Parte del problema es la electricidad, que ha sido uno de los productos que más ha contribuido al aumento del índice de precios al consumo (IPC). 
El incremento del precio de la energía se ha conocido 24 horas después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable el régimen de financiación del bono social de la luz al considerarlo incompatible con la directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Este bono social subvencionaba una parte del importe total de la factura y era asumido por las grandes compañías eléctricas. 
Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa financiaban el 93% de la ayuda y suponía el ahorro del 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kW.
Las eléctricas han manifestado en más de una ocasión que ese bono social debe beneficiar solo a los colectivos que realmente lo necesitan y piden que, en la próxima regulación, se establezcan criterios de renta (en torno a los 10.000 euros al año) para poder ser beneficiario. 
El bono debe revisarse, las multinacionales eléctricas nunca van a estar de acuerdo en gastar alrededor de 200 millones al año sin obtener un beneficio, pero el problema es que esa ayuda ha sido suprimida sin que el Gobierno pusiese una alternativa sobre la mesa.
Ante esta situación, varios grupos parlamentarios están trabajando en diversas iniciativas para obligar al Gobierno a tomar medidas urgentes para garantizar el suministro de energía a los hogares más necesitados y evitar así su exclusión social. 
Entre las peticiones que se van a realizar están, por ejemplo, que las empresas suministradoras de energía estén obligadas a avisar a los usuarios ante un eventual corte del suministro (actualmente solo lo están si hay una dependencia vital) o la regulación de un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, butano y gas natural para los hogares con bajo poder adquisitivo. Pero de momento solo son eso, propuestas, y el frío se acerca.
La sentencia del Supremo que tumba el bono social eléctrico deja en evidencia el fracaso del modelo energético que continúa defendiendo el Gobierno, heredero de un proceso de privatización de un bien público y necesario. 
Las decisiones tomadas por el Gobierno en este sector son sistemática y continuamente recurridas en los tribunales por las grandes multinacionales que operan en el mercado ya que disponen de los recursos y facilidades para ello.
En otros países europeos existen marcos protectores para los consumidores más vulnerables, en España estas medidas podrían tener efecto inmediato si existiese voluntad política para ello.