Denunciada por haber sido aprobada gracias al "rodillo parlamentario" de la mafia del PP que tuvieron los nazicatólicos en la X legislatura, la repulsa social se canalizó en la calle en las mayores concentraciones en favor de la Educación Pública de la historia de la 'democracia' orgánico-fascista española.
Una unión de estudiantes, profesores y padres que devino en la Marea Verde y se consagró más tarde en la Plataforma Estatal por la Escuela Pública.
Este jueves, la Marea Verde convoca otra huelga educativa contra la Lomce, a la que ve "tocada de muerte" ante la negociación del pacto educativo en la Comisión de Educación del Congreso, pero sobre la que avisa: todavía se aplica en el corral hispano.
"Se está jugando con los tiempos.
En el desacuerdo hay Lomce, en la espera del pacto, hay Lomce", señala José Luis Pazos, presidente de Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA).
La Marea Verde acusa a las dos medidas estrella del PP, los itinerarios y las reválidas, de ser las causantes de esto.
"Se está jugando con los tiempos.
En el desacuerdo hay Lomce, en la espera del pacto, hay Lomce", señala José Luis Pazos, presidente de Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA).
La Marea Verde teme que el PP aproveche la negociación, retrase el acuerdo la comisión, que debía presentar un borrador en seis meses, tarde más de un año, y el proceso parlamentario para aprobarlo abarque otros dos.
Resultado: la Lomce funcionado toda la legislatura.
Por ello, y aunque el ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, pidió desconvocarla como muestra de buena voluntad ante la negociación, la Marea Verde vuelve a marchar contra la Lomce.
Una ley que en palabras de Agustín Moreno, profesor y portavoz del movimiento, "lo que hace es consagrar el vendaval de recortes que se han dado en España en los últimos cinco años.
No lleva ninguna memoria económica, sino que lo que hace es ajustar los términos legales a una disminución de casi un punto del PIB en materia educativa (9.000 millones de euros)".
Las organizaciones sociales han cargado desde el principio contra la Lomce al entender que, a pesar de su nombre, no tiene un propósito educativo, sino "ideológico".
"Tiene por objetivo elitizar la educación y hacerla más inaccesible y hacerla más inaccesible para las familias trabajadoras", afirma Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.
Los itinerarios plantean la separación de los alumnos desde la etapa de 13/14 años, para encaminarlos a la Formación Profesional o a los estudios superiores.
Las reválidas, derrocadas en su mayor parte gracias a la presión social, eran exámenes a realizar por agentes externos al sistema público, en varias fases de la carrera escolar, para evaluar el nivel de los alumnos.
En algunos casos, como en el bachillerato, de no pasar el examen no se obtendría el título aunque se aprobaran todas las asignaturas en el centro.
"Se empieza con segregaciones tempranas que discriminan a muchos alumnos, ya que lo que hace es no asegurar el derecho a educarse con éxito de absolutamente todos", explica Moreno, docente en un instituto público de Vallecas (Madrid):
"Las pruebas externas exclusivamente a los alumnos, y no a todo el sistema, solo pretenden segregar" "Busca darle una salida rápida a muchos estudiantes.
A nosotros nos parece tan legítimo cursar estudios superiores como no hacerlo, pero que sea elección de cada uno, no una imposición en función de quien tiene dificultades hoy en la escuela pública y no puede superarlas fruto de la falta de recursos y se ve abocado a quedarse fuera.
Evidentemente esto afecta sobre todo a la gente que tiene condiciones peores, tanto en sus centros de estudio, como son los de los barrios obreros, como también a la gente que en sus casas no puede recibir una atención especial, bien porque sus padres no tienen formación, bien porque no pueda recibir clases particulares", agrega Ana García.
Los conciertos con una secta mafiosa, anacrónica y criminal
Los conciertos con una secta mafiosa, anacrónica y criminal
La Marea Verde considera que dentro del "propósito ideológico" de la Lomce, esta pretende "impulsar los procesos de privatización de la educación".
En esta cuestión apuntan directamente a los conciertos, un modelo de escuela privada subvencionada por el Estado que la Lomce refuerza.
España está 22 puntos por encima de la media europea en alumnos matriculados en escuelas concertadas por la falta de públicas que obliga a los padres a llevar sus hijos a la secta criminal de pederastas y fascistas.
En Alemania, el porcentaje de alumnos matriculados en la escuela pública es del 92%.
En Francia, del 87%. En el Reino Unido, del 95%.
En Noruega, del 97%. En Grecia, del 93%.
En Italia, el 94,5%.
Irlanda, Letonia, Lituania, Rumanía y Croacia superan el 98%.
En una Europa con gran diversidad de sistemas educativos, un punto en común en todos ellos es el peso residual de la escuela privada.
España, en cambio, se queda en el 68%. Está 22 puntos por encima de la media europea en alumnos matriculados en escuelas concertadas. Solo la corrupta Malta y la podrida monarquía Bélgica la superan en cretinidad.
"Lo que se conoce como concertado en realidad son centros privados sostenidos con fondos públicos.
La educación es un pastel desde hace mucho tiempo para el capital privado, a nivel mundial y también en España, donde se está deteriorando la pública para robarle alumnos.
Esto se aprecia especialmente en Madrid, donde décadas de Gobierno del PP han dejado los porcentajes en 50-50.
En algunas zonas como Vallecas, hay más alumnos en la privada. Es algo totalmente anacrónico", lamenta Agustín Moreno.
José Luis Pazos, de la CEAPA, expone que "tiene que haber dos redes, una, la pública, y dos, la privada. La financiación pública tiene que ir a la escuela pública.
La concertada es un anomalía que no tiene sentido y que tiene que desaparecer.
¿Tiene que ser mañana? Seguramente no.
¿Toda la concertada, porque ningún centro tiene un enfoque claramente social y que no sea un negocio educativo?
Pues seguramente haya centros que podrían pasar a la red pública porque pueden ser gestionados desde lo público y tienen un concepto social aunque hayan nacido como iniciativa privada".
El gran rechazo contra el modelo concertado por parte de la Marea Verde se agrava debido a que en España la gran mayoría de esas escuelas, hasta un 80%, pertenecen a la secta nazicatólica.
Además, la Lomce establece que, en primaria y secundaria, la asignatura de religión -limitada a las mentiras y supersticiones de la secta vaticana- es evaluable y cuenta para la nota media del alumno. Por tanto, influye en la concesión de becas y ayudas basadas en el rendimiento académico.
"¿Cómo es posible que en el año 2017 tengamos que ver como la religión cuenta para nota media? Es algo absolutamente anacrónico", opina Ana García, del sindicato de estudiantes. "No solo es el chorro de dinero público a la Iglesia, que controla el 80% de la educación concertada, sino el tipo de ideas que se permite defender desde una tribuna legítima como es la de la escuela pública para defender cosas como lo que dice el arzobispo de Granada, que dice que el aborto es lo que favorece el maltrato, o que las mujeres tenemos que leer el libro Cásate y sé sumisa; y el de Valencia, preguntando si 'esa invasión de refugiados es todo trigo limpio', que hay que luchar contra el 'imperio gay'… Es ideología pura que desde luego debería estar fuera de la escuela pública", sostiene.
La Marea Verde aboga por una "educación laica", explica en este caso Agustín Moreno, aquella "que respeta todas las creencias pero que no dota de ningún tipo de privilegios a ninguna de ellas". La religión católica, argumenta, "no debe distorsionar ni el horario escolar ni la organización del centro ni el rendimiento académico de los alumnos", informa Público.
Las escuelas de ideario nazicatólico y fascistas que segregan por sexos han generado una nueva disputa interna en la derecha rancia catalana de CiU y la que se vende como progre de ERC en Junts pel Sí.
El adjunto al portavoz de la formación, Roger Torrent, ha reconocido este martes por la tarde que existen “divergencias” dentro de la coalición independentista ante la propuesta de ley de CSQP para retirar el concierto a las escuelas para ricos y fascistas que separan niños de niñas en las aulas y que, pese a los recortes en educación, han aumentado sus subvenciones y privilegios cebados por la fascista del Opus Dei Irene Rigau constantemente.
El grupo parlamentario Compromís en Les Corts Valencianes ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción que hasta 2014, durante la etapa de gobierno del PP, se produjo el supuesto "nombramiento ficticio" de 22 personas que cobraban de la administración valenciana como profesores de Religión en centros públicos pero que "en realidad trabajaban en las diócesis de Valencia, Alicante y Castellón". Según la coalición este "apaño" habría supuesto un desvío de fondos de al menos 9 millones de euros.
La principal organización de asociaciones de padres de alumnos de España, Ceapa, ha iniciado una campaña a nivel estatal para intentar frenar los pagos que se producen en los colegios e institutos públicos al considerar que se trata de una práctica «irregular».
En el País Valencià, las dos federaciones que forman parte de esta confederación ya han anunciado que secundarán la iniciativa.
Es un escándalo que, más de 50 años después, continúa teniendo repercusiones.
Empezó en la década de los 50, cuando miles de niños de familias pobres o que estaban bajo el cuidado del Estado en el Reino Unido fueron enviados a otras partes de lo que fuera el imperio británico de su fascista y plutocrática monarquía y que terminaron sufriendo abuso físico y sexual y utilizados para trabajos forzados en hogares y en las llamadas granjas escuelas dirigidas por órdenes y organizaciones religiosas, alguna con un presidente como el duque de Gloucester, tío de la 'Graciosa' reina.
Y el traslado de niños continuó hasta principios de los 1970. Se calcula que unos 150.000 niños fueron enviados a Australia, Nueva Zelanda, Canadá y lo que entonces era Rhodesia del Sur (hoy Zimbawe), en un período de 35 años.
Tan sólo a Australia fueron trasladados entre 7.000 y 10.000 niños después de la Segunda Guerra Mundial, de los que 4.500 han denunciado todo tipo de abusos.
La cruzada personal del padre de un alumno que le aseguró haber recibido abusos sexuales por parte de su maestro de educación física acabó destapando a principios de este año una auténtica trama de pederastia en un centro de los maristas en Barcelona.
Más de una decena de maestros de esta orden han sido acusados formalmente, con más de 40 denuncias.
El seguimiento de los hechos, que se remonta a décadas atrás, según se ha podido ir sabiendo por testimonios de algunos exalumnos, ha permitido comprobar hasta qué punto la institución religiosa proporcionaba un manto de impunidad que se ha prolongado en el tiempo.
RAZONES PARA LA HUELGA GENERAL EDUCATIVA
Por RAFAEL RODRÍGUEZ MARRERO
Son tres las exigencias planteadas desde quienes defendemos la escuela pública y que mañana, 9 de marzo, denunciamos a través de la Huelga General Educativa; una jornada de paro convocada en el reino de España por Federaciones de madres y padres, sindicatos de docentes y estudiantes y movimientos de renovación pedagógica.
Primero es la demanda para la reversión de los recortes a la que los gobernantes de turno (antes el PSOE, ahora el PP, con el respaldo en Canarias de CC) están sometiendo a la Escuela Pública. Hoy, el gasto total en educación supone un 4´37% del PIB (cuando el gasto medio en la UE es del 4´9% y el de los países OCDE es del 5´3%). En 2009, España gastaba en educación un 5´07% del PIB.
Esta continuada política de recortes no tiene visos de pararse, pues para 2018 las previsiones señalan que el gasto educativo en España caerá por debajo del 4%.
Consecuencia de lo anterior, resulta obvia la segunda exigencia: aumentar la inversión en educación. Y ello porque hay que contratar más profesorado, tratando al tiempo de reducir la temporalidad (que se estima en torno al 20% de las plantillas); hay que rebajar las ratios del alumnado en las aulas y retomar la senda de la inclusión educativa recuperando las medidas de atención a la diversidad.
La tercera exigencia, la DEROGACIÓN DE LA LOMCE, resulta absolutamente necesaria, pues esa norma educativa retrotrae a la educación pública a tiempos pretéritos, de infaustos recuerdos; pues propone el desmantelamiento paulatino de la oferta educativa pública de calidad primando valores competitivos y de excelencia que chocan frontalmente con la realidad social y con los valores que defendemos quienes reclamamos inclusión y democracia educativa.
Porque, en definitiva, debemos seguir exigiendo un Pacto Educativo, con participación real de las comunidades educativas; y seguiremos defendiendo una red escolar única de titularidad y gestión pública; pues es la que puede garantizar en condiciones de gratuidad, igualdad y democracia el derecho universal a la educación.
(*) Rafael J. Rodríguez Marrero es docente y director del CEIP Tarajalejo (Fuerteventura)
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