El paro ‘real’ de la eurozona es prácticamente el doble que la tasa oficial, de acuerdo con un informe del Banco Central Europeo (BCE) que incluye también a las personas que tienen un empleo pero buscan trabajar más horas.
En el caso de España, el porcentaje ascendería hoy al 30% -llegando al 35% en 2013-, frente al 18,4% que reflejan las estadísticas tan oficiales como falsas del PP.
Las últimas cifras macroeconómicas sugieren una recuperación económica de la eurozona, pero todavía hay síntomas de que la situación está lejos de ser la ideal.
En ese sentido, el último Boletín mensual del BCE arroja luz sobre uno de los principales quebraderos de cabeza de los economistas: el escaso aumento de los salarios.
A pesar de que la eurozona se ha situado en su cota más baja en ocho años –la tasa de paro ha caído del 12% que llegó a alcanzar hasta el 9,5% en abril- y más de cinco millones de personas han encontrado trabajo desde 2013, la presión alcista sobre los salarios no está llegando, con un aumento trimestral de apenas un 1,6% a cierre del año pasado.
La subida de los salarios es una métrica clave para el BCE a la hora de calcular las dinámicas inflacionistas, ya que suele ir de la mano de un aumento en el coste de la vida.
En ese sentido, una caída del paro debería contribuir a subir los sueldos, debido a que la los trabajadores tienen una mejor posición negociadora con las empresas ante la menor mano de obra disponible.
Sin embargo, el BCE constata que esta relación entre la caída del paro y el aumento de los salarios se está rompiendo. Una explicación puede ser el alto grado de ‘capacidad no utilizada’ que todavía se esconde en el mercado laboral de la eurozona.
“A pesar de una clara mejora en muchos indicadores del mercado laboral, los mercados de trabajo en la mayoría de los países de la zona del euro -con la notable excepción de Alemania- parecen estar sujetos todavía a un grado considerable de infrautilización”, señala el servicio de análisis del BCE.
“Según la definición de desempleo de la Organización Internacional del Trabajo (en la que se basa la tasa de desempleo de la zona euro), los demandantes de empleo se consideran desempleados si: no trabajan; están disponibles para comenzar a trabajar en un plazo de dos semanas; y buscan activamente trabajo”, explica el BCE.
“Sin embargo, definiciones más amplias también pueden ser relevantes para evaluar el grado general de ‘holgura’ del mercado de trabajo, siendo dos grupos particularmente dignos de consideración: primero, aquellos que están sin trabajo pero que no cumplen uno de los otros dos criterios; y, en segundo lugar, los que están empleados a tiempo parcial, pero quieren trabajar más horas”.
El número de personas que se describen como desempleadas ha aumentado en un millón desde la crisis de 2010 hasta alcanzar los siete millones de personas y no ha disminuido mucho a pesar de la creación de empleo en los últimos dos años.
Según los cálculos del BCE, el número de personas sin trabajo o que querrían trabajar supone alrededor del 18% del mercado de trabajo.
“Si bien estas medidas más amplias no pueden tomarse enteramente a su valor nominal, los mercados de trabajo de la zona del euro parecen estar sujetos a un mayor grado de ‘holgura laboral’ que el que sugiere la tasa de desempleo”.
“Los ajustes a las medidas más amplias deduciendo los desempleados de muy larga duración y teniendo en cuenta el tiempo que los trabajadores ‘subempleados’ pasan trabajando, resulta una estimación de ‘holgura’ del mercado de trabajo del 15% en el cuarto trimestre de 2016”.
En el caso de España, el porcentaje roza el 30% del mercado laboral, si bien en 2013 llegó a superar el 35%.
La situación contrasta sobre todo con Alemania, donde teniendo en cuenta también a las personas en situación de ‘subempleo’, el porcentaje de desempleo es de apenas el 10%, informa El Boletín.
Catalunya: Preacuerdo para implantar la renta garantizada en septiembre
Se comenzará con las familias monoparentales.
Pero el objetivo es que el nuevo derecho en el 2020 sea universal, aunque en el preacuerdo no se fijan compromisos concretos al respecto. La cantidad, 664 euros mensuales, se alcanzará progresivamente hasta el 2020.
Hasta ahora, el Ejecutivo catalán no aceptaba compatibilizar trabajo y RGC.
Hasta ahora, el Ejecutivo catalán no aceptaba compatibilizar trabajo y RGC.
Principalmente porque podría disparar su coste, aunque también había dado a entender que podría desincentivar la búsqueda de trabajo o promover sueldos bajos.
Sus impulsores defienden su extensión puesto que cada vez hay más población con unos ingresos muy bajos que se ve abocada a vivir en unas condiciones muy difíciles.
Es el colectivo conocido como trabajadores pobres, que ha crecido sobremanera a raíz de la crisis.
La comisión de la ILP tiene previsto ratificar el preacuerdo hoy mismo. De recibir luz verde, está previsto un acto de firma y una presentación pública, previsiblemente el próximo lunes, según apuntó un portavoz de la conselleria que dirige Dolors Bassa.
Los promotores de la RGC recuerdan que para que sea efectiva en septiembre debe aprobarse una ley en el presente periodo de sesiones del Parlament, por lo que no hay tiempo que perder.
La premura es si cabe mayor ante la incertidumbre sobre la duración de la legislatura. De ahí que urjan a su aprobación antes de las vacaciones de verano.
De lo contrario, todo podría quedar en el aire.
La RGC, que toma como referencia el índice de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC), se fijará en 664 euros mensuales. Pero se llegará progresivamente.
Inicialmente, a partir del próximo 15 de septiembre, serán 564 euros (el 85%). El porcentaje se elevará al 88% en el 2018 y al 94% en el 2019, para alcanzar el 100% en abril del 2020.
El segundo miembro de la unidad familiar percibirá el 50% y cada hijo, hasta un máximo de tres, 75 euros en el 2017 hasta llegar a 100 euros en el 2020.
Ese año, el máximo a percibir por unidad familiar serán 1.281 euros. Esta nueva figura no es una prestación sino un derecho, que no estará condicionado a los presupuestos.
Para acceder se deberá ser mayor de 23 años, tener dos años de residencia en Catalunya, carecer de propiedades, excepto la primera vivienda, haber agotado todas las prestaciones posibles y llevar seis meses sin ingresos ni prestaciones.
De la cantidad percibida, 150 euros estarán condicionados a la participación en un programa de inserción social o laboral. Si surgiera un empleo y se rechazase se perdería todo el derecho. Inicialmente también podrán recibir esta renta los perceptores de ayudas de la ley de dependencia y las familias con becas de transporte y de comedor escolar.
Las entidades recibieron con satisfacción el preacuerdo. Llorenç Serrano, responsable de protección social de CC.OO., reconoció los avances aunque lamentó que se haya podido concretar la generalización del derecho a toda la población con ingresos inferiores al IRSC.
Pese a las limitaciones, para Oriol Illa, presidente de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, “es una excelente noticia, es el cambio más importante de los últimos años en políticas sociales”.
La Generalitat estima que automáticamente habrá unos 29.000 beneficiarios de la nueva renta garantizada de ciudadanía (RGC). Son los que actualmente perciben la renta mínima de inserción (RMI), fijada en 426 euros mensuales.
A esta cantidad, habrá que sumar unas 7.400 pertenecientes al colectivo de familiares monoparentales y que, según el preacuerdo alcanzado ayer, también tendrían derecho a la RGC desde septiembre próximo, cuando previsiblemente comenzaría a aplicarse.
En el cálculo oficial para 2020, incluyendo a todos los colectivos que no lleguen al IRSC, la cifra ascendería a 62.000 familias.
Con esta nueva figura se pretende reducir el riesgo de estar en riesgo pobreza como consecuencia de no tener ingresos o de que estos sean muy bajos.
La RGC catalana tiene su origen en el Estatut de 2006 pero hasta el momento el Parlament no ha sido capaz de darle forma de ley y hacerla realidad.
En el 2013, se presentó una iniciativa legislativa popular (ILP) en la cámara suscrita por más de 120.000 ciudadanos, a partir de la cual se empezó a tramitar como proposición de ley.
El proceso quedó interrumpido por las elecciones de septiembre de 2015 y se retomó en la presente legislatura, informa La Vanguardia.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix (foto), es el responsable de la difusión a los medios de comunicación del informe mutilado en el que se recogen las sospechas sobre el número dos del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto (PP), como autor del chivatazo que alertó a Ignacio González y su entorno de mafiosos del PP de la existencia de la Operación Lezo contra la corrupción institucional del PP madrileño.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha hallado indicios de que el Partido Popular de Madrid aportó fondos de origen ilícito a su hermano mayor nacional para financiar la campaña de las elecciones generales de 2008, las segundas en las que Mariano Rajoy se presentó como cabeza de lista del PP.
José Estarlich, uno de los testaferros de la presunta organización criminal del PP valenciano, ha presentado un escrito al juzgado que instruye las diligencias derivadas de la Operación Taula en el que pide declarar de manera voluntaria.
Adjudicaciones públicas de la Generalitat de Cataluña se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que tiene indicios de que altos cargos que trabajan en el llamado proceso de desconexión desviaron fondos de los contratos destinados a la creación de una agencia tributaria y un servicio de inteligencia catalanes.
Seis años y casi 900 tomos de actuaciones después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado por concluida la investigación del 'caso Bankia' y propone juzgar al primer presidente de la entidad, Rodrigo Rato, al ex consejero delegado Francisco Verdú y los consejeros José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella, así como a los vocales, administradores o consejeros del banco en los años 2010 y 2011.
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