Existen 700 asuntos diferentes de superposición administrativa que tienen que ser solucionados antes de que Reino Unido pueda abandonar la Unión Europea.
Reino Unido quiere negociar en paralelo la salida de la Unión Europea y su futura relación comercial, pero Bruselas rechaza esta postura. Promete ser una de las negociaciones más complicadas de la historia. Se […]
Existen 700 asuntos diferentes de superposición administrativa que tienen que ser solucionados antes de que Reino Unido pueda abandonar la Unión Europea.
Reino Unido quiere negociar en paralelo la salida de la Unión Europea y su futura relación comercial, pero Bruselas rechaza esta postura.
Promete ser una de las negociaciones más complicadas de la historia. Se dice que Reino Unido ha identificado 700 asuntos diferentes de superposición administrativa que tienen que ser solucionados antes de que el país pueda abandonar la Unión Europea. Pero dentro de la palabrería legal, es posible reducirlos a ocho puntos principales.
Los tiempos
Como con cualquier buena reunión, es probable que mucha de la energía inicial se gaste en conversaciones sobre conversaciones.
“La primera conversación entre Michel Barnier [negociador de la UE] y yo será casi seguro sobre este tema”, explicó a sus parlamentarios el representante británico, David Davis, sobre el contacto con su contraparte en la UE.
Los negociadores europeos insisten en que únicamente pueden tratar primero las condiciones de la salida de Reino Unido, más con la naturaleza de su futuro estatus.
Para los británicos esto viola el espíritu del mandato del artículo 50 de “tener en cuenta el marco de la futura relación” y les gustaría mantener conversaciones sobre el comercio paralelamente a las conversaciones sobre la salida.
Gran Bretaña prefiere que todas las cartas estén sobre la mesa, temiendo que lo contrario les deje sin influencia a la hora de los compromisos sobre el dinero.
Legalmente, puede que Londres tenga parte de razón, pero la Comisión Europea y el Parlamento insisten en que esto, en la práctica, es imposible. Especialmente porque las conversaciones comerciales llevarán mucho más tiempo y requerirán un proceso de ratificación mucho más amplio que los dos años fijados para abordar la mecánica del Brexit en sí mismo.
Actualmente ninguna parte cede y sin un acuerdo sobre si las conversaciones son consecutivas o simultáneas, no se puede avanzar en ningún frente. Londres esperará la ayuda de otros Estados miembros para romper el bloqueo.
La ley de divorcio
Hasta hace poco, la solicitud europea de ‘pensión conyugal’ ha sido objeto de dudas.
Los rumores en Bruselas hablaban de 60.000 millones de euros para liquidar todos los compromisos financieros pendientes de Reino Unido, una cifra recibida con burlas en Londres.
Peter Bone, diputado conservador, afirmó por el contrario que la UE realmente debe a Reino Unido 211.000 millones de euros, lo que supone una devolución completa de las contribuciones netas de Gran Bretaña desde su anexión en 1973.
Dicha afirmación solo ha sido descartada parcialmente por la primera ministra, Theresa May.
Pero las cosas se ponen serias. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, preguntado la semana pasada sobre la solicitud de 60.000 millones de euros, confirmó que la cifra está “en torno a esa cantidad”. Davis ha admitido que Reino Unido tendrá que pagar algo; la pregunta es cuánto.
Algunas estimaciones desde Bruselas llegan hasta los 82.500 millones de euros, pero todo depende de los principios de contabilidad que se apliquen.
El estilo francés de las cuentas públicas cuenta con los compromisos de pago por los proyectos que se hayan acordado.
El Gobierno británico insiste en que es solo la amenaza de impago la que sigue manteniendo el gasto de la UE desenfrenado.
Añade a esto discusiones similares sobre las pensiones, edificios e incluso los bienes del Banco Europeo de Inversión, y tendrás la fórmula para meses de disputas y regateos, que acabará con una cifra acordada de entre cero y 60.000 millones de euros.
Ciudadanía
El segundo asunto en el que Barnier ha insistido que se debe tratar antes que cualquier otro es el futuro de los cuatro millones de ciudadanos comunitarios abandonados a ambos lados del cada vez más amplio Canal que separa Reino Unido del continente europeo.
La negativa de Reino Unido a dar cualquier tipo de garantía sobre los actuales derechos de residencia a los ciudadanos comunitarios en Reino Unido antes de recibir garantías sobre los derechos de los británicos en los países de la Unión ha provocado un gran enfado en Europa. Europa considera que esto es el equivalente a utilizar a los extranjeros como rehenes.
En privado, sin embargo, muchos ven este asunto como uno de los más fáciles de resolver. Incluso los partidarios de un Brexit duro admiten que los ciudadanos comunitarios que ya están en el país tienen una fuerte posición para ser “eximidos” de las normas migratorias una vez se modifiquen.
Con muchos más comunitarios en Reino Unido que británicos en la UE, debería haber presión política para lograr un acuerdo recíproco por parte del continente, aunque abandonar el principio de libertad de movimiento de personas siga teniendo costes en otras áreas.
Hay incluso indicios de que Reino Unido se está moderando respecto a la necesidad de permitir cierto grado de inmigración por razones económicas.
Los detalles, como los derechos sanitarios, seguirán siendo complejos, pero si ambas partes quieren empezar con buen pie, este es un buen punto de partida.
Fronteras
Por el contrario, el destino de los controles fronterizos, especialmente la sensible frontera de Irlanda del Norte, es un asunto donde las buenas palabras en el ámbito político esconden varios retos prácticos.
Los gobiernos británico e irlandés insisten en que no quieren que se instale ningún control fronterizo que pueda poner en peligro el proceso de paz de Irlanda del Norte, una idea respaldada con entusiasmo por Barnier y sus negociadores en Bruselas.
El problema es que si Reino Unido está fuera del mercado único y de la unión aduanera, como May ha insistido, entonces la frontera terrestre entre Reino Unido y el resto de la Unión Europea se enfrenta a una importancia económica y legal que puede que sea imposible de ignorar.
Aún queda por ver si, como algunos esperan, existen formas tecnológicas de introducir cierto grado de control aduanero y migratorio sin un puesto fronterizo físico.
La alternativa sería tratar a Irlanda del Norte como si todavía estuviese en la UE, o a la República de Irlanda como si fuese parte de Reino Unido, y ninguna de ellas ayudará al proceso de paz.
Comercio
Estas cuestiones entrelazadas sobre aduanas, inmigración y fronteras son otra de las razones por las que a los británicos les gustaría tratar el asunto de su futura relación con la UE al mismo tiempo que las discusiones sobre la salida de la Unión.
Pero el comercio es un asunto que muchos europeos temen que será un duro y largo golpe de realidad para una primera ministra excesivamente optimista que sigue queriéndolo todo.
Para la mayoría de los europeos, el asunto es simple: por el bien de la futura cohesión de la UE es primordial que siga inviolable el principio que elimina los atajos al acceso al mercado único si no se aplica el principio de libertad de movimiento de personas.
¿Por qué deberían permitir un acceso preferencial de Reino Unido a sus mercados de una forma similar a la actual si Reino Unido no está preparado para obedecer al menos la mayoría de las normas sociales y políticas que definen la condición de miembro de la Unión Europea?
Las conversaciones subsiguientes de Downing Street sobre tratos especiales para industrias importantes, como los servicios financieros o la fabricación de coches, son vistas como algo todavía más absurdo, particularmente porque sería una violación flagrante de las normas de la Organización Mundial del Comercio que rigen el conjunto de los acuerdos comerciales.
Otra idea imposible para Bruselas es el objetivo de Reino Unido de conseguir una unión aduanera a medida, que dé acceso sin restricciones, así como libertad para negociar acuerdos comerciales independientes en cualquier otro lugar.
Hasta que Reino Unido reconozca que esto será percibido como una peligrosa ‘puerta trasera’ económica, estás negociaciones no irán a ningún lado.
Tribunal Europeo de Justicia
Hay cuestiones altamente simbólicas para los británicos que podrían ser más fáciles de resolver si las conversaciones resultaran al final productivas.
Un problema aparentemente intratable es la reticencia británica a tener algo que ver con el Tribunal Europeo de Justicia tras su salida. Buena parte de la oposición al TJUE parte de la desinformación en los medios de comunicación y de la ignorancia sobre el hecho de que todos los acuerdos internacionales requieren acuerdos de arbitraje.
A diferencia del impopular Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el que no tiene nada que ver, el TJUE ha hecho poco por ofender al votante favorable al Brexit. Si Gran Bretaña firma un acuerdo comercial que merezca ese nombre, es probable que tenga que aceptar la autoridad de algún organismo supranacional que se ocupe de resolver las disputas.
Recuperar el control es una cosa, pero pretender que Gran Bretaña pueda tener una soberanía del 100% mientras es miembro de la comunidad internacional no es muy sostenible.
El hecho de que Gran Bretaña haya sugerido que se se renombren tales acuerdos para que no lleven la palabra ‘europea’ en su título indica que hay margen para el compromiso.
Transición
Una de las áreas en las que parece inevitable que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenga cierta participación es la de dirigir una fase de transición entre la salida de Reino Unido en marzo de 2019 y la introducción de un futuro acuerdo de libre mercado.
Los europeos insisten en que si la transición continúa ofreciendo los beneficios del acceso al mercado único, debería seguir sujeto a la autoridad del TJUE para que fuese la autoridad la que resolviese los conflictos de una manera equitativa.
Sería una dolorosa concesión para May porque significaría acudir a las próximas elecciones generales sin haber cumplido todas sus promesas de romper los lazos con Europa, pero podría ser un compromiso necesario en el caso de que no se haya llegado a un acuerdo comercial duradero.
Los ministros ya se han doblegado a las fuertes presiones de las empresas y de la City de Londres para amortiguar el golpe del Brexit reconociendo que es importante ir despacio.
Hasta el momento, la única concesión a los políticos ha sido renombrar todo esto como una “fase de adopción” en vez de un concepto de transición.
Es seguro que habrá más comentarios de Downing Street para restar dramatismo a las concesiones sin parecer que el Gobierno está rectificando.
Ratificación
A menos que las conversaciones se rompan por completo y Gran Bretaña abandone la UE sin que haya un acuerdo, lo acordado por Barnier y Davis tendrá que ser ratificado por los Parlamentos europeo y británico.
May ha argumentado con éxito que los diputados británicos tendrán una capacidad de decisión limitada cuando el acuerdo se someta a votación: lo tomas o lo dejas.
La mirada enfurecida del Parlamento Europeo sobre el tema está calando, y se nota su influencia al insistir que Barnier adopte una posición dura.
Pero las condiciones del artículo 50 permiten al menos que el acuerdo tenga que ser ratificado por una mayoría cualificada, tanto entre los gobiernos de la UE como entre los europarlamentarios. Hay pocas posibilidades de que una protesta aislada de un Estado miembro pueda interferir en un acuerdo conseguido en el último minuto.
Sin embargo, en relación al comercio, las normas de la UE obligan a un proceso de consultas mucho más amplio para cualquier acuerdo “mezclado”, es decir, que afecte a instituciones europeas y nacionales.
La necesidad de recabar el apoyo de todos los parlamentos nacionales de la UE, incluidos algunos regionales, sería un gran obstáculo para las esperanzas británicas de obtener un generoso acuerdo comercial, y por tanto será cuestionado por sus negociadores.
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