Desmontando la trampa del fin de las pensiones públicas
Tras la segunda vuelta de las elecciones generales nos llega, convenientemente filtrada, la información de que el fin de las pensiones públicas puede estar a la vuelta de la esquina; en concreto a finales de 2017 o, como mucho, en 2018.
Los medios de desinformación nacionales e internacionales, junto con el manido argumento del envejecimiento de la población española, se centran en otras explicaciones como “razones” del previsible fin de las pensiones públicas.
La primera de ellas tiene un fondo de realidad innegable, si bien no se encuentra en ella la razón de una crisis de este sistema de protección de la vejez, como veremos más adelante.
Me refiero al hecho de que el gobierno del PP ha estado metiendo la mano, más o menos desde que Rajoy alcanzó la presidencia, a la caja de galletas; es decir, al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Del fondo se han ido detrayendo recursos para políticas de incentivos a la contratación por cuenta ajena o a las altas de trabajadores por cuenta propia, las llamadas tarifas planas, etc.
Desde 2011, año de llegada del PP al gobierno, la cifra del fondo ha descendido desde los 66.815 millones de euros hasta los 25.176.
Total, que el gobierno se ha pulido 41.639 millones. Echarle la culpa de ello, como hacen algunos, al monto de las pagas extraordinarias de las jubilaciones es, cuando menos, obsceno.
Es evidente que la precarización del empleo, los bajos salarios, los altos niveles de desempleo, con menor número de cotizantes a la S.S. o el incremento del fraude a esta, por citar sólo algunos factores, han tenido mucho que ver con el momento en el que nos encontramos.
Y no lo es menos que el gobierno del PP, mediante un Decreto Ley, suspendió entre 2012 y 2014 el límite de disposición anual del fondo de reserva, que estaba establecido en unos 3.500 millones de euros por año, para ampliar las cifras del saqueo, amparándose en la “circunstancia especial de la crisis” capitalista.
En definitiva, durante estos años el fondo de reserva ha sufrido un deterioro continuo derivado de unos ingresos muy inferiores a las salidas del mismo.
Pero he aquí que, a través de la prensa extranjera y nacional hemos sabido que no todo el dinero sacado del fondo de reserva de la Seguridad Social iba destinado al pago de las pensiones, ni mucho menos, como tampoco a las dos pagas extraordinarias de los pensionistas sino a otros fines más espurios.
Y sin embargo, hemos estado distraídos en este tiempo en el pressing catch de los partidos, las acusaciones de corrupción de unos a otros y en mil señuelos más.
El “Wall Street Journal”, poco sospechoso de conspiranoico, informaba el 3 de de Enero de 2013 de una noticia que no tuvo demasiada repercusión en España.
Y es que gran parte del fondo de reserva estaba siendo empleado por el gobierno de España para comprar deuda pública española, toda vez que el descenso de los tipo de interés empezaba a ser menos atractivo para los compradores privados de la misma.
“España ha estado vaciando sigilosamente la mayor alcancía del país, El Fondo de Reserva de la seguridad Social, que ha usado como comprador de última instancia de los bonos del gobierno, una operación dudosa sobre el papel del fondo como garante de las futuras pensiones”, decía el diario.
Es decir, el gobierno del PP estaba cometiendo un fraude de ley como la copa de un pino, lo cuál es un delito de descapitalización consciente de la S.S. y debiera dar solidariamente con los huesos de todo el gobierno desde entonces hasta ahora, incluido el impávido Rajoy, en la cárcel.
Para el lector poco avezado que lea el artículo mencionado, aclaro que el “billion” inglés no equivale al billón español sino a 1.000 millones.
Al día siguiente, el diario alemán “Deutsche Wirtschafts Nachrichten”denunciaba el mismo hecho en un artículo cuyo título, traducido al castellano, era “España saquea los fondos de pensiones [fondo de reserva] para las compras de bonos del gobierno”. El también alemán “Der Spiegel” insistía el 4 de Enero del mismo año sobre la cuestión.
Incluso “El País” informaba sobre este tema casi un año antes, en abril de 2012.
¿A nadie le sorprende que cuando dos medios alemanes, y uno norteamericano de gran influencia mundial, se hacen eco de esta actividad delictiva, las instituciones de la UE dedicadas a descubrir y combatir comportamientos fraudulentos y peligrosos de los gobiernos no tomasen en más de 3 años acción punitiva alguna contra el gobierno español?
¿Tan poco importante es para dichas instituciones que un país miembro de la Unión haga peligrar de este modo el futuro de las pensiones, lo que afectaría no sólo a lo que tanto afirman que les preocupa, la cohesión social, sino a la recuperación real de la economía española?
Les adelanto que les importa un carajo. Es más, forma parte de la estrategia, de distintas velocidades según países, para acabar con las pensiones públicas con el fin de abrirle mercado de negocio al sistema financiero mediante las pensiones privadas.
Mientras tanto, en estos años, fundaciones ligadas a bancos y a aseguradoras se han dedicado a meter el miedo en el cuerpo de la clase trabajadora sobre la supuesta insostenibilidad de las pensiones públicas, con el fin de que los trabajadores se hagan unos planes de pensiones a futuro, que ya veremos qué resultado tienen.
Y en España ¿por qué este manto de silencio de partidos, sindicatos y patronal? La razón hay que buscarla en el asunto principal que no hemos tratado hasta ahora: el Pacto de Toledo de 1995.
Hasta 1995 las pensiones se financiaban mediante las cotizaciones sociales, añadiéndose después fondos de los Presupuestos Generales del Estado vía impuestos para complementarlas.
A partir de entonces se abrirá una doble fuente de financiación, según tipo de pensión. Mientras las contributivas dependerán de las cotizaciones sociales del trabajador, las no contributivas irán con cargo a impuestos, en los Presupuestos Generales del Estado.
El Pacto de Toledo fue firmado, bajo el falso pretexto de “consolidación del sistema de pensiones” por todos los partidos parlamentarios, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE.
Esta es la explicación del pacto de silencio que los partidos tradicionales y los emergentes, ideológicamente no diferentes de los primeros, así como los dos principales sindicatos han hecho en las elecciones del 20D de 2015 y del 26J de 2016 respecto del tema de las pensiones.
El Pacto de Toledo convertía de facto a la Seguridad Social en algo ajeno y separado del Estado.
Es llamativo que en otras cuestiones como la sanidad, la educación o las cotizaciones de desempleo dependan de los impuestos y las pensiones se vinculen a las cotizaciones de los trabajadores.
¿Acaso los empresarios, que reciben el beneficio del trabajo de sus empleados, no debieran pagar parte de esas cotizaciones?
¿No pretende justificarse el llamado Estado social de derecho -capitalista, por supuesto- sobre la base del mito de la solidaridad entre el conjunto de los españoles?
La auténtica trampa, se encuentra aquí, en sacar las prestaciones por jubilación de la Hacienda pública y en tratarlas como un concepto estanco y ajeno al Estado.
A partir del argumento de que deben ser sólo los trabajadores quienes paguen sus pensiones con sus cotizaciones sociales se estructura el discurso de la inviabilidad futura de las pensiones públicas, sobre el razonamiento manido del envejecimiento de la población, y se abre el camino hacia su supresión y la privatización de las mismas.
Por otro lado, el compromiso del Pacto de Toledo de actualizar anualmente las pensiones de acuerdo al coste de la vida fue burlado por el gobierno Zapatero cuando congeló las pensiones en 2011 y roto definitivamente por el gobierno del PP en 2013 al desvincularlas del coste de la vida, haciéndolas caer en la práctica.
Seguramente el tema dé para mucho más, como el desmonte de las falacias sobre la insostenibilidad a futuro de las pensiones, pero la principal conclusión a extraer es que el derecho a una pensión pública, asegurada y digna para cada trabajador/a no debe depender en modo alguno de sí mismo/a, ni de los avatares de las coyunturas económicas sino que ha de ser una cuestión obligatoria, nunca potestativa de los gobiernos de turno, un asunto del mismo Estado que dice garantizar derechos que no cumple.
Ha de ser un derecho básico y obligatorio de toda persona que trabaja y, más allá aún, de todo ser humano porque, de lo contrario, no hay modo de garantizar su dignidad como persona ante su vejez.
Es necesario, en consecuencia, sortear el anzuelo que nos tiende el propio sistema y sus compinches acerca de que el Fondo de Reserva de las pensiones se agotan.
Aunque sea cierto que el gobierno Rajoy ha “distraído” ese dinero en gastos bastardos, por lo que debe pagar por ello incluso penalmente, es necesario romper con la lógica de aceptar en la práctica la amenaza del fin de las pensiones públicas porque ello supone situarse en el relato del enemigo de clase, la de su insostenibilidad, y exigir el mantenimiento de las mismas. La pelota debe estar en el tejado de la burguesía y de su “democrático” Estado capitalista.
Ellos tienen la obligación de asegurar y proteger lo que su Constitución dice amparar y nosotros de exigírselo mediante la organización de la lucha en las empresas y en los barrios, sin concesión alguna ni desvió del objetivo principal: defender con uñas y dientes los derechos que nuestra clase conquistó un día.
Aclaro para desconocedores, que no fue ésta una concesión del franquismo, sino que tiene sus antecedentes en el Retiro Obrero Obligatorio de 1919, impensable sin las luchas sindicales de la CNT y de la UGT de entonces, que amenazaban con desbordar al Estado burgués de la época.
¡Ah! y para los que emplean expresiones de mal perdedor del tipo “disfruten de lo votado”, les sugiero que las guarden a buen recaudo porque ninguno de los partidos o coaliciones representados en el Parlamento actual llevaba en sus programas el fin del Pacto de Toledo y una legislación que contemplase una única fuente de financiación de las pensiones y es de allí, del Pacto de Toledo y de sus actualizaciones, de donde arrancan las amenazas contra ellas.
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