La economía brasilera en tiempos de Temer: Pocos ganan, muchos pierden
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- agosto 24º, 2017
Ni aprobado ni querido. Michel Temer cuenta con una tasa de popularidad que no supera los 5 puntos porcentuales y el 70% de los ciudadanos considera que su gestión es “mala o pésima” [1]. Lo peor es que aun siendo acusado de corrupción pasiva, el presidente de facto de Brasil ha logrado sacar adelante uno de sus dos proyectos bandera: la reforma laboral.
La agenda de ajustes de Temer contempla además cambios al Sistema Previsional. Pero vamos por partes.
Reforma Laboral
En un contexto de crisis económica, una tasa de desempleo de 13% que afecta a 14 millones de brasileños y una creciente informalidad laboral, fue aprobada la reforma a la Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Desde 1943, la CLT[2] es el marco normativo brasileño que regula las relaciones laborales, individuales y colectivas, de los trabajadores urbanos y rurales, en garantía de las condiciones mínimas y derechos básicos: remuneración, duración de la jornada de trabajo y descanso, vacaciones, participación en las ganancias empresariales, entre otros.
Pese al creciente rechazo contra la reforma expresado en innumerables manifestaciones multitudinarias y tres huelgas generales en menos de un año, este texto será modificado.
Si bien la propuesta de Temer rebotó agonizante de una cámara a otra en busca de los apoyos necesarios que se reducían día tras día en medio de los escándalos de corrupción que sacuden el núcleo político brasileño; finalmente, el 25 de julio pasado, recibió el visto bueno en el Senado: 50 votos contra 26.
Temer se salió con la suya. A partir de la reforma laboral se revocarán derechos para flexibilizar el mercado y dar pie a que los acuerdos individuales, negociados directamente entre empleado y empleador, se antepongan sobre la ley.
Lo acordado sobre lo legislado
Puntos claves en los que la negociación empleador-empleado se sobrepone a la CLT:
Jornada de trabajo
– Podrán ser de hasta 12 horas diarias y un máximo de 60 semanales. Se contemplan 36 horas ininterrumpidas de descanso.
– El tiempo de almuerzo durante la jornada puede ser reducido a 30 minutos.
Remuneración
– Pago de salarios será calculado sobre una base horaria o diaria, pero ya no mensual. Es decir, el empleador podrá convocar al empleado con un mínimo de tres días de antelación y le informará cuál será la jornada de trabajo. Fuera de ese período, el trabajador no estará a disposición de esa empresa.
– Se suprime el derecho a horas extras.
Terciarización laboral
– Crea una figura inexistente hasta ahora: el trabajador autónomo exclusivo, el cual si bien podrá prestar servicios a un único empleador, su vínculo laboral no es permanente. La empresa estará eximida de responder por garantías mínimas de trabajo.
Despidos
– Se reduce el tiempo de notificación de 30 a 15 días de anticipación.
– El patrón está obligado a pagar sólo la mitad del previo aviso.
– La indemnización no queda atada al salario. El valor será calculado sobre el saldo de las cotizaciones.
– El trabajador pierde el derecho al seguro por desempleo.
Vacaciones
– Podrán ser fragmentadas en 3 períodos, según lo que sea acordado, siempre que uno de ellos no sea inferior a 14 días, y los otros dos deberán tener al menos cinco días corridos cada uno.
Higiene
– Deja sin garantías de seguridad sanitaria mínima a los trabajadores. El empleador sólo está obligado a la instrucción de los riesgos de enfermedades y accidentes laborales, es decir, los libera de las responsabilidades de cubrir cualquier incidente en o durante la jornada de trabajo.
Embarazadas
– Podrán trabajar bajo condiciones que se pueden catalogar como de insalubridad.
Transporte
– El tiempo usado por el trabajador ida y vuelta hasta el lugar de trabajo, a través de cualquier medio de transporte, no será contado como parte de la jornada laboral.
En resumen, los cambios propuestos profundizan la precarización laboral dando a los patrones una suerte de “superpoder” para establecer relaciones de trabajo sin garantías de protección legal o derechos.
Reforma de Pensiones
Temer se volvió a salir con la suya.
El 2 de agosto el Congreso decidió archivar la denuncia presentada por la Fiscalía en mayo pasado a razón de unos audios que lo comprometían con varios delitos de corrupción.
En otras palabras, no será procesado ni suspendido de su cargo. Ese mismo día, el presidente de facto anunció que seguirá con su agenda neoliberal, siendo el régimen de jubilaciones su próxima batalla.
La iniciativa exige modificar la Constitución.
Sin embargo, esto no es posible sin al menos dos tercios de los votos en el Congreso.
Vistos los últimos acontecimientos, para negociar el amplio consenso parlamentario requerido, Temer terminará de vaciar las arcas públicas y con promesas comprará más conciencias.
Edad mínima de jubilación
- Al cumplir entre 55 y 60 años cualquier brasileño se puede jubilar, hasta ahora. Con la propuesta de Temer no será sino hasta cumplidos los 62 años (mujeres) y 65 años (hombres), cuando podrán dejar de trabajar para tener derecho legal a una pensión.
Reglas para cobrar
Sólo la edad no garantiza la renta para una vejez digna. El acceso al derecho depende de si:
- El trabajador cumplió con el tiempo mínimo de contribución al sistema que pasará de 15 a 25 años.
Y para recibir una pensión completa:
- El trabajador tendrá que haber cotizado durante 40 años, sin interrupciones.
Hay privilegiados
- Las pensiones de los militares, cuyo pago consume casi US$ 10.500 millones de dólares al año, no se van a tocar.
- Los cargos políticos (futuros) se jubilarán a los 65 años. Sí, de ahora en adelante tendrán que trabajar cinco años más, pero el cambio no afectará a los actuales legisladores, sino a los diputados y senadores que sean elegidos a partir de las elecciones de 2018.
¿Y las cuentas públicas?
Según el Banco Central Do Brasil [3], durante el primer semestre del año se acumuló un déficit fiscal de US$ 10.994,7 millones.
Se trata de la mayor cifra de los últimos 16 años, sólo comparable a los tiempos finales de Fernando Henrique Cardoso en la presidencia. En relación al mismo período de 2016, el aumento fue del 48%.
El evidente deterioro de las cuentas que maneja el Estado brasileño elevó en junio la deuda bruta del sector público a unos US$ 1,46 billones, montante equivalente al 73,1% del PIB, más de medio punto por arriba del 72,5 % que marcaba en mayo, todo un récord.
Tras aplazar hasta en tres ocasiones la divulgación de la estimación del déficit para 2017-2018, las cuentas oficiales dejan ver un agujero en las cuentas públicas de US$ 50.500 millones, es decir US$ 6.400 millones – 14,5%- más grande de lo previsto inicialmente.
Con esto queda en evidencia que ni congelar los fondos destinados a la inversión pública por 20 años, ni vender a precio de “galinha morta” activos estratégicos del Estado que reportaban ganancias millonarias a las arcas públicas, ni desmantelar el patrimonio de Petrobras a favor de transnacionales, ni reducir los derechos de los trabajadores y los pensionados… NADA de esto sirve para sanear en alguna proporción las cuentas públicas, que a fin de cuentas ha sido el principal –y casi único- argumento esgrimido por la administración de Temer para echar tijera a lo que es de todos los brasileños por derecho y ahora va quedando concentrado en manos de unos pocos privilegiados.
¿Y mientras? Aumentan los números rojos, cae la recaudación y se suma un trimestre más a los ocho consecutivos de descalabro político-económico y recesión.
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- agosto 24º, 2017
Ni aprobado ni querido. Michel Temer cuenta con una tasa de popularidad que no supera los 5 puntos porcentuales y el 70% de los ciudadanos considera que su gestión es “mala o pésima” [1]. Lo peor es que aun siendo acusado de corrupción pasiva, el presidente de facto de Brasil ha logrado sacar adelante uno de sus dos proyectos bandera: la reforma laboral.
La agenda de ajustes de Temer contempla además cambios al Sistema Previsional. Pero vamos por partes.
Reforma Laboral
En un contexto de crisis económica, una tasa de desempleo de 13% que afecta a 14 millones de brasileños y una creciente informalidad laboral, fue aprobada la reforma a la Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Desde 1943, la CLT[2] es el marco normativo brasileño que regula las relaciones laborales, individuales y colectivas, de los trabajadores urbanos y rurales, en garantía de las condiciones mínimas y derechos básicos: remuneración, duración de la jornada de trabajo y descanso, vacaciones, participación en las ganancias empresariales, entre otros.
Pese al creciente rechazo contra la reforma expresado en innumerables manifestaciones multitudinarias y tres huelgas generales en menos de un año, este texto será modificado.
Si bien la propuesta de Temer rebotó agonizante de una cámara a otra en busca de los apoyos necesarios que se reducían día tras día en medio de los escándalos de corrupción que sacuden el núcleo político brasileño; finalmente, el 25 de julio pasado, recibió el visto bueno en el Senado: 50 votos contra 26.
Temer se salió con la suya. A partir de la reforma laboral se revocarán derechos para flexibilizar el mercado y dar pie a que los acuerdos individuales, negociados directamente entre empleado y empleador, se antepongan sobre la ley.
Lo acordado sobre lo legislado
Puntos claves en los que la negociación empleador-empleado se sobrepone a la CLT:
Jornada de trabajo
– Podrán ser de hasta 12 horas diarias y un máximo de 60 semanales. Se contemplan 36 horas ininterrumpidas de descanso.
– El tiempo de almuerzo durante la jornada puede ser reducido a 30 minutos.
Remuneración
– Pago de salarios será calculado sobre una base horaria o diaria, pero ya no mensual. Es decir, el empleador podrá convocar al empleado con un mínimo de tres días de antelación y le informará cuál será la jornada de trabajo. Fuera de ese período, el trabajador no estará a disposición de esa empresa.
– Se suprime el derecho a horas extras.
Terciarización laboral
– Crea una figura inexistente hasta ahora: el trabajador autónomo exclusivo, el cual si bien podrá prestar servicios a un único empleador, su vínculo laboral no es permanente. La empresa estará eximida de responder por garantías mínimas de trabajo.
Despidos
– Se reduce el tiempo de notificación de 30 a 15 días de anticipación.
– El patrón está obligado a pagar sólo la mitad del previo aviso.
– La indemnización no queda atada al salario. El valor será calculado sobre el saldo de las cotizaciones.
– El trabajador pierde el derecho al seguro por desempleo.
Vacaciones
– Podrán ser fragmentadas en 3 períodos, según lo que sea acordado, siempre que uno de ellos no sea inferior a 14 días, y los otros dos deberán tener al menos cinco días corridos cada uno.
Higiene
– Deja sin garantías de seguridad sanitaria mínima a los trabajadores. El empleador sólo está obligado a la instrucción de los riesgos de enfermedades y accidentes laborales, es decir, los libera de las responsabilidades de cubrir cualquier incidente en o durante la jornada de trabajo.
Embarazadas
– Podrán trabajar bajo condiciones que se pueden catalogar como de insalubridad.
Transporte
– El tiempo usado por el trabajador ida y vuelta hasta el lugar de trabajo, a través de cualquier medio de transporte, no será contado como parte de la jornada laboral.
En resumen, los cambios propuestos profundizan la precarización laboral dando a los patrones una suerte de “superpoder” para establecer relaciones de trabajo sin garantías de protección legal o derechos.
Reforma de Pensiones
Temer se volvió a salir con la suya.
El 2 de agosto el Congreso decidió archivar la denuncia presentada por la Fiscalía en mayo pasado a razón de unos audios que lo comprometían con varios delitos de corrupción.
En otras palabras, no será procesado ni suspendido de su cargo. Ese mismo día, el presidente de facto anunció que seguirá con su agenda neoliberal, siendo el régimen de jubilaciones su próxima batalla.
La iniciativa exige modificar la Constitución.
Sin embargo, esto no es posible sin al menos dos tercios de los votos en el Congreso.
Vistos los últimos acontecimientos, para negociar el amplio consenso parlamentario requerido, Temer terminará de vaciar las arcas públicas y con promesas comprará más conciencias.
Edad mínima de jubilación
- Al cumplir entre 55 y 60 años cualquier brasileño se puede jubilar, hasta ahora. Con la propuesta de Temer no será sino hasta cumplidos los 62 años (mujeres) y 65 años (hombres), cuando podrán dejar de trabajar para tener derecho legal a una pensión.
Reglas para cobrar
Sólo la edad no garantiza la renta para una vejez digna. El acceso al derecho depende de si:
- El trabajador cumplió con el tiempo mínimo de contribución al sistema que pasará de 15 a 25 años.
Y para recibir una pensión completa:
- El trabajador tendrá que haber cotizado durante 40 años, sin interrupciones.
Hay privilegiados
- Las pensiones de los militares, cuyo pago consume casi US$ 10.500 millones de dólares al año, no se van a tocar.
- Los cargos políticos (futuros) se jubilarán a los 65 años. Sí, de ahora en adelante tendrán que trabajar cinco años más, pero el cambio no afectará a los actuales legisladores, sino a los diputados y senadores que sean elegidos a partir de las elecciones de 2018.
¿Y las cuentas públicas?
Según el Banco Central Do Brasil [3], durante el primer semestre del año se acumuló un déficit fiscal de US$ 10.994,7 millones.
Se trata de la mayor cifra de los últimos 16 años, sólo comparable a los tiempos finales de Fernando Henrique Cardoso en la presidencia. En relación al mismo período de 2016, el aumento fue del 48%.
El evidente deterioro de las cuentas que maneja el Estado brasileño elevó en junio la deuda bruta del sector público a unos US$ 1,46 billones, montante equivalente al 73,1% del PIB, más de medio punto por arriba del 72,5 % que marcaba en mayo, todo un récord.
Tras aplazar hasta en tres ocasiones la divulgación de la estimación del déficit para 2017-2018, las cuentas oficiales dejan ver un agujero en las cuentas públicas de US$ 50.500 millones, es decir US$ 6.400 millones – 14,5%- más grande de lo previsto inicialmente.
Con esto queda en evidencia que ni congelar los fondos destinados a la inversión pública por 20 años, ni vender a precio de “galinha morta” activos estratégicos del Estado que reportaban ganancias millonarias a las arcas públicas, ni desmantelar el patrimonio de Petrobras a favor de transnacionales, ni reducir los derechos de los trabajadores y los pensionados… NADA de esto sirve para sanear en alguna proporción las cuentas públicas, que a fin de cuentas ha sido el principal –y casi único- argumento esgrimido por la administración de Temer para echar tijera a lo que es de todos los brasileños por derecho y ahora va quedando concentrado en manos de unos pocos privilegiados.
¿Y mientras? Aumentan los números rojos, cae la recaudación y se suma un trimestre más a los ocho consecutivos de descalabro político-económico y recesión.
Brasil neoliberal: Temer avanza en la privatización de 57 empresas estatales
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- agosto 24º, 2017
El gobierno brasileño avanzó ayer con su plan de privatizaciones y puso a disposición del sector privado 57 activos entre empresas públicas, terminales aeroportuarias, líneas eléctricas y autopistas. Según argumenta, es para recaudar cerca de 14 mil millones de dólares y reducir el abultado agujero en las cuentas públicas del país.
El nuevo plan del Ejecutivo del presidente Michel Temer incluye la privatización y concesión de 14 aeropuertos, la mayoría en las zonas nordeste y centro-oeste del país, 15 terminales portuarias y 11 lotes de líneas de transmisión eléctrica, además de importantes empresas estatales, incluida la ya anunciada el último martes: Eletrobras.
Entre las nuevas propuestas está el aeropuerto de Congonhas, en San Pablo, que es el segundo mayor del país en número de pasajeros, la Casa de la Moneda, entidad encargada de la impresión de los billetes de la moneda brasileña y los pasaportes, y Lotex, encargada de la venta de lotería y apuestas, entre otras.
También en el sector aéreo, el gobierno pretende vender la participación accionarial del 49 por ciento de la Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria (Infraero) en los aeropuertos de Guarulhos (San Pablo), Confins (Belo Horizonte), Brasilia y Galeao (Río de Janeiro).
Tal como informa el periódico trasandino Página 12, la puesta en marcha de esta nueva fase fue decidida ayer en una reunión del Consejo del Programa de Asociaciones en Inversiones (PPI) de la Presidencia, un órgano multiministerial que es el que decide cómo se realizan los procesos de privatización de estatales brasileñas y las concesiones a la iniciativa privada.
El ministro de la Secretaría de la Presidencia de Brasil, Wellington Moreira Franco, subrayó que el objetivo con este nuevo paquete es generar empleo y también garantizar la calidad del servicio prestado.
Los 44 mil millones de reales (unos 14 mil millones de dólares) que el gobierno espera recaudar a partir de este año con el nuevo plan también servirán para reducir el enorme déficit en las cuentas públicas de Brasil, que en palabras del propio presidente Michel Temer es “asustador”.
La estrategia de privatizaciones y concesiones es uno de los pilares de la agenda del mandatario, en el poder desde el año pasado tras la destitución de Dilma Rousseff, pues al poco de asumir definitivamente el cargo anunció la apertura al capital nacional y extranjero de una treintena de activos con los que reducir el tamaño del estado brasileño.
Esta medida que viene complementada con una serie de reformas económicas de corte liberal que incluyen un severo ajuste fiscal y recortes en los gastos del presupuesto anual para, según el gobierno, superar la crisis que atraviesa el gigante suramericano.
La economía brasileña se retrajo un 3,8 por ciento en 2015, su peor resultado en 25 años, y un 3,6 por ciento en el 2016, con lo que completó dos años seguidos de crecimiento negativo, algo que no ocurría desde la década de 1930.
Sin embargo, la menor recaudación tributaria y la rebaja en las perspectivas de crecimiento por parte del mercado financiero, que proyecta una leve expansión del PIB de menos del 0,34 por ciento para el 2017, obligaron al gobierno a ajustarse más el cinturón y revisar la meta de déficit público anual.
El gobierno brasileño, tal como señala Página 12, aumentó la semana pasada su meta de déficit fiscal para el 2017 hasta los 159 mil millones de reales (unos 49.680 millones de dólares), lo que supone un alza de casi un 15 por ciento sobre su previsión inicial.
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- agosto 24º, 2017
El gobierno brasileño avanzó ayer con su plan de privatizaciones y puso a disposición del sector privado 57 activos entre empresas públicas, terminales aeroportuarias, líneas eléctricas y autopistas. Según argumenta, es para recaudar cerca de 14 mil millones de dólares y reducir el abultado agujero en las cuentas públicas del país.
El nuevo plan del Ejecutivo del presidente Michel Temer incluye la privatización y concesión de 14 aeropuertos, la mayoría en las zonas nordeste y centro-oeste del país, 15 terminales portuarias y 11 lotes de líneas de transmisión eléctrica, además de importantes empresas estatales, incluida la ya anunciada el último martes: Eletrobras.
Entre las nuevas propuestas está el aeropuerto de Congonhas, en San Pablo, que es el segundo mayor del país en número de pasajeros, la Casa de la Moneda, entidad encargada de la impresión de los billetes de la moneda brasileña y los pasaportes, y Lotex, encargada de la venta de lotería y apuestas, entre otras.
También en el sector aéreo, el gobierno pretende vender la participación accionarial del 49 por ciento de la Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria (Infraero) en los aeropuertos de Guarulhos (San Pablo), Confins (Belo Horizonte), Brasilia y Galeao (Río de Janeiro).
Tal como informa el periódico trasandino Página 12, la puesta en marcha de esta nueva fase fue decidida ayer en una reunión del Consejo del Programa de Asociaciones en Inversiones (PPI) de la Presidencia, un órgano multiministerial que es el que decide cómo se realizan los procesos de privatización de estatales brasileñas y las concesiones a la iniciativa privada.
El ministro de la Secretaría de la Presidencia de Brasil, Wellington Moreira Franco, subrayó que el objetivo con este nuevo paquete es generar empleo y también garantizar la calidad del servicio prestado.
Los 44 mil millones de reales (unos 14 mil millones de dólares) que el gobierno espera recaudar a partir de este año con el nuevo plan también servirán para reducir el enorme déficit en las cuentas públicas de Brasil, que en palabras del propio presidente Michel Temer es “asustador”.
La estrategia de privatizaciones y concesiones es uno de los pilares de la agenda del mandatario, en el poder desde el año pasado tras la destitución de Dilma Rousseff, pues al poco de asumir definitivamente el cargo anunció la apertura al capital nacional y extranjero de una treintena de activos con los que reducir el tamaño del estado brasileño.
Esta medida que viene complementada con una serie de reformas económicas de corte liberal que incluyen un severo ajuste fiscal y recortes en los gastos del presupuesto anual para, según el gobierno, superar la crisis que atraviesa el gigante suramericano.
La economía brasileña se retrajo un 3,8 por ciento en 2015, su peor resultado en 25 años, y un 3,6 por ciento en el 2016, con lo que completó dos años seguidos de crecimiento negativo, algo que no ocurría desde la década de 1930.
Sin embargo, la menor recaudación tributaria y la rebaja en las perspectivas de crecimiento por parte del mercado financiero, que proyecta una leve expansión del PIB de menos del 0,34 por ciento para el 2017, obligaron al gobierno a ajustarse más el cinturón y revisar la meta de déficit público anual.
El gobierno brasileño, tal como señala Página 12, aumentó la semana pasada su meta de déficit fiscal para el 2017 hasta los 159 mil millones de reales (unos 49.680 millones de dólares), lo que supone un alza de casi un 15 por ciento sobre su previsión inicial.
Privatizaciones de Temer
El plan del Ejecutivo de Michel Temer incluye la privatización y concesión del aeropuerto de Congonhas, en San Pablo, la Casa de la Moneda y la empresa Lotex, encargada de la venta de lotería y apuestas.
El gobierno brasileño avanzó ayer con su plan de privatizaciones: puso ayer a disposición del sector privado 57 activos entre empresas públicas, terminales aeroportuarias, líneas eléctricas y autopistas. Según argumenta, es para recaudar cerca de 14 mil millones de dólares y reducir el abultado agujero en las cuentas públicas del país.
El nuevo plan del Ejecutivo del presidente Michel Temer incluye la privatización y concesión de 14 aeropuertos, la mayoría en las zonas nordeste y centro-oeste del país, 15 terminales portuarias y 11 lotes de líneas de transmisión eléctrica, además de importantes empresas estatales, incluida la ya anunciada el martes, Eletrobras.
Entre las nuevas propuestas está el aeropuerto de Congonhas, en San Pablo, que es el segundo mayor del país en número de pasajeros, la Casa de la Moneda, entidad encargada de la impresión de los billetes de la moneda brasileña y los pasaportes, y Lotex, encargada de la venta de lotería y apuestas, entre otras.
También en el sector aéreo, el gobierno pretende vender la participación accionarial del 49 por ciento de la Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria (Infraero) en los aeropuertos de Guarulhos (San Pablo), Confins (Belo Horizonte), Brasilia y Galeao (Río de Janeiro).
La puesta en marcha de esta nueva fase fue decidida ayer en una reunión del Consejo del Programa de Asociaciones en Inversiones (PPI) de la Presidencia, un órgano multiministerial que es el que decide cómo se realizan los procesos de privatización de estatales brasileñas y las concesiones a la iniciativa privada.
El ministro de la Secretaría de la Presidencia de Brasil, Wellington Moreira Franco, subrayó que el objetivo con este nuevo paquete es generar empleo y también garantizar la calidad del servicio prestado.
Los 44 mil millones de reales (unos 14 mil millones de dólares) que el gobierno espera recaudar a partir de este año con el nuevo plan también servirán para reducir el enorme déficit en las cuentas públicas de Brasil, que en palabras del propio presidente Michel Temer es “asustador”.
La estrategia de privatizaciones y concesiones es uno de los pilares de la agenda del mandatario, en el poder desde el año pasado tras la destitución de Dilma Rousseff, pues al poco de asumir definitivamente el cargo anunció la apertura al capital nacional y extranjero de una treintena de activos con los que reducir el tamaño del estado brasileño.
Esta medida que viene complementada con una serie de reformas económicas de corte liberal que incluyen un severo ajuste fiscal y recortes en los gastos del presupuesto anual para, según el gobierno, superará la crisis que atraviesa el gigante suramericano.
La economía brasileña se retrajo un 3,8 por ciento en 2015, su peor resultado en 25 años, y un 3,6 por ciento en el 2016, con lo que completó dos años seguidos de crecimiento negativo, algo que no ocurría desde la década de 1930.
Sin embargo, la menor recaudación tributaria y la rebaja en las perspectivas de crecimiento por parte del mercado financiero, que proyecta una leve expansión del PIB de menos del 0,34 por ciento para el 2017, obligaron al gobierno a ajustarse más el cinturón y revisar la meta de déficit público anual.
El gobierno brasileño aumentó la semana pasada su meta de déficit fiscal para el 2017 hasta los 159 mil millones de reales (unos 49.680 millones de dólares), lo que supone un alza de casi un 15 por ciento sobre su previsión inicial.
El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva durante un discurso ante sus partidarios,12 de agosto de 2017 .
Lula da Silva: Temer compra a diputados para seguir en el poder
Lula da Silva denuncia que el presidente brasileño, Michel Temer, no tiene credibilidad y compra a los diputados para poder seguir en el poder.
“Este país tiene arreglo. No nació para ser la mierda que es. Este país es demasiado grande”, dijo el sábado el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva durante un discurso ante sus partidarios en Feria de Santana, ciudad situada en el estado de Bahía (noreste).
El exmandatario brasileño señaló que sus rivales políticos tienen miedo de que salga elegido en las elecciones presidenciales del año que viene porque saben “lo que sucederá”, si vuelve al poder.
Además, manifestó que Brasil necesita un Gobierno que goce de credibilidad, a diferencia del que tiene hoy en día con el presidente no “electo Michel Temer”.
Lula también fustigó contra el Ejecutivo de Temer y afirmó que en lugar de comprar el voto de los parlamentarios (en alusión a la votación en la Cámara Baja que rechazó la denuncia por corrupción contra el mandatario de facto presentada por la Fiscalía), debería destinar dinero para los municipios.
El exmandatario realiza estos días una gira de tres semanas por el noreste de Brasil, una de las regiones más pobres de la nación, en un clima de precampaña cuando falta más de un año para los comicios.
Los sondeos llevados a cabo en Brasil respecto a los comicios presidenciales de 2018 señalan que Lula es la opción más favorita, pese a que le lanzan acusaciones de corrupción.
Esto mientras Temer, que acaba de cumplir un año frente al Gobierno tras el juicio político que sacó del poder a Dilma Rousseff, ha recibido constantes críticas por sus medidas económicas y polémicas decisiones.
La Justicia brasileña condenó a Lula a nueve años y medio de prisión por su implicación en delitos de corrupción, acusaciones que el político ha rechazado, ya que las considera una maniobra política para impedir su vida política.
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