La Marea Blanca denuncia que el 87% del presupuesto de Rajoy para Sanidad acabará en manos privadas
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- septiembre 9º, 2019
Las reacciones al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE)para 2017 siguen dándose.
Después de que la oposición anunciase que iban a presentar enmiendas a la totalidad, la Marea Blanca también ha cargado contra las cuentas que ha diseñado Cristóbal Montoro.
Y es que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ve unos números “insuficientes, que solo favorecen la privatización de la asistencia sanitaria”.
“El presupuesto sanitario a pesar de un incremento del 2,3% se aleja mucho del de 2010 (922 millones de euros menos) por lo que evidentemente es insuficiente para recuperar los recortes que se han llevado a cabo estos últimos años”, ha resumido el colectivo ciudadano.
Un proyecto que ha presentado el Ejecutivo y que para la Marea Blanca es un guiño a la iniciativa privada.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha criticado que la mayor parte de las cuentas “están destinadas a financiar la provisión privada”
De hecho, los números del colectivo han estimado que el 87% de los 4.093 millones de euros van a parar a manos privadasal ser destinado este porcentaje “a las mutualidades de funcionarios más los que se destinan a las mutuas de accidentes”.
Sin embargo, la incursión privada en las cuentas de 2017 no es el único problema que ha identificado la Marea Blanca:
“Si analizamos las partidas se objetiva que las cantidades que se dedican a estrategias de salud son mínimas y totalmente insuficientes”.
De esta manera, al ver que la partida para esta cuestión es “mínima”, la federación ha considerado que la investigación de “enfermedades raras, estrategias de salud, prevención y control del SIDA y otras ETS” serán las grandes damnificadas.
Según ha reclamado en numerosas ocasiones la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, en los PGE sigue sin reducirse las desigualdades entre regiones españolas:
“No existen fondos de cohesión que deberían estar destinados a mitigar las desigualdades en salud entre las CCAA, aparece una partida de 5 millones para sistemas digitales, que también acabaran en manos de empresas privadas”.
Y, por último, la Marea Blanca también ha echado en falta que el Gobierno de Rajoy abordase el problema del gasto farmacéutico:
“Otro ausente de los presupuestos es la dotación necesaria para sufragar la utilización de medicamentos de última generación cuyos precios son fijados por el propio Ministerio de Sanidad y que son la principal causa de los tremendos problemas financieros de las CCAA”.
Podemos denuncia (con datos) la Trama hospitalaria
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- marzo 4º, 2017
Día a día crecen las sospechas de que los madrileños llevan pagando de más por la construcción de los nuevos hospitales que Esperanza Aguirre entregó, mediante concesiones administrativas, a empresas del entorno pepero.
El capitalismo de amiguetes elevado a la enésima potencia o la Trama como suelen decir en Podemos.
La investigación de la deuda madrileña, que ya se sitúa cerca de los 31.000 millones de euros, está dejando al descubierto que la supuesta “magnífica gestión” del liberalismo español no es más que otra muestra de despilfarro y saqueo de lo público como denuncian en Podemos.
“En los hospitales hay indicios de despilfarro y beneficio a los concesionarios”
Los datos que van obteniendo, no sin esfuerzo como confirma José Manuel López, demuestran que.....
con total probabilidad el sistema de concesiones o cánones que impusieron en la Sanidad está generando un sobreendeudamiento a las arcas públicas.
La claridad y contundencia de las palabras de la diputada Mónica García así lo reflejan: “En los hospitales hay indicios de despilfarro y beneficio a los concesionarios”.
Unos concesionarios que los lectores de Diario 16 vienen leyendo en todos los casos de saqueo estatal que se cuentan:
OHL, ACS, Grupo Cantoblanco (Arturo), Sando, FCC o Bankia.
La Trama y el saqueo de las arcas públicas
Desde Podemos, López estima que seguramente “esos hospitales (los 6 nuevos más el Puerta de Hierro) ya estén pagados” y aún faltan 20 años de concesión (a más de 9 millones de euros de canon al año) que sólo pueden servir para subir la deuda y beneficiar a unos pocos.
Según los datos de la intervención en los pagos del canon no se puede discernir realmente qué parte va a construcción y qué parte es para el pago de servicios.
Pero los informes sí hacen constar que se está pagando muy por encima de coste trabajo/hora los servicios a las concesionarias.
Por ejemplo, en mantenimiento se paga 65 euros la hora de trabajo, cuando realmente el trabajador no ganará más de 6 euros/hora. Existe un sobrecoste de 59 euros por tanto.
Además, todas aquellas cuestiones que las concesionarias entienden que no es parte de su concesión son abonadas por la propia Comunidad de Madrid.
Los aumentos de los peajes, con consentimiento del gobierno de Peña Nieto, que OHL ha realizado en México y han supuesto un escándalo de corrupción, parece que son un modelo que Aguirre y sus secuaces han exportado al extranjero.
No es de extrañar que los concesionarios luego aparezcan como donantes del propio PP.
Como en el caso de Javier López Madrid, por ejemplo.
O el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández, ex-presidente de CEIM.
Todas estas coincidencias extrañan y mucho a la formación morada que está dispuesta a esclarecer y denunciar ante fiscalía todo lo que entiendan como un caso de prevaricación, administración desleal u otro concepto penal que pudiese aparecer.
Hugo Martínez y José Manuel López también han apuntado que es extraño que año tras año los interventores adviertan que se cometen irregularidades con la facturación y contables y que desde la propia Comunidad de Madrid no se haga nada.
Es una grave infracción que estaría cometiendo el consejero Jesús Sánchez Martos por dejadez. Por este motivo, volverán a preguntarle en Pleno para ver si por fin responde.
Otra curiosidad de todo este entramado empresarial es que la empresa que debe controlar las concesiones (Hill International), y a la que se le abona por ello 1,3 millones de euros anuales, se dedique a lo mismo que las concesionarias, a la construcción y la gestión de proyectos y no a la auditoría realmente.
Es más en su accionariado tiene a alguna de las concesionarias mediante fondos de inversión.
La conclusión de los podemitas es que “Cifuentes no quiere romper con el pasado como demuestra la Ciudad de la Justicia o los cánones hospitalarios”.
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