España paga de más por sus
grandes sistemas de armas
Viernes.29 de julio de 2016
El Tribunal de Cuentas desvela abono de sobrecostes, exceso de financiación y renuncia a cobrar penalizaciones por retrasos en programas de Defensa.
Los técnicos se opusieron a pagar 43,6 millones de gastos no previstos por el carro de combate Leopard
Se paralizaron los expedientes para penalizar con 31,7 millones a Navantia
Santa Bárbara ha recibido 18,8 millones de sobrefinanciación
En su resolución, consideraba inaceptable que se adjudicaran, sin licitación ni publicidad, suministros y servicios de mantenimiento para el Leopard y que se presentara el encargo como una mera adenda, la número 25, al contrato de compra de dichos carros de combate, que data nada menos que de 1998, hace ya 18 años.
Lo que no explicaba la resolución es que lo que se buscaba con esta adjudicación es que la empresa no tuviese que devolver al Estado 18,8 millones de euros cobrados de más, aunque para ello se recurriera a una fórmula de dudosa legalidad.
La explicación figura en el folio 127 del Informe de Fiscalización de la Financiación Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) elaborado por el Tribunal de Cuentas.
El contrato de compra de 219 carros de combate Leopard y 16 de recuperación tenía un importe total de 2.489 millones de euros, pero la empresa fabricante ha recibido ya en anticipos del Ministerio de Industria y en pagos de Defensa un total de 2.507 millones.
Tiene por tanto, constata el Tribunal de Cuentas, “un exceso de financiación de 18,8 millones”; justo el importe de la adjudicación anulada por Hacienda.
Si hubiera dudas sobre la identidad de ambas partidas, el informe explica: “Esta cantidad se encuentra en trámites de regularización, pues es objeto de la Adenda 25, actualmente en negociación”.
A la postre, sin embargo, la regularización ha resultado irregular.
No es la única anomalía constatada en la mayor compra de carros de combate de la historia del Ejército español.
Defensa ha reconocido sobrecostes por un importe de 43.6 millones de euros derivados, básicamente, de los problemas que la compañía española SAPA, suministradora de las transmisiones, ha tenido con su socio tecnológico alemán Renk.
El Tribunal de Cuentas considera “indudable” que “las circunstancias técnicas y financieras que vienen determinadas por actores internacionales” en programas de estas características “exceden los cauces de contratación ordinaria”, pero agrega que SAPA conocía las condiciones de suministro y las aceptó, que el contrato ya preveía un beneficio del 10% con el que cubrir esos imprevistos y que la operación contó con un 100% de financiación pública, por lo que el riesgo financiero era cero.
La Oficina del Programa Leopardo advirtió de que los sobrecostes no eran culpa de la Administración, “sino de la falta de control del contratista principal (GDSBS)”, y se opuso a la pretensión de que se quisieran cargar beneficios sobre unos gastos sobrevenidos y extraordinarios.
“No obstante lo anterior”, constata el Tribunal de Cuentas, “ni el Asesor Jurídico ni el Interventor se han opuesto a la solicitud de extracostes”, que han sido reconocidos por Defensa.
El informe llama la atención sobre un hecho insólito:
Santa Bárbara es una empresa privada, propiedad 100% de la estadounidense General Dynamics Corporation (GDC), pero el programa Leopard se sigue rigiendo por el convenio entre el Ministerio de Defensa y el antiguo Instituto Nacional de Industria (el INI, holding de las empresas públicas) que data de 1981 y “contiene un régimen jurídico más beneficioso para el contratista que si se hubiera aplicado la normativa general”.
Y eso a pesar de que, por un mandato legal que nunca se ha cumplido, el convenio debió liquidarse hace años.
Santa Bárbara es una empresa privada, propiedad 100% de la estadounidense General Dynamics Corporation (GDC), pero el programa Leopard se sigue rigiendo por el convenio entre el Ministerio de Defensa y el antiguo Instituto Nacional de Industria (el INI, holding de las empresas públicas) que data de 1981 y “contiene un régimen jurídico más beneficioso para el contratista que si se hubiera aplicado la normativa general”.
Y eso a pesar de que, por un mandato legal que nunca se ha cumplido, el convenio debió liquidarse hace años.
Si ya es sorprendente que empresas privadas se comporten como públicas, no lo es menos que públicas lo hagan como privadas.
El Tribunal de Cuentas se extraña de que el convenio entre Defensa y el astillero público Navantia incluya un margen de beneficio de entre el 4 el 12% en los presupuestos de los buques que se le encargan.
El informe alega que el ánimo de lucro, “principal incentivo para el empresario particular”, no tiene sentido en una sociedad pública, que está obligada a aceptar los encargos que le hace el Estado y solo puede facturar los costes reales, De lo contrario, advierte, podría considerarse “un exceso de financiación pública”.
Defensa ha tomado nota de esta advertencia y ha replicado que, en su nuevo convenio con Navantia, el concepto beneficio se sustituye por el de “margen industrial”, para hacer frente a los “riesgos relativos” a la ejecución de los programas.
En esos riesgos no se incluye la revisión de precios, que ha supuesto aumentar en 133,6 millones (casi un 30%) el coste de cuatro Buques de Acción Marítima (BAM).
En esos riesgos no se incluye la revisión de precios, que ha supuesto aumentar en 133,6 millones (casi un 30%) el coste de cuatro Buques de Acción Marítima (BAM).
La entrega a la Armada de estos cuatro barcos ha sufrido un retraso total de 78 meses, lo que dio lugar a la apertura de expedientes para imponer las penalizaciones contempladas en los contratos, por un importe total de 31,7 millones de euros.
Sin embargo, “por una causa que no se ha justificado”, constata el Tribunal de Cuentas, los expedientes se paralizaron sin que se impusiera sanción alguna.
Sin embargo, “por una causa que no se ha justificado”, constata el Tribunal de Cuentas, los expedientes se paralizaron sin que se impusiera sanción alguna.
Defensa ha negado que existiera aquiescencia por parte de la Armada para no imponer sanciones y ha anunciado que se reactivará el grupo de trabajo dedicado a discutir con Navantia su importe, aunque alguno de los expedientes, que data de 2011, puede haber caducado.
Quien no se retrasó en la entrega fue el consorcio fabricante del avión de combate europeo Eurofighter.
Además de los 47 cazas ya en servicio en el Ejército del Aire, hay otros 12 almacenados durante tres años en la base aérea de Los Llanos (Albacete), que España no ha querido recepcionar oficialmente para que no computen en el déficit público.
Además, tres helicópteros NH-90 están depositados “temporalmente” en las instalaciones de Eurocopter en Albacete hasta que el Ejército de Tierra disponga del personal, los equipos y las instalaciones necesarias para hacerse cargo de ellos.
El riesgo de la falta de personal para controlar contratos por 30.000 millones
El Tribunal de Cuentas reconoce que la reestructuración del Ministerio de Defensa abordada en 2014 supuso un “importante esfuerzo de centralización y simplificación” de las estructuras de gestión de los grandes programas de armamento, hasta entonces “altamente compartimentada y en ocasiones redundante”, lo que “derivaba en una dispersión de competencias e impedía un seguimiento y control adecuado”.
Ahora advierte de otro riesgo: la infradotación de medios humanos. Ninguna de las oficinas de los grandes programas, que gestionan en total unos 30.000 millones, tiene su plantilla al completo, hasta el punto de que más del 40% del personal pertenece a la empresa pública Isdefe.
A ello se suma la alta rotación de los militares y el hecho, que el tribunal ve con estupor, de que los adscritos a las agencias internacionales se vean relegados en su carrera profesional.
Como ejemplo, advierte de que la ausencia de representantes españoles en la oficina internacional del programa del misil Iris T (en el que España gasta 282,4 millones) “conlleva una pérdida significativa, cuando no decisiva, sobre su gestión y conocimiento”.
EL RIESGO DE LA FALTA DE PERSONAL PARA CONTROLAR CONTRATOS POR 30.000 MILLONES
El Tribunal de Cuentas reconoce que la reestructuración del Ministerio de Defensa abordada en 2014 supuso un “importante esfuerzo de centralización y simplificación” de las estructuras de gestión de los grandes programas de armamento, hasta entonces “altamente compartimentada y en ocasiones redundante”, lo que “derivaba en una dispersión de competencias e impedía un seguimiento y control adecuado”.
Ahora advierte de otro riesgo: la infradotación de medios humanos.
Ninguna de las oficinas de los grandes programas, que gestionan en total unos 30.000 millones, tiene su plantilla al completo, hasta el punto de que más del 40% del personal pertenece a la empresa pública Isdefe.
A ello se suma la alta rotación de los militares y el hecho, que el tribunal ve con estupor, de que los adscritos a las agencias internacionales se vean relegados en su carrera profesional.
Como ejemplo, advierte de que la ausencia de representantes españoles en la oficina internacional del programa del misil Iris T (en el que España gasta 282,4 millones) “conlleva una pérdida significativa, cuando no decisiva, sobre su gestión y conocimiento”.
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