Gobiernos Odebrecht
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- octubre 31º, 2017
A lo que puede verse, ese conglomerado trasnacional de origen brasileño es mucho más que una empresa: no se trata de una entidad constituida para obtener utilidades, sino de una organización conformada para robar presupuestos de muchos países y que recluta como socios de lujo a ministros, secretarios, jueces, fiscales y presidentes de la república.
El modus operandi no es demasiado complicado: con o sin licitaciones, Odebrecht se asegura contratos de obra pública por medio de sobornos astronómicos a políticos y funcionarios con la suficiente influencia extralegal o facultad legal para asignárselos y posteriormente para inflar los costos hasta duplicarlos o triplicarlos sin que nadie reclame.
En ocasiones el dinero se destina a financiar candidaturas para asegurar la complicidad de gobernantes desde antes de que lo sean.
De paso, los recién llegados a un cargo se abstendrán de investigar y sancionar a sus antecesores, también corrompidos por la firma, y se irá construyendo de esa forma un tramado de impunidad de alta resistencia y casi inexpugnable.
Eso es lo que pudo haber ocurrido en México entre los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto con las obras asignadas a Odebrecht; como botones de muestra, el gobierno del primero firmó en 2005 un contrato para la modernización de la refinería de Minatitlán por 645 millones de dólares; la obra fue concluida en 2013, ya en el periodo de Peña, a un costo de mil 55 millones; la configuración de la refinería de Tula fue acordada en febrero de 2014 por mil 436 millones de pesos pero acabó costando 2 mil 384 millones; enjuages similares tuvieron lugar en la refinería de Salamanca.
En otras naciones de Latinoamérica, como Perú y Colombia, hay altos funcionarios imputados y detenidos por los sobornos de Odebrecht por la simple razón de que en ellas los pactos de impunidad entre gobiernos son mucho más tenues y frágiles que en la nuestra.
Si en México la red de complicidades transexenales es tan sólida es porque el régimen oligárquico tiene enfrente, desde hace dos elecciones presidenciales, un proyecto de nación disruptivo que ofrece encauzar al país por un camino distinto al de la corrupción y la impunidad que han caracterizado la implantación del modelo neoliberal.
Aquí se llegó al extremo impresentable de destituir al fiscal electoral que investigaba los sobornos de Odebrecht a Emilio Lozoya Austin que, presumiblemente, fueron a parar a la campaña de Peña Nieto. Y más: se llegó al punto de presionarlo, sabrá Dios de qué manera, para que desistiera de su intención de impugnar en el Senado su despido.
Es tal el pánico del peñato –y del régimen oligárquico en general– de resquebrajarse por efecto de una investigación mínimamente seria y creíble de la corrupción que lo corroe, que mantiene acéfalas la fiscalía electoral, la Procuraduría General de la República y la fiscalía anticorrupción.
No vaya a ser que un nombramiento equivocado dé pie a una pesquisa que jale una de las hebras sucias que mantienen aglutinado al grupo en el poder.
Lo anterior no significa que Odebrecht y sus socios locales no hayan intentado hacer en otros países lo que hicieron en el nuestro: doblar a los fiscales que los investigan.
Muchos procuradores de países estamos siendo presionados y algunos hasta amenazados por estas investigaciones(las referidas a la corruptora trasnacional brasileña), dijo ayer el fiscal salvadoreño, Douglas Meléndez, quien asistió a Panamá a una reunión con sus colegas latinoamericanos para intercambiar información sobre lavado de dinero, especialmente el que se ha venido practicando para encubrir los sobornos de Odebrecht.
Las investigaciones son complejas y ciertamente, cuando se investiga a personajes vinculados a la política, hay más dificultades, reconoció su homólogo peruano, Pablo Sánchez (https://is.gd/MjNO9O)
En días recientes el Congreso brasileño –ese mismo cuerpo colegiado que derrocó a la presidenta Dilma Rousseff por una acusación insustancial– optó por blindar al jefe de Estado, Michel Temer, de las investigaciones por sobornos.
Se trata de un Legislativo colapsado por la corrupción, no sólo de firmas privadas sino del propio Ejecutivo: al igual que ocurre en México, la presidencia de Brasil permite que los legisladores se sirvan con la cuchara grande del presupuesto con tal de lograr respaldos a iniciativas y votaciones.
Aquí, como en Brasilia, y de seguro en otras naciones, se han configurado gobiernos Odebrecht.
Tal vez no sea un dato público pero todo indica que la principal división de esa firma no es la de la construcción ni la de la petroquímica, sino la fabricación de blindajes.
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