Las bases materiales del llamado “consenso del 78” se las llevó la riada de la crisis capitalista del 2008.
Se desató una ofensiva sin precedentes para descargar la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora y los sectores populares, liquidando una gran parte de las conquistas del de por sí débil estado del bienestar hispano.
Eso abrió la crisis de representación del “no nos representan”, que Podemos y los nuevos reformismos han tratado de reconducir, aunque dando como resultado un nuevo sistema de partidos -el cuatripartidismo- mucho más inestable.
La otra gran clave de bóveda que entró en crisis fue el modelo territorial autonómico. El FMI y la CE ya pedían allá por el 2010 que, como parte del ajuste necesario para estabilizar unas finanzas públicas esquilmadas por el rescate bancario y la caída de la recaudación, el Estado debía recuperar el control del gasto público cedido a autonomías y ayuntamientos.
En otras palabras, recentralizar para abordar una Hacienda que debe más que toda la riqueza que se produce en un año en todo el Estado.
La coyuntural estabilización económica de los últimos ejercicios, unido a la crisis de gobierno de 2016, la debilidad política de un PP en minoría y a la permanencia de la cuestión catalana durante todo este tiempo, redujo el ritmo de contra-reformas y recortes -desde su pico del 2010-2015- y mantuvo apartada la reforma territorial en clave centralizadora.
Sin embargo, la “batalla catalana” se ve desde el bloque monárquico como la gran oportunidad para retomar la iniciativa y reconfigurar de una vez el Estado español para poder hacer pasar el grueso de los ajustes pendientes.
El capitalismo español aún está pendiente de adoptar un nuevo patrón de recuperación sostenida, nada sencillo, y lo pretende hacer con las mismas recetas vistas desde 2010, aunque más radicalizadas si cabe.
Este mes de diciembre se conoció que el fondo de reserva de las pensiones está al borde de los números rojos.
O lo que es lo mismo, el Estado hoy no puede seguir pagando las pensiones con las cotizaciones, y tampoco con los ingresos fiscales si no es recurriendo a incrementar el déficit.
La razón no es demográfica, si no sobre todo salarial. El incremento de la precariedad y la explotación han hecho caer los salarios cerca del 20%.
Aún llegándose una tasa de desempleo del 15% -la prevista para finales de 2018- los minijobs y los contratos basura no puede pagar las pensiones de la generación del baby boom.
Para el PP, el PSOE y Cs, es urgente lograr resolver tres cuestiones: conseguir una nueva legitimidad del Régimen del 78, mecanismos de gobierno que permitan superar la eventual fragmentación parlamentaria y una contra-reforma de facto del modelo territorial, en la que el Estado mantenga los resortes fundamentales del gasto en decrimento de comunidades y ayuntamientos.
Todas ellas cuestiones fundamentales para la tanda pendientes de ajuste que se podría resumir en liquidar el sistema público de pensiones tal y como lo conocemos, avanzar con una nueva reforma laboral y una reducción drástica del número de funcionarios.
Todo para lograr un Estado que no quiebre en las próximas décadas y pueda estar disponible para subsidiar la reconversión de las grandes empresas y bancos españoles todavía pendiente.
Si atendemos a este contexto se entiende mejor la “inquina” con la que se está tratando de aplastar el movimiento independentista catalán.
La Causa General que se lleva adelante incluye el encarcelamiento de toda una camada de dirigentes políticos del catalanismo -hasta ayer socios imprescindibles de los gobiernos centrales-, y centenares de querellas contra alcaldes, activistas, maestros… y se extenderá, y profundizará, mucho más allá del 21D.
¿Con qué objetivo? Por un lado “cerrar filas” y ganar base social, sobre todo en el resto del Estado, azuzando el veneno del españolismo. Una ideología reaccionaria detrás de la cual se está represtigiando el PP, Cs y sobre todo la Corona.
Es decir, lograr una nueva legitimidad sobre las ruinas del proceso catalán, decenas de presos y ataques a derechos democráticos básicos, como los que planean sobre la escuela catalana.
Por el otro que el ejemplo catalán sirva para “disciplinar” al resto y lograr la centralización buscada desde que se destapó la crisis hacendística.
En primer lugar, que “convenza”, aunque sea por medios inquisitoriales, a los dirigentes del PDeCAT y ERC de que deben abandonar toda vía unilateral.
O lo que es lo mismo, aparcar sine die todo intento de ejercer el derecho a decidir y vuelvan al autonomismo y el diálogo con la pared. Algo que, según los mismos programas electorales del 21D de ambas formaciones, se estaría consiguiendo.
Sobre esta victoria táctica la idea es seguir avanzando, tanto en Catalunya, por medio de nuevas sentencias judiciales y posibles intervenciones -con 155 o sin- que reduzcan al mínimo el autogobierno, como en el resto del Estado, con una nueva financiación autonómica al dedo de otro artículo constitucional, el 135 que reformaron el PP y el PSOE con estividad y alevosía para garantizar el pago de la deuda.
Otro ejemplo de los 155 que vienen lo hemos visto en Madrid, con la intervención de las cuentas de su Ayuntamiento, y el anuncio de Montoro de que se prepara una medida similar para otras 22 grandes ciudades.
Pero la legitimidad teñida de rojo y gualda y la “victoria” sobre el procés no serían suficientes para inaugurar una nueva forma de gobernar. El tercer aspecto que se ensaya en Catalunya con vocación de exportarse es la emergencia de un poder omnímodo y en gran medida desatado, el del “partido judicial”.
La Judicatura -jueces y fiscales- viene aumentando ostensiblemente su poder. Ella es quien instruye, juzga y sentencia sobre los múltiples casos de corrupción. Ha repartido “palos” -poquitos- a unos y a otros.
Además en la crisis catalana ha sido el principal brazo ejecutor de la escalada represiva, junto a las fuerzas policiales.
Hoy “nadie le tose” a sus señorías, y se ha constituido una comunión de intereses de Estado que ha dejado al descubierto que la independencia judicial “son lo padrees”.
Esto explica que se encuentren en gran medida desatados, tomando medidas aberrantes, tanto por la vía de condenas, como de absoluciones como la de la Infanta o medidas de gracia como las otorgadas a su esposo o a los asaltantes de Blanquerna.
Esta emergencia del “partido judicial” ha venido para quedarse.
Los próximos gobiernos se preparan para legislar sobre aquello que no puedan hacer desde parlamentos fragmentados o cuando surgan conflictos entre administraciones por medio de los jueces, fiscales y policías, y si hace falta también los funcionarios de prisiones, como estamos viendo en Catalunya.
Toda esta reconfiguración no se puede separar del brutal recorte de derechos y libertades que se viene desarrollando en especial desde la aprobación de la Ley Mordaza.
Multas y penas de prisión por delitos de opinión, sindicalistas con querellas penales por participar en piquetes, activistas estudiantiles y sociales en la cárcel por participar de manifestaciones, montajes policiaco-judiciales…
Un escenario cada vez más autoritario con el que el Estado se propone enfrentar las más que posibles resistencias que puedan surgir para enfrentar este recorte de derechos y los planes de ajuste que se pretenden pasar en los próximos años.
La “batalla catalana” es por lo tanto mucho más que una batalla catalana. Lo que está en juego en el próximo periodo es si se logra pasar un proyecto reaccionario mucho más ambicioso que viene a sellar a sangre y fuego una caída aún mayor de nuestros derechos democráticos, sociales y laborales.
Por ello es inaceptable e indignante la actitud totalmente pasiva de las direcciones de los grandes sindicatos, que han hecho en la práctica frente con el bloque monárquico sin llamar a ninguna acción de lucha en el Estado y solo a tímidas acciones simbólicas en Catalunya, donde se negaron a apoyar las huelgas del 3-O y el 8N.
Lo mismo se puede decir de la izquierda política, como Podemos y los comunes, que ha asumido la “reforma” del Régimen del 78 como todo su programa y a lo más que han llegado es a presentar un recurso contra el 155 en el Tribunal Constitucional, la cámara de casación contra el Parlament catalán desde 2010.
Evitar una restauración borbónica del Régimen del 78 no será posible desde una posición de “leal oposición” al gobierno central. Sin cuestionar a la Corona, a la negación expresa del derecho a decidir que recoge la Constitución, sin querer promover una gran movilización social en todo el Estado de apoyo a Catalunya que suelde la unidad entre los pueblos contra un régimen en vías de bonapartización, no se le pueden parar los pies al bloque monárquico.
Tampoco desde Catalunya se puede pensar en luchar contra el 155 y por la defensa del mandato del 1-O sin buscar esta alianza estratégica y sin extraer lecciones de 5 años de “procesisme”, en los que las direcciones convergentes y de ERC han acabado, como era de esperar, renunciando a la república para evitar el enfrentamiento con el Estado por medio de una gran movilización social.
No habrá república catalana “sin romper huevos”, y éstos, como viene sucediendo desde 1848, o los rompen los sectores populares y la clase obrera, o nadie más lo hará.
Los peligros que anuncia la “batalla catalana” reactualizan con urgencia la tarea de construir una izquierda que se proponga acabar con este Régimen desde la movilización social, sin concebir ilusión alguna en su “reforma” o en “aliados” que acaban poniendo por delante “el orden y la estabilidad” tan necesaria para los negocios y tan nefasta para lograr una transformación social profunda. Una izquierda que pelee por lograr imponer verdaderos procesos constituyentes en Catalunya y el resto del Estado, sobre las ruinas del régimen heredero del Franquismo, donde se puedan discutir una salida a la crisis que sea pagada por los capitalistas y se pongan las bases para una federación libre de repúblicas de las y los trabajadores.
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