación, en julio de 2013, de 1.860 viviendas de la EMVS al fondo Blackstone.
La compraventa fue denunciada como irregular el pasado abril por un informe de la Cámara de Cuentas y abrió un nuevo frente en el ya grave problema de acceso a la vivienda y de desahuciosen los barrios más empobrecidos de la capital.
El viernes 1 de julio está prevista la segunda sesión, a la que están llamados a declarar los responsables del informe de viabilidad de la consultora PriceWaterHouse Coopers, un plan para un proceso de venta que el actual equipo de Gobierno, PSOE y Ciudadanos consideran que estuvo amañado.
Leer más: Ocho razones para no olvidar el nombre de PWC
Entre quienes plantaron al Gobierno municipal y a todos los partidos de la oposición: dos actuales concejales del PP en el Ayuntamiento (Pablo Cavero y Borja Carabante), los antiguos gerentes de la empresa autonómica de vivienda (IVIMA) Juan Van-Halen y Ana Gomendio, además de la exalcaldesa Ana Botella.
No existen imputados por esta venta, si bien Van-Halen y Gomendio sí están investigados por la venta paralela, también en 2013, de 2.900 viviendas autonómicas a Goldman Sachs.
Venta récord
En apenas cuatro meses y medio –entre marzo y julio de 2013–, el Consistorio de Ana Botella tenía firmado un contrato de venta de 18 promociones de vivienda pública (los 1.860 pisos con distintos tipos de alquiler más plazas de garaje y locales) con la unión temporal de empresas formada por el fondo Blackstone y Magic Real State.
Botella cerró el proceso de venta de 18 promociones a Blackstone en apenas cuatro meses y medio
En palabras de Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, esta celeridad se debe a que “los contratos ya estaban adjudicados”. El proceso de concesión –en función de lo dictaminado por la Cámara de Cuentas– incumplió tanto la normativa interna de la EMVS (que obligaba a informar y a presentar una oferta de compra a los inquilinos) como la ley de contratos del sector público.
Una muestra: el consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, afirmaba en el pleno del 17 de abril de 2013 a pregunta de UPyD que “no existía ninguna operación” de venta de patrimonio.
Dos semanas después, adelantándose en una semana a que la consultora Pricewaterhouse Coopers entregara un plan de viabilidad donde por primera vez se detallaba la cifra de 1.860 viviendas, la EMVS anunciaba en un periódico de tirada nacional la venta de las 18 promociones.
“La EMVS tenía poderes extrasensoriales, se adelantó a lo que la consultora iba a proponer”, afirmó en la comisión de investigación la concejala del PSOE Mercedes González.
“Mes y medio antes de que se aprobara el plan de viabilidad de la EMVS, ya se había puesto en venta este patrimonio”, continuaba.
Este desfase temporal es sólo uno de los aspectos irregulares que quieren seguir investigando los grupos municipales.
El núcleo del asunto: la adjudicación de las 18 promociones por 128,5 millones de euros estaba calculada 32 millones hacia abajo, según la Cámara de Cuentas. “
El plan era capitalizar la empresa, y lo que hicieron fue descapitalizarla”, denunciaba Sánchez Mato. Y en la letra pequeña las irregularidades no acaban ahí: en julio se firma la adjudicación a Blackstone con dos millones adicionales de rebaja. Atribuidos, según Mercedes González, a “una supuesta morosidad en el pago de rentas por los inquilinos”.
Las consecuencias de la operación llegan hasta hoy. Sobre la mesa está la posible reversión de estos contratos, algo que desde el área de Equidad y Derechos Sociales, presidida por la concejala Marta Higueras, no se ve posible actualmente, si bien “se estudiarán todas las vías”, tal y como señaló en una reunión con los vocales de Ahora Madrid en los distritos.
Inquilinos sin protección
La onda expansiva de la venta a Fidere –el fondo que finalmente se quedó con las 1.860 viviendas– llega hasta hoy: este año terminan 350 contratos antiguos; en 2017, 352, y en 2018, 690, según el PSOE. Para quienes se estuvieran beneficiando de algún tipo de reducción de alquiler, el cambio de casero supondrá un aumento que varía de los 50 euros a más de 500 en función de la situación personal. Todo un desafío para la política social y de vivienda del Ayuntamiento de Madrid.
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