Entrevista a Victoria Sandino, excomandante de las FARC y candidata al Senado en las elecciones colombianasEn el contexto de la violencia política contra la Unión Patriótica (5.000 asesinados en la década de los 80 y 90 del siglo XX), Victoria Sandino Simanca (Tierralta, Córdoba, 1965) se unió a la lucha de las FARC-EP.
Fue en diciembre de 1992. Mucho antes, en 1964, unos 50 campesinos de la región de la Marquetalia fundaron el movimiento guerrillero que dirigieron Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. Victoria Sandino había militado en el Partido Comunista de Colombia y en la Unión Patriótica.
En las FARC-EP, la guerrilla más antigua de América Latina, desarrolló múltiples actividades: trabajo político de relación con las comunidades, organizaciones sociales de los territorios y mujeres; tareas de educación, alfabetización y comunicación con los compañeros, entre otras.
Ya en una etapa posterior –las negociaciones de paz con el gobierno de Santos- la excomandante guerrillera coordinó la Subcomisión de Género por parte de las FARC-EP y fue plenipotenciaria de la Mesa de Negociaciones de La Habana. Actualmente Victoria Sandino forma parte del Consejo Político Nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (la antigua guerrilla marxista-leninista de las FARC), en cuyas listas se presenta como candidata al Senado en las elecciones presidenciales del 27 de mayo.
La entrevista tuvo lugar el pasado cinco de diciembre, día siguiente a la presentación en Valencia del documental “Amanecerá y veremos. Mujeres protagonistas de paz en Colombia”, obra del periodista Sergi Tarín y producido por la ONG Atelier.
-A finales de noviembre 142 organizaciones de víctimas y derechos humanos denunciaron ante la Corte Penal Internacional que el Estado colombiano ha modificado, en el último año, el Acuerdo de Paz de La Habana de acuerdo con los intereses de los sectores políticos, económicos y militares “de alto rango”.
El documento critica el “manto de impunidad” para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, entre otras razones por las modificaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Acordado por el Gobierno y las FARC en septiembre de 2015, este mecanismo incluye un Tribunal para la Paz, Salas de Justicia y establece como principio “una paz sin impunidad”.
Lo que se buscaba con la JEP era la Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición para las víctimas.
A la JEP tenían que comparecer en principio todas las personas que, de una u otra manera, habían causado grave daño en el contexto del conflicto armado.
Hablamos de la insurgencia, los militares, el Estado en su conjunto y los particulares o “terceros”. Establecer esta Jurisdicción era obligatorio, porque la Justicia en Colombia no funciona: es muy corrupta y está muy politizada. Por esta razón se buscó un mecanismo especial para elegir a los magistrados del Tribunal para la Paz y de las Salas.
Pero la Ley de Reglamentación de la JEP aprobada por el Congreso el 28 de noviembre se crea sólo para los militares y, particularmente, la insurgencia. Fuera de la Jurisdicción quedan el Estado en su conjunto y los “terceros” –como paramilitares o grupos terratenientes que han financiado el paramilitarismo-, que sólo comparecerán de manera voluntaria.
-A primeros de noviembre fue detenido por orden de la Fiscalía General de la Nación el hacendado Jaime Alberto de Jesús Angulo Osorio en Santa Rosa de Osos (norte de Antioquía).
El motivo, su presunta participación en la masacre del Aro, perpetrada en el municipio antioqueño de Ituango por paramilitares de las ACCU; ocurrió en octubre de 1997: fueron asesinados 17 campesinos y 1.200 personas resultaron desplazadas.
¿Es un ejemplo de la impunidad paramilitar?
Las grandes masacres que se produjeron en la década de los 80 y 90 del siglo pasado, por ejemplo contra las comunidades rurales, con 20, 30 y más de 50 muertos en una sóla acción, no han sido judicializadas.
Obra de fuerzas paramilitares, las matanzas estuvieron ordenadas, financiadas y promovidas prinicipalmente por terratenientes.
No están en la cárcel ni se ha hecho justicia, que es lo que se buscaba precisamente con la Jurisdiscción Especial para la Paz.
-El periódico Semana se hace eco de una lista global sobre la concentración de riqueza en relación con el PIB, publicada por el periódico alemán Die Welt con datos de Bloomberg.
En Colombia la fortuna de las cinco personas más ricas equivale al 12,5% del PIB, lo que sitúa a este país en el quinto del mundo respecto a la acaparación de la riqueza.
Además, según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo a escala mundial. ¿Es un contexto poco propicio para que se imparta justicia?
Pero es que además hay una realidad en Colombia… Los congresistas son los mismos terratenientes y gamonales de los territorios, quienes se han beneficiado de todos los despojos de las tierras a las comunidades campesinas. Algunos se han ido a la cárcel ahora por la “parapolítica”, pero porque es evidente su participación, la forma de asesinar a la gente y a los líderes en particular. Ellos están legislando en beneficio propio.
-¿Es el presidente Santos un integrante más de las clases dominantes o, por el contrario, consideras que hay poderes que le trascienden?
Santos es parte de la oligarquía nacional. Y esos “otros” poderes a los que me refiero son regionales y de los departamentos.
En la Cámara son muchos los representantes que vienen de los territorios, donde se les ha elegido, y por supuesto no van a legislar contra lo que ha sido su práctica.
Por esta razón han decidido que sea voluntaria la declaración en la JEP, ya que de lo contrario tendrían que comparecer muchos de los que están sentados en el Congreso. No digo que todos, pero sí muchos de ellos.
Además la Reforma Política, que era fundamental para la participación de sectores democráticos, no salió adelante (El pasado 29 de noviembre el Senado votó a favor de archivar el proyecto de Reforma Política; tres días antes la FARC calificó en un comunicado la reforma como “frankenstein irreconocible que no refleja el espíritu del acuerdo de paz; han desaparecido contenidos como el control del dinero privado en las campañas, los recursos judiciales para la celeridad en las decisiones electorales, las medidas de democratización interna de los partidos y las listas cerradas”. Nota del entrevistador).
-La Defensoría del Pueblo de Colombia ha informado que entre enero de 2016 y marzo de 2017 se produjeron 156 homicidios, cinco desapariciones forzadas y 33 casos de atentado contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
Atribuye en parte el fenómeno a la presencia de grupos armados que intentan implantarse en las zonas abandonadas por las FARC.
También Naciones Unidas ha reportado durante 2017 un total de 105 homicidios de defensores y líderes de movimientos sociales en Colombia, en un 59% de los casos ejecutados por sicarios.
Ocurre que la política no ha cambiado.
El Estado y el Gobierno, empezando por el presidente Santos, tienen que elaborar unos planes específicos –a partir de los acuerdos de La Habana- para el ataque y desmantelamiento del paramilitarismo; y esto no se ha hecho.
Por ejemplo, desde principios de año había que designar a la directora de la Unidad Especial de Investigación constituida en la Fiscalía para desmantelar las organizaciones responsables de masacres y el paramilitarismo; y fue a finales de noviembre cuando el Fiscal General nombró a la nueva directora de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, Martha Jeaneth Mancera.
Además la Fiscalía dispone de documentación sobre 15.000 casos relacionados con la acción de civiles durante el conflicto armado, pero judicialmente no se ha avanzado.
¿Qué ocurre? El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha sido abogado de multinacionales y ha estado vinculado a empresas que financiaron el paramilitarismo; sería como atacar a sus amigos…
-En tu cuenta de twitter te defines como fariana, feminista y luchadora por la paz con justicia social para Colombia. ¿Qué peso tiene el feminismo en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido que desde el pasado mes de septiembre sustituye a la guerrilla de las FARC?
En la dirección nacional del partido –el Consejo Nacional de los Comunes- participamos 111 personas, de las que 26 somos mujeres.
Y entre los 15 miembros del Comité Ejecutivo de la FARC, estamos presentes cuatro mujeres. Esto no es realmente tan grave, ya que formamos parte de un partido político en transición de la vida guerrillera a la vida civil.
La presencia de la mujer en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común es mayor que en los partidos tradicionales.
Por otro lado nosotros venimos de una estructura jerárquica político-militar –que en la práctica fue muy militar-, y hemos venido realizando un trabajo muy duro desde el inicio de las negociaciones de paz, en septiembre de 2012, para abrir espacios a la participación de las mujeres y por el reconocimiento de nuestro papel en el conflicto.
Obviamente nosotras continuamos luchando por lograr una mayor representación, y eso significa también formación política así como ganar confianza en la vida pública.
Todavía el ejercicio público y político no lo hemos tenido como una práctica. Estamos en ese proceso.
-El próximo 27 de mayo se celebrarán elecciones presidenciales en Colombia, en las que participas como candidata al Senado por la FARC junto a Iván Márquez, Pablo Catatumbo o Griselda Lobo. ¿Cómo se afrontan?
Con la esperanza de la participación, y con una gran preocupación. Aspirábamos a que no sólo nosotros, sino también los demás partidos y movimientos sociales con aspiraciones a participar en la vida política lo hicieran. Pero no va a ser posible, porque no se aprobó la Reforma Política.
Además tenemos que competir el voto con unas prácticas muy complicadas; el sufragio en Colombia no es obligatorio, y a la gente le ofrecen cualquier cosa: un almuerzo, materiales de construcción, zinc, cemento, un rollo de alambre para la parcela… Mucha gente da su voto a cambio de esto, no se trata de una elección consciente.
-El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia recuerda que altos funcionarios del Estado han declarado, ante los medios informativos, que asesinatos de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos “son debidos a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas”. Según Naciones Unidas, “esto es muy peligroso ya que se parece querer justificar los asesinatos”.
Por otra parte, las mujeres de la FARC denunciaron en un comunicado (“No jueguen con el honor de las farianas”) la utilización mediática de la violencia sexual “como arma contra nuestros compañeros”.
Están sacando todo esto y más cosas. Algunos delitos han quedado fuera de la JEP, por ejemplo los de carácter sexual cometidos durante el conflicto armado.
Nosotros pedíamos que estos delitos no fueran indultables ni amnistiables, y no sólo para los nuestros que hayan podidos cometerlos, sino para cualquiera.
Queríamos, por tanto, que estos delitos se mantuvieran en la JEP, ya que nunca fueron juzgados por la justicia ordinaria;
De hecho, en Colombia a las mujeres se las viola diariamente, cada tres días una mujer es asesinada en el país y diariamente se producen 55 abusos sexuales.
Ahora que el Congreso aprobó que las violaciones salgan de la Jurisdicción Especial y vayan por la justicia ordinaria, se ha empezado a decir que algunas personas nuestras están implicadas en delitos sexuales.
-Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 15.076 personas –en más de un 90% de los casos, mujeres adultas, niñas y adolescentes- sufrieron la violencia sexual durante 60 años de conflicto armado. ¿Se utilizó el cuerpo de la mujer como arma de guerra?
Yo creo que sí, fundamentalmente por los paramilitares y también por la fuerza pública.
En los territorios donde llegaba el paramilitarismo se perpetraban masacres y también se violaba a las mujeres; es lo que hoy en día queremos que salga en la Comisión de la Verdad, ya que nunca se investigó.
Simplemente se dijo que se produjeron masacres, pero no se indagó en lo que ocurrió antes y durante los crímenes.
Actualmente partidos como el Centro Democrático y la ultraderecha pretenden “empapelar” a todo nuestro personal, sobre todo a los hombres, afirmando que están implicados en delitos sexuales o de narcotráfico.
-¿Qué define a las farianas?
Las mujeres de las FARC somos un colectivo que ganamos cotas importantes de igualdad al interior de la organización; nuestra práctica de lucha no ha sido sólo por los derechos de la mujer, sino del pueblo colombiano.
Y ello en un país tan conservador como el nuestro, donde las mujeres han sido relegadas al mundo exclusivamente privado.
De manera colectiva las mujeres de las FARC hemos construido unas propuestas o lineamientos –no digo teoría, no soy tan pretenciosa- en torno a un feminismo que llamamos “insurgente”, en el que planteamos la emancipación de las mujeres y del conjunto de la sociedad.
Recogemos para ello elementos de nuestra práctica insurgente, cuando éramos iguales mujeres y hombres, y en la práctica revolucionaria se rompieron los roles establecidos.
-¿Y cómo caracterizaría al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común? ¿Sirven las tradicionales etiquetas de “marxista-leninista” o “socialdemócrata”?
Creo que en la parte teórica hemos aprendido muchas lecciones del contexto internacional. Aquí no se trata de que nuestra línea político-ideológica tenga que ser el socialismo marxista-leninista, socialdemócrata, trotskista o maoísta, no.
Primero defendemos la autodeterminación de los pueblos. Entre todos los colombianos nos hemos de poner de acuerdo en qué tipo de país queremos. Promovemos además algunos principios como el “buen vivir” y garantías sociales para la población.
Es decir, una sociedad más justa, se llame socialismo o del modo que se quiera. Pero que sea más justa y “a la colombiana”, por eso trabajamos.
-Desde que las FARC-EP nacieran en 1964 en las montañas del sur del departamento del Tolima, hasta la rúbrica de los Acuerdos de La Habana en 2016, ¿cuál fue el principal logro del movimiento guerrillero?
El Acuerdo de Paz, porque sienta las bases para una sociedad distinta y los elementos del “buen vivir”.
En los Acuerdos se aborda la cuestión de las víctimas, la tierra, la democracia y la participación. Colombia es un país donde a la gente se la asesina por pensar distinto.
-Por último, ¿qué recuerdos te marcaron especialmente durante la guerra como dirigente de las FARC, organización en la que te enrolaste en diciembre de 1992?
Hay experiencias muy duras, por ejemplo la pérdida de las vidas humanas. Compañeros que se perdieron en la guerra…
Gente como Alfonso Cano: yo estuve en su unidad y fue mi jefe durante muchos años; era una relación muy de confianza, cercana, muy humanista. Su pérdida me dolió mucho.
También la muerte de muchos compañeros y compañeras que estuvieron conmigo, bajo mi mando. Recuerdo a Laura González, que me marcó mucho.
Pero también hubo cosas muy bonitas, como la colectividad; la manera colectiva como vivíamos y nos relacionábamos.
Era no tener nada, pero saber que lo poco que teníamos lo compartíamos. Ahora estamos más dispersos, cada cual tiene su casita en los territorios y comunidades…
Y hay más privacidad.
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=235747
Asesinado otro dirigente social colombiano y la cifra ya supera los 180
El dirigente social colombiano Mario Castaño
El domingo por la noche otro dirigente social colombiano, Mario Castaño, fue asesinado alrededor de las 7:00 p.m. en Belén de Bajirá, Chocó, a manos de los paramilitares, según informó la Comisión de Paz en su cuenta de Twitter.
“Lamentamos profundamente el asesinato del dirigenter social Mario Castaño”, publicó la organización social, Redprodepaz. “Nuestro abrazo solidario para su familia y organización. #BastaYa. ¡La paz no debería costarnos la vida!”
La organización, que coordina con una red de 30 grupos para administrar 27 programas de desarrollo y paz, fue una de las primeras en denunciar la muerte de Castaño.
“Mario Castaño, asesinado hoy, reclamó tierras robadas por paramilitares, lo que fue a nombre de sor Teresa Gómez, hermana de Carlos Castaño. Aparentemente, un alto oficial de la Brigada del XVII Ejército está vinculado a las amenazas”, dijo el periodista Óscar Andrés, agregando que Mario Castaño fue miembro del consejo de la comunidad de Belén y debería haber estado protegido por su rol como director de la Unidad Nacional de Protección de la República de Colombia.
Las organizaciones locales denuncian la corriente continua de violencia que ha matado a más de 160 activistas en este año, el primero calificado como de la “paz”.
Tandachiridu Inganokuna
A fines de la semana pasada, otro dirigente indígena desaparecido, Tandachiridu Inganokuna, también fue encontrado muerto en Belén con marcas de tortura en su cuerpo. La policía dijo que el hombre fue asesinado con un cuchillo.
“Rechazamos categóricamente estos episodios de violencia que empañan la tranquilidad y la paz que los caquetaños están consolidando gracias a la firma entre el Gobierno y las FARC”, dijo Álvaro Pacheco Álvarez, gobernador de Caquetá.
La Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana rechazó el “cruel asesinato” del dirigente, que fue denunciado como desaparecido el jueves pasado. “Como autoridad indígena de su organización, Tandachiridu Inganokuna, ocupó diferentes cargos a nivel departamental”, dijo Opiac.
Según el movimiento indígena, 182 dirigentes de los movimientos sociales han sido asesinados en defensa de sus territorios y en pos de la libertad en sus comunidades desde el año pasado.
https://www.telesurtv.net/english/news/Colombian-Social-Leader-Killed-in-Choco-by-Paramilitaries-20171127-0005.html
El dirigente social colombiano Mario Castaño
El domingo por la noche otro dirigente social colombiano, Mario Castaño, fue asesinado alrededor de las 7:00 p.m. en Belén de Bajirá, Chocó, a manos de los paramilitares, según informó la Comisión de Paz en su cuenta de Twitter.
“Lamentamos profundamente el asesinato del dirigenter social Mario Castaño”, publicó la organización social, Redprodepaz. “Nuestro abrazo solidario para su familia y organización. #BastaYa. ¡La paz no debería costarnos la vida!”
La organización, que coordina con una red de 30 grupos para administrar 27 programas de desarrollo y paz, fue una de las primeras en denunciar la muerte de Castaño.
“Mario Castaño, asesinado hoy, reclamó tierras robadas por paramilitares, lo que fue a nombre de sor Teresa Gómez, hermana de Carlos Castaño. Aparentemente, un alto oficial de la Brigada del XVII Ejército está vinculado a las amenazas”, dijo el periodista Óscar Andrés, agregando que Mario Castaño fue miembro del consejo de la comunidad de Belén y debería haber estado protegido por su rol como director de la Unidad Nacional de Protección de la República de Colombia.
Las organizaciones locales denuncian la corriente continua de violencia que ha matado a más de 160 activistas en este año, el primero calificado como de la “paz”.
Tandachiridu Inganokuna
A fines de la semana pasada, otro dirigente indígena desaparecido, Tandachiridu Inganokuna, también fue encontrado muerto en Belén con marcas de tortura en su cuerpo. La policía dijo que el hombre fue asesinado con un cuchillo.
“Rechazamos categóricamente estos episodios de violencia que empañan la tranquilidad y la paz que los caquetaños están consolidando gracias a la firma entre el Gobierno y las FARC”, dijo Álvaro Pacheco Álvarez, gobernador de Caquetá.
La Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana rechazó el “cruel asesinato” del dirigente, que fue denunciado como desaparecido el jueves pasado. “Como autoridad indígena de su organización, Tandachiridu Inganokuna, ocupó diferentes cargos a nivel departamental”, dijo Opiac.
Según el movimiento indígena, 182 dirigentes de los movimientos sociales han sido asesinados en defensa de sus territorios y en pos de la libertad en sus comunidades desde el año pasado.
https://www.telesurtv.net/english/news/Colombian-Social-Leader-Killed-in-Choco-by-Paramilitaries-20171127-0005.html
Colombia: 32 líderes sociales han sido asesinados durante 2017 en el Cauca
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- diciembre 22º, 2017
Tras el asesinato de Alfonso Pérez Mellizo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Pan de Azúcar, se agudiza la situación de los líderes y defensores de derechos humanos en el departamento del Cauca. En el 2017, han sido asesinados 32 líderes solamente en ese departamento. Además solamente se ha conocido de la detención de los autores materiales de 3 de los casos, es decir 1.2%.
De acuerdo con Deivin Hurtado, integrante de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, Pérez Mellizo fue visto con vida por última vez el lunes 18 de diciembre y su cuerpo fue encontrado a 400 metros del casco urbano del municipio de Patía en el Cauca y venía desarrollando diferentes actividades de defensa de los derechos de las comunidades.
Defensores habían alertado sobre panfletos amenazantes
Hurtado indicó que líderes sociales del Patía habían denunciado la existencia de dos panfletos amenazantes firmados por el grupo armado ilegal Águilas Negras hace 5 meses.
Además, el día del asesinato de Pérez, “hubo otras acciones intimidatorias contra uno de los concejales de Popayán que hace parte de Marcha Patriótica”, haciendo de las amenazas una acción sistemática.
Ante estos hechos y por el asesinato de Pérez no ha habido acciones por parte de las autoridades.
Sin embargo, los defensores de derechos humanos han descartado que el móvil del asesinato responda “a situaciones personales, fue un asesinato que responde al ejercicio de la acción política y social que venía realizando el presidente de la Junta de Acción Comunal”.
En Cauca ha aumentado la zozobra por presencia de grupos armados
Las comunidades han informado que los grupos armados han venido desarrollando acciones por el control del territorio “que son complejas y que generan intranquilidad en las comunidades”.
Han dicho que, en primer lugar, “los asesinatos de los líderes no tienen un reconocimiento departamental ni nacional”.
En segundo lugar, “no se ve la fuerza institucional para tomar los sitios que fueron dejados por las FARC y esto genera violencia por parte de grupos armados que han intentado ingresar a los territorios y que sabemos que son paramilitares”. Por esto, para ellos no es suficiente con que se aumente el pie de fuerza militar pues no genera condiciones de seguridad.
Fiscalía General de la Nación se queda en investigar a los autores materiales
De los 32 asesinatos de líderes sociales que se han registrado en el Cauca, sólo se ha producido la captura de los sicarios en 3 casos. Esto preocupa a los defensores de derechos humanos en la medida en que “sólo se está llegando a la judicialización de los autores materiales y hay que buscar los autores intelectuales que están detrás de los asesinatos”.
Hurtado informó que la Fiscalía les ha dicho que las investigaciones sólo pueden llegar hasta la captura de los autores materiales dejando por fuera a las personas que verdaderamente están poniendo en riesgo a los líderes sociales. Dijo que “los autores intelectuales les ofrecen dinero a los sicarios por asesinar o atentar contra las personas”.
Finalmente, las comunidades del Cauca han hecho énfasis en que los actores armados se han opuesto a que haya programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y “el Gobierno Nacional no ayuda a cumplir lo pactado en los acuerdos de paz”.
Esto ha hecho de ese departamento el lugar donde más asesinatos de líderes sociales han ocurrido.
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| José Rafael de la Hoz Villa. Foto tomada de El Informador. |
Asesinan a líder campesino en Colombia
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- diciembre 18º, 2017
Hoy se ha conocido del asesinato de José Rafael de la Hoz Villa, líder campesino colombiano e integrante de las Mesas de Víctimas del Conflicto Armado.
La información apareció en la cuenta de Twitter, de la Defensoría del Pueblo: “Repudiamos asesinato (…) de José Rafael de la Hoz Villa, quien era miembro de la Mesa de Participación de Víctimas”.
El líder campesino fue hallado sin vida en una finca cercana a la comunidad Las Canoas, en el departamento de Magdalena, perteneciente a la región del Caribe colombiano.
Versiones preliminares señalan que el cadáver fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca en una zona cercana a su domicilio.
Este lunes organizaciones populares del departamento del Cauca rechazaron declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quién mencionó entre las causas de los crímenes de líderes sociales “líos de faldas o problemas entre vecinos”.
Para Deivin Hurtado, coordinador de la Red de Derechos Humanos en esa zona del suroccidente del país, esas declaraciones reflejan la falta de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
De igual modo Gerardo Vega, defensor de los derechos humanos, manifestó que con ese tipo de afirmaciones se propicia la impunidad.
Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, este año se han asesinado 80 líderes sociales en Colombia.
(Con información de Prensa Latina)
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| ¿Quién la habrá enseñado tantas cosas al mismo tiempo? |
Santos, Narcotraficante, terrorista, asesino... y también carcelero
Las organizaciones sociales, culturales, políticas y campesinas del departamento de Caquetá realizarán este miércoles un plantón para pedir la libertad de la dirigente Nelly Luna acusada de "secuestro extorsivo" de un grupo de policías adscritos a la dirección de Antinarcóticos.
Los sectores consideraron desmedidos los cargos judiciales contra Luna y alegaron que la dirigente no secuestró de forma directa o indirecta a los policías que a comienzos de 2017 llegaron a la vereda Los Alpinos de la Unión Peneya en Caquetá para erradicar cultivos de uso ilícito a la fuerza, a pesar de la sustitución integral pactada en el acuerdo de paz de La Habana.
Las organizaciones sociales denunciaron que se trata de un montaje judicial en el marco de la persecución al movimiento cocalero y campesino que exige el cumplimiento de los acuerdos y sólo obtiene como respuesta represión y amenazas de judicialización.
Los organizadores del plantón informaron que el evento se realizará a las 10H00 a.m. hora local, de forma pacífica y apelando al derechos legítimo y constitucional de la protesta, en los alrededores del Palacio de Justicia de la ciudad de Florencia.
Este miércoles también se realizará una de las audiencias dentro del proceso judicial que se le adelanta a Nelly Luna.
Las organizaciones esperan una decisión favorable para Luna que permita a la dirigente retornar a sus labores en la finca de la zona rural de la Unión Peneya.
A Nelly Luna la responsabilizan por el "secuestro" de al menos 14 policías antinarcóticos que en agosto irrumpieron de forma violenta en Los Alpinos para erradicar los cultivos de coca, ante esto la comunidad realizó pacíficamente un cerco humanitario a los uniformados.
telesurtv.net
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