Proyecto Castor: la indemnizacion anulada por el TC que nos costará en realidad 4.731 millones
El Tribunal Constitucional acaba de anular el procedimiento por el que se estableció la indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras del proyecto de almacén de gas de Castor, entre ellas el grupo ACS presidido por Florentino Pérez.
Esta compensación fue abonada en 2013 por el operador del mercado del gas, Enagás, y se tradujo en una deuda del sistema gasista pagada durante 30 años a través del recibo energético de los consumidores.
Sumando los intereses de esta deuda, la factura total que deben pagar los ciudadanos alcanza los 4.731 millones de euros, según los cálculos hechos en 2014 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
De esa cantidad, 3.300 millones corresponden, por tanto, a intereses.
En 2016, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC), los consumidores de gas pagaron en sus recibos más de 80 millones por la deuda asociada a la indemnización por el cierre del almacén subterráneo, de los que más de 57 millones fueron intereses.
En concreto, los 1.350 millones pagados a Escal UGS, la concesionaria del proyecto, participada en un 66,7% por ACS, cuentan con un interés del 4,27%.
Enagás firmó un acuerdo en 2014 con un sindicato de bancos, entre los que se encuentran Santander, Bankia y La Caixa, por el que les cedió los derechos de cobro de la compensación, son por tanto estas entidades las que perciben el dinero pagado por los consumidores en el recibo.
Hace ocho años, gobierno socialista de Zapatero adjudicó a Escal UGS la explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural frente a las costas de Castellón. La infraestructura nunca ha llegado a estar oficialmente operativa como almacén.
Antes de que pudiera utilizarse como tal, los expertos relacionaron el proyecto con más de 500 que se registraron en 2013 en el entorno de las costas de Vinaròs (Castellón), donde está ubicado.
Entonces, el Gobierno, con José Manuel Soria al frente del Ministerio de Energía, decidió pagar a la concesionaria los 1.350 millones en los que valoró la inversión y realizar al mantenimiento.
A los 4.731 millones que pagan los consumidores de gas, hay que añadir los costes de mantenimiento del almacén del proyecto Castor, que en 2017 superan los 15 millones de euros, según una orden ministerial de finales de diciembre de 2016 en el BOE por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para este año.
En su sentencia, el TC estima parcialmente los recursos presentados por el Parlamento, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acuerda declarar “inconstitucionales y nulos” los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén tras los seísmos registrados en la zona. El Tribunal considera que no concurría una “situación de extraordinaria y urgente necesidad” que justificara aprobar un decreto ley para “atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista”.
El Gobierno defiende el pago de la indemnización pese a su anulación. Asegura que la sentencia no declara “indebido” el pago realizado, sino que lo que cuestiona es el “vehículo normativo empleado”, un decreto ley.
“No concluye en ningún caso que se hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento sino que considera que hubiera bastado con que la decisión se hubiera aprobado mediante el procedimiento legislativo ordinario de urgencia en vez del Real Decreto-ley”, sostiene el Ministerio de Energía.
Instalación de la plataforma Castor para almacenar gas en aguas de Castellón. Gudnus.com
ACS ya ha cobrado la indemnización del Proyecto Castor
Las cuentas del Proyecto Castor ya están liquidadas.
El almacén de gas submarino ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) nunca ha funcionado como tal y ha sido relacionado con más de medio millar de seísmos en el último año.
El Consejo de Ministros aprobó el 3 de octubre el pago de una indemnización de 1.350,7 millones de euros a su propietaria, Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS).
Apenas un mes después, el pasado 11 de noviembre, el dinero ya ha sido abonado.
El Gobierno encargó a Enagás Transporte, la gestora técnica del sistema gasista, que administrara la instalación, se encargara del mantenimiento y pagara la indemnización.
Esta compañía comunicó el pago de los 1.350,7 millones de euros en los resultados que ha enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en los que añade que se han reconocido más costes “de operación y mantenimiento”, entre otros, que no especifica y que incrementan la indemnización.
Ese dinero se repercutirá en el recibo del gas de los consumidores durante los próximos 30 años. Enagás ha firmado un acuerdo con varios bancos para pagar los 1.350,7 millones a cambio de cederles los derechos de cobro de esos recibos. La operación “tendrá un carácter neutro desde el punto de vista financiero” porque no computará como deuda, tal como también ha comunicado la empresa a la CNMV.
La instalación continuará sin actividad hasta que los estudios técnicos “lo aconsejen” o podrá ser desmantelada “en condiciones seguras”, según aprobó también el Consejo de Ministros. En septiembre de 2013, el Gobierno paralizó una inyección de gas prevista al registrarse terremotos de magnitud superior a 4 en la escala de Richter.
El Proyecto Castor se aprobó en 2008 como un depósito estratégico con capacidad para albergar el gas natural equivalente al consumo total de España durante 17 días.
Nunca llegó a abrir como almacén.
La concesionaria había empezado en junio a inyectar gas colchón (un volumen mínimo de gas natural de prueba) para comprobar que funcionaba correctamente.
Informes oficiales determinaron que esa actividad afectó a una falla no cartografiada hasta entonces, que desencadenó los seísmos.
Una cláusula del decreto de aprobación, en el que se autorizaba la concesión administrativa por 30 años, fue considerada abusiva y contraria al interés general por el Gobierno actual.
Permitía que se indemnizara a Castor en caso de que mediara dolo o negligencia.
El abogado del Estado pidió en mayo de 2012 su anulación. El Supremo rechazó la petición a finales de 2013.
La nueva Ley de Evaluación Ambiental, que fue aprobada en octubre de 2013, obliga a incluir en los proyectos estudios de peligrosidad sísmica. Esta última obligación fue incluida a última hora, en forma de dos enmiendas presentadas por el PP después de que estallara la crisis del Proyecto Castor, una instalación situada a unos 21 kilómetros de la costa de Castellón y a dos kilómetros de profundidad bajo el mar.
Septiembre de 2013. Una serie de pequeños sismos sacuden la costa de Castellón y Tarragona, generando un estado de alarma entre la población que se extiende definitivamente el 1 de octubre, cuando el Instituto Geográfico Nacional registra un terremoto de 4,2 grados en la escala Richter.
Los movimientos de tierra -más de 400 en total entre las localidades de Alcanar (Tarragona) y Vinaroz (Castellón) en apenas unos días- parecían estar directamente relacionados con las actuaciones de la plataforma Castor, el almacén de gas subterráneo situado a unos 20 kilómetros de la costa frente al delta del Ebro.
La tensa incertidumbre, las protestas ciudadanas y la presión de los grupos ecologistas aceleraron lo que parecía el desenlace lógico: el proyecto quedó paralizado, a pesar de que sus promotores aseguraban que la sismicidad era mínima y no entrañaba peligro alguno para la población.
Finalmente, en 2014 el Gobierno puso fin a la concesión, y accedió a pagar una cuantiosa indemnización a la empresa promotora del proyecto, Escal UGS, controlada en un 67,7% por el gigante de Florentino Pérez, ACS: 1.350 millones de euros que la empresa ya ha cobrado, y que los españoles estarán pagando en su factura del gas durante los próximos 30 años.
Sumando los intereses (unos 100 millones al año), la cantidad total que le tocará asumir la ciudadanía asciende a 4.300 millones de euros.
Las desorbitadas cifras llamaron la atención en Europa:
el pasado abril, el Parlamento Europeo censuraba la indemnización pagada a Escal UGS y solicitaba al Defensor del Pueblo Europeo una investigación para esclarecer si el gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibidaal autorizar el pago.
Kayaks vigilados de cerca
Bajo el lema Coste inútil, Greenpeace ha denunciado este jueves in situ un proyecto que, según los ecologistas, ejemplifica como pocos la inoperancia del Gobierno en materia medioambiental y la cultura del despilfarro que ha dominado la vida política española, además de una nueva demostración de que determinadas técnicas, como el fracking o la propia inyección de gas, dan lugar a episodios de movimientos de tierras de consecuencias impredecibles.
“La sismicidad inducida es la consecuencia lógica de modificar el balance de fuerzas de un macizo rocoso: corres el riesgo de que se reactiven fracturas o pequeñas fallas”, explica Julio Barea, geólogo y responsable de campaña de Greenpeace.
“Hay infinidad de ejemplos, como el embalse de Itoiz (Navarra), donde se ha registrado actividad sísmica perfectamente perceptible”.
El emblemático Arctic Sunrise, en el que viaja La Marea, llegaba a las inmediaciones de Castor a las diez de la mañana. Los activistas se han echado al agua en modestos kayaks hasta la milla permitida que impone seguridad marítima.
La estructura permanece inactiva, pero dos barcos la vigilan permanentemente. De hecho, durante toda la acción, los activistas han permanecido vigilados de cerca por las dos embarcaciones, una de ellas a escasos metros.
A pesar de la ausencia casi total de oleaje, dominar un kayak en alta mar no es tarea sencilla. Los activistas han sufrido para desplegar dos pancartas. En la primera de ella, se podía leer el lema de la acción, “Castor= coste inútil”.
En la segunda, la frase central de la campaña con la que Greenpeace quiere concienciar a la población sobre algunos de los puntos negros de la geografía española:
“El medioambiente importa”.
Al hablar de Castor surge una pregunta inevitable. ¿Qué hubiera sucedido de no haberse producido los terremotos?
Probablemente, nada.
Escal UGS hubiera seguido inyectando gas con el argumento de que España necesita almacenarlo, a pesar del desorbitado precio, que incluso llegó a triplicar el presupuesto inicial.
“Desgraciadamente ha tenido que ocurrir algo así para que se den cuenta de lo mal que se hicieron las cosas desde el mismo estudio de impacto ambiental, que fue absolutamente deficiente”, apunta Barea. Greenpeace, sin embargo, hace autocrítica.
“En su momento no fuimos lo suficientemente beligerantes con el Castor”, reconoce. Quizá por eso esta parada era un momento clave en el viaje del Arctic Sunrise por el Mediterráneo.
Un momento para volver a visualizar un problema que, probablemente, seguirá ahí durante mucho tiempo. Quizá, el suficiente para que alguien decida intentar resucitarlo sin pensar en las posibles consecuencias.
El capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción.
Propiedad privada significa que “lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y, por tanto, lo tuyo no es mío”.
Por desgracia, los Estados occidentales proporcionan una coartada moral para legitimar que algunas personas —o empresas— puedan meter la mano en el bolsillo ajeno: dado que el Estado está socialmente exento del deber de respetar la propiedad privada de los ciudadanos, todos aquellos individuos que aspiren a rapiñar a sus vecinos sólo necesitan camelarse a los políticos para que éstos les otorguen un trato de favor a costa de los demás.
Esto es en esencia lo que sucedió con el caso del Castor: el gobierno de Zapatero le encomendó a Escal UGS (compañía participada en un 66% por ACS) la construcción de un almacén subterráneo de gas natural en la costa de la comarca del Baix Maestrat.
El propósito de tan faraónica obra era, supuestamente, el de garantizar el suministro energético de España; pero, en realidad, se trataba de un negocio redondo para la empresa de Florentino Pérez.
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M. Zuil
De entrada, el Gobierno se comprometía a costear las obras de construcción de Castor por un importe que acabó ascendiendo a 1.350 millones de euros (cantidad que más que duplicaba las estimaciones iniciales): a diferencia de lo que sucede en los mercados libres, donde cada empresa debe persuadir a cada consumidor para que éste le entregue su dinero a cambio de los bienes y servicios que le ofrece, en este caso el Estado tomó fiscalmente el dinero de los españoles y se lo entregó a Escal UGS (esto es, a ACS).
Pero, por si el anterior privilegio fuera insuficiente, la concesión contenía una abracadabrante cláusula por la cual el Estado español se obligaba a indemnizar a Escal UGS en caso de que esta concesión se rescindiera aun en presencia de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”.
Es decir, aun si ACS obraba de un modo indebido, el gobierno se obliga a devolverle el valor residual de la obra más los derechos retributivos devengados durante el período de funcionamiento de Castor.
Y así terminó sucediendo: de acuerdo con un reciente informe técnico del MIT, la inyección de gas realizada en este almacén durante verano de 2013 desestabilizó la falla de Amposta, lo que provocó medio millar de microseísmos en la región.
El riesgo sísmico, de hecho, está lejos de haber desaparecido definitivamente: si siguiera inyectándose gas, concluye el MIT, los movimientos podrían regresar a una escala incluso mayor a la de entonces.
Por eso, el Ejecutivo ha optado por paralizar definitivamente la operativa Castor y, en consecuencia, por indemnizar a Escal UGS con más de 1.700 millones de euros.
Proceso de instalación del proyecto Castor frente a las costas de VinaròsFoto por: Castellón
El esquema es ilícitamente extractivo.
Incluso si consideráramos que el almacén de gas es una obra estratégica absolutamente indispensable que, en consecuencia, el gobierno sí estaría legitimado a promover a costa de los contribuyentes (primer presupuesto discutible), lo que en ningún caso debería haber sucedido es que el gobierno se hiciera responsable (¡mucho menos en caso de dolo o negligencia!) de los avatares de esa obra.
Y todavía menos que ACS se librara de indemnizar a sus víctimas (los habitantes del Baix Maestrat que han visto expuestas sus vidas y sus propiedades a un mayor riesgo sísmico) por el daño que objetivamente les ha causado.
No en vano, los seguros existen justo para hacer frente a este tipo de contingencias:
Escal UGS debería haber contratado los seguros pertinentes para aquellos riesgos contra los que se hubiese querido cubrir (por ejemplo, riesgo de paralización de obra o riesgo de responsabilidad civil); y esos seguros se habrían activado en ausencia de dolo o negligencia por parte de Escal UGS.
Pero sucedió al revés: el gobierno eximió a ACS de la necesidad de contratar un seguro contra el riesgo de paralización de obras porque él mismo prometió socializarlo entre todos los contribuyentes;
y, a su vez, eximió a la compañía de la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil porque la libró de la obligación de indemnizar a sus potenciales víctimas.
En definitiva, fijémonos en la magnitud de todo este despropósito:
el gobierno se funde el dinero de los contribuyentes en un proyecto megalómano; se lo encarga a una empresa a la que exime de responsabilidad propia y frente a terceros incluso en caso de actuación dolosa; la empresa multiplica la actividad sísmica que padecen los residentes de la comarca del Baix Maestrat; y finalmente resulta que no es la empresa la que tiene que indemnizar a esos residentes por mera responsabilidad objetiva en función del cierto daño que les ha causado, sino que es el Estado —todos los contribuyentes, incluidos los residentes del Baix Maestrat perjudicados por el proyecto de Escal UGS— quien ha de indemnizar la desastrosa actuación de ACS. Un robo legalizado.
La plataforma Castor, frente a la costa de CastellónFoto por: Pedro Madueño
El Constitucional anula la indemnización de 1.350 millones a la plataforma Castor
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- diciembre 22º, 2017
El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado por inconstitucional la indemnización de 1.350,7 millones de euros que el Gobierno otorgó en 2014 a las empresas promotoras, la principal ACS, del proyecto de almacén de gas de Castor.
Fijada a través de un decreto ley y con cargo al sistema gasista, la sentencia del TC, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Antonio Xiol, señala la “necesidad de una norma con rango de ley” para atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista, sin que pueda regularse a través de un real decreto ley.
El cargo al sistema gasista
El TC considera que no concurría una “situación de extraordinaria y urgente necesidad” que justificara aprobar un decreto ley para “atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista”.
En opinión del tribunal, no se ha aducido “ninguna razón” que acredite la existencia de una “situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que debiera hacerse frente dictando un decreto ley y que justificara la aprobación de la norma de urgencia”.
“Ni el eventual ahorro económico para el sistema gasista ni el hecho de que esta operación de crédito contra el mismo no se compute en términos de contabilidad nacional representan auténticas razones de urgencia (...)”, añade el Constitucional en su sentencia.
No estaba justificada
En ese sentido, el TC recuerda que, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Española, la situación de “extraordinaria y urgente necesidad” debería ir acompañada por una justificación de “las razones por las cuales la asignación del pago al sistema gasista ha de llevarse a cabo en unos términos y plazos tan perentorios como para excluir el recurso al procedimiento legislativo ordinario o de urgencia”.
En su sentencia, el Constitucional estima parcialmente los recursos presentados por el Parlamento, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acuerda declarar “inconstitucionales y nulos” los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los pequeños seísmos registrados en la zona.
La actividad, suspendida en 2013
El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS –participada por la compañía ACS en un 66,67%- a la concesión de la instalación. Al mismo tiempo, el real decreto establecía una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.
El TC concluye que las indemnizaciones acordadas en el decreto ley “no guardan la debida conexión de sentido” con la situación de urgente necesidad provocada por los movimientos sísmicos de Castor, por lo que “su adopción representa una inadecuada alteración del sistema de fuentes de derecho que no encuentra cobertura” en el artículo 86.1 de la Constitución.
Por ese motivo, la sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos que establecían los “cálculos previstos” para desarrollarla y el “plan de costes para el ejercicio 2015”.
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