CDC desvió dinero al extranjero mediante Òmnium
La Guardia Civil sigue la pista del desvio de dinero al extranjero que la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, ahora PDECat) habría realizado tras la venta de su sede central de la calle Còrsega de Barcelona.
Así consta en las diligencias judiciales abiertas en un juzgado de El Vendrell por el ‘caso 3%’ de supuestos pagos de comisiones ilegales al partido.
Estos desembolsos, según las pesquisas, se camuflaron a través de fundaciones afines, entre las que los agentes que están llevando el asunto han incluido a la Fundación Privada Òmnium, vinculada a Omnium Cultural -fundada por el fascista ultra católico Fèlix Millet Maristany su primer presidente y padre del corrupto Félix Millet Tusell-, y disuelta en el 2010.
En la entrada y registro realizada en agosto del 2015 por la Guardia Civil en el despacho del extesorero de CDC y de la fundación CatDem, Andreu Viloca, los agentes hallaron documentos sobre la venta en abril del 2015 de la sede central del partido a un grupo inversor de Hong Kong, el mismo que meses antes adquirió el Hotel Asturias de Madrid.
En el acta en la que un notario “da fe” de la operación figuran en representación del partido el que fuera su tesorero, Andreu Viloca, y el hindú Ravichadran Narasimhan, que actúa en nombre de la mercantil Synergy Inversiones 2014.
Como apoderada de esta compañía aparece C.R.N., una mujer que ostenta hasta 158 cargos en más de un centenar de sociedades. CDC recibió 13,1 millones de euros por la operación.
Según expone en un informe, la Guardia Civil considera que se deberían hacer gestiones de comprobación sobre la persona que figura como representante de la empresa compradora y que tiene su domicilio en Hong Kong, un enclave que está incluido en la lista de jurisdicciones no cooperativas con España en materia fiscal.
Los agentes subrayan que resulta “significativa” la figura de la mujer C. R. N, “circunstancia que merecería ulteriores investigaciones a fin de descartar posibles montajes societarios para encubrir algún tipo de operación”.
El escrito concluye que “convendría descartar que no se está en una operativa diseñada para poner bienes de CDC fuera del alcance de las autoridades españolas recurriendo a jurisdicciones no cooperativas”.
La compraventa se realizó justo un mes antes de las elecciones municipales.
Los investigadores están rastreando la contabilidad de CDC (han pedido los informes fiscalizadores del Tribunal de Cuentas) y también de las fundaciones CatDem (antes Trias Fargas), Nous Catalans y Fórum Barcelona.
La Guardia Civil ha detectado traspasos de fondos entre estas entidades, que se han nutrido de donaciones de empresas adjudicatarias del obras o servicios públicos.
Pero los agentes también han dirigido sus miradas al dinero que ha ido de estas fundaciones a Convergència.
“De la realización de este estudio preliminar se desprendería la existencia de una gestión única” de las cuentas a nombre de distintas fundaciones, “habiendo flujos económicos entre ellas sin que medie una justificación aparente”, sostiene un informe de la Guardia Civil. De ahí que los investigadores concluyan que “efectivamente toda la estructura financiera de CDC constituye una sola caja común administrada a capricho”.
El juez ha requerido a una serie de entidades bancarias que faciliten la información sobre estas fundaciones, aunque también ha incluido a la Fundación Privada Òmnium.
Según la Guardia Civil, esta entidad percibió en el 2008 de la empresa Bluegreen 20.000 euros y, al año siguiente, de Teyco, otros 20.000.
Asimismo, un documento intervenido en la sede de CDC corrobora que la Fundación Fórum Barcelona recibió en el 2012 donativos por un importe de 120.000 euros y CatDem, 1,2 millones de euros entre el 2008 y el 2012, de los grupos empresariales Agbar, Ortiz y Soler.
Los investigadores no solo inciden en que empresas, muchas de ellas constructoras, hicieron donaciones a las fundaciones de CDC como peaje para obtener obras y servicios de distintas administraciones, sino también posibles amaños en los concursos.
La Guardia Civil destaca en uno de sus informes sobre la construcción de un edificio de viviendas de protección oficial en Sant Cugat del Vallès --cuyo alcalde era entonces Lluís Recoder (después fue ‘conseller’ de Territori)-- que “los indicios disponibles hasta el momento apuntan a una posible alteración” del concurso, “pues da la impresión de que Teyco (una de las empresas investigadas) realizó una bajada temeraria [de la oferta] que fue obviada a la hora de la adjudicación”.
60 licitaciones de obras en el despacho del extesorero
La Guardia Civil encontró petróleo en el despacho del extesorero de CDC Andreu Viloca.
Los agentes hallaron documentos de hasta casi 60 licitaciones de obras y servicios públicos (como recogidas de basuras) de poblaciones repartidas por toda Catalunya.
Barcelona en la época de Xavier Trias, Esparraguera, Sallent, Sabadell, Mataró, Salou, Prat de Lluçanès…
Y de organismos muy dispares gobernados, eso sí, por CDC: tanto a nivel local (ayuntamientos), como comarcal (consejos comarcals), provincial (la Diputación de Tarragona) y autonómico (GISA, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o la Agència de Residus de Catalunya).
Los guardias civiles se toparon una licitación del Servei Català de Tràsit para la “instalación de un sistema para la modificación de la velocidad en la vía B-20, en el tramo comprendido entre Mongat y Barcelona”.
También encontraron de forma sorprendente un documento sobre el nombramiento de interinos en la Diputación de Barcelona.
Los investigadores hallaron asimismo documentos relativos a la financiación de CDC y las fundaciones de su entorno y tarjetas de visita (todas ellas han sido fotografiadas) de importantes empresarios, abogados y mandos de los Mossos d’Esquadra, entre otras profesiones. Y papeles con anotaciones manuscritas.
Sin embargo, lo que más llamó la atención a la Guardia Civil es que encontraron papeles que habían sido rotos por una trituradora. Los especialistas han podido reconstruir algunos documentos y han hecho un somero análisis de cada uno, comparándolos con otros indicios o pruebas.
Entre los papeles destruidos había una tarjeta de visita de un importante empresario. Los agentes, además, llegaron a seguir de cerca al mismo Viloca y observar su encuentro con un varón (por el momento sin identificar, según la Guardia Civil) y cómo los dos se dirigían a un edificio de la Generalitat, informa El Periódico.
Uno de los principales donantes de Convergència i Unió (CiU) ha señalado al ex president Artur Mas ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción en el sumario que investiga la trama del 3%. Este empresario, cuya identidad custodian en secreto los investigadores, ha relatado que mantuvo una reunión con Artur Mas y su mano derecha, Germá Gordó, en la sede del partido.
En dicho encuentro, Mas, entonces presidente de la formación, le remitió al empresario a Gordó que, según precisó este donante, era entonces gerente del partido.
Añadió que fue escueto y que lo hizo con las siguientes palabras: «Tienes que hacer lo que este te diga».
El análisis de la agenda electrónica personal del extesorero de CDC Andreu Viloca ha desvelado las "reuniones sistemáticas" que mantenía con los empresarios que, supuestamente, a cambio de las adjudicaciones de obras públicas daban dinero al partido camuflado como donaciones a la fundación afín Catdem, que él mismo presidía.
Una delegación del Govern de la Generalitat viajó en noviembre pasado a Israel para conocer las técnicas en ciberseguridad "más avanzadas" del Mossad, el servicio secreto del gobierno criminal sionista, como informó en su momento en solitario Agencia Sírius.
Los representantes del gobierno nazicatólico y corrupto de JxSí reconocen ahora que visitaron la feria internacional Israel HLS & Cyber y mantuvieron reuniones con representantes del sector afines al sionismo tan estrechamente ligado al gobierno de CDC y ERC.
Así consta en las diligencias judiciales abiertas en un juzgado de El Vendrell por el ‘caso 3%’ de supuestos pagos de comisiones ilegales al partido.
Estos desembolsos, según las pesquisas, se camuflaron a través de fundaciones afines, entre las que los agentes que están llevando el asunto han incluido a la Fundación Privada Òmnium, vinculada a Omnium Cultural -fundada por el fascista ultra católico Fèlix Millet Maristany su primer presidente y padre del corrupto Félix Millet Tusell-, y disuelta en el 2010.
En la entrada y registro realizada en agosto del 2015 por la Guardia Civil en el despacho del extesorero de CDC y de la fundación CatDem, Andreu Viloca, los agentes hallaron documentos sobre la venta en abril del 2015 de la sede central del partido a un grupo inversor de Hong Kong, el mismo que meses antes adquirió el Hotel Asturias de Madrid.
En la entrada y registro realizada en agosto del 2015 por la Guardia Civil en el despacho del extesorero de CDC y de la fundación CatDem, Andreu Viloca, los agentes hallaron documentos sobre la venta en abril del 2015 de la sede central del partido a un grupo inversor de Hong Kong, el mismo que meses antes adquirió el Hotel Asturias de Madrid.
En el acta en la que un notario “da fe” de la operación figuran en representación del partido el que fuera su tesorero, Andreu Viloca, y el hindú Ravichadran Narasimhan, que actúa en nombre de la mercantil Synergy Inversiones 2014.
Como apoderada de esta compañía aparece C.R.N., una mujer que ostenta hasta 158 cargos en más de un centenar de sociedades. CDC recibió 13,1 millones de euros por la operación.
Según expone en un informe, la Guardia Civil considera que se deberían hacer gestiones de comprobación sobre la persona que figura como representante de la empresa compradora y que tiene su domicilio en Hong Kong, un enclave que está incluido en la lista de jurisdicciones no cooperativas con España en materia fiscal.
Los agentes subrayan que resulta “significativa” la figura de la mujer C. R. N, “circunstancia que merecería ulteriores investigaciones a fin de descartar posibles montajes societarios para encubrir algún tipo de operación”.
El escrito concluye que “convendría descartar que no se está en una operativa diseñada para poner bienes de CDC fuera del alcance de las autoridades españolas recurriendo a jurisdicciones no cooperativas”.
La compraventa se realizó justo un mes antes de las elecciones municipales.
Los investigadores están rastreando la contabilidad de CDC (han pedido los informes fiscalizadores del Tribunal de Cuentas) y también de las fundaciones CatDem (antes Trias Fargas), Nous Catalans y Fórum Barcelona.
La Guardia Civil ha detectado traspasos de fondos entre estas entidades, que se han nutrido de donaciones de empresas adjudicatarias del obras o servicios públicos.
Pero los agentes también han dirigido sus miradas al dinero que ha ido de estas fundaciones a Convergència.
“De la realización de este estudio preliminar se desprendería la existencia de una gestión única” de las cuentas a nombre de distintas fundaciones, “habiendo flujos económicos entre ellas sin que medie una justificación aparente”, sostiene un informe de la Guardia Civil. De ahí que los investigadores concluyan que “efectivamente toda la estructura financiera de CDC constituye una sola caja común administrada a capricho”.
El juez ha requerido a una serie de entidades bancarias que faciliten la información sobre estas fundaciones, aunque también ha incluido a la Fundación Privada Òmnium.
Según la Guardia Civil, esta entidad percibió en el 2008 de la empresa Bluegreen 20.000 euros y, al año siguiente, de Teyco, otros 20.000.
Asimismo, un documento intervenido en la sede de CDC corrobora que la Fundación Fórum Barcelona recibió en el 2012 donativos por un importe de 120.000 euros y CatDem, 1,2 millones de euros entre el 2008 y el 2012, de los grupos empresariales Agbar, Ortiz y Soler.
Los investigadores no solo inciden en que empresas, muchas de ellas constructoras, hicieron donaciones a las fundaciones de CDC como peaje para obtener obras y servicios de distintas administraciones, sino también posibles amaños en los concursos.
La Guardia Civil destaca en uno de sus informes sobre la construcción de un edificio de viviendas de protección oficial en Sant Cugat del Vallès --cuyo alcalde era entonces Lluís Recoder (después fue ‘conseller’ de Territori)-- que “los indicios disponibles hasta el momento apuntan a una posible alteración” del concurso, “pues da la impresión de que Teyco (una de las empresas investigadas) realizó una bajada temeraria [de la oferta] que fue obviada a la hora de la adjudicación”.
60 licitaciones de obras en el despacho del extesorero
La Guardia Civil encontró petróleo en el despacho del extesorero de CDC Andreu Viloca.
Los agentes hallaron documentos de hasta casi 60 licitaciones de obras y servicios públicos (como recogidas de basuras) de poblaciones repartidas por toda Catalunya.
Barcelona en la época de Xavier Trias, Esparraguera, Sallent, Sabadell, Mataró, Salou, Prat de Lluçanès…
Y de organismos muy dispares gobernados, eso sí, por CDC: tanto a nivel local (ayuntamientos), como comarcal (consejos comarcals), provincial (la Diputación de Tarragona) y autonómico (GISA, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o la Agència de Residus de Catalunya).
Los guardias civiles se toparon una licitación del Servei Català de Tràsit para la “instalación de un sistema para la modificación de la velocidad en la vía B-20, en el tramo comprendido entre Mongat y Barcelona”.
También encontraron de forma sorprendente un documento sobre el nombramiento de interinos en la Diputación de Barcelona.
Los investigadores hallaron asimismo documentos relativos a la financiación de CDC y las fundaciones de su entorno y tarjetas de visita (todas ellas han sido fotografiadas) de importantes empresarios, abogados y mandos de los Mossos d’Esquadra, entre otras profesiones. Y papeles con anotaciones manuscritas.
Sin embargo, lo que más llamó la atención a la Guardia Civil es que encontraron papeles que habían sido rotos por una trituradora. Los especialistas han podido reconstruir algunos documentos y han hecho un somero análisis de cada uno, comparándolos con otros indicios o pruebas.
Entre los papeles destruidos había una tarjeta de visita de un importante empresario. Los agentes, además, llegaron a seguir de cerca al mismo Viloca y observar su encuentro con un varón (por el momento sin identificar, según la Guardia Civil) y cómo los dos se dirigían a un edificio de la Generalitat, informa El Periódico.
Uno de los principales donantes de Convergència i Unió (CiU) ha señalado al ex president Artur Mas ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción en el sumario que investiga la trama del 3%. Este empresario, cuya identidad custodian en secreto los investigadores, ha relatado que mantuvo una reunión con Artur Mas y su mano derecha, Germá Gordó, en la sede del partido.
En dicho encuentro, Mas, entonces presidente de la formación, le remitió al empresario a Gordó que, según precisó este donante, era entonces gerente del partido.
Añadió que fue escueto y que lo hizo con las siguientes palabras: «Tienes que hacer lo que este te diga».
El análisis de la agenda electrónica personal del extesorero de CDC Andreu Viloca ha desvelado las "reuniones sistemáticas" que mantenía con los empresarios que, supuestamente, a cambio de las adjudicaciones de obras públicas daban dinero al partido camuflado como donaciones a la fundación afín Catdem, que él mismo presidía.
Una delegación del Govern de la Generalitat viajó en noviembre pasado a Israel para conocer las técnicas en ciberseguridad "más avanzadas" del Mossad, el servicio secreto del gobierno criminal sionista, como informó en su momento en solitario Agencia Sírius.
Los representantes del gobierno nazicatólico y corrupto de JxSí reconocen ahora que visitaron la feria internacional Israel HLS & Cyber y mantuvieron reuniones con representantes del sector afines al sionismo tan estrechamente ligado al gobierno de CDC y ERC.
Agbar, CDC, el 3% y el dinero del agua de Murcia y Alicante
Paradójicamente, el dinero de esas mercantiles del Levante, que había salido directamente de los bolsillos de los contribuyentes de esas provincias, terminó sirviendo para financiar el programa político de CDC para alcanzar la independencia de Cataluña.
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han concluido que esos pagos formarían parte de una “argucia” urdida por el accionista de esas mercantiles, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Agbar), para “diseminar las donaciones” que realizaba a CDC para asegurarse proyectos y licitaciones en Cataluña.
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción descubrieron los pagos entre la documentación intervenida en la sede del partido y figuran en el sumario de la llamada operación Petrum, cuyo secreto levantó parcialmente este viernes el instructor de la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch.
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción descubrieron los pagos entre la documentación intervenida en la sede del partido y figuran en el sumario de la llamada operación Petrum, cuyo secreto levantó parcialmente este viernes el instructor de la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch.
Una de esas empresas es Aquagest Región de Murcia, concesionaria del servicio público de agua en varios municipios de esa comunidad autónoma.
En los informes de la Guardia Civil se detalla que esa mercantil realizó una primera donación a CDC por importe de 40.000 euros el 26 de octubre de 2012, solo cuatro semanas antes de las elecciones al Parlamento de Cataluña de ese año, celebradas el 25 de noviembre.
Y dos semanas después, el 5 de diciembre, la misma empresa efectuó un segundo pago a la formación de Artur Mas y Carles Puigdemont de otros 20.000 euros.
Una segunda mercantil de Alicante también realizó pagos a CDC, a pesar de que el partido tampoco tiene ninguna relación con esta provincia.
Según los informes de la Guardia Civil, Aquagest Levante SA, con sede en la capital alicantina y concesionaria también de contratos para la gestión de agua, habría donado a los convergentes 21.500 euros el 28 de marzo de 2011; 20.000 euros el 23 de julio de 2012; y otros 40.000 euros el 26 de octubre de ese año, nuevamente, en plena campaña de las elecciones autonómicas, a las que CiU se presentó por primera vez con la independencia de Cataluña en su programa.
La donación se canalizó a través de una de las entidades satélite de CDC, CatDem. Como ya han acreditado los investigadores, el dinero se movía luego a la caja B del partido mediante facturas falsas por servicios inexistentes.
"Resulta absolutamente sorprendente que Aquagest Región de Murcia y Aquagest Levante suministren donaciones, bien a partidos, bien a fundaciones vinculadas a los mismos, en Cataluña”, manifiestan los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil en uno de sus informes.
A la aparición de esas empresas habría que sumar los pagos de una tercera mercantil con actividad también fuera de Cataluña.
Se trata de Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento, que gestiona el servicio de agua en ayuntamientos de Zamora, Badajoz y Pontevedra, entre otras, y tiene sus oficinas centrales en Valladolid.
En la contabilidad de CDC aparece al menos un ingreso de esta otra empresa por importe de 20.000 euros. Se realizó el 3 de mayo de 2012.
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han concluido que esos pagos formarían parte de una “argucia” urdida por el accionista de esas mercantiles, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Agbar), para “diseminar las donaciones” que realizaba a CDC para asegurarse proyectos y licitaciones en Cataluña.
Los contratos se amañaban en la antigua sede de CDC en la calle Córcega de Barcelona, pero el dinero salía de los recibos del agua que pagaban los contribuyentes de Murcia, Alicante y otras provincias de España.
Entre la documentación hallada en el despacho del tesorero del partido, Andreu Viloca, aparecieron mensajes de intermediación ante ayuntamientos gobernados por CDC para desbloquear concesiones y saldar deudas pendientes, a pesar de que, en teoría, solo era responsable de las finanzas de la formación.
“Tales actuaciones podrían constituir un presunto delito de tráfico de influencias, pues se están solicitando favores a Andreu Viloca para que utilice sus contactos y ascendencia dentro de Convergència con el fin de ejercer presión sobre funcionarios públicos”, recoge otro de los informes incorporados a la causa.
El interés por conseguir contratos en Cataluña también provocó que otras empresas de ámbito nacional contribuyeran a financiar las aspiraciones independentistas de CDC.
Es el caso de ACS, que como publicó El Confidencial este sábado, utilizó su Fundación para realizar una aportación a CatDem de 60.000 euros en 2011.
Las pesquisas han concluido que la constructora presidida por Florentino Pérez selló con esa donación un contrato para gestionar la basuras y la limpieza viaria de Olot (Gerona) durante ocho años por un importe de 19,7 millones de euros más IVA.
Otra empresa con domicilio en Madrid, la constructora Oproler, está considerada por los investigadores una de las mayores donantes de la trama.
Pero con esos pagos, Oproler se garantizó adjudicaciones de decenas de ayuntamientos y empresas públicas controladas por CDC.
Viloca no solo tenía documentos de concesiones de Agbar.
Del sumario se desprende que el tesorero manejaba información sobre las licitaciones que sacaba a concurso la administración catalana antes incluso de que aparecieran publicadas en los boletines oficiales.
La Guardia Civil encontró en su despacho una carta que la jefa del Departamento de Licitación de la empresa pública Gestión de Infraestructuras SA (GISA), María Eugenia Tudela, remitió a la dirección del Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) para publicar los pliegos para la construcción de un centro médico en Mataró (Barcelona).
“Sorprende y llama la atención conocer qué justificación lógica puede sustentar sobre cómo una comunicación que la jefa de Licitación de GISA dirige al DOGC puede estar en poder de Andreu Viloca Serrano, que no tiene relación conocida, cargo o trabajo ni con la mencionada empresa pública ni en el diario oficial”, señalan los investigadores, informa El Confidencial.
Desde 1879 la Sociedad General de Aguas de Barcelona, la actual Agbar, ha explotado el servicio de concesión de Barcelona y otros 22 municipios de su área metropolitana sin que mediase concurso público alguno y con denuncias expresas de corrupción política y complicidad de gobiernos muncipales y de la Generalitat.
Hasta que la pasada semana el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido una sentencia pidiendo una licitación abierta para el servicio.
Un golpe en la línea de flotación de Agbar y sus cómplices.
La Guardia Civil sigue la pista del desvio de dinero al extranjero que la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, ahora PDECat) habría realizado tras la venta de su sede central de la calle Còrsega de Barcelona.
Así consta en las diligencias judiciales abiertas en un juzgado de El Vendrell por el ‘caso 3%’ de supuestos pagos de comisiones ilegales al partido.
Estos desembolsos, según las pesquisas, se camuflaron a través de fundaciones afines, entre las que los agentes que están llevando el asunto han incluido a la Fundación Privada Òmnium, vinculada a Omnium Cultural -fundada por el fascista ultra católico Fèlix Millet Maristany su primer presidente y padre del corrupto Félix Millet Tusell-, y disuelta en el 2010.
Cientos de manifestaciones se han congregado este viernes en la céntrica Puerta del Sol de Madrid para exigir una justicia igual para todos.
Al grito de "lo llaman democracia y no lo es" y "vergüenza, vergüenza", los manifestantes han protestado por las decisiones judiciales tomadas en los últimos días por el aparato judicial fascista puesto a dedo por el PP y al servicio de la oligarquía corrupta y nazicatólica institucional hispana.
La puesta en libertad condicional de Urdangarin, la denuncia del fiscal López Bernal y la entrada en prisión del rapero Miguel Arenas son algunos de los hechos que han motivado la concentración.
No hay comentarios:
Publicar un comentario