El procés pone al descubierto injerencias del Gobierno en las decisiones de los tribunales

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, junto a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría

El procés pone al descubierto injerencias del Gobierno en las decisiones de los tribunales

• By Tomalaprensa, tomalaprensa.es
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• enero 2º, 2018
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• El titular de Justicia, Rafael Catalá, da por hecho que los dirigentes independeitstas imputados serán inhabilitados “muy pronto” cuando se les procese por delitos graves
• El presidente y varios ministros telefonearon a miembros del Constitucional cuando estaban deliberando sobre su recurso, según publicó El País
• Sáenz de Santamaría ya presumió durante la campaña de las catalanas de que fue el PP quien descabezó a la dirección del PDeCAT y de Esquerra Republicana

El ministro de Justicia, Rafael Catalá,  pronostica en un programa de televisión que los dirigentes independentistas investigados por su papel en la proclamación de la República serán inhabilitados mucho antes de que exista una condena en el Supremo.

Varios miembros del Gobierno, empezando por el propio presidente, Mariano Rajoy telefonearon, según publicó El País, a jueces del Tribunal Constitucional justo antes de su deliberación sobre el recurso que el Gobierno había presentado -obviando el dictamen contrario del Consejo de Estado- para advertirles de la grave situación en que quedaría el Estado si la Cámara catalana acaba invistiendo a Carles Puigdemont.

Toda una vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, atribuye a su partido en un mitin político el descabezamiento de Esquerra Republicana de Catalunya y el PDeCAT, cuyos líderes o están encarcelados, como Oriol Junqueras, o huidos de la Justicia, caso de Carles Puigdemont en Bruselas.

El ruido del procés, las graves consecuencias que ha tenido para Catalunya, con la destitución de su Gobierno, la repetición electoral y sus principales dirigentes en prisión o exiliados en Bélgica, y  la convulsa situación política en España, han normalizado algunas graves injerencias del Gobierno sobre el estamento Judicial que han puesto en entredicho la misma separación de poderes.

Esos tres graves episodios se han sucedido en solo unas semanas sin que hayan desencadenado ninguna tormenta política, más allá de las quejas de los partidos independentistas y de críticas aisladas de diputados de distintos formaciones. 

La crisis catalana ha sumido la política española en un contexto de excepcionalidad que parece justificarlo todo, incluso las llamadas de miembros de un Gobierno para interesarse por su recurso a jueces del Tribunal Constitucional.

La información de El País del pasado sábado, citaba a “fuentes del Ejecutivo” que confirmaban esos contactos con miembros del Constitucional: “No hubo presiones porque ningún miembro del Tribunal Constitucional lo permitiría, pero sí trasladaron el dramático cuadro en el que quedarían enmarcadas las instituciones democráticas con Puigdemont investido y obligadas a actuar después […] Se apeló a razones de Estado”.

Un par de días después de que Moncloa intentase desmentir esa información que El País no ha rectificado sobre los contactos con el Tribunal Constitucional, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, acudió a Espejo Público, el magazine de Susana Grisso en Antena 3 para adelantar los siguientes pasos que dará el Tribunal Supremo en relación con los dirigentes independentistas imputados por rebelión. 

Según el pronóstico de Catalá, los políticos que apoyaron el proceso secesionista y están siendo investigados por el Supremo, podrán ser inhabilitados en primavera, mucho antes de que se dicte sentencia, que también según sus cálculos, llegará en otoño o a final de año.

La frase completa de Catalá sonaba así:”Hay una interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice que cuando hay un procesamiento por un serie de delitos graves o de personas rebeldes, antes de esperar a la sentencia hay una inhabilitación. Por lo tanto, más allá de lo que dicte la sentencia final,  puede haber una inhabilitación desde muy pronto”.

Esta vez las palabras de Catalá pusieron de acuerdo en sus críticas a Ciudadanos y al PDeCAT, que salieron a pedir prudencia al ministro de Justicia.

“Esas decisiones corresponden exclusivamente a los tribunales y no es bueno que los representantes políticos debatan sobre decisiones futuras que sólo corresponden a los jueces”, respondió el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Justicia del Congreso, Nacho Prendes. 

La portavoz del PDeCAT en la misma comisión, Lourdes Ciuró, acusó al ministro de erigirse en juez y parte dentro del mismo procedimiento.

Los conflictos sobre la colisión de poderes no son nuevos. Han acompañado al procés desde que este entró en su recta final hace unos meses. 

El anterior fiscal general del Estado, el fallecido José Manuel Maza, se dedicó durante varias semanas  a adelantar los delitos que el Ministerio Público pretendía imputar a los líderes independentistas antes incluso de que se celebrase el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional. Sus presagios sobre las acusaciones de sedición y rebelión acabaron cumpliéndose. Tampoco aquello levantó gran polvareda política en un país conmocionado por el procés.

Mientras tanto, el malestar crece entre algunos jueces del Constitucional, que han visto cómo el Tribunal estuvo a punto de partirse por la mitad después de que se pusiese en sus manos la resolución de un problema político y ahora ven cómo miembros del Gobierno se felicitan por haber impedido la designación de Puigdemont como presidente de Catalunya en el exilio.

La doble moral del ministro Catalá sobre el derecho a la información y los mensajes de Puigdemont

• By Ignacio Escolar, www.eldiario.es
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• enero 2º, 2018
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1. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido la publicación de los mensajes de Puigdemong a Comín. Dice que “prevalece el derecho a la información” frente al derecho a la intimidad.

2. Hoy defiende el derecho a la información. Cuando los medios publicamos la foto de Rodrigo Rato detenido, Catalá no pensaba igual. "El derecho a la información no es absoluto", decía entonces. Incluso modificaron la ley para impedir que volviera a pasar.

3. Y cuando los medios publicamos las conversaciones de Eduardo Zaplana con Ignacio González, tampoco le importaba el derecho a la información. 

Para el ministro Catalá, eran “cotilleos” y “conversaciones privadas”. Aquellos "cotilleos" demostraban las maniobras de dirigentes del PP para quitar y poner jueces y fiscales a voluntad. En ellas el propio ministro no quedaba demasiado bien.

4. Cuando en eldiario.es publicamos los mensajes de los reyes a su amigo, Javier López Madrid, el ministro también lo criticó. Llegó incluso a anunciar una investigación del Gobierno contra eldiario.es de la que nuca supimos más e incluso sugirió que estábamos incumpliendo la ley. 

Para el ministro, nuestra exclusiva era un "posible delito de revelación de secretos", no derecho a la información. Que el jefe del Estado respaldase a López Madrid tras conocerse el escándalo de las tarjetas black no le parecía una noticia de interés.

5. Rafael Catalá propuso incluso incluso multar a los medios que publicamos noticias obtenidas de los sumarios judiciales. Lo hizo en mitad del terrremoto que para el PP supuso el caso Lezo, porque lo que salía de esos sumarios le venía muy mal. 

El derecho a a la información entonces no era tan fundamental y lo importante era "respetar la presunción de inocencia". La misma presunción de inocencia que cada día se salta el ministro cuando se trata de los independentistas.

6. De las filtraciones judiciales que afectan a independentistas no se ha quejado, tampoco cuando se conocía información bajo secreto de sumario. 

Incluso ha ejercido de portavoz, adelantando qué el Tribunal Supremo va a inhabilitar a Puigdemont. La tradicional separación de poderes del Gobierno español.

7. El PP también aprobó con todos los demás partidos una condena unánime en el Congreso cuando un fotógrafo de El Mundo pilló una foto del móvil de Rubalcaba. Entonces decían que prevalecía la intimidad y que la foto del sms en el móvil era un "temerario acto de invasión de una comunicación protegida", una noticia que nunca se debió publicar.

8. Tras lo que pasó con Rubalcaba, el presidente del Congreso, Jesús Posada, encargó un informe jurídico que argumentó que su secreto de las comunicaciones había sido vulnerado. Ese mismo informe se usó también con otro caso posterior, cuando pillaron a Celia Villalobos jugando a un videojuego en su tablet mientras presidía un pleno. El periodista que grabó ese vídeo, Antonio Maestre, recibió una advertencia por incumplir el reglamento del Congreso.

9. Personalmente yo ya me pronuncié ayer. Si estos mensajes de Puigdemont hubieran llegado a eldiario.es los habríamos publicado, como hemos hecho con muchos otros. Su interés informativo es evidente y no creo que en este caso se haya violado su intimidad ni por el método utilizado –una cámara en una sala de prensa– ni por su contenido.

10. Pero entiendo también las dudas legales que provoca su publicación, un debate interesante y necesario donde tendrá que opinar la justicia belga, y que puede que allí no estar tan claro como lo vemos en España. Hoy publicamos un documentado reportaje de José Precedo, que hahablado con un montón de expertos que no ven delito. También un artículo de Elisa Beni, que opina justo lo contrario en un texto que hay que leer.

✍🏽 OPINIÓN | Es un escándalo https://t.co/mtLPAtNDpr Por @elisabeni pic.twitter.com/5Y4QvpsMLa

— eldiario.es (@eldiarioes) 1 de febrero de 2018

11. Lo que no es defendible es que grabar la pantalla de un móvil con un zoom sea legal o ilegal en función de a quién le toque. O vale para todos o no vale para nadie. O vale para Rubalcaba, Villalobos y Comín o no vale para ninguno de los tres.

12. Y lo que hace el ministro Catalá, y tantos otros, es un ejercicio obsceno de hipocresía y doble moral.

EXPERTO EN DERECHO INTERNACIONAL DENUNCIA UNA CONSPIRACIÓN DE SILENCIO DE LA UE Y LA ONU CONTRA CATALUÑA

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El relator independiente de la ONU Alfred de Zayas y experto en derecho internacional en ejercicio en Suiza, Alfred de Zayas, denuncia que “hay una conspiración de silencio contra Catalunya por parte de la UE y la ONU”.

De Zayas (La Habana, 1947), cree que con el caso catalán ha quedado patente “que los estados aplican el derecho internacional de manera selectiva, a la carta”. Así, considera una “incoherencia espectacular” que la UE pida a España que reconozca la independencia de Kosovo mientras “niega” que los catalanes puedan aspirar a su soberanía.

El experto en derecho internacional, considera “aberrante” que a los catalanes “se les haya negado la solidaridad internacional” al declarar la independencia el 27 de octubre de 2017.

Sobre la existencia de presos políticos en España, de Zayas afirma que:

“Es evidente que estas cuatro personas están encarceladas por supuestos delitos que son esencialmente políticos, porque no hay nada más político que defender pacíficamente la cultura y la identidad propias y ejercer el derecho a la libre determinación. El artículo primero del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos ratificados por España, contemplan el derecho de autodeterminación como un derecho que no se puede derogar en ningún caso y, esto es muy relevante, es un derecho que prima sobre otros derechos. Me remito al artículo 96 de la Constitución española, que da prioridad al derecho internacional por encima del derecho nacional. Como es bien sabido por Madrid, las leyes y la Constitución deben ser interpretadas a la luz del derecho internacional”.

“Desgraciadamente, España tiene presos políticos y la UE y la ONU callan. Son presos políticos porque se les acusa de defender un derecho político sin haber cometido ninguna acción violenta ni haber saboteado nada. Comparemos el caso de España y Cataluña con otros países donde hay manifestaciones, que son violentísimas, en que se utilizan todo tipo de armas de fuego. Pues bien, el Estado español, que como miembro de la UE es un estado democrático, pretende equiparar las manifestaciones pacíficas de los catalanes con situaciones de violencia extrema, y eso es muy grave. Precisamente, lo que hemos visto en Cataluña es una gran disciplina pacífica en el campo independentista, que insiste en dialogar con el gobierno central. No hay nada más legítimo que exigir este diálogo”.

“Es obligación de la ONU y de la UE condenar una situación en la que personas son detenidas y encarceladas por acciones de naturaleza estrictamente política”.

“Recomiendo que los presos políticos se dirijan por escrito al grupo de trabajo de la detención arbitraria de la ONU, con envío de toda la documentación necesaria. Y a la vez, recomiendo que se hagan llegar estos casos el comité de derechos humanos de la ONU”.

“Es una situación absolutamente aberrante, pero la impunidad en las relaciones internacionales y el derecho es muy habitual y conocida. Si la UE, por intereses geopolíticos y no por intereses de derechos humanos, se niega a actuar ante esta aberración cometida por el gobierno de España, pierde su credibilidad y el proyecto europeo queda tocado. Y lo mismo ocurre con la ONU. Yo, en mi función limitada de mandatario de la ONU sobre el orden internacional democrático y equitativo, he dejado muy claro que Cataluña tiene derecho a su libre determinación y que España tiene la obligación de respetar este derecho. Es un derecho que pertenece a los pueblos y que no tiene limitación. Y es falso que esté limitado a pueblos que han sido antiguas colonias”.

“Es evidente que hay una conspiración de silencio contra Cataluña por parte de Bruselas y de la ONU, el silencio de los cuales es ensordecedor. Y también ha quedado patente que los estados aplican el derecho internacional de manera selectiva, a la carta.

“¿Cómo puede Europa pedirle a España que reconozca la independencia de Kosovo, y al mismo tiempo, negar que los catalanes puedan aspirar a la independencia? Es una incoherencia espectacular que pone en cuestión la solvencia democrática de la UE. Si se aplica este principio en Kosovo, o también en Eslovenia o Croacia, en el que los estados de Europa reconocieron inmediatamente la declaración unilateral de independencia de estos pueblos, ¿por qué no quieren reconocer la DUE de Cataluña? Yo no entro a decir si quiero o no que Cataluña sea independiente, pero sí quiero que los catalanes puedan decidir. Siempre pacíficamente, como han hecho los catalanes, que no quieren la violencia sino el diálogo”.

“Insisto, lo más importante para Cataluña es perseverar en la vía pacífica, el diálogo y la legalidad internacional”.

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Como no nos cansamos de repetir desde hace meses, lo que provoca el rechazo de organismos altamente corruptos como la ONU (que colabora con su silencio cómplice en todo tipo de atropellos y crímenes contra la humanidad por todo el mundo), o una de las instituciones más corrompidas del planeta, la Unión Europea (al servicio directo de los poderes financieros internacionales), no es que Cataluña pueda ser un nuevo estado.

Esto no va ni de banderas, ni de fronteras.

Lo que preocupa a las élites político-financieras mundiales, es el precedente de rebelión popular dirigida por las personas, desde abajo y contra el poder. Lo que sucede en Cataluña, pone en jaque los planes largamente establecidos por las élites para instaurar un nuevo orden internacional de control absoluto sobre las poblaciones.

A estas élites les interesa que la relación entre los gobiernos y sus poblaciones, sea como la que se ve en España: con un gobierno que obedece servilmente los dictados de los poderes financieros internacionales (en este caso, de la UE), viola los derechos y libertades ciudadanas a conveniencia y dispone de una población tan largamente adoctrinada en la pasividad y la obediencia al amo y señor, que no solo no lucha contra los abusos recibidos y contra la mafia corrupta que ha secuestrado su país, sino que es capaz de mobilizarse para defender a sus opresores.

Como no nos cansaremos de repetir, España y su sociedad servil e indigna por tanto años de educación en la obediencia ciega, son el sueño húmedo de las élites financieras internacionales, aquello que querrían implantar en todos los países del mundo para dominarlos a su antojo sin ninguna oposición.

Y la rebelión popular catalana, aún con todas sus imperfecciones, contradicciones y errores, es exactamente lo que más temen estas élites: una organización popular, horizontal, capaz de saltar las barreras ideológicas y políticas para alcanzar objetivos comunes.

Esa forma de ser, arraigada en la sociedad catalana, es lo que más pone en peligro sus intereses.

Por ello, volvemos a llamar a la gente que realmente quiere luchar en España contra el abuso de las multinacionales y esos poderes financieros oscuros: dejen la bandera a un lado y den apoyo a la rebelión popular catalana, como indicamos en el artículo: POR QUÉ TODOS LOS ESPAÑOLES DEBERÍAN APOYAR LA REVOLUCIÓN CATALANA

Aunque muchos no lo quieran creer, lo que sucede en Cataluña, es la última esperanza que le queda a esta España convertida en un régimen fascista y corrupto, donde se detiene a políticos por cumplir promesas electorales, se persigue a manfiestantes pacíficos y se encierra en la cárcel a cantantes, twitteros y activistas por criticar el poder.