 |
| El líder de IU, Alberto Garzón, durante la presentación de la querella. |
Colectivos y partidos políticos se querellan contra Aguirre por encubrimiento en el marco de la 'operación Lezo'
- IU, Equo y varios colectivos ponen el foco también en el exministro Eduardo Zaplana, al que acusan, junto a Aguirre, de "maniobrar" para encubrir" los delitos cometidos por Ignacio González
- También se querellan contra el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, al que acusan de un delito de revelación de secretos
IU, Equo y varios colectivos ponen el foco también en el exministro Eduardo Zaplana, al que acusan, junto a Aguirre, de "maniobrar" para encubrir" los delitos cometidos por Ignacio González
También se querellan contra el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, al que acusan de un delito de revelación de secretos
Izquierda Unida, Equo, Ecologistas en Acción y varios colectivos –Los Verdes, Paz con Dignidad, Attac Madrid, Asociación Anticapitalistas, Fravm y el Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde de Chamberí– han presentado este miércoles una querella criminal ante el juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exconcejal del Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre; el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros; y el exministro Eduardo Zaplana, entre otros.
Se suman de esta manera a la causa abierta en el marco de la operación Lezo.
En el escrito, facilitado a los medios de comunicación, acusan a la también expresidenta del PP de Madrid –entre 2004 y 2016–, y a la cúpula de la formación conservadora, de"maniobrar" para encubrir "los delitos cometidos" por el expresidente Ignacio González y "sus criminales cooperadores".
Se suman de esta manera a la causa abierta en el marco de la operación Lezo.
En el escrito, facilitado a los medios de comunicación, acusan a la también expresidenta del PP de Madrid –entre 2004 y 2016–, y a la cúpula de la formación conservadora, de"maniobrar" para encubrir "los delitos cometidos" por el expresidente Ignacio González y "sus criminales cooperadores".
"Existen evidentes elementos de que esta labor de encubrimiento ha podido ser cometida por Esperanza Aguirre Gil de Biedma además de por los señores Álvaro Lapuerta –tesorero del PP entre 1990 y 2008–, Luis Bárcenas –gerente en el mismo periodo de tiempo y tesorero entre 2008 y 2012– o Eduardo Zaplana", recoge la querella, presentada por vía telemática.
El texto judicial acusa a los mencionados de haber puesto "los medios necesarios" para evitar que el escándalo que rodeaba a Ignacio González, y que ha terminado con el expresidente madrileño entre rejas, "aflorase a la opinión pública y de ello tuvieran conocimiento las autoridades judiciales".
El texto judicial acusa a los mencionados de haber puesto "los medios necesarios" para evitar que el escándalo que rodeaba a Ignacio González, y que ha terminado con el expresidente madrileño entre rejas, "aflorase a la opinión pública y de ello tuvieran conocimiento las autoridades judiciales".
Con su actuación, continúa, se ha facilitado "durante estos últimos meses" que se "haya podido ocultar la documentación y diversas pruebas, así como diversas cantidades de dinero B obtenidas por la trama".
En este sentido, afirman que "existe constancia" de que tanto Lapuerta como Bárcenas tenían conocimiento, desde 2007, del supuesto pago de una comisión de 1,4 millones de euros de OHL a González por la adjudicación del tren que iba a unir Móstoles Central y Navalcarnero.
En este sentido, afirman que "existe constancia" de que tanto Lapuerta como Bárcenas tenían conocimiento, desde 2007, del supuesto pago de una comisión de 1,4 millones de euros de OHL a González por la adjudicación del tren que iba a unir Móstoles Central y Navalcarnero.
Una información que también tenía el ex alcalde de Leganés Jesús Gómez y que había puesto en conocimiento de varios dirigentes del PP, tanto regional como nacional, según ha afirmado este miércoles en una entrevista en el diario El Mundo.
"Sin que por su parte o del propio partido se diese cuenta a las autoridades judiciales dadas la gravedad de los hechos", recoge la querella.
"Sin que por su parte o del propio partido se diese cuenta a las autoridades judiciales dadas la gravedad de los hechos", recoge la querella.
Como tampoco consta, continúa el escrito, que Aguirre pusiera "en manos de la justicia información o documentación" sobre las actividades "ilícitas" llevadas a cabo por "su mano derecha" a pesar de que existen "indicios" de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid "tenía supuestamente pleno conocimiento" de la información manejada por Lapuerta, Bárcenas y Gómez sobre González "y la organización criminal que él encabezaba".
"Así como fue informada por terceras personas de otras actividades ilícitas llevadas a cabo por la trama criminal que encabezaba su secretario general al tiempo que era presidenta del PP de Madrid", prosigue.
"Así como fue informada por terceras personas de otras actividades ilícitas llevadas a cabo por la trama criminal que encabezaba su secretario general al tiempo que era presidenta del PP de Madrid", prosigue.
Por todo ello, los querellantes consideran que existen "sobrados elementos indiciarios" para que Aguirre comparezca en sede judicial como investigada "para responder sobre su participación, dada su omisión, en principio consciente, para denunciar las actividades ilícitas".
Revelación de secretos
Izquierda Unida, Equo y el resto de colectivos también incluyen en la querella al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, al que acusan de un delito de revelación de secretos.
Revelación de secretos
Izquierda Unida, Equo y el resto de colectivos también incluyen en la querella al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, al que acusan de un delito de revelación de secretos.
Su nombre ha sido incluido después de que el pasado domingo se revelara que Pablo González, hermano del expresidente madrileño y otro de los detenidos y encarcelados en el marco de la operación Lezo, se había reunido el 8 de marzo con el número dos del Ministerio del Interior al sospechar que estaban siendo investigados.
Una reunión en la que, según la cartera dirigida por Juan Ignacio Zoido, "no hubo ni una sola referencia a Ignacio González ni a ningún tipo de investigación".
Una reunión en la que, según la cartera dirigida por Juan Ignacio Zoido, "no hubo ni una sola referencia a Ignacio González ni a ningún tipo de investigación".
Sin embargo, los querellantes consideran que podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos y señalan el "relevante daño para la causa pública" que genera "divulgar una información de esa índole" dado que se trata de "obstaculizar, entorpecer o bloquear" la investigación policial de un delito, "menoscabando así la prestación de un servicio público de suma importancia para el bien de la comunidad".
En esta línea, también muestran en el escrito judicial su preocupación por el supuesto 'soplo' que salió de "una magistrada amiga de la casa", tal y como, según publicó El Español, se recoge en una de las conversaciones entre Ignacio González y Eduardo Zaplana intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En esta línea, también muestran en el escrito judicial su preocupación por el supuesto 'soplo' que salió de "una magistrada amiga de la casa", tal y como, según publicó El Español, se recoge en una de las conversaciones entre Ignacio González y Eduardo Zaplana intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
"El comunicar a una persona, que sabe de su implicación en operaciones de investigación de blanqueo de capitales y otros delitos muy graves, sí ocasiona un perjuicio a la causa pública ya que permite adoptar al implicado precauciones más intensas y eficaces", sostiene el escrito presentado ante la Audiencia Nacional.
Villar Mir y el PP de Madrid
Sin embargo, Aguirre, Zaplana, Lapuerta, Bárcenas y Nieto Ballesteros no son los únicos querellados. IU, Equo y el resto de colectivos también han puesto el foco sobre ocho nombres más:
Villar Mir y el PP de Madrid
Sin embargo, Aguirre, Zaplana, Lapuerta, Bárcenas y Nieto Ballesteros no son los únicos querellados. IU, Equo y el resto de colectivos también han puesto el foco sobre ocho nombres más:
Ignacio González; su hermano Pablo; el expresidente de Inassa Edmundo Fernández Sobrino; el gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel; el exdirector de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás; el presidente de La Razón Mauricio Casals; el exconsejero de OHL Javier López Madrid, y el presidente de la compañía, Juan Manuel Villar Mir, sobre quien el juez Eloy Velasco ya ha pedido información.
En relación con la constructora, que recuerdan que "dicha empresa y su presidente ya aparecen en los manuscritos atribuidos a Bárcenas como financiadores del PP", los querellantes creen que existen "indicios más que suficientes" de que "los pagos efectuados por las empresas a la trama criminal y/o al PP son el fruto de conversaciones previas entre empresa y dirigentes del partido o las instituciones públicas controladas por él, en las que las partes se concertaron para perfeccionar el delito de tal forma que el pago era la contrapartida a que desde el poder político se realizasen concesiones a las empresas financiadoras".
A lo largo de las 84 páginas de querella, se argumenta la posible comisión de un total de 13 delitos:
organización criminal; malversación de caudales públicos; alteración de precio en concursos y subastas públicas; receptación y blanqueo de capitales; cohecho; apropiación indebida; prevaricación; tráfico de influencias; delitos contra la Hacienda pública; fraude y exacciones ilegales; encubrimiento; falsedad y apropiación indebida de fondos electorales; y revelación de secretos.
De todos ellos, "fácilmente se pueden imputar" al PP de Madrid, contra el que también se querellan, "cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de un delito electoral".
En relación con la constructora, que recuerdan que "dicha empresa y su presidente ya aparecen en los manuscritos atribuidos a Bárcenas como financiadores del PP", los querellantes creen que existen "indicios más que suficientes" de que "los pagos efectuados por las empresas a la trama criminal y/o al PP son el fruto de conversaciones previas entre empresa y dirigentes del partido o las instituciones públicas controladas por él, en las que las partes se concertaron para perfeccionar el delito de tal forma que el pago era la contrapartida a que desde el poder político se realizasen concesiones a las empresas financiadoras".
A lo largo de las 84 páginas de querella, se argumenta la posible comisión de un total de 13 delitos:
organización criminal; malversación de caudales públicos; alteración de precio en concursos y subastas públicas; receptación y blanqueo de capitales; cohecho; apropiación indebida; prevaricación; tráfico de influencias; delitos contra la Hacienda pública; fraude y exacciones ilegales; encubrimiento; falsedad y apropiación indebida de fondos electorales; y revelación de secretos.
De todos ellos, "fácilmente se pueden imputar" al PP de Madrid, contra el que también se querellan, "cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de un delito electoral".
"A la par, este modo de actuar por parte del PP de Madrid debe ser puesto en conexión con los delitos de organización criminal, de la que se habría beneficiado, y del delito de encubrimiento", señala la querella.
IU presenta una querella criminal contra el PP
- Ver original
- abril 26º, 2017
Izquierda Unida presentó, junto a las organizaciones con las que ya registró en 2013 la denominada ‘Querella Bárcenas’ contra el PP, una querella criminal en la Audiencia Nacional por el supuesto desfalco de dinero público en el Canal de Isabel II, la empresa pública que abastece de agua a la Comunidad de Madrid.
El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, junto con los portavoces de varias de estas asociaciones y distintos letrados autores de la querella, explicaron que esta acción judicial busca personarse en la causa abierta por el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco.
Hasta ahora en el ‘caso Lezo’ se han detenido a más de una docena de personas. Entre ellas, expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, así como su hermano, Pablo González, y personas de su entorno personal y político.
Hasta ahora en el ‘caso Lezo’ se han detenido a más de una docena de personas. Entre ellas, expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, así como su hermano, Pablo González, y personas de su entorno personal y político.
En esta querella criminal se solicitan al magistrado instructor nuevas imputaciones de personas y responsables de distintas entidades vinculadas a las supuestas irregularidades cometidas en la empresa de aguas.
En concreto, la de la expresidenta del PP madrileño y del Gobierno de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que esta misma semana ha dimitido como portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de la capital.
En concreto, la de la expresidenta del PP madrileño y del Gobierno de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que esta misma semana ha dimitido como portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de la capital.
El equipo jurídico de Izquierda Unida contempla también la ampliación de los delitos recogidos hasta ahora en los autos de prisión y en la investigación que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional por el supuesto desfalco de la empresa pública Canal de Isabel II.
Unidos Podemos pone en entredicho la credibilidad y neutralidad del fiscal anticorrupción Moix
- Ver original
- abril 26º, 2017
El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha denunciado hoy que “nunca antes” ha habido un fiscal Anticorrupción “sembrado de tantas dudas y sospechas sobre su neutralidad” como Manuel Moix, y que su credibilidad está “en entredicho”.
“No parece buena noticia que siga dedicándose a apartar fiscales para proteger al PP”, ha dicho Iglesias en rueda de prensa en el Congreso sobre la información de la Cadena SER, según la cual Moix “quiere apartar al fiscal principal de la operación Lezo”.
Iglesias ha aprovechado para volver a pedir la dimisión del ministro de Justicia Rafael Catalá, y cree que también el fiscal Anticorrupción debería dar muchas explicaciones porque tras las grabaciones que se han hecho públicas “es visto por el PP como un aliado”.
El secretario general de Podemos ha insistido en que un fiscal que “actúa siguiendo instrucciones de un ministro y no persigue a los delincuentes sería un parásito”, igual que si un presidente de comunidad autónoma utiliza el Canal de Isabel II para “enriquecer a su familia, no es un presidente autonómico, sino un parásito que parasita las instituciones de todos.
Así se ha pronunciado también sobre el hecho de que el diputado autonómico Jesús Gómez informara al exvicesecretario de Organización del PP Carlos Floriano de los datos de una cuenta en Suiza del expresidente madrileño Ignacio González.
Para Iglesias, “hay una guerra interna entre algunos de los hombres más poderosos del país”, que es lo que Podemos describe como “descomposición de la trama” y que se ve en las noticias de los últimos días, las filtraciones o en que la Guardia Civil tenga que investigar “lo que no dejan investigar a la Policía”.
efe
Diputado madrileño alertó “tres veces” al PP de la cuenta suiza de González
- Ver original
- abril 26º, 2017
El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Jesús Gómez denunció en 2014 “hasta en tres ocasiones” ante Esperanza Aguirre, y después ante los dirigentes nacionales del partido Juan Carlos Vera y Carlos Floriano, que el entonces presidente regional, Ignacio González, tenía una cuenta en Suiza.
En una conversación con Efe, Gómez ha ofrecido más detalles sobre las declaraciones que realizó al diario El Mundo, en las que asegura que Aguirre, entonces presidenta del PP de Madrid, convencida por González, no le dio crédito al rumor al considerarlas, según él, de “calumnias y mentiras”.
González, también ex secretario general del PP regional y mano derecha durante años de Aguirre, fue detenido el pasado día 19 y permanece encarcelado de manera preventiva por presuntos delitos de corrupción en la gestión del Canal de Isabel II.
Gómez ha explicado que la información sobre dicha cuenta bancaria de González le llegó “de dos fuentes distintas y de una tercera que la confirmó”, aunque, como lo expresó ante Aguirre, Vera y Floriano, en ningún momento tuvo “pruebas definitivas”.
Lo que sí expresó Gómez a sus interlocutores fue el deber de “investigar” en la medida de las posibilidades del partido para verificar si era cierto lo que decían sus fuentes.
El diputado del PP también ha dicho que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y entonces Delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, supo “mucho después” esta información, hacia enero o febrero de 2015, cuando él se la contó en una ocasión en que ella asistió a una junta de seguridad local en Leganés.
Cifuentes, según Jesús Gómez, “dijo algo parecido a que ella no iba a asumir ningún pufo o chorizada y que si encontraba algún indicio cierto de irregularidades denunciaría”.
Acerca de la cercanía de Aguirre y González, Gómez asegura que quizás la ahora exdirigente del PP -que dimitió este lunes como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid- “ni por un momento se preguntó si a lo mejor no era oro todo lo que relucía”.
Y agrega que “hasta cierto punto es comprensible porque González estuvo con ella desde 1983, en el Ayuntamiento, y luego prácticamente en todos los cargos que ella desempeñó, salvo cuando él fue secretario de Estado de Administraciones Públicas y delegado del Gobierno para la Inmigración”.
También expresa Gómez “firmemente” su certeza de que Aguirre no saldrá salpicada en el caso de Canal de Isable II, pues “los principales problemas están en ámbitos de gestión en los que ni ella ni el consejo de Gobierno tenían competencia”.
“Aguirre ha asumido responsabilidad política con dos dimisiones; ella es ejemplo de lo que se debe hacer cuando uno se equivoca”, asegura Gómez y añade que con el caso de Ignacio González “queda demostrado que no se puede poner la mano en el fuego absolutamente por nadie”.
En su opinión, “desde el punto de vista administrativo formal, González es una cabeza jurídica muy buena y probablemente uno de los mejores subsecretarios que ha pasado por la administración española”.
“Y lo que vemos ahora -dice- nos deja a todos los ojos como platos”.
Acerca de la presunta implicación de González en los delitos por los que ha sido detenido, Gómez expresa la “hipótesis” de que “quizás le sedujo el mundo del lujo y riqueza de la alta sociedad con la que no le quedaba más remedio que codearse en razón de su cargo y de su responsabilidad”.
“Eso le pasa a algunas personas, no es nada nuevo bajo el sol”, dice Jesús Gómez.
efe
No hay comentarios:
Publicar un comentario