Los Papeles de la Castellana y la trama monárquica de fraude fiscal
La detención es una prueba más dentro de la investigación que lleva a cabo la Policía desde que el pasado 6 de junio el Gabinete Tributario de Orientación Fiscal, un despacho de asesoría situado en el número 156 del Paseo de la Castellana de Madrid, presentara una denuncia ante la Policía Nacional ante su sospecha de que sus archivos habían sido intervenidos informáticamente.
Un juzgado de Madrid está instruyendo el caso por un delito de revelación de secretos tras la denuncia presentada por el despacho que asesoraba a los clientes en las amnistías fiscales publicadas en la investigación.
Por el momento, según la defensa, el detenido –ahora en libertad– no ha sido acusado ni imputado de ningún delito y aún no ha tenido que comparecer ante un juez.
Por el momento, según la defensa, el detenido –ahora en libertad– no ha sido acusado ni imputado de ningún delito y aún no ha tenido que comparecer ante un juez.
La Policía Nacional decidió publicar una nota anunciando la detención el viernes 10 de marzo.
En la nota, la Policía asegura que "el detenido, quien presuntamente reveló información fiscal de importantes empresarios y grandes fortunas de España, se enfrenta a penas de prisión de hasta 5 años".
En el comunicado no se explica el posible delito cometido.
Según consta en el auto judicial, un juzgado de Madrid inició diligencias el pasado 10 de octubre para determinar "los hechos delectivos" de un delito de "descubrimiento de secretos".
En el análisis informático de la empresa denunciante se localizaron tres direcciones IP desde las que se había descargado la documentación y que conducían a un domicilio de una pequeña localidad costera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
El juzgado autorizó el registro a las 7.00 del 14 de febrero del domicilio y el requisamiento de cualquier prueba de la "comisión del delito", como ordenadores portátiles, discos duros y teléfonos móviles.
En el auto se autorizaba al "cambio de contraseñas de todos los servicios y plataformas electrónicas utilizadas por los criminales y que pudieran tener relación con los hechos investigados".
En el domicilio registrado conviven un hombre y su madre.
El primero fue conducido a dependencias policiales para ser interrogado a las 12.20 de la mañana.
Prestó declaración con un abogado de oficio y, según la defensa que ha contratado posteriormente, tras haber sido presionado para hacerlo.
En el acta consta que el letrado asignado de oficio le recomendó no prestar declaración.
En la declaración, el hombre –que dice estar desempleado– asegura haber realizado la descarga de los archivos con "el explorador de Windows y con MozillaFTP".
Utilizó su portátil personal y asegura que adquirió sus conocimientos informáticos "de forma autodidacta, con tutoriales de internet, que no sabe programar y que puede entender el 20% del código fuente de una página web HTML".
En su declaración explica cómo remitió los archivos al buzón Filtrala.org dejando muy claro que en ningún momento se le ofreció remuneración por los archivos, cosa que él tampoco solicitó y que lo hizo "por entender que ayudaba al bien común".
Associated Whistleblowing Press, la plataforma que gestiona Filtrala, explica que la "detención no tiene que ver con la seguridad del proceso de envío de Filtrala, sino a la forma con la que la persona según la Policía habría obtenido la información y que posteriormente habría enviado a Filtrala".
La nota de prensa de la Policía publicada este viernes aclara que fue "un fallo en la configuración del servidor de una asesoría tributaria lo que permitió que el hacker descargara dicha información [...].
Los agentes partieron de las evidencias obtenidas a partir de la infraestructura informática de la víctima y consiguieron rastrear el origen de la intrusión".
En junio de 2016, eldiario.es comenzó la publicación junto con La Marea y Diagonal de la investigación Los Papeles de la Castellana.
El origen de la investigación fue una filtración masiva que llegó al buzón seguro de Filtrala.
38.598 documentos que desvelaban las fórmulas que han utilizado grandes fortunas, empresarios, funcionarios públicos y familias notables para ocultar su patrimonio o evitar el pago de impuestos.
La documentación tenía como origen expedientes de despachos de asesoría fiscal situados en el Paseo de la Castellana, el corazón de los negocios en Madrid desde donde operan compañías de todo el país.
La publicación de Los Papeles de la Castellana supuso la primera revelación de los documentos de la amnistía fiscal que se hicieron públicos en España.
En la extensa lista que se fue desgranando durante tres semanas, se publicaron las amnistías fiscales de al menos 21 personajes relevantes, miembros de la familia Borbón, empresarios e incluso personajes de la dictadura franquista.
Tras contrastar periodísticamente la autenticidad de estos documentos, eldiario.es, La Marea y Diagonal publicaron una serie de exclusivas solo a partir de aquellos casos que constituyen hechos relevantes para la opinión pública y basados en documentación verificada, como la existencia durante décadas de una fortuna offshore en la familia Borbón-Dos Sicilias o la amnistía fiscal a los 113 millones de euros que grandes empresarios de la sanidad privada mantenían en Suiza, informa eldiario.es.
La Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que el exconseller de Justicia y exsecretario del Gobierno de Cataluña, Germà Gordó, era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas.
Millet asegura que Ferrovial pagó comisiones a CDC.
En un escrito, la Fiscalía sostiene que "no existe explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones" que Gordó ha mantenido con empresarios, algunas de ellas en la sede de la antigua CDC e incluso en el Palau de la Generalitat.
Rajoy amenaza con el estado de sitio contra el 'procés'
Cada vez que la Generalitat da un paso a favor del referéndum unilateral de independencia, el Gobierno central asegura con rotundidad que esa consulta no se va a celebrar.
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Fuentes de la Moncloa llegaron a hablar hace unas semanas de tomar medidas “coercitivas” y citaron la posibilidad de precintar los colegios para evitar la colocación de las urnas, algo que podría hacer gracias al artículo 155 de la Constitución, una de las herramientas que ha blandido en varias ocasiones para hacer frente al desafío secesionista.
Ese artículo permite al Gobierno aprobar “las medidas necesarias” para obligar a una autonomía “al cumplimiento forzoso” de las obligaciones que la Carta Magna u otras leyes le impongan.
Lo que nunca había dicho hasta ahora la Moncloa es que también ha estudiado la posibilidad de usar el 116, que se refiere a los estados de alarma, excepción y sitio.
La "infanta Cristina" es 'la Eva" en la bochornosa e indecente sentencia del caso Nóos.
El nombre y el tratamiento de la hermana del monarca y tirano Felipe de Borbón han sido reemplazados en la resolución que figura en el buscador oficial de jurisprudencia, encargado de conservar para la Historia las sentencias judiciales y facilitar su consulta.
Se ha suprimido su identidad y título real en la base de datos de la jurisprudencia española.
Iñaki Urdangarin es reemplazado por 'Julio' para la historia de la Justicia y 'Bernardo' es Jaume Matas, expresidente de Baleares.
El CGPJ elimina los nombres de las sentencias, a diferencia del TC o del tribunal europeo que los respetan en una muestra más del coño de la Bernarda que es la corrala fascista hispana.
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