¡Vuelvan a la selva antes de que sea demasiado tarde!
Según el informe de las FARC-EP, en el caso de los servicios públicos, que debe ejecutar el Gobierno, solo se ha concluido el 23 por ciento, y que el incumplimiento global es del 87 por ciento.
El negociador y miembro del grupo insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias - Ejército del Pueblo (FARC-EP), Carlos Lozada, respondió este lunes a las declaraciones realizadas por Carlos Córdoba, gerente de las zonas de ubicación de los miembros del grupo.
Córdoba, inicialmente, aseguró que las denuncias de retrasos en la adecuación y logística en los puntos de agrupamiento no pueden estancar el proceso de adecuación, a pesar de que el retraso viene dado por incumplimiento de las obras gubernamental.
“Hemos tenido solicitudes de mando que revisando, no consideramos tan relevantes (…) consideramos que es mejor terminar lo que estamos haciendo y que pasen a estos lugares para poder avanzar", indicó el gerente.
Como respuesta, Lozada señaló que el Gobierno "firmó contratos de manera acelerada" y que lo reflejado en los mismos no abarcan "las necesidades reales de las Zonas".
TeleSUR
Publicado por JM Álvarez
Los guerrilleros de las FARC en la encrucijada
¿QUÉ PASARÁ EN COLOMBIA SI EL GOBIERNO VUELVE A INCUMPLIR EL ACUERDO DE PAZ?
Si el Gobierno colombiano cumple con los compromisos del Acuerdo de Paz, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) van a cumplir con los plazos programados para el desarme, aseguró este lunes el comandante guerrillero Iván Márquez (...).
Por FERMÍN DOMÍNGUEZ/CANARIAS SEMANAL.ORG
"Si el Gobierno colombiano cumple con los compromisos del Acuerdo de Paz, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) van a cumplir con los plazos programados para el desarme"- aseguró este lunes el comandante guerrillero Iván Márquez.
"Vamos a cumplir y a hacer dejación de armas. El país puede estar absolutamente seguro de eso", manifestó Márquez al diario colombiano El Tiempo.
En la entrevista concedida al citado rotativo, el líder guerrillero pasó revista a los compromisos que reclama su organización para iniciar el desarme: "Necesitamos, ante todo, seguridad jurídica; en segundo lugar, aplicación de la Ley de Amnistía y, por último, el levantamiento de órdenes de captura contra insurgentes, tal y como está establecido".
"Y. además - añadió- que se decrete la Justicia Especial para la Paz en el Congreso".
expuso que para que eso ocurra "es preciso hacer balance de los cumplimientos del Estado".
"Debería ser así, pero hay que mirar los cumplimientos de la contraparte, especialmente, en lo relacionado con seguridad jurídica y seguridad física, así como la seguridad socioeconómica de los guerrilleros"- puntualizó.
Al final de la entrevista, Márquez ratificó el compromiso de las FARC-EP "con la construcción de un mejor futuro para Colombia y para el mundo" y reafirmó que las FARC no tiene interés en continuar su actividad insurgente:
Para muchos analistas la firma de los acuerdos entre las FARC – EP y el Gobierno de Colombia es la confirmación de que, efectivamente, la paz en Colombia está muy cerca de sellarse definitivamente. Sin embargo, otros observadores advirten que existen muchas dudas al respecto.
En primer lugar, por el hecho de que en Colombia la violencia está institucionalizada desde las décadas 60-70, en un país de hacendados, donde las elites han jugado y juegan un papel determinante.
respectivos.
Como consecuencia de ello, en el país latinoamericano se continúa asesinando selectivamente a activistas sociales, comunales, de derechos humanos y sindicalistas que luchan en ese país contra las injusticias.
No por casualidad, ya en agosto del pasado año, el Comandante Iván Márquez, jefe del equipo negociador de las FARC-EP, afirmaba en La Habana, en el acto de anuncio del cierre de las conversaciones para la firma del Acuerdo Final, que “habría paz si respetaban los acuerdos”, en una clara referencia al gobierno colombiano.
Los asesinatos de activistas en Colombia están amenazando el proceso de paz del país
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- febrero 28º, 2017
En la madrugada del 10 de enero, un grupo de hombres armados secuestraron a José Yilmer Cartagena en un mercado en El Cerro, un pueblo en el noroeste de Colombia.
El próximo día su cuerpo fue hallado en una carretera.
El cadaver mostraba señales de tortura: tenía más de 32 heridas de cuchilladas, su garganta tenía cortaduras en cuatro lugares y su lengua fue cortada en pedazos.
Cartagena era el vicepresidente de una organización que ha luchado para la devolución de tierras a los campesinos que perdieron sus bienes durante la guerra civil colombiana.
También fue miembro del partido político izquierdista Marcha Patriótica.
Ahora han silenciado a su voz de la misma manera que han hecho con otros 40 activistas que han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado noviembre.
Líderes guerrilleros y organizaciones de derechos humanos atribuyen estas muertes a grupos paramilitares de la derecha.
Dicen que los asesinatos de estos activistas podrían desestabilizar, e incluso destruir, el acuerdo de paz que tomó cuatro duros años en finalizar.
“Están matando a los líderes que deben implementar el acuerdo de paz en sus regiones”, me dijo León Fredy Muñoz, director de Fenalpaz, una ONG que trabaja con organizaciones rurales.
“También están mandando un mensaje claro de que tratarán de matar a cualquier persona que se ponga en su camino”.
De acuerdo con la organización de Muñoz, muchos de los activistas que han sido asesinados en Colombia han estado trabajando en temas como la reforma agraria o la protección al medio ambiente.
Su trabajo los pone frente a frente con empresas locales y multinacionales que quieren desarrollar proyectos de infraestructura o grandes proyectos agroindustriales en las zonas rurales.
Activistas como Cartagena también han estado trabajando para asegurarse que el gobierno implemente las normas del acuerdo de paz que prometen devolver la tierra a las personas que tuvieron que huir del campo durante la guerra.
Defensores de los derechos humanos dicen que los paramilitares están asesinando a los activistas para que la gente no regrese a los terrenos y para que puedan desarrollar sus propias empresas ilegales, como minas de oro y campos de coca.
“En Colombia tenemos la mala fortuna de ser ricos en recursos naturales y los esfuerzos para controlarlos han resultado en violencia, desplazamiento y sangre”, me dijo Margarita Herrera, una activista de Agua Vive, un grupo que defiende los derechos del agua y de la tierra de la comunidad.
Herrera y su colega Ángela Moreno dijeron que fueron amenazadas después de que intentaron detener un proyecto hidroeléctrico cerca de la ciudad de San Carlos, un pueblo afuera de Medellín.
“Estaba caminando a la casa con mis dos hijas y cuando abrí la puerta, dos hombres en una motocicleta aceleraron hacia nosotras”, dijo Moreno. “Los hombres me dijeron que dejara de dar información o que iba acabar como mis hermanos”.
Sus tres hermanos fueron asesinados por milicias hace varios años.
Muñoz, el director de Fenalpaz, dijo que las amenazas y los asesinatos podrían tener un doble efecto sobre el proceso de paz con las FARC.
Para empezar, Muñoz afirmó que los asesinatos podrían ser interpretadas por la guerrilla como una señal de que las políticas izquierdistas todavía se encontrarán con una respuesta armada.
Eso podría impulsar algunos guerrilleros a salir de los campamentos transitorios del gobierno en donde ahora viven y se están preparando para renunciar a las armas.
En segundo lugar, dijo que los asesinatos podrían provocar una nueva lucha armada por la gente que esta siendo perseguida.
“¿Qué más pueden hacer?”, preguntó Muñoz.
El gobierno de Colombia afirma que los grupos armados que operan en las zonas rurales son narcotraficantes sin agenda política. También han anunciado que están invirtiendo recursos para erradicarlos.
Pero las FARC y varios grupos de la izquierda argumentan que estas facciones son los sucesores de grupos de la derecha de los años 90 y principios de 2000 que defendían los intereses de los grandes propietarios y las empresas mineras. Los líderes de las FARC han dicho que este grupo es “el obstáculo principal” para lograr la paz en Colombia.
León Muñoz no tiene ninguna duda de que la violencia política sigue existiendo en Colombia. Él ha sobrevivido seis intentos de asesinato en los últimos cuatro años.
El último ocurrió hace cinco meses, cuando un grupo de hombres armados lo siguieron y le dispararon a su camioneta. “Si el carro no fuera antibalas, me hubieran matado”, dijo.
Muñoz está preocupado de que cuando las FARC salgan de los campamentos y hagan la transición a la vida civil, grupos paramilitares ocuparán las zonas rurales antes controladas por las guerrillas y sacarán a los activistas y pequeños agricultores.
Sin embargo, dijo que seguirá haciendo su trabajo y denunciará asesinatos como el de José Cartagena.
“Se han llevado tanto de nosotros que también nos quitaron el miedo”, dijo Muñoz. “Creo que es mejor vivir y morir por algo que por nada”.
![[Img #47331]](http://canarias-semanal.org/upload/img/periodico/img_47331.jpg)
ARZOBISPO COLOMBIANO: “EN ESTE PAÍS SE SIGUE ASESINANDO A LOS ACTIVISTAS SOCIALES”
El acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC no se ha traducido en un descenso significativo de la violencia política que sufren los militantes de la izquierda en este país latinoamericano (...).
POR FERMÍN DOMÍNGUEZ/CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC no se ha
Mantener esa estructura de explotación y dominio oligárquico requiere del uso sistemático de la violencia en todas sus formas contra quienes intenten cambiarlo. Incluso cuando lo intentan por vía pacífica.
Así surgen “aparatos de genocidio” como el que denuncia el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, para el asesinato selectivo contra dirigentes sociales y defensores de derechos humanos.
Para este religioso, que también ha sido blanco de amenazas, “se trata de una verdadera cruzada anticomunista”.
En respuesta a las amenazas recibidas por el arzobispo Darío de Jesús Monsalve el vocero de las FARC-EP, Iván Márquez, se manifestó para reclamar la actuación del presidente del país.
“Es hora, después de tanta amenaza y muerte, que el Presidente (Juan Manuel Santos) exija a quien corresponda identificar ya a los promotores del paramilitarismo”.
'Protejamos a Monseñor Monsalve (...) hoy amenazado por la derecha paramilitar'- concluyó.
Sin embargo, estas reclamaciones formales no se han visto correspondidas por ninguna actuación gubernamental, mientras los asesinatos de activistas de izquierda y sindicalistas continúan incrementándose.
Una situación que obliga necesariamente a recordar el recordarse el genocidio del que fueron víctimas los miembros el partido Unión Patriótica (UP), surgido de otro proceso pretendidamente pacificador.
Desde el año 1984, la UP perdió a unos cinco mil de sus militantes a causa de los asesinatos perpetrados en el marco del plan denominado “baile rojo”.
¿Acaso no se habrá aprendido la lección?
VÍDEO:
Las víctimas piden ayuda al ELN, que reconoce no poder prestársela
PARAMILITARES COLOMBIANOS SIEMBRAN EL TERROR EN LAS ZONAS ABANDONADAS POR LAS FARC
Para muchos, que la última guerrilla activa de Colombia -el Ejército de Liberación Nacional (ELN)- comenzara la pasada semana a negociar a puerta cerrada en Ecuador un acuerdo con el gobierno, puede considerarse una prueba de que la paz ha llegado definitivamente al país (...).
Por FERMÍN DOMÍNGUEZ/CANARIAS SEMANAL.ORG
Para muchos, que la última guerrilla activa de Colombia -el Ejército de Liberación Nacional (ELN)- comenzara la pasada semana a negociar a puerta cerrada en Ecuador un acuerdo con el gobierno, puede considerarse una prueba de que la paz ha llegado definitivamente al país.
"Vamos a negociar con seriedad y celeridad. Esperamos que el ELN comprenda que estos son tiempos de paz. Y que tengan la lucidez de no dejar ir el tren de la paz. Colombia lo espera"- manifestó a este respecto el jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo.
Por su parte, la Unión Europea (UE) instó a las dos partes "a intensificar los esfuerzos, con espíritu de responsabilidad mutua y de compromiso" para lograr el acuerdo.
El gobierno español estimó que la negociación "sienta las bases de una paz estable y duradera en Colombia para poder hacer frente a los retos del futuro".
Sin embargo, una de los dos actores que participan estos diálogos, elELN, denunció que los paramilitares están invadiendo los territorios dejados por las FARC- EP y aterrorizando a la población de dichas regiones.
Los hechos relatados por el vocero del ELN vienen a sumarse a las noticias sobre la persistencia de los asesinatos de activistas sociales y sindicalistas, cuestionando que la desmovilización de las FARC y su conversión en partido político hayan traído realmente la paz a Colombia.
La realidad muestra, por el contrario, que la desmovilización del principal grupo guerrillero del país solo ha terminado con la "contra-violencia" que había respondido -durante más de medio siglo- a la violencia del sistema con la que las oligarquías se imponen en el país latinoamericano.
Contrariamente a lo que sostiene la ideología dominante, no se trata de dos tipos de violencia equiparables. Mientras la primera buscar mantener la injusticia mediante la fuerza bruta y el miedo, la que ejercen los desposeídos y oprimidos es estrictamente defensiva.
Parafraseando al filósofo argentino León Rozitchner, podríamos afirmar que las llamadas democracias se sostienen realmente por el terror, y no por el deseo y la voluntad mayoritaria de la sociedad.
En una sociedad de clases antagónicas - en permanente lucha, la "democracia"solo puede entenderse como una tregua durante la que sigue actuando el terror económico, hasta que es necesario volver a utilizar la violencia desnuda del Estado, que seguirá sufriendo el pueblo colombiano.
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