El conflicto agrario y de la tenencia de la tierra, son parte del brazo inquisidor que hilvanan en la nueva estructura del Estado, cuyo poder se sincroniza a través del crimen organizado, todo ello defendido por el actual gobierno.
Con un auto golpe de estado cierra el año, Honduras.
La legitimación de la dictadura que atraviesa Honduras desde hace más de siete años, es un hecho consumado.
El Partido Nacional (partido conservador de Honduras), el presidente de facto Juan Orlando Hernández (JOH), por intermedio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el Ministerio Publico,(MP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), junto con las Fuerzas Armadas de Honduras, unieron fuerza para violar la constitución de esta república latinoamericana.
Así lo afirma el precandidato presidencial por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Nelson Ávila, quien resume este hecho como una traición a la patria, puesto que fue trastocada la figura constitucional que prohibía la reelección presidencial en Honduras.
Aprobada la reelección, abre las puertas para que la dictadura coja fuerzas y que el actual mandatario de Honduras se reelija como presidente.
Ante estos acontecimientos, el movimiento social en esta nación, dio la cara a través de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quienes en reiteradas protestas condenaron la reelección presidencial.
La toma que efectuaron por un periodo de dos meses (mayo –julio de 2016) de las instalaciones de la UNAH, fue una de las acciones reivindicativas que los universitarios efectuaron este 2016.
Estas actividades de rebeldía contra la dictadura en Honduras, fue respaldada por los indígenas lencas organizados en El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
En marzo de 2016, la dictadura en Honduras, asesinó a la líder internacional ambientalista e indígena, Berta Cáceres, a nueve meses de su asesinato el caso se mantiene engavetado en los archivos de la impunidad de la inexistente justicia hondureña.
En relación a los que verdaderamente se oponen contra la dictadura en Honduras, los ataques continuos son la agenda diaria del actual mandatario conocido por sus siglas de “JOH”, a tal extremo que las tierras caribeñas del Bajo Aguan, y del pacifico, en la Isla Zacate Grande, son bastiones de constante ataque paramilitar, según las denuncias de sus pobladores.
El conflicto agrario y de la tenencia de la tierra, son parte del brazo inquisidor que hilvanan la nueva estructura del Estado, cuyo poder se sincroniza a través del crimen organizado, todo ello defendido por el actual gobierno.
En 2016 se agudizaron las contradicciones en Honduras, y apegado a esta contradicción los estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), cierran el año con una toma indefinida de las instalaciones, como una forma de protestar por la situación inhumana en que son tratados.
Bajo todo este contexto, la defensa de los derechos humanos en Honduras, es un trabajo amenazado hasta con la propia vida, sin embargo las acciones sociales de los estudiantes de la UNAH, la UNAG, el COPINH y OFRANEH, brindan una lluvia de esperanza, cuyo viento emancipador mantiene fuertes aires de resistencia.
El ataque imperial comenzó en Honduras en 2009, recientemente se perpetuó en Brasil otro golpe de Estado, y Venezuela está siendo atacada por una guerra económica y mediática, coordinada desde Washington D.C.
La unidad latinoamericana en estos tiempos de contra ataque imperial es la mejor arma libertaria para nuestra Patria Grande, Latinoamérica.
“Despertemos humanidad, ya no hay tiempo” Berta Cáceres.
* Ronnie Huete S. Periodista y activista de DDHH. Corresponsal de http://conexihon.hn, la revista Caros Amigos editada en São Paulo, Brasil, para Centroamérica, la organización Casa Mafalda São Paulo, Brasil, la Agencia informativa Latinoamericana Prensa Latina, Kaos en la red, el portal http://desacato.info y criterio.hn.
http://nonosolvidamosdehonduras.blogspot.com/2016/12/la-legalidad-de-la-dictadura.html
Diez años se cumplen de la aprobación y puesta en vigencia de la Ley de Transparencia y el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Una normativa que daba paso a los estándares internacionales en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y el derecho humano de toda ciudadanía a estar informada.
Sin embargo, los gobiernos nacionalistas han convertido a Honduras en el único país de América que aprueba una Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como “Ley de Secretos Oficiales”.
Moisés Sánchez, secretario de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, señala que las acciones gubernamentales “claramente están violando un derecho humano fundamental”.
“Es una clara violación a un derecho humano fundamental. Honduras es el único país de América que cuenta con una Ley de Secretos Oficiales, y ese es un gran indicador para entender que el camino que ha sigo Honduras es distinto de los demás porque junto con aprobar una ley de acceso después saca una ley que viene a borrar con el codo lo que se hizo con la mano”, afirma Sánchez.
Los obstáculos para el acceso a la información pública no terminan con la Ley de Secretos Oficiales. Edy Tábora, director del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), señala y recuerda que existen una serie de normas que fueron incorporadas a la Ley de Inteligencia y así colocar en secretividad el uso de la Tasa de Seguridad.
“La resolución 69-2014 establece secretividad a 20 instituciones del Estado. Una cosa importante de decir es que el acceso a información pública no solamente está relacionado directamente con la gestión pública y la corrupción sino que el acceso a la información permite tener una mejor calidad de vida de las personas en cualquier sociedad”, dice Tábora.
Juan Jiménez Mayor, vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), plantea que existe la necesidad de armonizar la legislación hondureña en materia de acceso a la información pública para evitar seguir vulnerando los derechos humanos.
“No solamente hay problemas en la Ley de Secretividad, por eso hablo de armonización, la propia Ley de Acceso a la Información Pública tiene en su artículo 17 tiene algunas imposiciones que también son muy problemáticas, o sea, tiene la clasificación por diez años de las normas que afecten la gobernabilidad del país, vaya uno a saber qué puede significar eso para la mente de un funcionario que no tenga los principios bien puestos”, manifiesta el vocero de la MACCIH.
El comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Gustavo Manzanares, asegura que las reformas en la legislación hondureña también deberán ir encaminadas a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y ver al Instituto como el único ente que pueda clasificar y desclasificar documentos.
“Para adecuarla para quitarle algunas reservas que la misma Ley crea, por ejemplo la seguridad del Estado para garantizar la gobernabilidad son temas que cualquiera puede interpretarlos a su propia forma; entonces, insisto, debe de haber un solo órgano que clasifique y reserve información y así el Estado tenga que aprobar ante el órgano competente el daño que pueda causar la información en poder la población”, propone Manzanares.
En las últimas semanas, integrantes de la junta directiva del Congreso Nacional manifestaron que en la próxima legislatura podría entrar a discusión las reformas a la Ley de Secretos Oficiales, declaraciones que son consideraras por los analistas como acciones de campaña electoral.
Entregan premio a la transparencia a gobierno de Hernández
Aparentando no conocer la realidad nacional y el accionar gubernamental en Honduras, la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción, en el marco de la Cuarta Cumbre Mundial de la Alianza para el Gobierno Abierto, entregó a la administración de nacionalista de Juan Orlando Hernández uno de los tres premios para iniciativas de transparencia y rendición de cuentas a nivel mundial.
Según CoST (Construction Sector Transparency Initiative por sus siglas en inglés), Honduras es un país que publica toda la información relevante de los procesos de construcción, supervisión y mantenimiento de las obras de infraestructura pública.
La diputada del Partido Anticorrupción, Fátima Mena, señala que las organizaciones internacionales pierden credibilidad al promover a un gobierno que mantiene en secretividad el uso de los fondos de la Tasa de Seguridad y no da paso a la implementación de la Ley deTransparencia y Acceso a la Información Pública.
Mena dice que ese tipo de premios lo que pretenden es maquillar la realidad para incentivar la inversión de empresas internacionales.
“Estas premiaciones lo que vienen a generar es confusión hacia afuera, pero basta que se haga un estudio de debida diligencia para entender que no estamos bien ni en transparencia, ni en rendición de cuentas, ni en acceso a la información pública, ni en los índices de desarrollo humano así que es un discurso en el tiempo insostenible”, criticó Mena.
Entre el 2014 y 2016, el gobierno de Hernández ha invertido más de 48,000 millones de lempiras en los corredores logísticos y turísticos, tramos carreteros que han sido entregados a las empresas transnacionales y nacionales para la instalación de casetas de peaje que violentan el derecho a la libre locomoción y la soberanía territorial.
PUBLICADO POR carlosagaton.blogspot.com
La disputa por la democracia en Honduras. El pueblo demanda un profundo cambio del sistema político
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- octubre 17º, 2016
I. EL CONTEXTO GENERAL
El proceso político hondureño carga con las consecuencias de la des-institucionalización generada tras el golpe militar-parlamentario de 2009.
A siete años de la separación violenta de la presidencia, Manuel Zelaya y sus copartidarios, han logrado organizar una fuerza política, llamada Libertad y Refundación (LIBRE), con representación territorial, diversa y con serias aspiraciones de poder, desafiando al Partido Liberal y al Partido Nacional, formaciones políticas tradicionales complacientes y beneficiadas con el golpe, quienes aún sostienen el gobierno sin generar estabilidad.
Todo lo contrario, representan el desgobierno, la corrupción y la violencia, en un ambiente de creciente poder de las economías ilegales y de las transnacionales, que tienen cada vez mayor influencia en la vida institucional y cotidiana de la sociedad hondureña.
Quizás por ello, el 38% de los hondureños no se identifican con las formaciones políticas existentes como lo indica la encuesta CID-Gallup de septiembre de 2016, mientras que la adhesión al Partido Nacional sigue siendo mayoritaria con el 37%, seguido por el Partido Liberal 13% y el Partido Libre 7%[1].
En dicho panorama, algunas formaciones políticas outsider de centroderecha, como el Partido Anticorrupción, podrían recoger una buena parte del electorado.
En ese contexto se realizarán en el 2017 las elecciones presidenciales que definirán la continuidad o un cambio para el país.
El calendario electoral se extenderá desde la celebración de las primarias programadas para el 12 de marzo hasta la celebración de las presidenciales que se realizarán durante el segundo semestre.
II. REELECCIÓN
En 2009, Manuel Zelaya convocó a la ciudadanía a depositar una papeleta para saber si estaban de acuerdo o no con cambiar el artículo de la Constitución Política que impide la reelección presidencial.
Una convocatoria democrática que, si bien no llegó a concretarse, terminó siendo el principal argumento de militares y políticos tradicionales para sustentar el golpe militar que lo destituyó.
Pues bien, en el 2015 se dio un hecho desapercibido para el mundo político internacional.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia autorizó la reelección presidencial por considerar que “tales artículos violentan la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”[2], un argumento que hubiera develado las intenciones golpistas del pasado, pero que ahora sirve para que el actual presidente Juan Orlando Hernández sea candidato del conservador Partido Nacional y compita por un nuevo mandato.
Se trata de una decisión ampliamente criticada por los partidos opositores e impugnada ante la justicia electoral. Los alegatos constitucionales no detuvieron la decisión y a finales del mes de octubre de 2016 el Tribunal Supremo Electoral resolvió acatar el fallo de la Sala Constitucional y dar curso a la posible reelección presidencial[3].
Sin consultar a la ciudadanía y sin cambiar la Constitución, la justicia permitirá la postulación a la reelección del actual presidente, una decisión judicial que pone una vez más en cuestión las formas de la democracia representativa.
III. EL OFICIALISMO EN CAMPAÑA
Aprobada la reelección, las principales facciones del Partido Nacional apoyaron al presidente Juan Orlando Hernández para que busque de nuevo la banda presidencial.
El pasado 14 de diciembre fue inscripto por dos grupos nacionalistas: Juntos Por Más Cambios, y Unidos por la Nueva Honduras, quienes esperan ratificar la candidatura del actual presidente en las elecciones primarias, en las que competirá con otras dos candidaturas que tienen muy pocas posibilidades.
Eva Fernández será candidata nacionalista por la lista con el nombre “Yo amo a Honduras” y Roberto Ramón Castillo por el Movimiento Nacional Rafael Callejas (Monarca).
En la encuesta CID-Gallup ya mencionada, el actual presidente lidera la intención de voto con el 25%, aunque la mayoría de los encuestados no está de acuerdo con la reelección y tienen una mala valoración de la gestión de gobierno.
Según la pesquisa, el 41% de las personas considera que al terminar el periodo presidencial actual el país quedará peor que antes, el 29% piensa que sigue igual y el 30% considera que existe alguna mejoría.
De acuerdo a lo indagado por los estudios demoscópicos, la definición de la apuesta por la reelección del actual presidente se da por la ausencia de otras figuras nacionalistas que puedan ganarle a los candidatos opositores postulados para la contienda en el 2017.
Ello podría corroborar que la autorización de la reelección fue una decisión judicial hecha a la medida de las necesidades del Partido Nacional.
IV. LA OPOSICIÓN SE PREPARA
La oposición se prepara para realizar elecciones primarias en marzo de 2017, con el firme propósito de conseguir la aceptación popular que logre enfrentar las aspiraciones de reelección del actual presidente Hernández.
Tanto el tradicional y derechista partido liberal, como el Partido Libertad y Refundación (Libre) ya tienen definidas las precandidaturas que empezarán la carrera a la disputa presidencial.
El Partido Liberal participará en las primarias con cinco movimientos internos e igual número de candidatos: el Movimiento Unámonos por Honduras con Enrique Ortez Sequeira, exmagistrado y uno de los mayores opositores a la decisión sobre la reelección; el Movimiento Honduras por Nosotros con Luis Zelaya, exrector de la Universidad Tecnológica Centroamericana; el Movimiento Nuevo Liberalismo con Gabriela Núñez, actual congresista; el Movimiento Nueva actitud con José Eduardo Martell, congresista; y el Movimiento Alianza Social Progresista con la candidatura de Carlos Montoya, expresidente del Congreso Nacional[4].
En la encuesta CID-Gallup ya citada, aparecen mencionados Gabriela Núñez con el 4% y Luis Zelaya con el 2% de intención de voto a la presidencia; los demás candidatos liberales no puntean o no fueron objeto de medición.
La principal formación opositora, el Partido Libertad y Refundación-Libre, tiene como precandidata a Xiomara Castro apoyada por siete movimientos, quien disputará las primarias con sus copartidarios Rasel Tomé diputado y líder del Movimiento Resistencia Popular MRP y Jari Dixon diputado y líder de la agrupación Avancemos. Xiomara aparece tercera en la encuesta CID-Gallup, con una imagen favorable del 48% y desfavorable del 38% y una intención de voto del 16%.
En ese camino electoral, el Partido Libre realizó la elección de sus autoridades internas el pasado 30 de octubre y realizó una consulta interna sobre si la militancia está de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Se presentaron nueve corrientes políticas a esas elecciones internas, dejando como ganador al M28 que lidera Xiomara Castro con el 40% de los votos, seguido por la Fuerza de Refundación Popular-FRP con el 19% y el Pueblo Organizado en Resistencia-POR con el 12%.
El 95% de los consultados manifestó su acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente[5]. El Partido Anticorrupción que surgió como novedad en el 2013, tiene como candidato único a Salvador Nasralla quien aparece en la encuesta CID-Gallup como el segundo mejor posicionado después del actual presidente con el 20% de intención de voto.
El presentador de televisión e Ingeniero egresado de la Universidad Católica de Chile, se ha posicionado como un político-show y outsider que tiene como discurso la lucha contra el bipartidismo y la corrupción en Honduras.
En la contienda electoral del 2013 obtuvo el 13,43% de los votos.
Para algunos es un enigma político, pues sus posiciones políticas son ondulantes en los temas centrales de la economía y la gestión de gobierno, además de mantener su figura como famoso de la televisión[6].
V. QUÉ LE ESPERA A HONDURAS
Se espera un escenario polarizado, en el cual el actual presidente tratará de realizar una campaña basada en la expectativa de la estabilidad conservadora y tradicional.
Mostrando pocos resultados, pero con una maquinaria estatal que movilizará recursos para garantizar el voto territorial y la vieja adscripción al partido. Tiene como principales aliados a los Estados Unidos -quienes tienen una relación cuasi-colonial con este país mesoamericano-, a los militares y al poder judicial.
Las claves para la izquierda representada en el Partido Libre y en la figura de Xiomara de Castro, serán mostrar que pueden generar un cambio con estabilidad, logrando el respeto de los resultados por los factores de poder tradicionales que realizaron el golpe en el 2009.
Sus principales fortalezas radican en las propias dificultades sociales que vive el país, la pública y generalizada corrupción del Estado y una amplia confluencia de fuerzas políticas y sociales, a la cual se ha sumado la hija de la lideresa asesinada Berta Cáceres, quien aspirará al Congreso[7].
La alternativa de la derecha, emulando lo ocurrido en Guatemala, puede ser la elección del presentador de televisión Salvador Nasralla quien tiene una buena imagen ante la opinión pública y un marcado discurso anticorrupción que lo aleja de los imaginarios sociales sobre las formaciones políticas tradicionales.
Notas
[2]
Artículo publicado en: http://www.celag.org/la-
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