¿Dónde está el dinero de las tasas judiciales?
El Consejo General de la Abogacía aplaude la decisión del Constitucional sobre las tasas, aunque lamenta que no se devuelva lo recaudado, que no ha servido para “mejorar” la Justicia Gratuita.
Mazo de juez
Gustavo García / 30-07-2016 •
¿Dónde están los millones que lastasas judiciales han recaudado en los últimos cuatro años?
Esta es la pregunta que se están haciendo asociaciones y colectivos relacionados con la Justicia en las últimas horas después de que este viernes el Tribunal Constitucionalhaya anulado unas tasas aprobadas en 2012 por el Gobierno del PP a instancias del por entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón.
Un dinero del que no hay noticias, según destaca Jueces para la Democracia, que ha exigido al Ejecutivo en funciones que preside Mariano Rajoy, “bajo cuyo mandato se cometió esta injusticia”, que “explique, razone y dé cumplida cuenta a todos los ciudadanos del destino que ha hecho de lo recaudado por estas normas declaradas inconstitucionales”.
Un dinero del que no hay noticias, según destaca Jueces para la Democracia, que ha exigido al Ejecutivo en funciones que preside Mariano Rajoy, “bajo cuyo mandato se cometió esta injusticia”, que “explique, razone y dé cumplida cuenta a todos los ciudadanos del destino que ha hecho de lo recaudado por estas normas declaradas inconstitucionales”.
Esta asociación de jueces se hace eco del varapalo del alto tribunal “a la nefasta gestión de los sucesivos ministros de Justicia”, tanto Gallardón como Rafael Catalá, declarando inconstitucionales y nulas las tasas “por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva”.
Para Jueces para la Democracia la Ley de Tasas se aprobó “en plena crisis económica” y “cuando más necesaria era para la ciudadanía la tutela judicial”.
Para Jueces para la Democracia la Ley de Tasas se aprobó “en plena crisis económica” y “cuando más necesaria era para la ciudadanía la tutela judicial”.
En ese momento, Gallardón impulsó “una ley destinada a encarecer el acceso de los ciudadanos a la práctica totalidad de procedimientos judiciales tanto en primera instancia como en instancias superiores” gracias a la mayoría absoluta que ostentaba el actual Gobierno.
Este colectivo se alegra de que “por fin” se reconozca la “tremenda injusticia” que era “impedir” a personas físicas y pymes el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades.
El Consejo General de la Abogacía Española también ha mostrado su “satisfacción” por la sentencia del Tribunal Constitucional que extiende la anulación de las tasas judiciales también a las pequeñas y medianas empresas, ya que el Gobierno las derogó para las personas físicas en febrero de 2015.
El Consejo General de la Abogacía Española también ha mostrado su “satisfacción” por la sentencia del Tribunal Constitucional que extiende la anulación de las tasas judiciales también a las pequeñas y medianas empresas, ya que el Gobierno las derogó para las personas físicas en febrero de 2015.
“Se repara plenamente una injusticia” y se “contribuye a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo”, ha destacado la presidenta del Consejo, Victoria Ortega, según un comunicado en su web.
Y es que, “la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales ha tenido un claro rechazo por la sociedad debido a su clara y evidente inconstitucionalidad, habiendo producido la violación del derecho de los ciudadanos y de las pymes al acceso a la justicia y a obtener la tutela judicial efectiva consagrada en la Constitución”, ha afirmado Ortega, que ha calificado la sentencia de “victoria de la Justicia”.
A pesar de ello, el Consejo de la Abogacía también pone el acento en qué pasa con el dinero recaudado que no se devolverá y que, en contra de lo comprometido por el Gobierno en su momento, “no se ha destinado a mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita”.
Las tasas declaradas ahora inconstitucionales son las relativas a la presentación de recursos de personas jurídicas en el orden contencioso-administrativo, así como las tasas para recurrir en apelación y en casación en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo. Las cantidades iban de los 200 euros a los 1.200, según el caso.
El propio Ministerio de Justicia reconoció en febrero del año pasado que no sabía dónde estaban los más de 500 millones de euros recaudados con el cobro de estas tasas judiciales.
Y es que, “la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales ha tenido un claro rechazo por la sociedad debido a su clara y evidente inconstitucionalidad, habiendo producido la violación del derecho de los ciudadanos y de las pymes al acceso a la justicia y a obtener la tutela judicial efectiva consagrada en la Constitución”, ha afirmado Ortega, que ha calificado la sentencia de “victoria de la Justicia”.
A pesar de ello, el Consejo de la Abogacía también pone el acento en qué pasa con el dinero recaudado que no se devolverá y que, en contra de lo comprometido por el Gobierno en su momento, “no se ha destinado a mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita”.
Las tasas declaradas ahora inconstitucionales son las relativas a la presentación de recursos de personas jurídicas en el orden contencioso-administrativo, así como las tasas para recurrir en apelación y en casación en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo. Las cantidades iban de los 200 euros a los 1.200, según el caso.
El propio Ministerio de Justicia reconoció en febrero del año pasado que no sabía dónde estaban los más de 500 millones de euros recaudados con el cobro de estas tasas judiciales.
En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví al respecto, el departamento de Catalá señaló que “el Ministerio no dispone de información al respecto” y que tampoco corresponde a la Agencia Tributaria “la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa”, según recogió en su día Europa Press. Unos meses antes, en noviembre, el Gobierno cifró en 512 millones lo recaudado por estas tasas.
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El TC anula las tasas judiciales de Gallardón pero no devolverá el dinero
De este modo, el Constitucional anula las cuotas fijas impuestas a las personas jurídicas para interponer un recurso contencioso-administrativo abreviado (200 euros) y ordinario (350 euros).
PÚBLICO/EUROPA PRESS
MADRID.- El Tribunal Constitucional ha declarado nulas por inconstitucionales las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas impulsadas en su momento por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, según fuentes jurídicas.
En una sentencia adoptada por unanimidad ha estimado parcialmente el recurso presentado por el PSOE y declara inconstitucionales las tasas aprobada en noviembre de 2012. No obtante, la estimación no conlleva la devolución de las tasas ya abonadas.
En una sentencia adoptada por unanimidad ha estimado parcialmente el recurso presentado por el PSOE y declara inconstitucionales las tasas aprobada en noviembre de 2012. No obtante, la estimación no conlleva la devolución de las tasas ya abonadas.
De este modo, el TC anula las cuotas fijas impuestas a las personas jurídicas para interponer un recurso contencioso-administrativo abreviado (200 euros) y ordinario (350 euros). Asimismo, tumba la cuantía de 800 euros que las pequeñas y medianas empresas, asociaciones o comunidades de propietarios tienen que abonar para para presentar un recurso de apelación y la de 1.200 euros para interponer un recurso de casación en cualquiera de sus modalidades, así como las tasas de 500 y 750 euros, respectivamente, para recurrir en suplicación y casación en el orden social, según informa el TC en una nota de prensa.
También ha sido declarado inconstitucional la cuota variable cuya cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el tipo de gravamen que corresponda: de 0 a 1.000.000€, 0,5%; el resto, un tipo porcentual del 0,25. El máximo variable: 10.000€.
El tribunal tumba también el artículo 7.2 que impone una cuota variable cuya cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el tipo de gravamen que corresponda, en sintonía con lo demandado por profesionales del mundo de la judicatura, sindicatos y consumidores que rechazaron la normativa desde el mismo momento de su aprobación llegando incluso a crear la plataforma 'Justicia para Todos' en su contra.
No obstante el TC, que advierte que los efectos de su decisión afectarán a nuevos supuestos o procedimientos donde no haya resolución firme, considera que el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no vulnera, en sí mismo, el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, no incumple el mandato de sometimiento de la Administración al control judicial ni tampoco el principio de gratuidad de la Justicia.
También ha sido declarado inconstitucional la cuota variable cuya cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el tipo de gravamen que corresponda: de 0 a 1.000.000€, 0,5%; el resto, un tipo porcentual del 0,25. El máximo variable: 10.000€.
El tribunal tumba también el artículo 7.2 que impone una cuota variable cuya cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el tipo de gravamen que corresponda, en sintonía con lo demandado por profesionales del mundo de la judicatura, sindicatos y consumidores que rechazaron la normativa desde el mismo momento de su aprobación llegando incluso a crear la plataforma 'Justicia para Todos' en su contra.
No obstante el TC, que advierte que los efectos de su decisión afectarán a nuevos supuestos o procedimientos donde no haya resolución firme, considera que el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no vulnera, en sí mismo, el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, no incumple el mandato de sometimiento de la Administración al control judicial ni tampoco el principio de gratuidad de la Justicia.
Cuantías "desproporcionadas"
Ahora bien, tal y como recoge la resolución, entiende que la cuantía de las tasas (tanto en la cuota fija como en la variable) resultan "desproporcionadas" y puede producir un "efecto disuasorio" en los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales de Justicia.
Así, añade que los fines perseguidos por la ley recurrida son "constitucionalmente legítimos", en referencia al objetivo de evitar situaciones de abuso por parte de los que no buscan tutela judicial sino ventajas mediante la dilación de los procedimientos.
Y también, respecto a la financiación mixta de la justicia, en tanto su legitimidad se debe a que el hecho imponible gravado por la tasa no es el servicio público de la Justicia sino el"ejercicio de la potestad jurisdiccional", según explica el tribunal que matiza que esto no debe implicar la implantación de unas tasas excesivas que acaben dificultando el acceso a la justicia.
Por tanto, concluye que la medida no es idónea para conseguir la finalidad de acabar con los recursos abusivos si bien sí que lo es para conseguir el fin de la financiación mixta de la justicia.
Y también, respecto a la financiación mixta de la justicia, en tanto su legitimidad se debe a que el hecho imponible gravado por la tasa no es el servicio público de la Justicia sino el"ejercicio de la potestad jurisdiccional", según explica el tribunal que matiza que esto no debe implicar la implantación de unas tasas excesivas que acaben dificultando el acceso a la justicia.
Por tanto, concluye que la medida no es idónea para conseguir la finalidad de acabar con los recursos abusivos si bien sí que lo es para conseguir el fin de la financiación mixta de la justicia.
Y aclara que, el hecho de que se trate de un sistema de tasas en el que todos pagan lo mismo, implica en algunos casos que no se consiga evitar recursos abusivos.
"Su objetivo de prevenir de dichos recursos se diluye para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes y, sin embargo, perjudica al justiciable que ejercita correctamente su derecho a recurrir", reza la resolución, que añade que, al final, el perjudicado se ve obligado a pagar una tasa con la que se pretende erradicar un comportamiento que le es ajeno.
En cuanto a las tasas exigidas para interponer recursos, el Tribunal Constitucional se ampara en la justificación contenida en la memoria económica de la ley que se limita a señalar que es legítimo fijarlas en cuantías superiores a las de la primera instancia y que su recaudación no es suficiente para cubrir los costes generados por la segunda instancia.
A este respecto la sentencia afirma, por un lado, que "el objetivo de la financiación mixta de la justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental" y, por otro, que la cuantía de las tasas para recurrir resoluciones judiciales "no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, las cuáles resulta excesiva " por lo que concluye que, dichos gravámenes, vulneran el derecho protegido por el artículo 24,1 de la Constitución al poder disuadir la de interposición de recurso.
"Su objetivo de prevenir de dichos recursos se diluye para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes y, sin embargo, perjudica al justiciable que ejercita correctamente su derecho a recurrir", reza la resolución, que añade que, al final, el perjudicado se ve obligado a pagar una tasa con la que se pretende erradicar un comportamiento que le es ajeno.
En cuanto a las tasas exigidas para interponer recursos, el Tribunal Constitucional se ampara en la justificación contenida en la memoria económica de la ley que se limita a señalar que es legítimo fijarlas en cuantías superiores a las de la primera instancia y que su recaudación no es suficiente para cubrir los costes generados por la segunda instancia.
A este respecto la sentencia afirma, por un lado, que "el objetivo de la financiación mixta de la justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental" y, por otro, que la cuantía de las tasas para recurrir resoluciones judiciales "no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, las cuáles resulta excesiva " por lo que concluye que, dichos gravámenes, vulneran el derecho protegido por el artículo 24,1 de la Constitución al poder disuadir la de interposición de recurso.
"Concepción mercantilista"
El Sindicato Independiente de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha aplaudido dicha sentencia, ya que es una "buena noticia" para los ciudadanos y para el sistema judicial.
Además, ha recalacado, en un comunicado, que la derogación de esta normativa hace "obvio" el "fracaso social, político y de gestión".
Sin embargo, el sindicato ha insistido en que esta cuestión relacionada con las tasas judiciales no se basa "únicamente de cuantía excesiva", sino en que se "levanten barreras o límites" al acceso a la justicia.
Por ello, ha rechazado la "concepción mercantilista" que ha tenido la Administración de Justicia y ha solicitado que se impulsen mecanismo de revisión y reparación de las "lesiones" que se han causado a la tutela judicial durante los años que han estado vigente estas tasas.
Sin embargo, el sindicato ha insistido en que esta cuestión relacionada con las tasas judiciales no se basa "únicamente de cuantía excesiva", sino en que se "levanten barreras o límites" al acceso a la justicia.
Por ello, ha rechazado la "concepción mercantilista" que ha tenido la Administración de Justicia y ha solicitado que se impulsen mecanismo de revisión y reparación de las "lesiones" que se han causado a la tutela judicial durante los años que han estado vigente estas tasas.
"Atentado contra la democracia"
En su recurso, presentado en julio de 2013, el grupo parlamentario socialista argumentó que la normativa, que financiaría la justicia gratuita según Gallardón, era "abusiva e injusta" y suponía un "atentado" contra la democracia.
Tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la norma se sometió a una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas en determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.
La normativa además contó desde el primer momento con el rechazo de profesionales, sindicatos y consumidores que llegaron a unirse en la Plataforma Justicia para Todos en su contra.
Tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la norma se sometió a una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas en determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.
El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, eliminó mediante la aprobación de un decreto ley de eficacia inmediata las tasas para las personas físicas, incluidas las pymes, ya que desde 2012, las tasas aprobadas por su antecesor no tuvieron "un impacto directo en la reducción de la litigiosidad".
La normativa además contó desde el primer momento con el rechazo de profesionales, sindicatos y consumidores que llegaron a unirse en la Plataforma Justicia para Todos en su contra.
Tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la norma se sometió a una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas en determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.
El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, eliminó mediante la aprobación de un decreto ley de eficacia inmediata las tasas para las personas físicas, incluidas las pymes, ya que desde 2012, las tasas aprobadas por su antecesor no tuvieron "un impacto directo en la reducción de la litigiosidad".
Las PYMES estaban exentas hasta 2.000 euros.
Defensa burla los ajustes con créditos por 4.390 millones para armamento
Pedro Morenés, ministro de Defensa en funciones. Fernando Villar.
El Ministerio de Defensa ha utilizado en los últimos cuatro años un singular método para financiar fuera de presupuesto los programas de armamento: la continua petición de créditos extraordinarios cargados a deuda pública vía Real Decreto.
Este sistema, que está reservado para casos de "extraordinaria urgencia", ha permitido al departamento que dirige en funciones Pedro Morenés saltarse los ajustes exigidos por Bruselas, que acaba de sancionar a España por incumplir los objetivos de déficit, y mantener el nivel de gasto.
Así, y pese a la reducción formal de su presupuesto, Defensa ha solicitado cuatro créditos suplementarios por 4.390 millones de euros entre 2012 y 2015, para hacer frente a los compromisos adquiridos con la industria militar.
El sistema de créditos extraordinarios elegido por Defensa para aumentar su capacidad de gasto no está exento de polémica y ha sido criticado por el Tribunal de Cuentas, que no ha dudado en tacharlo de "irregular e injustificado"en su último informe de fiscalización sobre la financiación de los Programas Especiales de Armamento (PEAs).
El organismo critica sobre todo que la cartera de Morenés use un método de financiación reservado para casos "extraordinarios y de urgente necesidad" como una vía rutinaria de financiación para hacer frente a pagos previstos y conocidos desde la década de los 90.
"La situación financiera de los PEAs no era ni es en absoluto desconocida ni imprevisible, sino todo lo contrario.
La financiación a través de créditos extraordinarios (...) se ha convertido en una situación presupues- taria estructural en defecto de una presupuestación realista ajustada a los compromisos conocidos por el Gobierno", espeta la entidad fiscalizadora.
Partidas insuficientes
El Tribunal de Cuentas reprocha así al Ejecutivo que, a pesar de conocer con antelación sus compromisos de pago en materia de armamento, desde 2012 no ha procedido a dotar al presupuesto de Defensa con la cuantía suficiente para hacer frente a los programas con "el objeto de paliar las negativas consecuencias de las drásticas reducciones presupuestarias que afectaron gravemente a los PEAs", explica el Tribunal de Cuentas en el informe fiscalizador.
Por ejemplo, la Ley de Presupuestos de 2012 dotó con 4,95 millones de euros la partida destinada a pagar armamento. La cantidad era a todas luces insuficiente y en julio de ese año el Congreso de los Diputados publicó el Real Decreto-Ley 26/2012 por el que se aprobaron recursos extraordinarios de 1.782 millones de euros para el Ministerio de Defensa, lo que implicó elevar el presupuesto del departamento casi un 18 por ciento, tal y como denunció en su día UPyD.
Defensa repitió la misma práctica durante los años posteriores.
La Ley de Presupuestos asignó al Ministerio en 2013, 2014 y 2015 una partida de 6,84 millones de euros respectivamente para hacer frente al pago de los programas de armamento, sin embargo la Administración encabezada por Morenés recurrió durante esos tres ejercicios a los créditos extraordinarios, solicitando 877,3 millones en el año 2013; 883,6 millones en 2014 y otros 846,9 millones de euros el año pasado.
Paradójicamente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció en 2012 un recorte en el presupuesto de Defensa del 8,84 por ciento, otro del 6,01 por ciento en 2013, una bajada del 3,22 por ciento en las cuentas de 2014 y, finalmente, la congelación de las mismas en 2015, siempre de cara a contener el gasto público.
A pesar de los anuncios oficiales, estas partidas iniciales, lejos de satisfacer un recorte real, han sido incrementadas por los créditos.
El organismo presidido por Ramón Álvarez de Miranda también critica la falta de detalles y explicaciones dados por Defensa cuando solicita los créditos extraordinarios.
El Tribunal señala que las memorias económicas y justificativas que respaldan la tramitación de los expediente son breves, no explican o justifican la urgencia y utilizan los datos que ya se tenían como referencia para elaborar el anteproyecto de presupuestos.
El Tribunal de Cuentas recomienda a Defensa hacer una "presupuestación realista acorde a las necesidades de los programas especiales de armamento".
La entidad fiscalizadora pide "evitar el uso excesivo de la financiación a través de créditos extraordinarios" no sólo por los problemas que genera al gestor de fondos públicos la falta de dotación, sino por la necesidad de controlar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
De igual modo, exige proporcionar un marco estable a la financiación de los PEAs para evitar la "incertidumbre"económica sobre los mismos.
Por su parte, Defensa reconoce el uso de los créditos extraordinarios para compensar los ajustes, ya que la congelación de los pagos estaba "poniendo en peligro la industria, un elevado número de empleos y la credibilidad de la nación conlos aliados".
"Los presupuestos de 2013 y 2014 continuaron con la tónica de reducción de gasto (...) aun a sabiendas de que era insuficientes para satisfacer las obligaciones de los programas de armamento. Por ese motivo se ejerció la técnica del crédito extraordinario, a fin de salvaguarda el sector tecnológico de las insdustrias", dice Defensa.
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