Los costes laborales
para los empresarios españoles
son un 40% más bajos
que los de la media de la zona euro
En plena negociación de salarios entre sindicatos y patronal en España, la publicación por parte de Eurostat de los costes laborales del año pasado en la Unión Europea desvela que los españoles son mucho menores para los empresarios, o más baratos se puede decir, que los de la media de los países de la zona euro, en la que España se integra.
La diferencia es además muy elevada, concretamente el coste laboral por hora es 8,5 euros más barato para los empresarios españoles que para sus homólogos de la zona euro.
Si la media en ésta es de 29,8 los españoles solamente suman 21,3 euros, lo que supone que el salario y las cotizaciones sociales son en total un 40% inferiores en España. Cuando estalló la crisis el diferencial era de 6,1 euros.
Ni siquiera si se amplía la muestra de referencia a los países de la Unión Europea y no sólo a los que integran la zona euro, los costes españoles consiguen situarse por encima de la media, lo que por el potencial económico de España podría creerse.
En la Unión Europea la media de salarios por hora trabajada es de 25,4 euros, casi un 15% superiores a los españoles.
Son 12 los países en los que los salarios que cobran los trabajadores superan ampliamente a los vigentes en España.
La industria es el sector en el que los costes laborales españoles son más baratos
En el desagregado por ramas de actividad, se entiende que por ejemplo la industria automovilística española sea muy competitiva ya que entre servicios, construcción e industria, es en esta última donde los costes laborales son más bajos respecto a los de la media de la zona euro.
Concretamente en la industria española salarios y cotizaciones sociales suman 23,3 euros por hora, mientras que la media de la zona euro es de 32,6, una diferencia de 9,3 euros, superior incluso a la del total comentada arriba.
Resulta curioso que sea en la construcción, el sector que se ha derrumbado por la crisis y que más empleo ha perdido, donde la diferencia de costes laborales sea menor, concretamente de 6 euros.
En el desagregado del coste laboral, España sí se acerca más a la media europea, ya que los costes no salariales, cotizaciones y otros, representan el 25,3% del total, muy cerca de la media de la zona euro, que alcanza el 26%.
De cara también a la negociación de salarios de este año resulta relevante reseñar que los costes laborales del año pasado solamente subieron un 0,4% el pasado año respecto a 2015, un porcentaje de los más bajos de la Unión Europea, donde la media fue del 1,6% (del 1,4% en la zona euro).
Solamente Italia, Reino Unido y Bélgica, este último es tras Dinamarca el segundo país con costes laborales más altos, vieron un incremento inferior, del 0,2% para los belgas y regresivo en el caso italiano y británico.
La venta libre del herbicida
más utilizado en España será prohibida
en Francia por cancerígeno
El glifosato, un herbicida de amplio espectro, que es el principio activo del vendido por Monsanto con el nombre comercial de Roundup, y que se utiliza bajo otras marcas por haber expirado la patente, es el más vendido de España y del mundo y fue considerado como “probable cancerígeno” el pasado mes de marzo por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, sin que el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que encabeza Isabel García Tejerina tomara alguna medida, siquiera de información pública.
No ha sido así en Francia, donde la ministra de Ecología, Ségolène Royal, anunció ayer que propondrá la prohibición de la venta libre del herbicida de Monsanto.
La ministra, a través de twitter pidió a las jardinerías que retirasen ‘Roundup’ de las estanterías de venta libre, y recomendó a los usuarios utilizar la guía de jardinería natural, sin uso de pesticidas, editada por su ministerio para trabajar el campo.
En el área industrial ha aumentado exponencialmente la utilización del glifosato ya que Monsanto comercializa variedades de cereal genéticamente modificado que son resistentes al producto químico.
El uso masivo del glifosato también en ciudad y jardines privados hace que la población quede expuesta a ser contaminada a través del aire, el agua y la comida.
El 20 de marzo de este año, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer hizo público el resultado de una evaluación de cinco pesticidas, entre ellos el glifosato.
De éste dijo que hay cierta evidencia de ser un agente cancerígeno en humanos relativa a estudios en Estados Unidos, Canadá y Suecia, publicados en 2001.
Además hay un convencimiento claro de que causa cáncer en animales de laboratorio. Finalmente decidió clasificarlo como ‘probable cancerígeno’, junto al malathion y el diazinón.
El glifosato, un herbicida de amplio espectro, que es el principio activo del vendido por Monsanto con el nombre comercial de Roundup, y que se utiliza bajo otras marcas por haber expirado la patente, es el más vendido de España y del mundo y fue considerado como “probable cancerígeno” el pasado mes de marzo por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, sin que el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que encabeza Isabel García Tejerina tomara alguna medida, siquiera de información pública.
No ha sido así en Francia, donde la ministra de Ecología, Ségolène Royal, anunció ayer que propondrá la prohibición de la venta libre del herbicida de Monsanto.
La ministra, a través de twitter pidió a las jardinerías que retirasen ‘Roundup’ de las estanterías de venta libre, y recomendó a los usuarios utilizar la guía de jardinería natural, sin uso de pesticidas, editada por su ministerio para trabajar el campo.
En el área industrial ha aumentado exponencialmente la utilización del glifosato ya que Monsanto comercializa variedades de cereal genéticamente modificado que son resistentes al producto químico.
El uso masivo del glifosato también en ciudad y jardines privados hace que la población quede expuesta a ser contaminada a través del aire, el agua y la comida.
El 20 de marzo de este año, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer hizo público el resultado de una evaluación de cinco pesticidas, entre ellos el glifosato.
De éste dijo que hay cierta evidencia de ser un agente cancerígeno en humanos relativa a estudios en Estados Unidos, Canadá y Suecia, publicados en 2001.
Además hay un convencimiento claro de que causa cáncer en animales de laboratorio. Finalmente decidió clasificarlo como ‘probable cancerígeno’, junto al malathion y el diazinón.
Monsanto dice que el glifosato está en la categoría de peligro del café, los móviles o el aloe vera
Monsanto sacó el mismo día de la evaluación publicada por la agencia de la OMS una nota de prensa en la que descalificaba el trabajo de ésta por “no haber nuevos datos, haber excluido de la revisión datos científicos relevantes, hacer conclusiones sin el apoyo de datos científicos y clasificar al glifosato en riesgo de la misma categoría 2 que el café, teléfonos móviles, aloe vera y profesiones como las de peluquero y cocinero de frituras”.
La multinacional estadounidense afirmaba con rotundidad que “todos los usos de glifosato incluidos en la etiqueta (de Roundup) son seguros para la salud humana, lo que está sustentado en una de las bases de datos de salud humana más amplias que se han recopilado sobre productos agrícolas”.
Francia ya había anunciado la semana pasada que a partir de 2018 sólo se venderían productos fitosanitarios a los consumidores por intermediación de un vendedor autorizado, que pueda aconsejar adecuadamente sobre las prohibiciones y alternativas.
En España, el sindicato Comisiones Obreras escribió una carta a los responsables de las carteras ministeriales de Trabajo, Agricultura, Fomento y Sanidad, en la que describía la exposición al contaminante de la población y los trabajadores que trabajan con el producto, y consideraba que dado el elevado riesgo “para la salud púbica, laboral y los ecosistemas, la mejor solución es la eliminación del uso del glifosato”, y añadían que era un producto sustituible con soluciones menos dañinas.
El sindicato añadía que hasta que se prohibiera se debería modificar el Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios, que está en vigor desde hace tres años, para incluir medidas que redujeran la exposición al herbicida de Monsanto.
También Greenpeace inició hace un mes una recogida de firmas para pedir al ministerio de Sanidad y al de Agricultura que prohíban este cancerígeno y recordaban que en España se venden 125 productos con glifosato.
La organización ecologista pide a las autoridades españolas que apliquen el principio de precaución y suspendan la comercialización del glifosato hasta que se complete por parte de la Unión Europea un estudio completo de evaluación.
Monsanto sacó el mismo día de la evaluación publicada por la agencia de la OMS una nota de prensa en la que descalificaba el trabajo de ésta por “no haber nuevos datos, haber excluido de la revisión datos científicos relevantes, hacer conclusiones sin el apoyo de datos científicos y clasificar al glifosato en riesgo de la misma categoría 2 que el café, teléfonos móviles, aloe vera y profesiones como las de peluquero y cocinero de frituras”.
La multinacional estadounidense afirmaba con rotundidad que “todos los usos de glifosato incluidos en la etiqueta (de Roundup) son seguros para la salud humana, lo que está sustentado en una de las bases de datos de salud humana más amplias que se han recopilado sobre productos agrícolas”.
Francia ya había anunciado la semana pasada que a partir de 2018 sólo se venderían productos fitosanitarios a los consumidores por intermediación de un vendedor autorizado, que pueda aconsejar adecuadamente sobre las prohibiciones y alternativas.
En España, el sindicato Comisiones Obreras escribió una carta a los responsables de las carteras ministeriales de Trabajo, Agricultura, Fomento y Sanidad, en la que describía la exposición al contaminante de la población y los trabajadores que trabajan con el producto, y consideraba que dado el elevado riesgo “para la salud púbica, laboral y los ecosistemas, la mejor solución es la eliminación del uso del glifosato”, y añadían que era un producto sustituible con soluciones menos dañinas.
El sindicato añadía que hasta que se prohibiera se debería modificar el Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios, que está en vigor desde hace tres años, para incluir medidas que redujeran la exposición al herbicida de Monsanto.
También Greenpeace inició hace un mes una recogida de firmas para pedir al ministerio de Sanidad y al de Agricultura que prohíban este cancerígeno y recordaban que en España se venden 125 productos con glifosato.
La organización ecologista pide a las autoridades españolas que apliquen el principio de precaución y suspendan la comercialización del glifosato hasta que se complete por parte de la Unión Europea un estudio completo de evaluación.
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