Colombia: 46 líderes asesinados evidencian una política del horror
Qué se puede esperar del mejor discípulo del criminal Uribe y de sus instituciones corruptas que todavía perduran?
Desde el 1er momento dije que las negociaciones para la paz no eran mas que una farsa que no hace mas que dar largas en el tiempo sin resultado alguno y que solo serviría, como así se está comprobando, para deshacerse de los líderes campesinos por un lado, al no tener como antes, quien los defienda y en segundo lugar, para que en el caso ce que hubiera conflicto con Venezuela, como parece que va a haber, no tuvieran los EEUU y el estado colombiano dos frentes abiertos.
Armak de Odelot
NO SE COMPRENDE QUE LA GUERRILLA HAYA RENUNCIADO A LA LUCHA ARMADA SIN ANTES EXIGIR EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL DURANTE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ
COLOMBIA: GOLPE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AL ACUERDO DE PAZ CON LA GUERRILLA
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- mayo 21º, 2017
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“Aunque se trata de dos contextos diferentes, lo cierto es que el fallo de la Corte sí representa un problema serio, primero porque se abre la posibilidad de modificaciones al acuerdo de paz y, en segundo lugar, porque va contra los tiempos de implementación de lo pactado”, dijo el senador de izquierda Iván Cepeda.
Para el político, la paz está en incertidumbre a raíz del fallo, pues “plantea la situación de que la Corte Constitucional se pueda convertir en cualquier momento en una suerte de instancia de transformación de todo lo que se ha acordado en el Congreso y en La Habana”, sede de las negociaciones de casi cuatro años entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Ante esto, observó Cepeda, el Congreso “debe hacer su mayor esfuerzo por legislar de la manera más eficaz posible”.
La decisión del alto tribunal plantea una considerable dificultad para llevar lo acordado al ordenamiento jurídico, en especial en lo relativo al tiempo previsto para la implementación y para el tránsito de las FARC al escenario político, que estaba previsto comenzaría el 31 de mayo, cuando se cumplan 180 días de la firma de los acuerdos y la guerrilla deba entregar la totalidad de sus armas.
El fallo
Para blindar los acuerdos, el Gobierno se reservó la potestad de respaldar o no las posibles modificaciones a las leyes que debe aprobar el Congreso.
La Corte consideró que esta potestad afectaba la división de poderes, por lo que dejó abierta la posibilidad de que cualquier congresista pueda hacerle cambios a los proyectos de ley que presente el Gobierno por la vía rápida.
Ese hecho, según quienes respaldan el proceso de paz con las FARC, puede ser aprovechado por una parte de la oposición para dilatar aún más la implementación.
De hecho, el fallo de la Corte responde a una demanda interpuesta por el senador Iván Duque, del opositor y derechista Centro Democrático (que lidera el expresidente Álvaro Uribe), sector que es acérrimo crítico del acuerdo con las FARC.
El Gobierno intentó restar importancia al fallo pues “no afecta la seguridad jurídica del Acuerdo de Paz”, sino los procedimientos dentro del Congreso.
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Colombia: fallo de Corte Constitucional colombiana es duro golpe a la paz con las FARC
El fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que dejó sin efecto dos artículos del trámite de leyes para aplicar el Acuerdo de Paz con las FARC, representa un golpe fuerte al proceso, aunque no mayor al del "No" que se impuso en el plebiscito de octubre pasado, según varias fuentes consultadas por Sputnik.
"Aunque se trata de dos contextos diferentes, lo cierto es que el fallo de la Corte sí representa un problema serio, primero porque se abre la posibilidad de modificaciones al acuerdo de paz y, en segundo lugar, porque va contra los tiempos de implementación de lo pactado", dijo el senador de izquierda Iván Cepeda.
Para el político, la paz está en incertidumbre a raíz del fallo, pues "plantea la situación de que la Corte Constitucional se pueda convertir en cualquier momento en una suerte de instancia de transformación de todo lo que se ha acordado en el Congreso y en La Habana", sede de las negociaciones de casi cuatro años entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Ante esto, observó Cepeda, el Congreso "debe hacer su mayor esfuerzo por legislar de la manera más eficaz posible".
La decisión del alto tribunal plantea una considerable dificultad para llevar lo acordado al ordenamiento jurídico, en especial en lo relativo al tiempo previsto para la implementación y para el tránsito de las FARC al escenario político, que estaba previsto comenzaría el 31 de mayo, cuando se cumplan 180 días de la firma de los acuerdos y la guerrilla deba entregar la totalidad de sus armas.
El fallo
Para blindar los acuerdos, el Gobierno se reservó la potestad de respaldar o no las posibles modificaciones a las leyes que debe aprobar el Congreso.
La Corte consideró que esta potestad afectaba la división de poderes, por lo que dejó abierta la posibilidad de que cualquier congresista pueda hacerle cambios a los proyectos de ley que presente el Gobierno por la vía rápida.
Ese hecho, según quienes respaldan el proceso de paz con las FARC, puede ser aprovechado por una parte de la oposición para dilatar aún más la implementación.
De hecho, el fallo de la Corte responde a una demanda interpuesta por el senador Iván Duque, del opositor y derechista Centro Democrático (que lidera el expresidente Álvaro Uribe), sector que es acérrimo crítico del acuerdo con las FARC.
El Gobierno intentó restar importancia al fallo pues "no afecta la seguridad jurídica del Acuerdo de Paz", sino los procedimientos dentro del Congreso.
Pero analistas consultados por Sputnik coinciden en que, en el marco de la carrera por las presidenciales de 2018, que ya comenzó, será difícil conseguir respaldo de los diferentes partidos políticos que comienzan a buscar sus perfiles distanciándose del Gobierno.
"La esperanza está en que el presidente (Juan Manuel Santos), con su poderes especiales, pueda sacar adelante lo que se ha firmado, pero en una situación electoral como la actual los procesos se vuelven erráticos y no sabemos qué pueda pasar", consideró el analista y exembajador Alonso Ojeda.
Puntos en crisis
Las normas fundamentales de los acuerdos ya pasaron por el Congreso, como la Ley de Amnistía para los guerrilleros, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (que estableció un sistema de justicia transicional para los crímenes cometidos durante el conflicto), la entrada de las FARC en la vida política y el Estatuto de Oposición, que busca dar garantías a partidos opuestos al Gobierno.
Sin embargo, uno de los aspectos que se vería más afectado es el capítulo del acuerdo referido a la distribución equitativa de tierras y el desarrollo agrario, un asunto que estuvo en el origen del alzamiento de las FARC en 1964.
"El fallo tiene un sesgo peligroso y delicado, porque el Congreso debe entrar a discutir pronto el tema de la problemática de tierras, y este fallo de la Corte precisamente le quita fuerza a quienes están planteando la posibilidad de construir un país dentro de la modernidad donde el tema de tierras sea tratado con el enfoque de justicia frente al dominio de los terratenientes", agregó Ojeda.
El senador Cepeda observó asimismo que el fallo afecta también la implementación de la reforma política y la sustitución de cultivos ilícitos, así como otros asuntos sobre los que falta legislar, "buena parte de los cuales hacen parte de las instancias de carácter social que tienen los acuerdos de La Habana".
Como salvavidas, en el Congreso se promueve un pacto para que los bloques que apoyan el proceso de paz asistan a las sesiones y respalden las iniciativas del Gobierno, a lo cual ya se comprometieron en un comunicado cinco partidos políticos.
Además, sectores ciudadanos que respaldan los acuerdos y que impulsaron su aprobación por la vía del Congreso luego de que el "No" ganara en el plebiscito, convocaron a una manifestación y han advertido que vendrán nuevas movilizaciones.
El presidente Santos se reunirá el lunes o el martes con la dirigencia de las FARC para buscar salidas, mientras la guerrilla pidió una reunión urgente de la Comisión de Implementación para que trabaje en la formulación de una estrategia.
No hay crisis
Para el constitucionalista Juan Manuel Charry "no hay que buscarle salidas a una crisis inexistente".
FARC y ELN confían en consolidar la paz para llegar a la política en ColombiaPara Charry el fallo de la Corte no es más que "un control de constitucionalidad que está diciendo que el Congreso tiene una margen de independencia", por lo que las implicaciones de la decisión "no son tan altas para la implementación del acuerdo".
El jurista dijo a Sputnik que el fallo solo se ocupa de dos aspectos.
"Uno, que el Congreso no tiene que pedirle autorización al Gobierno nacional para modificar los proyectos o proponer modificaciones, y dos, que no está obligado a votar la integridad del proyecto sino que puede dividirla por secciones", explicó.
Así pues, no hay razón para pensar que habrá demoras sustanciales en la implementación de los acuerdos, ya que estos están insertos en la vía rápida que avanza en el Congreso, procedimiento que reduce a la mitad el trámite de una ley o reforma.
Sea como fuere, la situación llevó a las FARC a declararse en asamblea permanente.
Para Cepeda, esto "significa que están reflexionando sobre lo que está ocurriendo, que van a tomar decisión" y que todo ello se presenta a solo 11 días de que la guerrilla más longeva del continente deba dejar las armas y entre así al escenario político, un trance que causa "serios traumatismos".
Preguntado acerca de si será necesario replantear el cronograma, Cepeda señaló que prefiere esperar lo que decidan las FARC.
Posponer los plazos no es bienvenido para las FARC ni para quienes respaldan el acuerdo de paz, ya que se podrían truncar sus aspiraciones de tener un candidato presidencial para las elecciones de 2018.
El fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que dejó sin efecto dos artículos del trámite de leyes para aplicar el Acuerdo de Paz con las FARC, representa un golpe fuerte al proceso, aunque no mayor al del "No" que se impuso en el plebiscito de octubre pasado, según varias fuentes consultadas por Sputnik.
"Aunque se trata de dos contextos diferentes, lo cierto es que el fallo de la Corte sí representa un problema serio, primero porque se abre la posibilidad de modificaciones al acuerdo de paz y, en segundo lugar, porque va contra los tiempos de implementación de lo pactado", dijo el senador de izquierda Iván Cepeda.
Para el político, la paz está en incertidumbre a raíz del fallo, pues "plantea la situación de que la Corte Constitucional se pueda convertir en cualquier momento en una suerte de instancia de transformación de todo lo que se ha acordado en el Congreso y en La Habana", sede de las negociaciones de casi cuatro años entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Ante esto, observó Cepeda, el Congreso "debe hacer su mayor esfuerzo por legislar de la manera más eficaz posible".
La decisión del alto tribunal plantea una considerable dificultad para llevar lo acordado al ordenamiento jurídico, en especial en lo relativo al tiempo previsto para la implementación y para el tránsito de las FARC al escenario político, que estaba previsto comenzaría el 31 de mayo, cuando se cumplan 180 días de la firma de los acuerdos y la guerrilla deba entregar la totalidad de sus armas.
El fallo
Para blindar los acuerdos, el Gobierno se reservó la potestad de respaldar o no las posibles modificaciones a las leyes que debe aprobar el Congreso.
La Corte consideró que esta potestad afectaba la división de poderes, por lo que dejó abierta la posibilidad de que cualquier congresista pueda hacerle cambios a los proyectos de ley que presente el Gobierno por la vía rápida.
Ese hecho, según quienes respaldan el proceso de paz con las FARC, puede ser aprovechado por una parte de la oposición para dilatar aún más la implementación.
De hecho, el fallo de la Corte responde a una demanda interpuesta por el senador Iván Duque, del opositor y derechista Centro Democrático (que lidera el expresidente Álvaro Uribe), sector que es acérrimo crítico del acuerdo con las FARC.
El Gobierno intentó restar importancia al fallo pues "no afecta la seguridad jurídica del Acuerdo de Paz", sino los procedimientos dentro del Congreso.
Pero analistas consultados por Sputnik coinciden en que, en el marco de la carrera por las presidenciales de 2018, que ya comenzó, será difícil conseguir respaldo de los diferentes partidos políticos que comienzan a buscar sus perfiles distanciándose del Gobierno.
"La esperanza está en que el presidente (Juan Manuel Santos), con su poderes especiales, pueda sacar adelante lo que se ha firmado, pero en una situación electoral como la actual los procesos se vuelven erráticos y no sabemos qué pueda pasar", consideró el analista y exembajador Alonso Ojeda.
Puntos en crisis
Las normas fundamentales de los acuerdos ya pasaron por el Congreso, como la Ley de Amnistía para los guerrilleros, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (que estableció un sistema de justicia transicional para los crímenes cometidos durante el conflicto), la entrada de las FARC en la vida política y el Estatuto de Oposición, que busca dar garantías a partidos opuestos al Gobierno.
Sin embargo, uno de los aspectos que se vería más afectado es el capítulo del acuerdo referido a la distribución equitativa de tierras y el desarrollo agrario, un asunto que estuvo en el origen del alzamiento de las FARC en 1964.
"El fallo tiene un sesgo peligroso y delicado, porque el Congreso debe entrar a discutir pronto el tema de la problemática de tierras, y este fallo de la Corte precisamente le quita fuerza a quienes están planteando la posibilidad de construir un país dentro de la modernidad donde el tema de tierras sea tratado con el enfoque de justicia frente al dominio de los terratenientes", agregó Ojeda.
El senador Cepeda observó asimismo que el fallo afecta también la implementación de la reforma política y la sustitución de cultivos ilícitos, así como otros asuntos sobre los que falta legislar, "buena parte de los cuales hacen parte de las instancias de carácter social que tienen los acuerdos de La Habana".
Como salvavidas, en el Congreso se promueve un pacto para que los bloques que apoyan el proceso de paz asistan a las sesiones y respalden las iniciativas del Gobierno, a lo cual ya se comprometieron en un comunicado cinco partidos políticos.
Además, sectores ciudadanos que respaldan los acuerdos y que impulsaron su aprobación por la vía del Congreso luego de que el "No" ganara en el plebiscito, convocaron a una manifestación y han advertido que vendrán nuevas movilizaciones.
El presidente Santos se reunirá el lunes o el martes con la dirigencia de las FARC para buscar salidas, mientras la guerrilla pidió una reunión urgente de la Comisión de Implementación para que trabaje en la formulación de una estrategia.
No hay crisis
Para el constitucionalista Juan Manuel Charry "no hay que buscarle salidas a una crisis inexistente".
FARC y ELN confían en consolidar la paz para llegar a la política en ColombiaPara Charry el fallo de la Corte no es más que "un control de constitucionalidad que está diciendo que el Congreso tiene una margen de independencia", por lo que las implicaciones de la decisión "no son tan altas para la implementación del acuerdo".
El jurista dijo a Sputnik que el fallo solo se ocupa de dos aspectos.
"Uno, que el Congreso no tiene que pedirle autorización al Gobierno nacional para modificar los proyectos o proponer modificaciones, y dos, que no está obligado a votar la integridad del proyecto sino que puede dividirla por secciones", explicó.
Así pues, no hay razón para pensar que habrá demoras sustanciales en la implementación de los acuerdos, ya que estos están insertos en la vía rápida que avanza en el Congreso, procedimiento que reduce a la mitad el trámite de una ley o reforma.
Sea como fuere, la situación llevó a las FARC a declararse en asamblea permanente.
Para Cepeda, esto "significa que están reflexionando sobre lo que está ocurriendo, que van a tomar decisión" y que todo ello se presenta a solo 11 días de que la guerrilla más longeva del continente deba dejar las armas y entre así al escenario político, un trance que causa "serios traumatismos".
Preguntado acerca de si será necesario replantear el cronograma, Cepeda señaló que prefiere esperar lo que decidan las FARC.
Posponer los plazos no es bienvenido para las FARC ni para quienes respaldan el acuerdo de paz, ya que se podrían truncar sus aspiraciones de tener un candidato presidencial para las elecciones de 2018.
Colombia: 46 líderes asesinados evidencian una política del horror
La política del horror da cuenta de 46 seres humanos, hombres y mujeres, asesinados en los 150 días de 2017, por su probada dedicación a la defensa de derechos humanos y su calidad de líderes sociales de profundas y reconocidas convicciones éticas.
El solo dato impacta y debería provocar el repudio unánime de partidos, academias, medios, iglesias y promover una reflexión por el real sentido del valor de la vida en un país ad portas de cerrar la guerra.
La paz avanza lenta por entre caminos inhóspitos pero podrá ser estable y duradera si los componentes del estado se vuelcan a impulsar una cultura de derechos que preserve la vida de sus líderes y reafirme la implementación efectiva y material de los acuerdos entre estado e insurgencia, eliminando las barreras que los beneficiarios de la tragedia impulsan tratando de: invalidar el espíritu de paz, presionar a una renegociación jurídica y moral de lo acordado e impedir que los sectores populares tengan existencia política.
Detrás de 46 líderes asesinados hay más que una estrategia de eliminación de líderes sociales y defensores de derechos y no es solo un reto teórico[1][1], si no también practico indicar que hay una política de muerte (aunque no cumpla los requisitos formales) que tiene misión.
Visión, estructura, metas, responsables, recursos, tiempos, modos de acción, actores y territorios en los que se ejecuta el programa de guerra sucia orientada por los “defensores” de los privilegios que les ofrece el capital y el poder.
No hay hechos aislados, hay conexión orgánica entre política de horror, capital y poder político y persiste una tendencia de resultados con datos como que “En los últimos 14 meses hubo 120 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales, además de 33 atentados y 27 agresiones a este mismo grupo poblacional (defensoría, elheraldo.co/marzo 3, 2017)"; “Entre 2002 y 2016 hubo 558 líderes sociales asesinados (verdadabierta.com)”; en abril de 2017 fueron asesinados más de 10 indígenas awua, woman y kite kiwe (Amnistía) y “Van 2500 sindicalistas asesinados en 20 años (verdadabierta.com)”.
Queda al descubierto un continuum de barbarie que remite a advertir un genocidio en marcha, un plan de exterminio sistemáticamente ejecutado contra personas protegidas e indefensas que conforman una comunidad política llamada sociedad civil.
Los 46 líderes y defensores fueron asesinados en lugares precisos de una geopolítica de riqueza estratégica y en el momento político concreto en que se construye paz en los territorios y la verdad contada por otras voces saca a flote las reales intenciones y a los responsables del horror padecido.
La tragedia es más grave que la que nos acostumbraron a mirar en otras latitudes, porque en un contexto de paz el asesinato de un líder es aún más condenable que en época de guerra, es un agravio a la humanidad sobre todo porque ocurre como parte de una política que se creía superada.
En la guerra las muertes de líderes y defensores inocentes fue negada, los victimarios condecorados y los agraviados humillados, las victimas acusadas de terroristas y guerrilleros para justificar el orden criminal, pero en época de paz la víctima, el victimario, la sistematicidad del horror y el móvil político y social del exterminio son visibles, aunque funcionarios del estado, -que guardan lealtades personales a las elites-, sigan creyendo que perseguir y eliminar líderes y defensores de derechos es normal porque según sus creencias, cuestionan o ponen a debate el orden natural de las cosas y enfrentan a las jerarquías del poder y por ello ese es el precio de sus conductas desobedientes.
Sin embargo es momento para llamar a las instituciones a abandonar esa mentalidad, a superar el código de guerra amigo-enemigo, y entender que al país entero arrastra la vergüenza de ser el país en el mundo que más asesinatos de líderes sociales ha producido en tiempos de guerra y ahora está produciendo en tiempos de paz.
Matar a los defensores del bien común, de lo justo y lo correcto, por reclamar del estado respetar, hacer respetar y ofrecer garantías a los derechos es un crimen genocida.
Aunque no haya leyes concretas ni órdenes expresas que promuevan el horror, el estado es el primer responsable estos crímenes sistemáticos que anuncian la existencia de una política criminal de exterminio.
Los ejecutores del horror son apenas piezas brutas del engranaje del poder.
No se ejecutan homicidios aislados, ni inconexos, hay secuencia, tendencia e intencionalidad y por los rasgos y características del modus operandi descubren que hay una estructura paramilitar encargada de las ejecuciones, que controla una máquina de aniquilamiento, no para combatir enemigos, si no para provocar terror, imponer miedo, seleccionar y organizar la matanza de humanos indefensos como si mataran animales, han asesinado por degüello, picado cuerpos a machete, descuartizado con motosierras, torturado, mutilado y violado, pero nunca enfrentado a un líder social en combate alguno, porque ninguno de los dos va al combate, los asesinan en calles, universidades, campos de cultivo, barrios populares, oficinas y sedes sindicales. Son crímenes de odio, para los que no importa si lo comete un cazador solitario o un grupo de inhumanos, drogados o enardecidos vengadores, lo que cuenta es el plan, la intencionalidad y el móvil político de exterminarlos por ser líderes.
Y ese plan activa a la máquina de horror sea como banda, grupo o clan en connivencia o aquiescencia del estado.
En la política genocida no hay odio personal, ni cuentas por cobrar, ni desadaptados, ni obsesivos con ganas de matar, debajo o detrás hay un estructurado y consiente programa de odio racial, étnico, político, sexual, social o ideológico, que sale de los centros de mando de la política tradicional cuyos intereses económicos y desprecio por la vida humana coinciden en borrar de la historia a rebeldes y adversarios.
Ideológicamente han acostumbrado al país a ver morir violentamente a sus líderes, a contar a sus muertos y a olvidarlos, a perder el asombro ante cada masacre superior en crueldad a la anterior y a convivir con resignación sin reparar en la proximidad entre el asesino y la víctima.
Es hora de que el presidente jefe de estado y de gobierno y su bancada temporal en el congreso convoquen a los otros poderes del estado a respetar los acuerdos de paz alcanzados, que son el sustrato político y social del derecho humano a la paz conquistado y desmonten sin dilación la política del horror, reconozcan y detengan el genocidio en marcha contra líderes, defensores de derechos y adversarios políticos.
El gobierno sabe y bien conoce del libreto criminal del genocidio cuyo relato empieza cuando unos poderosos invitan a sus amigos a un almuerzo, una fiesta o una reunión social y les cuentan historias[2] y entre risas y bromas configuran a enemigos tildados de ateos, comunistas, guerrilleros, homosexuales, negros, indios o campesinos, a los que marcan con la señal de peligrosos para sus intereses.
Los que oyen se lo cuentan a otros, hasta que alguien actúa, amenaza, persigue y mata, como si lo hiciera por cuenta propia, como si estuviera cumpliendo una misión de su destino personal. Esa es la sistematicidad y a ese responsable no se les puede buscar con las mismas herramientas que ofrecen como criminales.
Los 46 asesinados en 2017 y los cientos en este siglo, no son homicidios simples producto de odios individuales, ni de desquiciados veteranos de guerra, son una parte estructurada de un genocidio en marcha contra un tipo de seres humanos que responden a una lógica de adversarios políticos y sociales, asesinados por una ideología y prácticas de ultraderechas incrustadas en el poder, cuya mayor victoria ha sido dividir a sus víctimas, ponerlas en contradicción y lucrarse de ellas convertidas en su multitud de fieles electorales.
Multitudes negadas
Los líderes sociales, hombres y mujeres de todas las latitudes están hoy al frente de una diáspora nacional de movilizaciones sociales provocadas por la negación de derechos, el déficit de democracia, la corrupción y el clientelismo. Son multitudes negadas, invisibilizadas. 12 días de paro, miles de vehículos estacionados en la vía al puerto más importante del país (Buenaventura), cientos de indígenas apostados en carreteras, campesinos y afros movilizados, los tres hacen parte de un mismo grupo de olvidados unidos en una insurrección desarmada. 10 días de paro cívico en el Choco. 10 días de paro nacional con miles de maestros en las calles y cese de actividades de 350.000 profesores y 8 millones de estudiantes.
Bloqueos, plantones, marchas de centrales obreras, reclamantes de salud, educación, guardianes, jubilados y desalojados de sus viviendas, DIAN, Bienestar. Protestas contra la corte constitucional por sus decisiones adversas a la paz. Protestas y mítines universitarios contra la privatización y la pérdida de autonomía...una guerrilla en asamblea permanente y otra en conversaciones de paz.
Hay también oportunistas políticos, gases lacrimógenos, gases pimienta, tanques de guerra y tanquetas de agresión, aeronaves de guerra, avión fantasma, policía de choque y motorizada, infiltrados, fuerza desbordada, muertos, heridos desaparecidos, detenidos y judicializados reclamantes de derechos... Hay un país en revuelta pero faltan los medios, ¿dónde están los medios?
¿Dónde sus lentes que no ven a estas multitudes?
¿Dónde sus micrófonos que no escuchan los susurros de este pueblo? ¿Por qué de esto no hablan los medios ni se preguntan por los causantes del horror?
[1] Una Fundamentación, puede hallarse en mis libros Teoría de DDHH y políticas públicas (2006); Derechos humanos, capitalismo global y políticas públicas (2006); Lectura crítica de los derechos humanos a 20 años de la constitución colombiana (20011, colectivo)
[2] En el film: Carta a una Sombra (Colombia 2015), homenaje a Héctor Abad, hay expresiones que condensa mejor esta afirmación
http://www.alainet.org/es/articulo/185633
La política del horror da cuenta de 46 seres humanos, hombres y mujeres, asesinados en los 150 días de 2017, por su probada dedicación a la defensa de derechos humanos y su calidad de líderes sociales de profundas y reconocidas convicciones éticas.
El solo dato impacta y debería provocar el repudio unánime de partidos, academias, medios, iglesias y promover una reflexión por el real sentido del valor de la vida en un país ad portas de cerrar la guerra.
La paz avanza lenta por entre caminos inhóspitos pero podrá ser estable y duradera si los componentes del estado se vuelcan a impulsar una cultura de derechos que preserve la vida de sus líderes y reafirme la implementación efectiva y material de los acuerdos entre estado e insurgencia, eliminando las barreras que los beneficiarios de la tragedia impulsan tratando de: invalidar el espíritu de paz, presionar a una renegociación jurídica y moral de lo acordado e impedir que los sectores populares tengan existencia política.
Detrás de 46 líderes asesinados hay más que una estrategia de eliminación de líderes sociales y defensores de derechos y no es solo un reto teórico[1][1], si no también practico indicar que hay una política de muerte (aunque no cumpla los requisitos formales) que tiene misión.
Visión, estructura, metas, responsables, recursos, tiempos, modos de acción, actores y territorios en los que se ejecuta el programa de guerra sucia orientada por los “defensores” de los privilegios que les ofrece el capital y el poder.
No hay hechos aislados, hay conexión orgánica entre política de horror, capital y poder político y persiste una tendencia de resultados con datos como que “En los últimos 14 meses hubo 120 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales, además de 33 atentados y 27 agresiones a este mismo grupo poblacional (defensoría, elheraldo.co/marzo 3, 2017)"; “Entre 2002 y 2016 hubo 558 líderes sociales asesinados (verdadabierta.com)”; en abril de 2017 fueron asesinados más de 10 indígenas awua, woman y kite kiwe (Amnistía) y “Van 2500 sindicalistas asesinados en 20 años (verdadabierta.com)”.
Queda al descubierto un continuum de barbarie que remite a advertir un genocidio en marcha, un plan de exterminio sistemáticamente ejecutado contra personas protegidas e indefensas que conforman una comunidad política llamada sociedad civil.
Los 46 líderes y defensores fueron asesinados en lugares precisos de una geopolítica de riqueza estratégica y en el momento político concreto en que se construye paz en los territorios y la verdad contada por otras voces saca a flote las reales intenciones y a los responsables del horror padecido.
La tragedia es más grave que la que nos acostumbraron a mirar en otras latitudes, porque en un contexto de paz el asesinato de un líder es aún más condenable que en época de guerra, es un agravio a la humanidad sobre todo porque ocurre como parte de una política que se creía superada.
En la guerra las muertes de líderes y defensores inocentes fue negada, los victimarios condecorados y los agraviados humillados, las victimas acusadas de terroristas y guerrilleros para justificar el orden criminal, pero en época de paz la víctima, el victimario, la sistematicidad del horror y el móvil político y social del exterminio son visibles, aunque funcionarios del estado, -que guardan lealtades personales a las elites-, sigan creyendo que perseguir y eliminar líderes y defensores de derechos es normal porque según sus creencias, cuestionan o ponen a debate el orden natural de las cosas y enfrentan a las jerarquías del poder y por ello ese es el precio de sus conductas desobedientes.
Sin embargo es momento para llamar a las instituciones a abandonar esa mentalidad, a superar el código de guerra amigo-enemigo, y entender que al país entero arrastra la vergüenza de ser el país en el mundo que más asesinatos de líderes sociales ha producido en tiempos de guerra y ahora está produciendo en tiempos de paz.
Matar a los defensores del bien común, de lo justo y lo correcto, por reclamar del estado respetar, hacer respetar y ofrecer garantías a los derechos es un crimen genocida.
Aunque no haya leyes concretas ni órdenes expresas que promuevan el horror, el estado es el primer responsable estos crímenes sistemáticos que anuncian la existencia de una política criminal de exterminio.
Los ejecutores del horror son apenas piezas brutas del engranaje del poder.
No se ejecutan homicidios aislados, ni inconexos, hay secuencia, tendencia e intencionalidad y por los rasgos y características del modus operandi descubren que hay una estructura paramilitar encargada de las ejecuciones, que controla una máquina de aniquilamiento, no para combatir enemigos, si no para provocar terror, imponer miedo, seleccionar y organizar la matanza de humanos indefensos como si mataran animales, han asesinado por degüello, picado cuerpos a machete, descuartizado con motosierras, torturado, mutilado y violado, pero nunca enfrentado a un líder social en combate alguno, porque ninguno de los dos va al combate, los asesinan en calles, universidades, campos de cultivo, barrios populares, oficinas y sedes sindicales. Son crímenes de odio, para los que no importa si lo comete un cazador solitario o un grupo de inhumanos, drogados o enardecidos vengadores, lo que cuenta es el plan, la intencionalidad y el móvil político de exterminarlos por ser líderes.
Y ese plan activa a la máquina de horror sea como banda, grupo o clan en connivencia o aquiescencia del estado.
En la política genocida no hay odio personal, ni cuentas por cobrar, ni desadaptados, ni obsesivos con ganas de matar, debajo o detrás hay un estructurado y consiente programa de odio racial, étnico, político, sexual, social o ideológico, que sale de los centros de mando de la política tradicional cuyos intereses económicos y desprecio por la vida humana coinciden en borrar de la historia a rebeldes y adversarios.
Ideológicamente han acostumbrado al país a ver morir violentamente a sus líderes, a contar a sus muertos y a olvidarlos, a perder el asombro ante cada masacre superior en crueldad a la anterior y a convivir con resignación sin reparar en la proximidad entre el asesino y la víctima.
Es hora de que el presidente jefe de estado y de gobierno y su bancada temporal en el congreso convoquen a los otros poderes del estado a respetar los acuerdos de paz alcanzados, que son el sustrato político y social del derecho humano a la paz conquistado y desmonten sin dilación la política del horror, reconozcan y detengan el genocidio en marcha contra líderes, defensores de derechos y adversarios políticos.
El gobierno sabe y bien conoce del libreto criminal del genocidio cuyo relato empieza cuando unos poderosos invitan a sus amigos a un almuerzo, una fiesta o una reunión social y les cuentan historias[2] y entre risas y bromas configuran a enemigos tildados de ateos, comunistas, guerrilleros, homosexuales, negros, indios o campesinos, a los que marcan con la señal de peligrosos para sus intereses.
Los que oyen se lo cuentan a otros, hasta que alguien actúa, amenaza, persigue y mata, como si lo hiciera por cuenta propia, como si estuviera cumpliendo una misión de su destino personal. Esa es la sistematicidad y a ese responsable no se les puede buscar con las mismas herramientas que ofrecen como criminales.
Los 46 asesinados en 2017 y los cientos en este siglo, no son homicidios simples producto de odios individuales, ni de desquiciados veteranos de guerra, son una parte estructurada de un genocidio en marcha contra un tipo de seres humanos que responden a una lógica de adversarios políticos y sociales, asesinados por una ideología y prácticas de ultraderechas incrustadas en el poder, cuya mayor victoria ha sido dividir a sus víctimas, ponerlas en contradicción y lucrarse de ellas convertidas en su multitud de fieles electorales.
Multitudes negadas
Los líderes sociales, hombres y mujeres de todas las latitudes están hoy al frente de una diáspora nacional de movilizaciones sociales provocadas por la negación de derechos, el déficit de democracia, la corrupción y el clientelismo. Son multitudes negadas, invisibilizadas. 12 días de paro, miles de vehículos estacionados en la vía al puerto más importante del país (Buenaventura), cientos de indígenas apostados en carreteras, campesinos y afros movilizados, los tres hacen parte de un mismo grupo de olvidados unidos en una insurrección desarmada. 10 días de paro cívico en el Choco. 10 días de paro nacional con miles de maestros en las calles y cese de actividades de 350.000 profesores y 8 millones de estudiantes.
Bloqueos, plantones, marchas de centrales obreras, reclamantes de salud, educación, guardianes, jubilados y desalojados de sus viviendas, DIAN, Bienestar. Protestas contra la corte constitucional por sus decisiones adversas a la paz. Protestas y mítines universitarios contra la privatización y la pérdida de autonomía...una guerrilla en asamblea permanente y otra en conversaciones de paz.
Hay también oportunistas políticos, gases lacrimógenos, gases pimienta, tanques de guerra y tanquetas de agresión, aeronaves de guerra, avión fantasma, policía de choque y motorizada, infiltrados, fuerza desbordada, muertos, heridos desaparecidos, detenidos y judicializados reclamantes de derechos... Hay un país en revuelta pero faltan los medios, ¿dónde están los medios?
¿Dónde sus lentes que no ven a estas multitudes?
¿Dónde sus micrófonos que no escuchan los susurros de este pueblo? ¿Por qué de esto no hablan los medios ni se preguntan por los causantes del horror?
[1] Una Fundamentación, puede hallarse en mis libros Teoría de DDHH y políticas públicas (2006); Derechos humanos, capitalismo global y políticas públicas (2006); Lectura crítica de los derechos humanos a 20 años de la constitución colombiana (20011, colectivo)
[2] En el film: Carta a una Sombra (Colombia 2015), homenaje a Héctor Abad, hay expresiones que condensa mejor esta afirmación
http://www.alainet.org/es/articulo/185633
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