Denuncian que el Gobierno incumple su obligación de garantizar el derecho al trabajo y a la salud, y suspende en la prevención de la violencia sexual y de género
Más de 30 organizaciones nacionales e internacionales han “suspendido” a España en su obligación de garantizar el derecho a la salud o al trabajo y en la prevención de la violencia sexual y de género, y reclaman la activación de servicios de 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual.
Así lo indican en un informe presentado este miércoles 21 de marzo, coincidiendo con el examen al que se someterá España entre este miércoles y este jueves, por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC), en el que se valora si el país cumple o no, y en qué grado, los derechos recogidos en el pacto correspondiente.
Entre las organizaciones que lo firman: Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADASP) el Center of Economic and Social Rights (CESR), los sindicatos Comisiones Obreras y UGT o la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), SOS Racismo o Women’s Link Worldwide (WLW).
En concreto, denuncian “ineficacia para combatir la violencia sexual y de género”.
Así, en el ámbito de la violencia machista, las entidades promotoras reclaman al Comité la activación de servicios de 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual y la recuperación del presupuesto para prevenir la violencia de género que “ha decrecido un 21,6 por ciento”.
Asimismo, piden que la ley de 2004 amplíe su definición de violencia de género a situaciones ocurridas en espacios no domésticos y ejercida por otros sujetos más allá de la pareja o expareja, “ante la evidencia de que la legislación actual ha resultado incapaz de atajar el drama de los feminicidios”.
El informe también constata “retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, como la falta de regulación de la objeción de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo, las restricciones para su acceso a menores de edad y mujeres en situación irregular o la reducción de medios para detectar casos de trata de personas y violencia machista”.
Las organizaciones también denuncian “deficiencias en la financiación del sistema sanitario español a causa de una reducción constante del gasto público” así como el “recorte del gasto farmacéutico y la aplicación de copagos que han forzado a las personas más vulnerables a abandonar sus tratamientos”.
Igualmente, critican un “retroceso del gasto social” y el “trabajo precario”.
“A pesar de las cifras que indican que España ha salido de la crisis económica, persisten los recortes sociales que profundizan en la brecha entre ricos y pobres”, subrayan.
En este sentido, indican que, entre 2009 y 2014, el gasto social per cápita cayó un 6 por ciento mientras que la media de la UE aumentó un 2,5 por ciento. El informe muestra que existen “alternativas claras a la austeridad fiscal que harían tales recortes innecesarios” tales como la lucha contra la evasión fiscal y la elusión en paraísos fiscales, o la revisión de las exenciones tributarias en el impuesto a la renta personal.
El informe también denuncia que...
España “ha incumplido la obligación de garantizar el derecho al trabajo” y pone el foco en dos situaciones concretas: la tasa de desempleo juvenil, que se sitúa en el 44 por ciento, y la precarización del empleo, que conlleva que un 13 por ciento de las personas laboralmente activas se encuentren en riesgo de exclusión social.
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