Hace diez años, con António Costa recién llegado a la alcaldía de Lisboa, un gran cartel en la céntrica avenida Fontes Pereira de Melo celebraba que la ciudad más bonita de Europa sólo tenía unos 7.000 edificios en ruinas.
Hoy, la capital lusa está más remozada.
La rehabilitación de inmuebles está en auge y el precio de la vivienda, disparado por la fiebre turística.
La ciudad de la luz está de moda y simboliza el inesperado brillo de un país al que amplios sectores de la izquierda española miran con envidia, tras la estabilidad lograda por el Gobierno de Costa, en alianza con comunistas y el Bloco de Esquerda, en el que hay quien ve una suerte de Podemos luso, pese a tener casi dos décadas de existencia.
Costa se convirtió en primer ministro en noviembre de 2015 de rebote, tras un fallido Gobierno de 11 días del conservador Pedro Passos Coelho (PSD).
Al frente de la segunda fuerza en votos, tuvo una acogida escéptica, en vista del histórico odio entre su partido (PS) y el comunista y antieuropeísta PCP.
Se topó con el rechazo expreso de parte de la oligarquía empresarial y su gobierno fue bautizado irónicamente por adversarios como el derechista Paulo Portas ( fichado el verano pasado por la mexicana Pemex) como el de la “geringonça”, una cosa mal hecha que, sin que nadie sepa cómo, funciona. Como una bicicleta atropellada por un autobús.
Más de 500 días después, la bicicleta sigue en marcha y Costa, uno de los pocos socialistas que gobiernan en Europa, lidera los sondeos con un 42% de intención de voto, 17 puntos por encima de los democristianos, en pacífica cohabitación con el ortodoxo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, verso suelto del democristiano PSD que nada tiene que ver con su antecesor, el muy conservador Aníbal Cavaco Silva.
Sin apartarse de la ortodoxia que exige Bruselas, Costa, un hábil negociador, ha aprobado medidas puntuales para distanciarse de la austeridad a ultranza de Passos Coelho (que tuvo gestionar la digestión de un rescate de 78.000 millones) y mejorar las condiciones de vida en un país que en 2015, un año después de despedir a la troika, tenía a casi dos millones de personas en riesgo de pobreza, un 20% de la población.
Entre otras medidas, el Gobierno ha subido el salario mínimo con el compromiso de aumentarlo un 25% en cuatro años (ahora no llega a 650 euros), ha aprobado medidas contra la pobreza energética, más días de vacaciones, menos IVA para la restauración (el general sigue en el 23%) y ha puesto fin a los recortes salariales a los funcionarios y a la privatización de la aerolínea TAP.
Las cifras acompañan a Portugal, que mejora mes a mes casi todos sus indicadores, con la expectativa de salir en breve del procedimiento de déficit excesivo que tiene abierto en la Comisión Europea.
El viernes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) luso situaba la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez en ocho años, un 9,9% en febrero. El paro registrado cayó un 18% interanual en marzo, la mayor reducción en 28 años.
El PIB portugués creció en 2016 un discreto 1,4%, pero acumula trece trimestres al alza.
El pasado jueves el Gobierno aprobó su Programa de Estabilidad, que prevé un crecimiento económico del 1,8% para este año (nueve décimas menos que España) y un déficit público del 1,5% que en 2021 debería pasar a un superávit del 1,3%.
El déficit de 2016 fue una sorpresa: un 2%, cinco décimas menos de lo que exigía Bruselas y el más bajo desde la Revolución de los Claveles de 1974.
El desajuste (muy inferior al 4,33% de España) mejoró las previsiones del FMI, de la CE, el BCE y el propio Gobierno portugués, que a mediados de 2016 preveía un 2,5%.
Milagro o pragmatismo
Hay quien habla de " milagro", como la presidenta del Conselho das Finanças Públicas, Teodora Cardoso (equivalente a la Autoridad Fiscal Independiente Española), que cree que la reducción del déficit podría no ser sostenible porque se explica por factores extraordinarios, como un perdón fiscal (que no amnistía) aprobado a finales del año pasado para permitir regularizar deudas de empresas y familias con el Fisco y la Seguridad Social sin pagar intereses ni multas (en caso de devolver la totalidad de lo adeudado).
Para explicar estas cifras, el director del diario portugués Público, David Dinis, prefiere "hablar de pragmatismo" por parte del PS y de sus socios.
"Desde el primer momento" fueron conscientes de que aplicar "una política completamente alternativa" dentro de la UE no era viable, porque en Europa "las reglas son las que son".
Dinis, que reconoce a eldiario.es que estaba entre los escépticos cuando llegó Costa, cree que el "gran desafío" pendiente es de Portugal es su deuda pública, uno de los pocos indicadores que no han mejorado con el nuevo Gobierno.
El medio que dirige se apuntó en febrero una gran exclusiva, al desvelar que el anterior Gobierno conservador había dejado escapar 10.000 millones de euros a paraísos fiscales sin ningún tipo de control de Hacienda.
El asunto todavía está bajo investigación.
El polémico economista João César das Neves, conocido por sus críticas a lo que califica como sectores "no productivos" (pensionistas y funcionarios) y poco sospechoso de simpatías por Costa (fue asesor de Cavaco en los 90, cuando este era primer ministro), reconoce al socialista el mérito de "reducir el déficit sin protestas en las calles tras un periodo tan largo de austeridad", algo que atribuye al "apoyo de la extrema izquierda".
Desde su despacho en la Universidad Católica de Lisboa, de la que es profesor, César das Neves no cuestiona la credibilidad de las cifras oficiales pero atribuye buena parte de este éxito a la política expansiva del Banco Central Europeo (BCE).
Es de los que creen que Portugal no ha despejado aún el riesgo de otro rescate por su elevada deuda pública y la "gran fragilidad" que todavía arrastra el sector financiero.
Deuda insostenible
Con Costa, la prima de riesgo de la deuda portuguesa se ha duplicado. Las tres grandes agencias la califican como 'bono basura' desde hace más de tres años.
El país tiene acceso a los mercados y se beneficia de la barra libre de liquidez del BCE gracias a la canadiense DBRS, única agencia que ha confirmado el grado de inversión para sus bonos.
El año pasado, la deuda pública subió al 130,4% del PIB, por encima del 125% previsto por el Gobierno.
De entre las 35 mayores economías desarrolladas, sólo Japón (239,2%), Grecia (181,3%) e Italia (132,6%) están por encima.
Y el FMI considera insuficiente el crecimiento de la economía portuguesa para atender el servicio de esa enorme deuda.
En esta materia, también parece imponerse el pragmatismo.
Un grupo de trabajo sobre la sostenibilidad de la deuda pública creado por el PS y el Bloco acaba de proponer que el Ejecutivo defienda en Europa un programa de reestructuración basado en extender los plazos de madurez de la deuda de los 15 actuales a 60 y una reducción de los intereses, entre otras medidas. Ni hablar de quitas.
Los problemas del sector financiero luso están pendientes de resolverse.
Hace unos días, el FMI volvía a situar a la banca portuguesa como la más vulnerable de la zona euro junto a la italiana, con una tasa de impagados o dudosos del 12,6%, la más alta de la región.
Tras la conmoción que supuso la nacionalización del Banco Espírito Santo, cuyo agujero llevó durante unos meses de 2015 a prisión a su expresidente Ricardo Salgado (antaño conocido como "el dueño de todo esto"), la entidad resultante, Novo Banco, ha sido vendida por cero euros al fondo buitre Lone Star, que se ha comprometido a inyectar 1.000 millones en dos años, con el rechazo del Bloco y los comunistas.
El otro gran problema está en la Caixa Geral de Depósitos, primer banco del país, 100% público, que en marzo presentó pérdidas récord de 1.859 millones en 2016.
Para recapitalizarla, el Gobierno inyectará 2.500 millones (que no serán considerados ayuda de Estado por Bruselas) y aprobará una emisión de deuda de 900 millones.
También se jubilará al 25% de la plantilla y se cerrará el 27% de sus sucursales.
Pese a las dudas sobre la deuda y la situación de la banca, la mejora económica se ha traducido en el nivel más alto para la rentabilidad de las empresas lusas desde el rescate de 2011, según datos publicados en abril por el Banco de Portugal, y en máximos históricos en la confianza de los consumidores.
Un ejemplo es Pedro Fernandes, empleado de la empresa de 'handling' Groundforce en el Aeropuerto de Lisboa (participada por TAP).
"Aunque la gente gane lo mismo o un poco más que antes, hay más confianza para gastar, menos miedo", dice Fernandes, cuya esposa es maestra en la escuela pública.
Pone como ejemplo su empresa, donde "han descongelado las contrataciones y las revisiones salariales" tras un conflicto laboral que a finales del año pasado fue sofocado gracias a la intervención gubernamental. La mano de Costa, el gran negociador.
Así combate Portugal la pobreza energética: descuentos automáticos en luz y gas para rentas bajas
- Ver original
- noviembre 26º, 2016
En pleno debate sobre la reforma del bono social de la luz, el nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, tiene un ejemplo cercano sobre cómo combatir la pobreza energética en un país también sujeto a las recetas de austeridad de la Comisión Europea.
Se trata de Portugal, cuyo gobierno (una alianza de partidos de izquierdas) ha reformado este año las denominadas tarifas sociales, descuentos que venían aplicándose para los clientes más vulnerables desde 2010 (en el caso de la electricidad) y 2011 (para el gas).
El cambio entró en vigor en julio a propuesta del Bloco de Esquerda, uno de los partidos que sustentan el Gobierno del socialista António Costa, en vista de que el número de beneficiarios de estos descuentos era muy inferior a lo previsto.
El detonante fue una multa de 7,5 millones de euros impuesta en diciembre por el regulador energético ERSE a EDP, principal eléctrica del país, por poner trabas a su concesión.
La tarifa social es una rebaja antes de impuestos del 33,8% en la factura de electricidad y del 31,2% en el gas para clientes del mercado regulado o libre con un bajo nivel de ingresos.
La principal novedad es que desde julio se aplica de forma automática (antes había que solicitarla a las compañías, como en España).
Para ello, se procedió a cruzar los datos en poder de las comercializadores, la Dirección General de Energía, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria portuguesa.
Justo lo que en España las autoridades nunca han hecho aduciendo que era muy complejo.
Con ese cambio, el número de beneficiarios de la tarifa social se disparó.
En electricidad, se pasó de 140.500 usuarios a 630.698, que suponen un 10,5% de los cerca de 6 millones de clientes domésticos.
La Asociación portuguesa de Defensa del Consumidor (DECO) calcula que ya la disfrutan unos 690.000 hogares.
En el caso del gas natural, se pasó de 14.500 beneficiarios a 31.869 en julio. ¿Cuál es el descuento real?
Según una estimación de Expresso, el ahorro final en la factura eléctrica con la tarifa social para un cliente con 3,45 kilovatios contratados es de un 30%.
El descuento es aplicable a clientes con hasta 6,9 kilovatios de potencia contratada.
Quién lo paga
Otra novedad es que el Ejecutivo luso también ha obligado a las eléctricas a sufragar el 100% de la tarifa social de la luz (antes, el Presupuesto del Estado asumía un tercio).
El coste anual previsto por el Gobierno es de 66 millones, de los que unos 40 millones corresponden a EdP.
La cuarta eléctrica en España, privatizada por exigencia de la troika a finales de 2011 (cuando el anterior Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho vendió el 21% que le quedaba al Estado a la china Three Gorges) rechaza hacerse cargo de ese coste.
En el caso de la tarifa social del gas, el coste es de apenas 1,3 millones al año (la red portuguesa alcanza solo a 1,3 millones de puntos de suministro) y corre a cargo del resto de consumidores.
En España, las eléctricas han logrado en dos ocasiones que el Tribunal Supremo anule el sistema de financiación del bono social de la luz, que pagan las empresas y que es la única medida del Gobierno central contra la pobreza energética (no hay equivalente para el gas).
Esta semana
ha habido unanimidad entre todos los grupos políticos para que lo sigan costeando las compañías.
La idea es que partir de ahora lo sufraguen las comercializadoras.
Industria también planea un rediseño del bono para intentar que lo disfruten quienes realmente lo necesitan.
Portugal, que ha adelantado por la izquierda a España en aspectos como el fomento de las renovables o el autoconsumo eléctrico, todavía no se ha recuperado de los efectos del rescate multimillonario que pidió en 2011.
Allí el ingreso neto medio por hogar es de unos 18.759 euros anuales, según la OCDE (casi un 10% inferior al de España).
Y la tarifa social está restringida a colectivos con muy bajos ingresos, de hasta 5.808 euros anuales para un hogar unipersonal, menos de lo que recibe una persona que cobre el salario mínimo (589,17 euros mensuales).
Ese tope se incrementa en tramos del 50% por cada persona adicional, siempre que no tenga ingresos:
8.712 euros anuales para una pareja sin hijos, 11.616 euros anuales para una familia con un hijo y 14.520 euros por año para una familia con cuatro miembros.
Se trata, por tanto, de hogares en un claro riesgo de exclusión.
La asociación DECO cuestiona esos tramos y recuerda que esos topes sólo se aplican cuando los ingresos proceden sólo de una persona. Un hogar de dos miembros en el que ambos reciban algún ingreso no tiene derecho a tarifa social, aunque entre los dos estén por debajo de ese tope de 8.712 euros.
Los colectivos vulnerables en Portugal también tienen derecho al denominado Apoyo Social Extraordinario al Consumidor de Energía (ASECE), un descuento adicional del 13,8% en la factura de electricidad y gas natural que se aplica antes de impuestos.
En este caso, su coste corre a cargo del Estado.
La tarifa social portuguesa y el ASECE también se aplica a quienes reciban el denominado Rendimiento social de inserción (una ayuda mensual que reciben unas 214.000 personas destinadas a personas en situación de carencia material grave) y otras prestaciones de la Seguridad Social.
Entre ellas, el “complemento solidario” que reciben unos 160.000 ancianos con bajos ingresos o el subsidio social de desempleo (equivalente a la paga de 400 euros en España para parados de larga duración).
No hay comentarios:
Publicar un comentario