España, condenada por cubrir puestos estables en la sanidad pública con contratos temporales sucesivos
POR EL COMUNISTA el SEPTIEMBRE 15, 2016 •
El Tribunal Europeo de Luxemburgo declara ilegal esta práctica que, según los sindicatos, es habitual en todas las CCAA. La sentencia parte de la denuncia de una enfermera en Madrid que encadenó siete contratos en cuatro años.
Europa les da la razón. María Elena Pérez cubría un puesto permanente de enfermera mediante contratos temporales. Un caso que le sirve a Luxemburgo para concluir que la normativa española va en contra de la europea.
“Esta normativa puede permitir (…) la renovación de nombramientos de duración determinada para cubrir necesidades permanentes y estables, mientras que existe un déficit estructural de puestos de personal fijo”, asegura la sentencia.
La temporalidad del personal en la sanidad pública es del 30,5% de media, cinco puntos por encima de la del conjunto de trabajadores. “Una de cada tres enfermeras está con un contrato temporal”, afirma Mar Rocha, portavoz del Sindicato de Enfermería.
Una precariedad que, según los sindicatos, afecta sobre todo a servicios susceptibles de ser privatizados. Ahora esperan que la sentencia marque un antes y un después.
Revelan un escándalo de comisiones en el PP valenciano, con cinco cajas de dinero negro
POR EL COMUNISTA el SEPTIEMBRE 15, 2016 •
La investigación del caso Tabla ofrece cada día nuevas informaciones sobre la dimensión de la presunta corrupción del PP valenciano.
Tras el levantamiento de sumario por parte del juzgado de instrucción número 18 de Valencia, se ha confirmado que el partido trabajaba con cinco ‘cajas B’: en la Generalitat, en el Ayuntamiento de Valencia, en la Diputación de Valencia y dos más, en Castellón y Alicante.
En estas cajas, se registraba la entrada y la salida del dinero negro procedente de comisiones ilegales.
Por si fuera poco, el caso también implica el secretario general del PP en la provincia de Valencia, Vicente Betoret, que tenía conocimiento de la trama, y al ex-presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ejercía de enlace con el PP español, según informa El Mundo.
Según las investigaciones de la fiscalía y de la Guardia Civil, las cinco cajas B eran interconectadas y ‘transversales’, por lo que se nutrían de las comisiones ilegales que cobraba la Diputación de Valencia presidida por Alfonso Rus, y la Generalitat, presidida entonces por Francisco Camps.
Según El País, que también ha tenido acceso al sumario del caso Taula, había incluso una guerra interna, entre el PP provincial que dirigía Alfonso Rus y la dirección que controlaba Camps, para poder cobrar las comisiones fruto de las adjudicaciones otorgadas .
El informe de la Guardia Civil recoge declaraciones de Marcos Benavent, ex-gerente de Imelsa y recaudador del PP arrepentido: “Había intereses cruzados y muchas presiones de las personas que se mencionan en el audio para quedarse con el dinero “.
El expediente del caso incluye una declaración de Marcos Benavent, en la que es interrogado a raíz de unas conversaciones telefónicas que tuvo con el ex-vicepresidente segundo de la Diputación y ex-consejero delegado de CIEGSA, Máximo Caturla, en relación con comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obras de colegios.
Anticorrupción pide seis años de cárcel para Griñán y 10 de inhabilitación a Manuel Chaves por el caso de los ERE
POR EL COMUNISTA el SEPTIEMBRE 15, 2016 •
Anticorrupción pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán y 10 años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por prevaricación en el caso de los ERE.
El más perjudicado es José Antonio Griñán con dos delitos continuados, uno de malversación y otro de prevaricación. La Fiscalía pide seis años de cárcel, 30 de inhabilitación para cargo público y reintegrar 483 millones de euros.
Su antecesor, Manuel Chaves, se libra de la petición de cárcel. Pero anticorrupción solicita diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Que Griñán se enfrente a penas de prisión y Chaves no, tiene su explicación. Griñán, además de presidente fue consejero de Economía, con responsabilidad más directa sobre los fondos investigados, por lo que la Fiscalía le suma el delito de malversación.
Y eso a pesar de que el Supremo en 2015 no veía indicios de esa malversación porque no había pruebas de que Griñán participara en la concesión de ayudas fraudulentas.
En su escrito de acusación de la macrocausa de los ERE, la Fiscalía les acusa a los dos de no frenar las irregularidades con los ERE pese a la advertencia de la intervención.
“No fijando límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista”, reza el escrito de acusación.
Sorprendido se ha quedado el PSOE andaluz por la fecha elegida, pues la Fiscalía tenía de plazo hasta el 15 de octubre. Los socialistas han salido a respaldar a sus expresidentes.
El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, se muestra “convencido” de que los dos quedarán “exonerados de su responsabilidad penal”.
Por su parte, César Luena, secretario de Organización del PSOE, recuerda que “dimitieron del partido y dejaron sus escaños”, por tanto, en boca de Luena, confían en su inocencia. No tienen duda de que saldrán absueltos del juicio que comienza en 2017.
Pablo Casado, del PP, se ha mostrado muy crítico con el PSOE y ha asegurado que no pueden “admitir ningún tipo de lección de aquellos que han protagonizado el mayor caso de corrupción de la historia moderna de España”.
Por su parte, Albert Rivera, ha hecho referencia a los insultos que recibieron de José Manuel Chaves, que les acusó de “chantajistas”.
En total, la Fiscalía acusa a 26 políticos y técnicos del Gobierno andaluz. Entre ellos, los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.
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