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La Guardia Civil vincula a Cifuentes con la financiación irregular del PP de Madrid
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- mayo 16º, 2017
Varios informes de la Guardia Civil incorporados al sumario del caso Púnica vinculan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la financiación irregular del PP de Madrid.
La actividad sospechosa de Cifuentes tuvo lugar mientras desempeñaba el cargo de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y el empresario hostelero Arturo Fernández obtuvo varios contratos de suministro y servicio a la Cámara regional.
A su vez, Fernández habría entregado dinero a Fundescam que fue utilizado para financiar campañas electorales del PP. Para cuadrar el círculo acusatorio, la Guardia Civil destaca que Cifuentes era miembro del comité de campaña del Partido Popular.
“Puede constatarse la coincidencia de Patrono de la Fundación Fundescam de María Cristina Cifuentes Cuencas con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de campaña de esa formación política -cuando se efectuaron aportaciones económicas-, y también con el hecho de pertenecer al comité de expertos que efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos de Cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid en los años 2009, 2011 y 2013, donde resultó ser la adjudicataria final la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L, y en donde desempeñó también de manera simultánea la Presidencia de la Mesa de Contratación en esas licitaciones”, recoge un párrafo del informe de la UCO, al que ha tenido acceso eldiario.es.
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| Con este impresentable no se puede ir a ninguna parte... ASÍ nos VA!!! |
En otro informe, también de la pieza secreta que investiga la financiación irregular del PP de Madrid, la Guardia Civil explica que Fundescam, la fundación del PP, recibía en una cuenta corriente “importantes cantidades de dinero” de empresarios en 2007.
Esas cantidades, añade, fueron utilizadas para sufragar “gastos electorales no declarados como tales, detectándose en relación con los referidos hechos, sólidos indicios que acreditaran cómo algunos de esos empresarios como Arturo Fernández fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes”.
En la adjudicación de esos contratos para Arturo Fernández “habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de María Cristina Cifuentes Cuenca”, añaden los informes.
La Guardia Civil concluye que los “elementos probatorios” que ha podido reunir contra Cifuentes y otros miembros del comité de expertos que concedía los contratos “podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho”.
En cuanto a Cifuentes, la Guardia Civil incide en que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid compatibilizó su pertenencia al órgano de contratación de la asamblea y el comité de expertos con el patronato de la Fundación Fundescam y el comité de campaña electoral del PP.
Esta circunstancia, añaden los investigadores, es “contraria a la legalidad y vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, como recuerda la Guardia Civil en sus informes, está “sujeta al aforamiento preceptivo, según los estatutos de la Comunidad de Madrid”.
Esto implica que, si el juez Eloy Velasco atiende a los “elementos probatorios” presentados por la Guardia Civil, debe elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ante el que está aforada.
Dos horas antes de que trascendieran los informes de la Guardia Civil sobre Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aceptado la dimisión del viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, después de que los agentes registraran su despacho también en el marco del caso Púnica.
Cifuentes y los expertos “favorecieron” a Cantoblanco
Otro informe de la Guardia Civil recoge sus conclusiones tras interrogar al resto de integrantes del comité de expertos que avalaron la adjudicación al Grupo Cantoblanco. Concluyen los agentes que existió “una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida” a la empresa de Fernández.
La UCO acusa a Cifuentes y al resto de integrantes de ese comité de llevar a cabo “conductas arbitrarias que derivaron en actos injustos”. Esas conductas consistieron en inflar de puntos la oferta del empresario para darle un margen suficiente cuando se abriese la valoración económica, donde el comité no podía intervenir.
Fue uno de los expertos, Isaac Arturo Zubiri, quien mintió en la asignación de puntos al obviar de forma consciente la oferta presentada por otra empresa que aspiraba al servicio de cafetería. Alegó para ello que no había aportado documentación alguna, “una falsa argumentación”, según los agentes.
Esta operativa, que permitió a Cantoblanco hacerse con la licitación, era conocida por el resto de integrantes del comité de expertos. “Tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos -María Cristina Cifuentes y María Merino-; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada”, concluye el informe de la UCO.
Para llegar a esta conclusión, los investigadores citan fragmentos literales de las declaraciones de algunos integrantes de ese comité de expertos.
Zubiri explicó a los agentes que se reunieron todos en el despacho de Cifuentes para compartir las valoraciones que habían hecho sobre la oferta de Cantoblanco. Merino propuso algunas modificaciones que llevaba escritas en un papel.
“Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones y que una vez terminado, dijo que muy bien, que se firmase el acuerdo”, relató Zubiri.
El PP pone la mano en el fuego por Cifuentes tras los informes de la Guardia Civil
Los informes de la Guardia Civil que apuntan directamente a Cristina Cifuentes en la financiación ilegal del Partido Popular no ha alterado la tensión de la formación conservadora.
O al menos así lo ha querido transmitir el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Rafael Hernando, que ha puesto la mano en el fuego por la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El diputado del Congreso ha asegurado que desconoce el motivo que ha llevado a la UCO para pedir investigar a Cifuentes.
Sin embargo, Hernando, como ha recogido Europa Press, se ha mostrado convencido de que no tiene “nada que ver con todo esto”. “Estoy seguro de que la presidenta de Madrid no tiene nada que ver con todo eso”, ha apostado.
Una declaración que el portavoz ha realizado en los pasillos de la Cámara Baja al ser preguntado por este asunto. Unas pesquisas que señalan a Cifuentes por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.
El sumario sobre la pieza de la presunta financiación irregular del PP, enmarcada dentro de la trama Púnica, incluye un informe en el que la Guardia Civil no pasa por alto que Cifuentes fuese la presidenta de las mesas de contratación de las licitaciones de los contratos públicos en la Asamblea de Madrid.
Ciudadanos rechaza dejar caer a Cifuentes porque no está imputada
A Ciudadanos no le “temblará el pulso” tras conocer las últimas investigaciones que han salpicado al Gobierno de la Comunidad de Madrid y directamente a Cristina Cifuentes.
Sin embargo, la “prudencia” también está presente en el pensamiento de la formación naranja.
Y así lo ha querido transmitir Ignacio Aguado, portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, tras convocar a los medios de manera urgente.
El político de la organización ha asegurado que el informe de la UCO que señala a Cifuentes en la financiación ilegal del Partido Popular ha sido acogido de manera “muy preocupante” en Ciudadanos.
De esta manera, la primera decisión de la formación que alzó al poder a la popular pasa por exigir su “comparecencia extraordinaria” en la Comisión de Corrupción del Parlamento madrileño. “Tiene que dar la cara”, ha exigido Aguado.
No obstante, la preocupación de Ciudadanos no se transformará, de momento, en una petición de dimisión:
“Llamamos a la prudencia.
Cifuentes no está imputada, si lo estuviera inmediatamente pediremos su dimisión”. Por ello, Aguado ha recordado que los acuerdos en la región “se cumplen” y así seguirá sucediendo “sea quien sea” el que se vea implicado en un caso de corrupción”.
“Desde la entrada de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid los imputados por corrupción dimiten y se van. Si Cifuentes resultase imputada, al igual que en Murcia, exigiríamos su dimisión de inmediato.
Queremos saber lo que ha pasado en la Comunidad y no nos temblará el pulso al exigir responsabilidades”, ha aseverado el portavoz del partido en la Asamblea de Madrid.
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