Policía política
Corría el año 1992 y la elaboración de dosieres era frecuente. Se trataba de informes fabricados por una especie de sicarios mediáticos, aunque los autores anónimos tenían nombres y apellidos y eran conocidos en el gremio; por un módico precio elaboraban un informe falso, pero bien hecho, con la intención de desprestigiar a alguien.
A partir de ese informe, se iban desgranando datos que de una u otra forma iban componiendo un retrato de un personaje al que se tachaba de corrupto, de delincuente: se le linchaba.
Como en España la difamación es gratuita y, si acaso, después de mucho pelear en la justicia se consigue cierta reparación en forma de disculpa, pero nunca algo que compense el daño hecho, estos dosieres proliferaron y se usaron más como método de extorsión, amenazando con sacarlos a la luz, que como información publicable.
En esta España plagada de periodistas
dispuestos a dar pábulo a la mentira a sabiendas, la amenaza del daño que causaban estos dosieres tenía mucho sentido.
Yo tuve el honor de que me dedicaran uno. Entonces trabajaba de presentador un programa de Telemadrid llamado La Noche se Mueve que tenía mucho éxito, pero sólo en Madrid. A toro pasado me hace ilusión que el fascio español me viera ya como un peligro potencial, eso indica que estaba en el buen camino.
Digo a toro pasado porque en su día no me hizo ninguna gracia, sobre todo porque en el dosier incluían a mi padre como una especie de testaferro que era el que llevaba a cabo la creación y mantenimiento de las empresas pantalla con las que, supuestamente, mi familia se embolsaba los millones.
En medio aparecían políticos de la época, como Leguina y Barranco, que serían los que pasaban los millones a mis cuentas corrientes a cambio de supuestos servicios que no se especificaban, no se decía en base a qué cobraba yo esa pasta.
Como decía, esto circulaba por ahí, por despachos de gente importante, medios de comunicación, y la única función que cumplía era desprestigiar al titular del dosier.
Hablaban así, en términos generales: ése del que ya sabemos a qué se dedica, y todos parecían saberlo dando a entender que mi condición de chorizo era pública y notoria.
La cuestión se complicaba cuando estos dosieres caían en manos de bocazas sin escrúpulos como Ángel Matanzo, concejal del Ayuntamiento de Madrid, o Encarna Sánchez. El primero me comunicó personalmente que me iba a hundir con esa basura y lo intentó, y la segunda se dedicó a darla por entregas en su programa.
La cuestión no es que fuera cierto
lo que se decía, sino que coincidieran las versiones.
Ese era el sentido del dosier. Todos se agarraban
a la misma mentira y la convertían en hecho cierto.
Fue Máximo Pradera, colaborador del programa en aquel tiempo, el que me avisó de que en la COPE se estaban vertiendo acusaciones graves contra mí y mi familia. No hice caso hasta que me trajo una grabación en la que entendí que la cosa no iba en broma.
Allí se daban números de cuentas, trasvases importantes de dinero entre ellas, nombres de personas y de sociedades pantalla, entre insultos y gritos de “sinvergüenzas, “ladrones”, “matáis de hambre a los obreros”, dedicados a mí y a mi familia.
Si yo lo hubiera oído de otro pensaría que le habían pillado, en ningún caso que se lo estaban inventando. Y menos aún que la persona que lo bramaba, Encarna Sánchez, supiera que era todo falso. Estaba convencido de que la habían engañado.
La cosa acabó en los tribunales y allí, ante mi sorpresa, Encarna Sánchez, a pesar de que aporté numerosas grabaciones de programas, negó la mayor, dijo que no había dicho ni una palabra de todo aquello y que las grabaciones las había hecho yo con imitadores, que tenía conciencia de ellas porque alguno de ellos, arrepentido, se lo había confesado avergonzado. Tras soltar cuatro frescas al juez por haberla hecho perder el tiempo de esa manera, abandonó la sala. Detrás de ella se marchó su abogado alegando que tenía otro juicio y allí nos quedamos con dos palmos de narices el juez y nosotros, los demandantes. A pesar de que en aquel momento el juez se indignó con ella, en la sentencia le dio la razón.
Yo me cuidé mucho de no citar los insultos ni nada de lo que pudiera parecer crítica hacia mi trabajo en la demanda, tan solo acusaciones de la comisión de delitos. En el colmo de la estupidez, esta señora llegaba a decir que yo trabajaba en Telemadrid por una sola razón: era hijo ilegítimo del director general de la cadena. El susodicho me sacaba sólo diez años.
Ese era el nivel. Esta señora amoral, sin escrúpulos, tenía dedicado el estudio más grande de la COPE a su memoria tal y como rezaba una placa la última vez que visité la emisora.
El juez no sólo no me dio la razón en nada, sino que me soltó un rapapolvo importante.
Venía a decir que si no estaba dispuesto a aguantar críticas, que mejor me dedicara a otra cosa. De paso, tal y como me obligaba la ley, la demanda la dirigimos al responsable civil subsidiario, en este caso la Conferencia Episcopal, propietaria de la emisora.
En este punto también se detuvo el juez en su sentencia preguntándome quién era yo para arremeter contra esa institución.
En fin, me costó una pasta el proceso, y cuando intenté recurrir no pude porque había un defecto de forma y la fecha no coincidía con no se qué y me lo tuve que comer.
Para mí fue la constatación de que la justicia no era igual para todos.
Rememoro la época de los dosieres a raíz de la polémica suscitada ahora con la aparición de un dosier anónimo dedicado a Podemos, que dice la prensa que fue remitido desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía (DAO) a la UDEF, y cuyo destino real han sido los medios de comunicación. Entre otros el conocido periodista Eduardo Inda, que afirma tenerlo desde hace meses pero que las fuentes le dijeron que no lo publicara hasta que recibió la orden de hacerlo; y Manos Limpias, que lo adjunta como parte en una querella en el Tribunal Supremo.
La misma forma de proceder de aquellos tiempos, pero con un agravante: ya no son delincuentes que trabajan en la impunidad los que utilizan estos métodos para la extorsión, o el linchamiento mediático del rival, razón por la que los autores permanecían en el anonimato, sino la propia policía del Estado que debería perseguir este tipo de acciones.
En eso que llaman Estado de Derecho, que es el espacio donde dicen que nos movemos, estas cosas no tienen cabida. Mejor dicho, no deberían tenerla. A los ciudadanos que no están cometiendo ilegalidad alguna no se les vigila, no se les investiga ni se les persigue a no ser que se tenga una orden judicial que lo autorice y justifique por estar inmersos en una causa.
Los medios de comunicación se han centrado en el contenido del informe saltándose la ilegalidad de su elaboración y sin señalar a los responsables de la misma, que son nada menos que el ministro de Interior y altos cargos de la Policía afines al PP.
Se habla de una “unidad secreta” que es la que se encargaría de este trabajo, así como de recabar investigación sobre políticos ligados al proceso soberanista catalán. Cuando CIU protestó ante el ministro por estos hechos, éste los mandó “al psiquiatra”.
Resulta que ahora se reconoce la existencia de esa “unidad secreta” destinada a hacer juego sucio al servicio de los intereses de un partido, con el aplauso generalizado de los medios de comunicación afines, más interesados en publicar su contenido que la distorsión legal y el atentado al Estado de Derecho que supone la existencia de esta brigadilla político-social inserta en la Policía.
Con respecto al contenido del Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), así lo titula la Policía, se trata de un estudio sobre los ingresos que a lo largo de diez años han obtenido algunas de las cabezas visibles de la formación política, y supone que la totalidad de sus ingresos profesionales, colaboraciones en televisión, trabajos de toda índole, becas y demás, han ido a parar a las arcas del partido incluso mucho antes de que existiera.
De paso, hace socios a los receptores de los salarios y a los propietarios de las empresas que pagan. Como si uno, por ejemplo yo, fuera responsable de los negocios de las personas que fundaron en su día la cadena para la que trabajo y pudieran cuestionarme si en algún caso los fondos aportados a la constitución de la sociedad fueran de procedencia ilícita.
Hasta ahí, una vergüenza, pero la cosa va más allá. No sólo desgrana los ingresos, por cierto, declarados, sino que en ese informe la Policía emite juicios de valor político dignos de la extrema derecha apelando a la inconveniencia de la propia existencia de la formación.
Es decir, la Policía se convierte en un grupo de represión para evitar que Podemos pueda seguir desarrollando su labor política y apela a quien corresponda a que tome cartas en el asunto y lleve esas cosas ante los tribunales, olvidando que la Policía tiene la obligación de personarse ante el juez en cuanto detecte una actividad delictiva.
También se aportan recortes de prensa, declaraciones de políticos y periodistas y otras cuestiones que deberían quedar al margen de las actividades de una Policía al servicio de los ciudadanos.
En un apartado se afirma que el fin de las emisiones de los programas en los que trabajaban los investigados no es otro que dar “un golpe de Estado encubierto financiado por los gobiernos de Irán y Venezuela". "El dinero serviría para hacer apología de la izquierda más radical con el fin de desestabilizar los gobiernos occidentales y justificar sus respectivos regímenes…”.
Al menos, antes, este tipo de dosieres a la carta para hundir a un rival político los elaboraban delincuentes que tenían que ocultar sus nombres para evitar ser denunciados y perseguidos por la justicia.
Ahora el anonimato viene desde la Policía que esconde
quién o quiénes se encuentran detrás de esta basura.
La guerra sucia desde el Ministerio del Interior está declarada y son los compañeros de Gobierno del ministro Fernández Díaz quienes se indignan, en los pasillos del Congreso y comisiones de investigación, por el contenido de esos informes que ellos mismos elaboran.
Está claro a quién ven como el enemigo.
Con los otros dos están dispuestos a pactar.
Saque cada uno sus conclusiones.
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Complot por el control de Poder Político en España:
Unidad Política Secreta de la Policía alojada en Asuntos Internos del CNP al Descubierto
El recorrido a través de distintos casos de corrupción política, con nombres y apellidos,en el que se aplicaron técnicas de manipulación, permite trazar un rastro que nos conduce a la intervención de una unidad política enquistada dentro de la DAO, Asuntos internos del CNP, con su propia agenda.
El 6.4.2016 presentabamos el artículo <<Conspiración hecha realidad: “El Congreso constata la existencia de una ‘policía política’ al servicio del PP”>> en el que el periodista Pédro Águeda exponía las denuncias de los partidos políticos en el Congreso 5.4.2016 al respecto de tácticas policiales concretas de acoso político e influencia en elecciones.
Entre muchas se centraban en la filtración de informes con materia reservada e incompleta a los falsimedia, los cuales hacían de amplificador y condicionaban a la opinión pública, sobre todo en periodo electoral. Un análisis de las distintas formas en que la policía marca la dirección política del país que va más allá de favorecer los intereses de un partido, en este caso el Partido Popular, sino que trabaja con su propia agenda en base a sus propios intereses.
En este nuevo artículo del 9.4.2016 del diario.es el mismo autor hace un recorrido a través de distintos casos de corrupción con tintes políticos, con nombres y apellidos, en el que las maniobras anteriormente enumeradas se aplicaron, lo cual nos permite trazar un rastro.
Este nos lleva directos a una unidad política secreta, organizada dentro de la DAO, Dirección Adjunta Operativa, más conocida por Asuntos Internos, ya denunciada por el diario.es en noviembre de 2014.
El rastreo se inicia con la persecución a CIU en 2012, que produjo la disolución del partido catalán en 2015. La participación política policial se hizo más evidente e intensiva durante el Proceso Catalán de 2014 con la llegada de más de 30 agentes.
La maniobra supuso la implicación del Molt Execrable Jordi Pujol y su familia, al que le siguió el acoso al Molt Execrable Arthur Mas y en general a cualquier personalidad reconocida como catalanista y sus familias. La táctica resultó efectiva porque los informes dieron pie a encontrar pruebas incriminatiorias reales, una corrupción reconocida que había quedado encubierta e impune por décadas y que curiosamente no salpicó a Madrid.
La lista de políticos de la oposición acusados por medio de “Informes Fantasma” creció, se extendió y se aplicó indiscriminadamente por todo el territorio, siendo Podemos su blanco prioritario. Tácticas por lo general bastante exitosa.
Pero contra Podemos no pudieron encontrar tales pruebas que apoyasen los informes, quedando la trama en evidencia y los falsimedia [trama EADE] en ridículo. Ahora los cazados son los polis y jueces; caza a la que por supuesto nos unimos.
Mucho nos tememos que la actividad coordinada de la trama empezó décadas antes. Después de estudiados los perfiles notamos coincidencias en el modus operandi entre el Informe Véritas de 1995 contra Garzón y la actual oleada de Informes Fantasma.
Eran los 90, años en que la Guerra contra las Drogas era la moda represiva del momento. Entre otros, al molesto juez se le acusaba de montar orgías con sus amigos narcotraficantes.
La policía desmentía la existencia del dossier. 20 años después se emplea una técnica similar, ya que la policía se imputa su autoría, aunque sin firma ¿?, y los mismos cauces mediáticos en distinto contexto.
Y curiosamente resuena un mismo nombre como punto de unión: Jose Manuel Villarejo Pérez.
Estos sicarios mantienen el control de las plazas de exámenes funcionariales, promociones, destinos, distinciones, manejan información personal clasificada en su beneficios, hacen montajes, manejan redes de tráfico ilegal de armas, blancas, capitales y drogas, apoyan el terrorismo nacional e internacional, permiten la comisión de crímenes selectivos y otorgan o quitan indultos… controlan a empresarios, políticos, jueces y periodistas como si fueran proxenetas. Monstruos de ultratumba que se esconde bajo el disfraz de gente respetable.
No hemos querido ser menos y hemos decidido echar una mano al lector poniendo caras a los infames impunes que siguen manejando el país a pesar de la muerte de su Molt Execrable patrón, Franco.
Los medios desplegados por esta gente, para nada acorde con sus ganancias económicas, demuestra que hay algo más importante que el dinero: el Poder.
Los políticos creen que pueden controlar a la policía; Ilusos. Los empresarios creen que pueden manejar los ejércitos, majaderos. Las fuerzas represivas son las garantes de que se mantenga el orden establecido. El establecido por ellas, y no para ellas.
Esa vuestra ley, la ley del más fuerte, esa es vuestra justicia, el abuso.
Policías, vosotros sois el problema! ACAB
tctca
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Interior reedita con Podemos los informes “fantasma” usados contra nacionalistas en Cataluña el diario.es vía kaosenlared.net
Tres años han transcurrido entre la primera maniobra conocida para implicar a la Policía en la tarea de frenar el proceso rupturista en Cataluña y la confección de un informe sobre la presunta financiación irregular de Podemos, el primer partido a la izquierda del PSOE que tiene en democracia posibilidades de integrar el Gobierno de España.
Aquellos primeros meses de la pasada legislatura y estos coinciden en la proliferación de documentos presuntamente policiales en los medios de comunicación y en dos aspectos más: los informes perjudican a la oposición política y no están incorporados a proceso judicial alguno.
Este es un recorrido entre el informe “apócrifo” sobre la corrupción de responsables de Convergencia, divulgado en noviembre de 2012, y el “informe fantasma” que vincula al partido de Pablo Iglesias con Irán y Venezuela, redactado el mismo mes de 2015.
Dos comisarios viajan a Barcelona
Las elecciones autonómicas en Cataluña del 25 noviembre de 2012 se presentaban como un hito en el proceso soberanista, espoleado desde la Diada del año anterior.
El 29 de octubre, los fiscales Anticorrupción de Barcelona Fernando Bermejo y Emilio Sánchez-Ulled accedieron a reunirse con dos comisarios de Policía llegados de Madrid, a petición de uno de ellos, viejo conocido de investigaciones sobre corrupción.
Los comisarios plantearon a los fiscales la necesidad de desplegar una investigación contra Convergencia en el marco del caso Palau, que investiga la financiación irregular del partido de Mas. Los policías querían registrar la sede del partido en plena campaña electoral.
El contenido de la reunión motivó una queja formal y pública del Consejo Fiscal que, en una nota, trasladó: “El Consejo rechaza la irregular actuación de los funcionarios de Policía que realizaron una visita a dichos fiscales, sin pertenecer a las unidades policiales encargadas de los concretos procedimientos.
El Consejo Fiscal considera que en todo caso no hubo una efectiva puesta a disposición de material que justificara una nueva línea de investigación de la Fiscalía”.
Interior se excusó en que el verdadero propósito de los comisarios era informar a los fiscales de la creación de un nuevo grupo policial dedicado a recuperar casos que la Policía había perdido. Uno de los policías que viajó, José Luis Olivera, conocía a los fiscales porque había sido jefe de la UDEF con el Gobierno socialista.
Hoy es director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el policía que más información acumula encima de su mesa. Junto a él viajó Marcelino Martín-Blas [operación kitchen, caso Bárcenas, a las órdenes de Eugenio Pino], por aquel entonces recién nombrado jefe de Asuntos Internos, la unidad encargada de perseguir la corrupción policial, y agente muy próximo al Partido Popular. Martín-Blas corrió peor suerte y un enfrentamiento con el también comisario José Manuel Villarejo motivó su cese.
El informe “apócrifo” de la UDEF
El 16 de noviembre, en plena campaña electoral, el diario El Mundo -dirigido entonces por Pedro J. Ramírez- publicó un supuesto “borrador” que atribuía a la UDEF y que vinculaba al candidato a aquellas elecciones Artur Mas y su familia con el pago de comisiones por parte de empresarios a CDC. El documento llevaba el sello de la UDEF, pero no iba formado por ningún funcionario.
El Ministerio del Interior abrió una investigación interna para conocer su origen, pero la cerró asegurando no haberlo encontrado. Un juez de Barcelona llegó a interrogar al comisario Manuel Vázquez, el entonces jefe de la UDEF. Se trata del policía que se ofreció a fiscales y jueces del Tribunal Supremo para interpretarles el informe PISA sobre Podemos que Manos Limpias había incluido en su querella, según reveló El Español. Las gestiones ante el Alto Tribunal fueron de las últimas que Vázquez ha realizado antes de ser destinado a Galicia como jefe superior, su deseo desde hace años.
El desvío del dinero de la financiación irregular de CDC a cuentas de Mas y otros, decía el borrador, estaba “en fase de verificación”.
Tres años después, el entonces candidato Mas sigue sin estar imputado en proceso judicial alguno.
En octubre de 2015, sin embargo, el tesorero de CDC fue detenido y registrada su sede. Ni la UDEF, ni ninguna otra unidad de la Policía participaron en esa operación.
Fue la Guardia Civil a las órdenes de un juez de El Vendrell, que había abierto una causa a raíz de una denuncia de un concejal de ERC.
El borrador del borrador y la bruja de Pujol
La polémica por el borrador de la UDEF no evitó que algunos medios de comunicación comenzaran a recibir unos denominados “informes de situación” que iban más lejos aún que el citado documento apócrifo.
En estos se relataban desde reuniones con Hervé Falciani en la cárcel a alusiones a la bruja que supuestamente Jordi Pujol consultaba mientras era president de la Generalitat. “Sindicalistas Mossos, servicios policiales extranjeros, algunos imputados que quieren negociar, sector empresarial, sector judicial no nacionalista” aparecían bajo el epígrafe “fuentes”. En el encabezado: “Sumario Palau. Análisis de situación”.
Desde entonces, y otra vez coincidiendo con hitos del proces, continuaron apareciendo en los mismos medios informes de “inteligencia” que el CNI rechaza haber realizado.
Tres días antes de la Diada de 2014, elconfidencial.com publicó uno de ellos, en el que se afirmaba que Artur Mas supervisaba personalmente las comisiones que recibía Convergencia de empresarios adjudicatarios de obra pública.
La unidad secreta
El 30 de noviembre de 2014, eldiario.es publicó la existencia de un grupo secreto en la Policía destinado en aquel entonces, casi en exclusiva, a rastrear información de políticos catalanes sospechosos de estar vinculados a la corrupción.
El grupo usurpaba las funciones de las unidades a las que el reglamento policial otorga competencias en este tipo de delitos, sobre todo a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La unidad no consta en organigrama alguno de la Policía.
El grupo se nutría de agentes de Asuntos Internos, que eran desplazados a Cataluña para rastrear información sobre el terreno. Con la información obtenida, otros funcionarios, adscritos a la Unidad de Planificación Estrategia y Coordinación (UPEC), elaboraban documentos de “inteligencia”.
El resultado acababa en determinados medios de comunicación, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista. En algunas ocasiones, ese resultado era blanqueado a través de la UDEF, la unidad competente para presentarla ante la Fiscalía o un juez.
PISA: misma estrategia, distinto objetivo
Esta dinámica puesta en práctica en Cataluña en 2012 es la que tres años después se ha repetido con el informe PISA sobre Podemos, calificado de “informe fantasma” por la formación morada. El informe comenzó a publicarse en los medios de comunicación a 24 horas de que se constituyeran las nuevas Cortes.
Según reveló después elconfidencial.com, el informe fue remitido el 9 de noviembre desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía a la Comisaría General de Policía Judicial, a la que pertenece la UDEF.
Cinco meses después, la Policía sigue sin dirigirse a Anticorrupción. Entre medias, el informe llegó de alguna manera a Manos Limpias, que presentó con él una querella ante el Supremo.
La Fiscalía ha despreciado duramente su contenido y ha adelantado un previsible rechazo por la Sala de lo Penal.
El Gobierno llegó a pedir explicaciones de su contenido a Podemos refiriéndose a un “procedimiento judicial” que hoy sigue sin existir. Su remisión al Tribunal de Cuentas por parte de la UDEF permitirá que, aunque el Supremo rechace la querella de Manos Limpias, el Ejecutivo pueda decir que aún queda el dictamen del órgano fiscalizador.
Los tiempos del Tribunal de Cuentas permiten adivinar que un pronunciamento sobre el documento PISA se retrasará mucho más allá de las negociaciones sobre la formación de Gobierno, incluso de la cita electoral de junio, en el caso de que finalmente se produzca. La remisión de un informe de la Policía al Tribunal de Cuentas es un hecho inédito.
El comisario al mando y el agente Villarejo
La unidad secreta de la Policía ha estado alojada en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.
El Ministerio del Interior negó su existencia y envió al “psiquiatra” a los diputados de CiU que en aquel entonces le preguntaron por ella. Para el informe de Podemos, Interior ha admitido que se trata de un informe de “inteligencia” redactado en el seno de la DAO, sin más detalles.
El artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “inmediatamente que los funcionarios de Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público, o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención”. Los informes de Interior sobre la oposición política tienen un rápido recorrido hacia los medios de comunicación, pero no en dirección a los juzgados.
eldiario.es publicó en marzo de 2015 que el comisario José Manuel Villarejo [patrimonio de 16m €, aquí bio] había sido condecorado con la Medalla Roja al Mérito Policial un año antes y que lo había sido por sus investigaciones sobre políticos catalanes.
Un socio de Villarejo fue a recoger a Victoria Álvarez a la estación de Atocha cuando se desplazó a Madrid para declarar sobre los presuntos delitos cometidos por Jordi Pujol Ferrusola cuando ambos eran pareja.
Victoria Álvarez había sido disuadida antes por el mismo jefe de Gabinete de Mariano Rajoy para que tirara de la manta ante la Policía, según los SMS publicados por este medio.
El comisario Villarejo, que se califica a sí mismo como “agente encubierto” ha sido noticia por el patrimonio millonario que acumula, y que reveló El País; por las acusación de una doctora que le señala como el hombre que la apuñaló en una estrategia de acoso por parte del empresario Javier López Madrid; y por su supuesta relación con el ‘Pequeño Nicolás’.
El policía niega tajantemente todas las acusaciones que han aflorado en esas informaciones.
En las dos estructuras policiales vinculadas a las citadas investigaciones contra la corrupción ha trabajado en los últimos meses el inspector jefe Andrés Gómez Gordo, al que fuentes policiales señalan ya como futuro sucesor de Villarejo -se jubila en junio- en los trabajos delicados de la Policía. Gómez Gordo dejó el puesto de director de Análisis y Documentación en la Junta de Castilla-La Mancha poco antes de que María Dolores de Cospedal perdiera la Presidencia Autonómica.
Para ella había trabajado en excedencia como policía de confianza y jefe de seguridad.
Reclamado por el jefe de la UDEF, Gómez Gordo volvió a la Policía y fue designado jefe de Vigilancias de la Unidad, pero antes pasó unos meses destinado provisionalmente en la DAO, de donde han salido todas las investigaciones sobre Cataluña y Podemos. A los cinco meses de llegar al cuerpo fue premiado con una medalla pensionada al valor. Hoy, continúa en la UDEF.
Por encima de todos ellos, Eugenio Pino, el comisario elegido por el PP para dirigir la Policía.
El hombre del ministro en la Policía ha dirigido de facto el Cuerpo, con independencia de que por encima de él estuviera el director general, Ignacio Cosidó.
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