Todos los partidos menos PP y PSOE quieren una ley que proteja a los denunciantes de corrupción
- La falta de protección y de apoyo jurídico impide que trabajadores públicos denuncien hechos constitutivos de delito de los que son testigos. El miedo es la mayor amenaza
- El anteproyecto de ley que representantes de la Plataforma X la Honestidad han presentado a los partidos políticos destaca la importancia de cuatro ámbitos de protección fundamentales
- Este miércoles, todos los partidos menos PP y PSOE se han comprometido a incluir en sus programas electorales una ley basada en este anteproyecto
En las últimas dos semanas, representantes de la Plataforma X la Honestidad, creada para apoyar y asesorar a los denunciantes de corrupción, se han reunido con los distintos grupos políticos para presentarles el anteproyecto que es una primera propuesta de ley de protección a denunciantes.
El objetivo es que los empleados públicos puedan denunciar prácticas corruptas sin correr el riesgo de, primero, perder su trabajo, y después ser sometidos a amenazas y campañas de desprestigio interminables.
La Plataforma X la Honestidad se creó para apoyar a Ana Garrido Ramos, quien siendo técnico de Juventud del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), investigó en 2009 las irregularidades que más tarde se reconocerían como los indicios de una gran trama de corrupción en el Partido Popular: La Gürtel.
Ana Garrido confió en Manos Limpias para interponer esa denuncia protegiendo su identidad, pero el sindicato que ahora sabemos que se ha dedicado a extorsionardurante años, ni garantizó su anonimato ni estaba interesado en denunciar la corrupción descubierta por la técnico.
En conversación con Información Sensible, Ana Garrido reconoce que confió y la traicionaron, “tenía que haberme cuidado más de que las pruebas salieran a la luz pero no mi nombre”.
Fruto de una investigación propia, elaboró un dossier de 300 páginas antes de denunciar. Para preservar su anonimato, entregó los documentos al secretario de Manos Limpias –ahora encarcelado- Miguel Bernad, quien no tardó en comunicar su existencia a Esperanza Aguirre y decir que fue Ana Garrido quien se los había entregado.
Existen grabaciones que prueban el acoso laboral al que Ana Garrido fue sometida por querer denunciar la corrupción, por eso tiene a su favor dos sentencias que le dan la razón.
Aun así, el Ayuntamiento de Boadilla sigue recurriendo el caso, Garrido sigue sufriendo amenazas y ha vuelto a ser denunciada, esta vez por el actual alcalde del municipio, Antonio González Terol, que la acusa de vulneración a su honor por las declaraciones de la técnico que dan cuenta del acoso laboral que enfrentó.
Ana Garrido tiene seis causas pendientes en los tribunales, todo ello derivado de su denuncia de lo que ha terminado siendo la trama Gürtel.
“Cuando te pasan cosas que ya no son normales, como que te revienten las cerraduras del coche, te roben archivos del ordenador a través de la red wifi o que recibas anónimos con amenazas a través de Twitter, te das cuenta de dónde te has metido”, cuenta Garrido a Información Sensible destacando la necesidad de un cauce administrativo por el que los testigos de corrupción puedan denunciar ante la Fiscalía y que se mantenga su anonimato, para que no peligre su puesto de trabajo y su vida.
La Plataforma que la apoya y con la que colabora, trabaja precisamente para que nadie tenga que pasar por el infierno que ella sigue sufriendo por denunciar la corrupción.
Personas que en su momento eran desconocidas para Ana, dieron forma a laPlataforma X la Honestidad al solidarizarse con su caso y querer hacer lo posible por que se hiciera justicia.
La están ayudando con apoyo moral y también económico a través de una campaña de crowdfunding que recoge fondos para apoyar la financiación de su defensa jurídica.
La necesidad de una ley que proteja al denunciante
Aunque la ley dice que todo ciudadano tiene la obligación de denunciar ante las autoridades los hechos constitutivos de delito de los que, por razón o no de su cargo, hayan sido testigos, obliga también a hacer la acusación personalmente, y la falta de protección y de apoyo jurídico impide que se haga en la mayoría de los casos.
Por ello, el secretario de la Plataforma, Francisco Padilla, y los denunciantes afectados Ana Garrido Ramos y Luis Gonzalo Segura, se han reunido con los partidos políticos para presentar como algo urgente el anteproyecto de una ley que debe contar con cuatro garantías fundamentales.
Cuatro pilares básicos del proyecto
Preservación del anonimato y blindaje del puesto laboral
“El miedo es libre pero creo que si hubiera un blindaje a la hora de no perder tu trabajo y de garantizar tu anonimato, cambiaría”, asegura Garrido, que señala que tan importante es proteger al denunciante como a los testigos, dado que el testimonio de esas personas es muy importante para poder demostrar el mayor número de pruebas y el sentido de lo que se denuncia.
Cobertura jurídica
“Ellos te meten en un montón de pleitos que pagan con dinero público y tú, que además has perdido tu trabajo, te tienes que defender con dinero de tu bolsillo, y es inviable", explica Garrido al defender la necesidad de que el Estado proteja también a los denunciantes con cobertura jurídica para todos los pleitos que se deriven de la denuncia de corrupción.
Atención médica y psicológica
“La gente se quedaría sorprendida si salieran a la luz los cientos de casos de personas que viven como nosotros (denunciantes acosados como el militar Luis Gonzalo Segura, el denunciante de los cursos de UGT, Roberto Macías, o la denunciante del caso del Canal Isabel II, Araceli Blanco) desde hace muchísimos años.
Algunos han sido torturados físicamente, con palizas, a mi como mucho me han amenazado de muerte”.
Pero de la tortura moral no se ha librado, “psicológicamente es una tortura continua que supone un desgaste brutal, esto es la tortura del siglo XXI”, relata la afectada.
Pasados seis años desde el primer juicio contra el Ayuntamiento de Boadilla, cuando Arturo González Panero (El Albondiguilla) era su alcalde, Ana Garrido sigue siendo testigo de cómo “mezclan verdades con mentiras para su gran campaña de desprestigio” contra ella.
Piden una ley integral
En esa ley es importante que quede bien definido a quién se quiere proteger, la figura legal que va a representar al denunciante y sus funciones.
Desde la Plataforma X la Honestidad buscan que la ley proteja a alertadores o filtradores (whistleblowers), pero también a denunciantes y testigos, “porque incluso son figuras más comprometidas que la del alertador”, advierte Garrido.
Reacciones de los partidos
El objetivo logrado de las reuniones con los partidos ha sido plantearles el anteproyecto y que se posicionen en cuanto a si lo apoyan y si van a incluirlo en sus programas. El único partido que no les ha recibido, y que tampoco les ha dado una explicación de por qué, ha sido el Partido Popular.
“De momento, la mejor respuesta ha sido la de Ciudadanos y la de Podemos, por la buena predisposición que hemos visto por parte de ambos partidos parecen de momento los más eficaces”.
Cuenta Garrido reconociendo que, “en general”, la respuesta ha sido buena, algo lógico dado que no se trata de un tema de ideología política sino de una cuestión que afecta de forma negativa a todos aquellos que no contemplan la corrupción como una forma de lucrarse.
Aunque ha habido primeras impresiones, Garrido no quiere confiar más o menos en unos o en otros por lo dicho en la reuniones, sino por cuánto decidan implicarse finalmente.
“Tengo cierto escepticismo hasta que no vea un compromiso sobre el papel”, reconoce, y apunta: “Lo importante es que salga la ley, y quien se quiera abanderar que se abandere”.
El presidente de la Plataforma, Pedro Arancón, pidió a los partidos que expresaran las medidas que están dispuestos a tomar para comprometerse con la creación de una ley de estas características.
Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos, ERC y Compromís se han comprometido este miércoles a incluir en sus programas una ley basada en este anteproyecto de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 26 de junio.
Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos, ERC y Compromís se han comprometido este miércoles a incluir en sus programas una ley basada en este anteproyecto de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 26 de junio.
El coste de implantar la ley
Ana Garrido cuenta que, en algunas reuniones, los políticos le han dado importancia al gasto que supondría, y aunque “es verdad que cuando sacas una ley tienes que valorar cuál va a ser el coste para el Estado”, a Garrido le molesta esta postura porque precisamente se trata de una ley que evitaría el expolio de cientos de millones a las arcas del Estado.
Se estima que las tramas de corrupción de los últimos años, (Malaya, ERE, Edu, Púnica y Gürtel) suman el robo de más de 5.900 millones de euros.
Teniendo esto cuenta, no hay duda de que la ley de protección al denunciante es una inversión, tanto para los presupuestos como para la justicia.
La situación del denunciante no es suficientemente conocida por los ciudadanos que no lo viven de cerca
Ana Garrido nombra a Luis Gonzalo Segura, teniente del Ejército de Tierra que, como ella, fue expulsado de su trabajo.
En el caso de Segura por exponer en forma de novela modos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. “Luis y yo llevamos una vida difícil, con muy poco tiempo.
Ahora yo vendo pulseras y collares y Luis vende sus libros, y la gente, excepto las personas de la plataforma que nos ayudan y con las que estamos en contacto a diario, no sabe cómo son nuestras vidas”.
Cuenta Garrido destacando cómo los mecanismos del Estado atacan a los denunciantes en lugar de respaldarlos. “Intentan desarticular tu vida, pero frente a eso quedan los que tiran la toalla y los que deciden seguir luchando. Yo, llegados a este punto, no pienso tirarla”.
A día de hoy sigue recibiendo amenazas de anónimos vía Twitter, pero se siente fuerte. A pesar de los ataques, también los apoyos son muchos y las redes sociales han sido para ella una herramienta clave:
“Si le debo algo a alguien es a los ciudadanos que han dado difusión a mi caso a través de las redes sociales, que me han apoyado moral y económicamente y lo continúan haciendo.
El boca a boca, la solidaridad y el que un caso como este toque la fibra de la conciencia social de los ciudadanos es lo que a mí me está ayudando, no las instituciones”, recalca Ana.
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