Para muchos, que la última guerrilla activa de Colombia -el Ejército de Liberación Nacional (ELN)- comenzara la pasada semana a negociar a puerta cerrada en Ecuador un acuerdo con el gobierno, puede considerarse una prueba de que la paz ha llegado definitivamente al país (...).
Por FERMÍN DOMÍNGUEZ/CANARIAS SEMANAL.ORG
Para muchos, que la última guerrilla activa de Colombia -el Ejército de Liberación Nacional (ELN)- comenzara la pasada semana a negociar a puerta cerrada en Ecuador un acuerdo con el gobierno, puede considerarse una prueba de que la paz ha llegado definitivamente al país.
"Vamos a negociar con seriedad y celeridad. Esperamos que el ELN comprenda que estos son tiempos de paz. Y que tengan la lucidez de no dejar ir el tren de la paz. Colombia lo espera"- manifestó a este respecto el jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo.
Por su parte, la Unión Europea (UE) instó a las dos partes "a intensificar los esfuerzos, con espíritu de responsabilidad mutua y de compromiso" para lograr el acuerdo.
El gobierno español estimó que la negociación "sienta las bases de una paz estable y duradera en Colombia para poder hacer frente a los retos del futuro".
Sin embargo, una de los dos actores que participan estos diálogos, elELN, denunció que los paramilitares están invadiendo los territorios dejados por las FARC- EP y aterrorizando a la población de dichas regiones.
Los hechos relatados por el vocero del ELN vienen a sumarse a las noticias sobre la persistencia de los asesinatos de activistas sociales y sindicalistas, cuestionando que la desmovilización de las FARC y su conversión en partido político hayan traído realmente la paz a Colombia.
La realidad muestra, por el contrario, que la desmovilización del principal grupo guerrillero del país solo ha terminado con la "contra-violencia" que había respondido -durante más de medio siglo- a la violencia del sistema con la que las oligarquías se imponen en el país latinoamericano.
Contrariamente a lo que sostiene la ideología dominante, no se trata de dos tipos de violencia equiparables. Mientras la primera buscar mantener la injusticia mediante la fuerza bruta y el miedo, la que ejercen los desposeídos y oprimidos es estrictamente defensiva.
Parafraseando al filósofo argentino León Rozitchner, podríamos afirmar que las llamadas democracias se sostienen realmente por el terror, y no por el deseo y la voluntad mayoritaria de la sociedad.
En una sociedad de clases antagónicas - en permanente lucha, la "democracia"solo puede entenderse como una tregua durante la que sigue actuando el terror económico, hasta que es necesario volver a utilizar la violencia desnuda del Estado, que seguirá sufriendo el pueblo colombiano.
Grupo paramilitar de Colombia ofrece recompensas por matar activistas sociales
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- marzo 5º, 2017
"Grupo paramilitar autodenominado “Autodefensas Gaitanistas de Colombia – ACG” realizan graves señalamientos, amenazas de muerte y ofrece recompensa económica a quien atente contra las vidas de los compañeros Piedad Esneda Córdoba Ruiz, Miguel Cifuentes Ardila, Melkin Hernán Castrillón, Iván Madero Vergel, Eladio Antonio Morales Polo, Lilia Peña y Himat Abdalá vocera nacional e integrantes de la Junta Patriótica Nacional y del Comité Patriótico Nacional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Algunos de ellos integrantes de la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra - ACVC, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, la Corporación Regional por la defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS, la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio – ASORVIMM, la Juventud Rebelde, Poder Ciudadano y de la Federación Nacional de Paz - FENALPAZ", describe la denuncia de Marcha Patriótica.
La denuncia fue hecha por la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Marcha Patriótica que, a través de un documento dirigido al presidente Juan Manuel Santos; al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; al del Interior, Juan Fernando Cristo; y al de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, en el que se exige al Gobierno Nacional garantizar la protección de los dirigentes amenazados e investigar los hechos.
En el panfleto que circuló en Barrancabermeja, el grupo paramilitar señalaba a los dirigentes sociales de ser milicianos y colaborar activamente con la guerrilla.
"Todos ellos se camuflan, se mueven como peces en el agua por estas organizaciones pero ya los tenemos ubicados sabemos de sus movimientos en los campamentos de la guerrilla, sabemos de sus rutas, sitios que frecuentan, le vamos a dar por donde más le duele", dice la amenaza.
Por eso el movimiento Marcha Patriótica hizo un llamado a la comunidad internacional para que realice seguimiento y monitoreo frente a la situación de derechos humanos en Colombia y a las investigaciones por las amenazas de estos panfletos.
"A los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos. En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas", concluye el documento.
El pasado viernes en Bogotá, según denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos del movimiento Marcha Patriótica, desconocidos ingresaron a la vivienda de Ángela Tuta, responsable de la Escuela de Educación Popular Pedro Nel Jiménez, de la Mesa de Unidad Agraria y Popular del Oriente Colombiano e integrante de Marcha Patriótica, y le robaron tres computadores portátiles, una memoria USB y cerca de ocho millones de pesos.
"Este no es un hecho aislado y se constituye en una acción de hostigamiento y hurto de información a dirigentes de nuestro movimiento", señaló la denuncia.
Entre tanto en Buenaventura se denunciaron seguimientos e intimidaciones contra integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca y en Cali amenaza de muerte a una líder estudiantil, participante y organizadora del campamento por la Paz de la ciudad.
“Con mucha tristeza e indignación recibimos y transmitimos la noticia del asesinato de la compañera Alicia López Guisao quien acompañaba la ejecución del proyecto Cumbre Agraria y Gobierno Nacional con Asokinchas, Coordinadora Nacional Agraria en el departamento del Chocó”, informó el portal Contagioradio.
Guisao fue asesinada la mañana de este jueves en un taxi en la ciudad colombiana de Medellín.
En los dos primeros meses de 2017 y ya fueron asesinados 25 líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia. Estos crímenes toman cada vez más frecuencia y se extienden por todo el país.
El 19 de febrero, organismos defensores de los derechos humanos en Colombia denunciaron el asesinato del líder social Faiver Cerón Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Esmeraldas, en el municipio de Mercaderes, sur del departamento del Cauca.
También el 7 de febrero, fue asesinada la líder Luz Herminia Olarte, de 51 años,.
Su cuerpo sin vida fue hallado en medio de un matorral en una zona rural de Yarumal, según denunciaron defensores de los derechos humanos en el departamento de Antioquia.
En 2016, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz registró 94 líderes asesinados.
De modo extraoficial y publicado por otras organizaciones independientes, se registraron 114. Una cifra preocupante fue la registrada en el Cauca, 40 crímenes y en Antioquia, 15.
A estos números se le suman, entre enero y junio, 232 amenazas, 21 atentados y 314 agresiones sexuales, según el Programa Somos Defensores.
Asesinan a otro dirigente social en Colombia
Organismos defensores de los derechos humanos en Colombia denunciaron este domingo el asesinato del líder social, Faiver Cerón Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Esmeraldas, en el municipio de Mercaderes, en el sur del departamento del Cauca.
Cerón fue asesinado de 15 disparos de fusil mientras regresaba en una motocicleta a su residencia. El líder social era defensor de las aguas del macizo colombiano y trabajaba en contra de la erradicación forzada.
Faiver Cerón Gómez regresaba a su casa tras participar en una reunión del Consejo Comunitario de Gobierno con funcionarios de la Alcaldía Municipal y de la Gobernación del Cauca.
Por otra parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, instó a través de su cuenta en la red social twitter a la Policía Nacional y a la Fiscalía General, a que actúen rápido en el esclarecimiento del asesinato del líder social.
Radio del Sur
Colombia: Alfonso Cano fue capturado vivo y después asesinado
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- marzo 1º, 2017
En diálogo con Caracol Radio sobre diferentes hechos que se presentaron durante el conflicto Carlos Antonio Lozada, miembro del secretariado de las Farc, se refirió al operativo en el que murió el entonces jefe máximo de las Farc, cuando ya avanzaba la etapa exploratoria de los diálogos con el Gobierno.
Sin dar mayores detalles apuntó a decir que la guerrilla tiene información y algunas pruebas que demuestras que Alfonso Cano fue capturado vivo después del bombardeo y luego asesinado.
Sobre la muerte del “Mono Jojoy” dijo que fue un operativo impresionante que puso en riesgo la vida de muchos guerrilleros.
Acerca acciones terroristas como el atentado a Caracol Radio en 2010 manifestó que en la comisión de la verdad y la JEP tendrán oportunidad de aportar verdad y reparación sobre todos estos hechos que se presentaron en medio de la confrontación armada.
Los asesinatos de activistas en Colombia están amenazando el proceso de paz del país
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- febrero 28º, 2017
En la madrugada del 10 de enero, un grupo de hombres armados secuestraron a José Yilmer Cartagena en un mercado en El Cerro, un pueblo en el noroeste de Colombia.
El próximo día su cuerpo fue hallado en una carretera.
El cadaver mostraba señales de tortura: tenía más de 32 heridas de cuchilladas, su garganta tenía cortaduras en cuatro lugares y su lengua fue cortada en pedazos.
Cartagena era el vicepresidente de una organización que ha luchado para la devolución de tierras a los campesinos que perdieron sus bienes durante la guerra civil colombiana.
También fue miembro del partido político izquierdista Marcha Patriótica.
Ahora han silenciado a su voz de la misma manera que han hecho con otros 40 activistas que han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado noviembre.
Líderes guerrilleros y organizaciones de derechos humanos atribuyen estas muertes a grupos paramilitares de la derecha. Dicen que los asesinatos de estos activistas podrían desestabilizar, e incluso destruir, el acuerdo de paz que tomó cuatro duros años en finalizar.
“Están matando a los líderes que deben implementar el acuerdo de paz en sus regiones”, me dijo León Fredy Muñoz, director de Fenalpaz, una ONG que trabaja con organizaciones rurales. “También están mandando un mensaje claro de que tratarán de matar a cualquier persona que se ponga en su camino”.
De acuerdo con la organización de Muñoz, muchos de los activistas que han sido asesinados en Colombia han estado trabajando en temas como la reforma agraria o la protección al medio ambiente. Su trabajo los pone frente a frente con empresas locales y multinacionales que quieren desarrollar proyectos de infraestructura o grandes proyectos agroindustriales en las zonas rurales.
Activistas como Cartagena también han estado trabajando para asegurarse que el gobierno implemente las normas del acuerdo de paz que prometen devolver la tierra a las personas que tuvieron que huir del campo durante la guerra.
Defensores de los derechos humanos dicen que los paramilitares están asesinando a los activistas para que la gente no regrese a los terrenos y para que puedan desarrollar sus propias empresas ilegales, como minas de oro y campos de coca.
“En Colombia tenemos la mala fortuna de ser ricos en recursos naturales y los esfuerzos para controlarlos han resultado en violencia, desplazamiento y sangre”, me dijo Margarita Herrera, una activista de Agua Vive, un grupo que defiende los derechos del agua y de la tierra de la comunidad.
Herrera y su colega Ángela Moreno dijeron que fueron amenazadas después de que intentaron detener un proyecto hidroeléctrico cerca de la ciudad de San Carlos, un pueblo afuera de Medellín.
“Estaba caminando a la casa con mis dos hijas y cuando abrí la puerta, dos hombres en una motocicleta aceleraron hacia nosotras”, dijo Moreno. “Los hombres me dijeron que dejara de dar información o que iba acabar como mis hermanos”.
Sus tres hermanos fueron asesinados por milicias hace varios años.
Muñoz, el director de Fenalpaz, dijo que las amenazas y los asesinatos podrían tener un doble efecto sobre el proceso de paz con las FARC.
Para empezar, Muñoz afirmó que los asesinatos podrían ser interpretadas por la guerrilla como una señal de que las políticas izquierdistas todavía se encontrarán con una respuesta armada. Eso podría impulsar algunos guerrilleros a salir de los campamentos transitorios del gobierno en donde ahora viven y se están preparando para renunciar a las armas.
En segundo lugar, dijo que los asesinatos podrían provocar una nueva lucha armada por la gente que esta siendo perseguida.
“¿Qué más pueden hacer?”, preguntó Muñoz.
El gobierno de Colombia afirma que los grupos armados que operan en las zonas rurales son narcotraficantes sin agenda política. También han anunciado que están invirtiendo recursos para erradicarlos.
Pero las FARC y varios grupos de la izquierda argumentan que estas facciones son los sucesores de grupos de la derecha de los años 90 y principios de 2000 que defendían los intereses de los grandes propietarios y las empresas mineras.
Los líderes de las FARC han dicho que este grupo es “el obstáculo principal” para lograr la paz en Colombia.
León Muñoz no tiene ninguna duda de que la violencia política sigue existiendo en Colombia. Él ha sobrevivido seis intentos de asesinato en los últimos cuatro años.
El último ocurrió hace cinco meses, cuando un grupo de hombres armados lo siguieron y le dispararon a su camioneta. “Si el carro no fuera antibalas, me hubieran matado”, dijo.
Muñoz está preocupado de que cuando las FARC salgan de los campamentos y hagan la transición a la vida civil, grupos paramilitares ocuparán las zonas rurales antes controladas por las guerrillas y sacarán a los activistas y pequeños agricultores.
Sin embargo, dijo que seguirá haciendo su trabajo y denunciará asesinatos como el de José Cartagena.
“Se han llevado tanto de nosotros que también nos quitaron el miedo”, dijo Muñoz. “Creo que es mejor vivir y morir por algo que por nada”.
Por qué están asesinando a líderes de derechos humanos en Colombia
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- diciembre 14º, 2016
Pero, ¿Qué son los Derechos Humanos? Según la oficina del Alto Comisionado para los DDDHH, estos son “derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.
Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles” (Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, 2016)
En un mundo lleno de desigualdades y violencias, algunas personas dedican su vida a la defensa de los derechos de los otros, esforzándose para que hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes puedan vivir plenamente.
A raíz de sus múltiples esfuerzos, actores siniestros se han empeñado en interrumpir su labor.
Colombia está viviendo un momento de alta complejidad política debido al proceso de paz con la guerrilla de las FARC-EP; fuerzas de la extrema derecha y enemigos de la paz insisten en proseguir con la lucha armada en pro de los beneficios económicos de unos pocos.
Es por esto que en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Caribe Afirmativo realiza este documento para dar a conocer la situación de DDHH de aquellas personas que justamente se encargan de defender los Derechos de los demás en la región Caribe colombiana, y de presentar los retos a los que el Estado colombiano se enfrenta en el marco del pos conflicto.
Como se dijo anteriormente, si bien el 2016 se ha considerado como el año de la paz, debido a que el presidente Juan Manuel Santos logró (en dos ocasiones) la firma de un acuerdo final de paz con la guerrilla de la FARC-EP, también fue un año contradictorio, ya que pese a la firma del Acuerdo de Cartagena (septiembre de 2016), el ganador en el plebiscito para refrendar el acuerdo (octubre) fue el NO, ante lo cual ciudadanos y ciudadanas se movilizaron en diferentes ciudades para respaldar dicho acuerdo y exigir la no dilatación de construcción del nuevo acuerdo, ante esto se dio la construcción de un nuevo acuerdo que tuvo en cuenta las recomendaciones de voceros del NO, estos se han opuesto al acuerdo, el cual ya fue refrendado por el Congreso y en espera para que la Corte Constitucional apruebe el Fast Track para su implementación.
En el marco de esto, grupos criminales han amenazado a un alto número de líderes y lideresas sociales, cuyo trabajo se centra en la defensa de los derechos humanos de quienes habitan sus comunidades, pese a que estas amenazas han sido reportadas en años anteriores, según datos de la ONG Somos Defensores, la preocupación que nace en el año 2016 es que las amenazas se han materializado, encontrándonos así en una crisis de garantías ad portas de la implementación del acuerdo de paz.
Según afirmó Somos Defensores en una presentación realizada en el Congreso de la República el miércoles 7 de diciembre, se encuentra que:
1) En lo que va del año van 10 Defensores más asesinados que en 2015 sin que aún termine el año.
2) Han disminuido las acciones del conflicto y homicidios Nacionales pero han incrementan muerte de líderes y lideresas.
3) Se reporta el mismo modus operandi 2010 – 2016.
4) Los responsables Desconocidos incrementan. (Somos Defensores, 2016)
A continuación se presentan las cifras 2010 – 2016, resaltando que la información 2016 comprende los meses de enero a septiembre, con excepción de las cifras de asesinatos, que se tienen hasta el 5 de diciembre del presente año.
Tabla 1
Cifras violencia contra líderes y lideresas 2010 – 2016
Cifras violencia contra líderes y lideresas 2010 – 2016
Con un total de 74 asesinatos de líderes y lideresas sociales (con fecha de corte de 5 de diciembre) a nacional, la cifra más alta desde 2013, y una de las más altas en los últimos 5 años, en el mes de noviembre y diciembre se volvió tendencia en las redes sociales el hashtag #NosEstanMatando, a través del cual se buscó llamar la atención de las autoridades competentes para que adelantaran investigaciones sobre estos crímenes.
El resto de la información (con corte en septiembre de 2016), muestra que han disminuido las detenciones arbitrarias a la mitad, en comparación con el año anterior, al igual que las desapariciones y el robo de información sensible, y aumentó en un caso el uso del arbitrario del sistema penal.
Se observa también que, como se dijo anteriormente, desde el 2010 hasta el 2015 se dio un aumento en las amenazas, aunque entre los años 2015 y 2016 se dio una disminución de un 50% en estas; para el 2016 (con corte al 5 de diciembre), aunque aumentaron los asesinatos de líderes y lideresas.
A continuación se presentan las cifras de los líderes y lideresas sociales asesinadas en el 2016 (corte diciembre 5).
En la anterior tabla se observa que más de la mitad de los casos de asesinatos de defensores y defensoras de Derechos Humanos corresponden a líderes y lideresas comunales, campesinos, indígenas y comunitarios.
Esto probablemente se dé debido a que estos tipos de liderazgos se relacionan directamente con las tierras, de ser así, se entendería que el core del conflicto armado es la posesión de las tierras y la apropiación ilegal de las mismas por parte de actores que han llegado a desterrar a poblaciones enteras.
Es igualmente alarmante el número de asesinatos a nivel nacional de liderazgos afro, víctimas, LGBTI, y sindicales, debido a que su labor ha sido la defensa y protección de poblaciones históricamente vulnerables, para que estas puedan disfrutar plenamente de sus derechos.
Y, es inadmisible que sigan siendo asesinados líderes y lideresas de Derechos Humanos que se ocupen de temas ambientales, juveniles y abogados defensores.
74 líderes y lideresas asesinados en lo que va del 2016 es una cifra alarmante a nivel nacional, ya que la gran mayoría de estos no sólo velaba por un grupo poblacional específico, sino que han trabajado acciones concretas para la construcción de paz.
En un contexto donde las movilizaciones sociales fueron claves para acelerar el proceso de un nuevo acuerdo de paz, con estos asesinatos no sólo se pretende acabar con sus vidas, sino también atemorizar a quienes le rodean, para que tampoco continúen estos procesos.
Un hecho inquietante es que la mayoría de los asesinatos están siendo realizados en los territorios; el Acuerdo final de paz hace referencia a la “paz territorial”, según la cual la construcción de paz no puede obedecer a un proceso centralizado, sino que se enfocará en los territorios, su particularidades y realidades, ya que fue en estos en donde más impactos tuvo el conflicto armado.
Si el panorama Nacional es desolador, el de la Costa Caribe Colombiana no es mejor. Amenazas, panfletos y asesinatos hace parte del pan nuestro de cada día de defensores y defensoras de Derechos Humanos, quienes sin muchas garantías estatales, continúan realizando sus acciones de paz cada día.
En la información entregada por Somos Defensores, hasta septiembre de 2016 se identificaron un total de 12 líderes y lideresas sociales asesinados en el Caribe colombiano; todas personas comprometidas no solamente con la defensa de los DDHH de un grupo poblacional en específico, sino también con la construcción de paz territorial.
A continuación se presentan los líderes y lideresas asesinadas en la costa Caribe colombiana entre los meses de enero a septiembre de 2016.
Tabla 3
Líderes y lideresas asesinados en el Caribe colombiano (enero – septiembre 2016).
Líderes y lideresas asesinados en el Caribe colombiano (enero – septiembre 2016).
En todos los casos de asesinatos de líderes y lideresas se desconoce, hasta el momento, el autor del crimen; lo cual debe representar un llamado de atención a la Fiscalía Nacional como a las demás autoridades competentes para que agilicen las investigaciones y no se quede en la impunidad.
Por otro lado, de los 8 departamentos del Caribe Magdalena es quien más defensores de Derechos Humanos asesinados tiene en lo que va del año, con un total de cuatro, seguido de Córdoba con tres, La Guajira y Cesar con dos cada uno y Bolívar con uno. Atlántico ha reportado amenazas, panfletos y atentados contra líderes y lideresas sociales en los últimos dos meses del año.
De los 12 líderes y lideresas asesinados hasta septiembre de 2016, dos adelantaban procesos con comunidades afros en Cesar; cuatro fueron líderes comunales (JAC) en Córdoba (dos), La Guajira y Magdalena; uno fue líder comunitario y ambiental en Córdoba; dos fueron líderes de restitución de tierras en Magdalena; dos fueron líderes que lucharon por la defensa de los derechos de la población LGBTI en Bolívar y La Guajira respectivamente; y uno fue un líder sindical en Magdalena.
Observándose que la mayoría de muertes registradas de defensores de Derechos Humanos en el Caribe corresponden a líderes y lideresas comunales, quienes desde las veredas que habitaron intentaron aportar a mejorar la calidad de vida de sus habitantes; seguidos de líderes afros, población históricamente vulnerada y maltratada que aun hoy en día sigue viviendo el racismo de una sociedad hipócrita y mestiza; líderes de restitución de tierras, quienes se enfrentaron a la maquinaria latifundista que en un pasado cercano desterró a un sinnúmero de campesinos; líderes LGBTI, los cuales se han tenido que luchar por la igualdad de derechos en una sociedad doble moral, donde la homofobia fue prácticamente legitimizada después de la victoria del NO.
Por último están líderes ambientales y sindicales, quienes velando por los llamados DESCA (Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales) han intentado crear un mejor país.
Ante esta situación de zozobra generalizada, en donde pareciera que no hay quien pueda defender los derechos de quienes dedican su vida a la defensa de los derechos de quienes les rodean, y donde los mismos líderes y lideresas no dejan de repetir ¡Nos están matando!, no se puede hacer menos que exhortar a la Fiscalía General del Estado Civil, a la Policía Nacional, alcaldes, gobernadores y al mismo presidente Juan Manuel Santos para que tomen cartas en el asunto y estos crímenes no queden en la impunidad.
Cabe recordar que el día 10 de diciembre Santos recibió el Nobel de la Paz por sus esfuerzos para la firma del Acuerdo final con las FARC-EP; ante lo cual tenemos Nobel, pero aún no hemos alcanzado la paz.
Es preciso adelantar esfuerzos para la protección de líderes y lideresas sociales, quienes en su día a día adelantan procesos de construcción de paz.
Es imposible imaginar un país en paz donde quienes la defienden desde los territorios sean asesinados de manera sistemática y despiadada.
La costa Caribe votó por la paz y se movilizó posteriormente por ella; un nuevo genocidio como el que ocurrió con la Unión Patriótica a finales de los 80’s y principios de los 90’s es inadmisible.
La paz se debe construir desde los territorios y de la mano con quienes han adelantado procesos de pedagogía para la paz desde años atrás; la firma de un papel no significa nada si grupos ilegales continúan sembrado el miedo, es por esto que se requieren medidas efectivas y eficaces para brindar garantías a los y las defensoras de Derechos Humanos.
Referencias
Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos. (11 de Diciembre de 2016). Obtenido de http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
Programa Somos Defensores. (2016). Cifras homicidios a líderes y lideresas sociales 2016.
Programa Somos Defensores. (2016). Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia 2016. Presentación en el Congreso de la República sobre crímenes contra la paz. Bogotá.
Colombia ¡Ay si fueras Venezuela!
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- abril 30º, 2016
En el día de hoy del año 2007, la empresa bananera Chiquita Brands, heredera de la United Fruit, reconoció que durante siete años había financiado a los paramilitares colombianos, y aceptó pagar una multa.
Los paramilitares brindaban protección contra las huelgas y otras malas costumbres de los sindicatos obreros.
Ciento setenta y tres sindicalistas fueron asesinados en la región bananera, en esos años.
La multa fue de veinticinco millones de dólares. Ni un solo centavo llegó a las familias de las víctimas.
Redactaba Eduardo Galeano en su libro Los hijos de los días en 2012. Lo de Chiquita Brands no fue una novedad, esa manera de actuar se venía repitiendo desde principios del siglo XX, el momento culmen había sido en 1928 cuando el ejército colombiano, presionado por Estados Unidos bajo amenaza de invasión, puso fin a una huelga de 28.000 trabajadoresde la United Fruit Company Estadounidense que se negaban a recoger los bananos bajo unas condiciones esclavistas.
El saldo fue terrible 1.800 muertos y más de 100 heridos. Aunque las cifras pudieron ser mayores como escribía Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledadapuntando a 3.408 muertos.
Los hechos mencionados anteriormente podrían dejar aturdido a cualquiera, pero a medida que se profundiza en la historia de Colombia nada sorprende ya que ha sido una nación nacida de una guerra, la de la Independencia de la Corona Española y que ha continuado como un bucle infinito hasta el día de hoy.
Alrededor de 25 guerras civiles sin contar la guerra actual contra las guerrillas comunistas,un golpe de estado, 24 grupos guerrilleros, docenas de grupos paramilitares, 8 candidatos presidenciales asesinados, un partido político exterminado y masacres, muchas masacres, un sinfín de despropósitos que merecerían poner a la “democracia” colombiana en cuarentena.
Pero no ha sido así, de Colombia nuestro gran aliado en Latinoamérica, todo es menos grave que un resfriado del opositor venezolano Leopoldo López del que evidentemente son culpables Chávez desde ultratumba y Maduro con su pajarito.
Este artículo nació con la idea de denunciar la violencia y represión contra el sindicalismo y la lucha obrera en Colombia, sin embargo es imposible explicar este fenómeno sin relatar el contexto que impregna a la sociedad colombiana a nivel político, social, económico y comunicacional a lo largo del siglo.
El país desde su independencia en 1825 ha sido gobernado por la derecha. La izquierda en estos 191 años aún no ha tenido su minuto de gloria y no me cabe duda que en el momento que lo alcance, todos los males serán achacados a su forma de gobernar, al igual que sucedió en Venezuela tras la victoria chavista o en Paraguay tras la de Fernando Lugo.
Su sistema político bien podría calificarse como democracia restringida o dictadura con fachada democrática.
Conservadores y liberales se han turnado el gobierno indiscriminadamente para mantener a la oligarquía dominante, los momentos en los que no hubo acuerdo terminaron en guerra, conflictos donde el pueblo ha pagado la factura sumiéndose más en la pobreza y poniendo los muertos.
Un poco de economía
Colombia se ha transformado poco a poco en uno de los países más desiguales del mundo y así lo demuestra situándose en el puesto 145/160 en la lista de Índice Gini a nivel mundial, coeficiente que mide la redistribución de ingresos entre ricos y pobres de un país.
Como ejemplo una comparativa de datos de 2011 en el que Colombia alcanza un índice de 0’535, Venezuela un 0’390, España 0’350 y la zona euro 0’305, donde 0 indica igualdad máxima y 1 desigualdad total.
Profundizando más, el Índice Palma muestra que el 10% más rico del país tiene 4 veces más ingresos que el 40% más pobre.
Las diferencias son abismales si medimos el Índice Gini de Tierras donde Colombia se sitúa en una ratio de 0.891 sobre 1, lo que resulta en que el 77’6% de las tierras está en manos del 13’7% de la población según datos de 2010 y la brecha se sigue ampliando.
La pobreza según los datos más optimistas del gobierno se sitúa en 2015 en un 27’8% y la extrema pobreza la sufren el 7’9% de colombianos, lo que nos da la cifra estimada de 13.334.000 pobres y 4.000.000 bajo una pobreza extrema, a estos datos hay que sumarle que el 48’5% de la población empleada acude a la informalidad en la economía (También conocida como rebusque) para poder completar sus salarios, y que el 90% de las pensiones no llegan al salario mínimo situado en 225€.
Gráfica Homicidios – Pobreza – Desempleo – Ingreso GINIFoto por: Periodo 1960 – Actualidad
Estas diferencias se han ido conformando a lo largo de las décadas gracias al violento accionar de la oligarquía dominante.
Aunque las cifras macroeconómicas hayan mejorado en los últimos años gracias a la inversión extranjera, la venta de deuda y los ingresos informales del narcotráfico y otras actividades delictivas, lo cierto es que la microeconomía está lejos de ser justa para la gente de a pie que vive en peores condiciones que en muchos países africanos.
Silenciando opositores
Considerando tal desigualdad es lógico que en el país se hayan abierto terceras vías al conservadurismo y liberalismo imperante, en ocasiones esto ha sido con propuestas renovadoras dentro de los partidos tradicionales y en otras apostando a crear un gran movimiento social de izquierdas.
Todos esos intentos han sido literalmente exterminados por la clase dominante, tanto a nivel político, sindical y social, la muerte ha sido la manera de frenar físicamente a un pueblo que reclama sus derechos.
Por ejemplo a nivel político se podría aplicar el dicho de Alfonso Guerra de “El que se mueva no sale en la foto”, aunque en el caso colombiano se puede traducir a “El que proponga derechos sociales será asesinado”.
El magnicidio en el país fue una práctica temprana, ya en 1914 dos individuos asesinaron a machetazos al candidato liberal Rafael Uribe Uribe, tras entrar en contacto con ideales marxistas que le hicieron renunciar al liberalismo e idear un plan de intervencionismo estatal por medio del cual, se instauraría un corporativismo que procuraría la defensa de los trabajadores y el campesinado colombiano.
Por desgracia no sería la excepción y si la regla, luego que en 1948 le llegó el turno a Jorge Eliécer Gaitán también del Partido Liberal pero proveniente del movimiento Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, se había convertido en un ídolo de masas con una propuesta renovadora intentando tumbar a la oligarquía, promover una reforma agraria, un plan de alfabetización y otro para nacionalizar la economía del país, el día de su muerte tenía una reunión con el joven Fidel Castro a la cual ya no pudo acudir.
La muerte le llego con disparos de revolver cuando se disponía a almorzar.
Pero no fue hasta finales de los 80 cuando la práctica llego a su apogeo, en 1984 miembros del Cartel de Medellín de Pablo Escobar asesinaban al Ministro de Justicia Lara Bonilla baleándolo dentro de su coche desde una motocicleta, el ministro pertenecía al movimiento socialdemócrata integrado en el Partido Liberal, llamado Nuevo Liberalismo, nueve meses antes había iniciado una guerra bastante activa contra el narcotráfico, lo suyo solo fue la antesala de lo que años después llegaría.
En 1987 le tocaba el turno al candidato presidencial Jaime Pardo Leal que volviendo en su coche de un paseo fue acribillado a balazos por paramilitares desde otro vehículo. Denunció alianzas de la clase política con el narcotráfico y el paramilitarismo, se formó en la Juventud Comunista Colombiana (JUCO) y pertenecía al partido Unión Patriótica.
No fue su único candidato muerto, pues en 1990 cae acribillado a balazos en la terminal del aeropuerto de Bogotá, su sucesor Bernardo Jaramillo Ossa quien también se había formado en la JUCO y había ganado mucha popularidad tras sus llamados a la paz y a desmontar el paramilitarismo.
Ese mismo año también dejan sin vida a Carlos Pizarro Leongómez miembro de Alianza Democrática, partido socialdemócrata nacido de la desmovilización del M-19, propugnaba solucionar los problemas de Colombia mediante la participación popular, igualdad social y económica.
Su asesinato corrió a cargo de los paramilitares de los hermanos Castaño en asociación con el DAS, que enviaron a un sicario que con una ráfaga de disparos de ametralladora le quito la vida durante un vuelo aéreo.
Un año antes también había sido asesinado por orden de Pablo Escobar, el candidato presidencial por el Partido Liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fundador de la corriente Nuevo Liberalismo, que propugnaba el ‘Colombia para Todos’ lo que le llevó en aquella época a ser el candidato más popular, la muerte le impacto a modo de balazos en medio de un mitin publico multitudinario.
Luis Carlos Galán Sarmiento en el suelo tras ser asesinado por sicarios en un mitin
En 1995 el ultimo candidato asesinado fue Álvaro Gómez Hurtadopertenecía al Partido Conservador, pero después de ser secuestrado por la guerrilla del M-19 su ideología cambió y comenzó a escribir desde su tribuna de periodista en contra de la democracia colombiana, su asesinato apunta al presidente de gobierno Ernesto Samper quien temía que Hurtado estuviese confabulando un golpe de estado en su contra.
Un sicario alcanzo su vehículo y le dio varios disparos.
En 1994 habían asesinado al último senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas y militante del Partido Comunista Colombiano, fue baleado mientras viajaba en su automóvil, el asesinato fue obra de miembros del ejército colombiano en la reserva.
Al igual que el asesinato de Pardo Leal y Bernardo Jaramillo estuvo encuadrado dentro de un plan de la derecha colombiana asociada con militares, policía, sicarios, paramilitares y narcotraficantes para exterminar a la izquierda colombiana, este plan conocido como Baile Rojo tuvo como resultado el asesinato de cerca de 5.000 militantes de la Unión Patriótica la cual nació en 1984, tras losAcuerdos de la Uribe enmarcados en el proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur.
En ese exterminio también castigaron al Partido Comunista Colombiano, Alianza Democrática y muchos otros.
Alcaldes, concejales, senadores, congresistas, simpatizantes, fue una autentica orgia de sangre solo similar al exterminio de comunistas realizada en Indonesia.
Todos estos asesinatos políticos han quedado en el limbo judicial y salvo algunas pequeñas excepciones donde se ha encausado a sicarios encargados de la ejecución, en ningún momento se ha dado caza a los autores intelectuales.
Por desgracia aunque no oficialmente, el baile rojo continua vigente y a día de hoy continúan los asesinatos de activistas de izquierdas por todo el país, 29 de ellos en las dos semanas posteriores a la detención por paramilitarismo y narcotráfico de Santiago Uribe (29 de Marzo de 2016), hermano del expresidente Álvaro Uribe (Mandatos 2002-2006 y 2006-2010).
Las víctimas son en su mayoría del Partido Comunista, la Unión Patriótica refundada y Marcha Patriótica, movimiento popular nacido en 2010 tras manifestaciones multitudinarias que le exigían a Álvaro Uribe finalizar la guerra, rehabilitar a las víctimas, hacer una reforma agraria y mejorar la soberanía popular.
Esta situación prolongada en el tiempo ha llevado a que los partidos que propugnan la igualdad social, hayan dejado de presentarse en los municipios del rural y se concentren solamente en las grandes ciudades donde continúan bajo riesgo de asesinato pero lass muertes reciben mayor difusión.
No hay piedad con los desmovilizados
Este accionar cainita se ha dado también en todos los procesos de paz registrados de manera que con cada desmovilización se ha asesinado a milicianos, guerrilleros y paramilitares que han dejado las armas.
Para entender esto hay que remontarse al asesinato de Jorge Eliecer Gaitán lo que provoca revueltas en varias ciudades del país en especial en Bogotá, de ahí que el suceso reciba el nombre de ‘El Bogotazo’.
El Ejército y la Policía, las reprimen asesinando a cerca de 3.000 personas. Es entonces cuando se forman guerrillas liberales como autodefensa que combaten al gobierno conservador, las Fuerzas Armadas y al embrión de los actuales paramilitares: Los Chulavitas y Los Pájaros.
Estos enfrentamientos que oficialmente no fueron considerados como una guerra dejan en casi dos décadas cerca de 300.000 muertos de ellos 170.000 civiles.
Este periodo conocido como ‘La Violencia‘ fue finalizado tras una amnistía del dictador Gustavo Rojas Pinilla quien concedió a estas guerrillas liberales indultos, en meses y años posteriores se produjo el asesinato de los principales líderes desmovilizados (Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure y Saúl Fajardo) y muchos de los milicianos. La jugada se repetiría años más tarde y en 1991 comienza el exterminio de los guerrilleros desmovilizados del Partido Revolucionario de los Trabajadores hasta un total de unos 100 asesinados.
Además en 2012 se reportaron asesinados los siguientes guerrilleros: 316 del Ejército Popular de Liberación (EPL) cuando estos crearon los comandos populares financiados por los paramilitares, 54 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC – EP), 108 delM-19 (Movimiento 19 de Abril), 75 de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), 187 de las Milicias de Medellín, 10 del Ejército de Liberación Nacional (ELN), 13 del Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), 8 del Frente Francisco Garnica y 12 del Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados (MIR – COAR).
Los paramilitares no han podido escapar de estos crímenes y en 2011 se reportaba que ya habían sido ultimados 2.700 desmovilizados de las AUC, en algunos casos por negarse a regresar a las armas y en otros para evitar que contasen ante la justicia quienes ordenaban sus masacres.
Medios de comunicación sometidos
La impunidad de estos crímenes no habría sido posible sin unos medios nacionales sometidos a las órdenes del poder, concretamente del monopolio de los grupos empresariales que los controla: Los grupos Santo Domingo y Ardila Lule.
La pasividad de Estados Unidos y Europa frente a la poca libertad de prensa en Colombia son directamente proporcionales al número de acciones y a los intereses de los grandes conglomerados extranjeros (Como PRISA y Planeta), estos no quieren perder su trozo de pastel en el país tal como les ha pasado en parte con las nacionalizaciones de Venezuela.
Es sorprendente ver la programación general de la TV en Colombia donde ocupan cantidades ingentes de horas en cubrir futbol, farándula y telenovelas, también en España sucede esto, pero choca con la realidad violenta del país.
Esto se hace más llamativo en periódicos y noticieros de televisión y radio, donde rellenan sus espacios con rescates de gatitos, quemaduras con petardos, exorcismos en remotas aldeas o tendencias en la moda.
¡Oigan informen que están matando a candidatos de izquierda, sindicalistas líderes sociales! Claramente hay un modo de censura impuesto a la prensa desde sus juntas de accionistas.
Pero para llegar a este punto hubo previamente una fase de terror en la que se asesinó a los grandes periodistas que denunciaban la corrupción política y a la oligarquía que la apadrinaba.
Ejemplo claro de este accionar fue la muerte de Guillermo Cano en 1986, asesinado con 8 disparos de ametralladora por parte de miembros del Cartel de Medellín cuando salía de la editorial del diario El Espectador del cual era fundador y por aquel entonces el faro que informaba de la actualidad del país.
También la del carismático cómico y periodista Jaime Garzón que animaba a la sociedad a reclamar sus derechos mediante monólogos ácido políticos, además de ser importante gestor para la paz tarea que fue frenada cuando en 1999 paramilitares a las órdenes del estado le interceptaron en una moto de gran cilindrada mientras conducía su Jeep, propinándole cuatro disparos en la cabeza y dos en el cuello.
Podríamos describir estos asesinatos durante páginas y páginas, sin embargo es menos tedioso con una pequeña comparativa.
Desde 1992 la escalofriante cifra de al menos 87 periodistas en Colombia, de los cuales Committee to Protect Journalists – CPJ reconoce 84, esta cifra contrasta con los 9 periodistas muertos en Venezuela en ese mismo periodo (7 En periodo Chávez-Maduro).
Por lo que nos llega a diario cualquiera afirmaría que es al revés.
Los grandes medios fueron arrodillados y ahora la información trata de fluir por pequeños medios discordantes de ámbito local, aunque igualmente los están callando con la muerte, solo en 2015 hubo 6 asesinados.
Pero el asesinato y la censura no son la única manera de intimidación, como apuntaba la Fundación para la Libertad de Prensa a finales de 2015, Colombia suspende también por otros aspectos como nuevos casos de interceptaciones de escuchas ilegales realizadas por la policía, el estado y bandas criminales.
El envío de cartas amenazantes o los continuos secuestros como los de Diana Turbay y Maruja Pachón o el caso de Jineth Bedoya con el agravante de violación.
Justicia cómplice
La justicia es en parte uno de los mayores culpables de esta situación que ha llevado a que 9 de cada 10 asesinatos queden impunes.
Según la ONG Dejusticia solo el 9,1% de los casos finalizan con condena, mientras que la Corporación Excelencia en la Justicia denuncia una alta cantidad de casos que pasan al archivo por imposibilidad de identificar el sujeto del delito, sin que los jueces hagan un esfuerzo serio por esclarecer los hechos.
La congestión del sistema judicial y la falta de recursos a causa de las bajadas presupuestales son algunas de las causas, existen otros motivos más oscuros como los sobornos generalizados a jueces, y lo que el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) denunció como falsos positivos judiciales o lo que es lo mismo, detenciones arbitrarias, juicios injustos con falsos testimonios o pruebas falsas para encarcelar inocentes.
Pero la justicia no solo ha facilitado la impunidad si no que ha servido también como órgano represor, según denuncia laPlataforma Solidaridad con Colombia en el país existen más de 9.500 presos políticos lo que deja a Colombia en la pole position de Latinoamérica muy por delante de Venezuela de quien se reportan 100 casos.
Las veces que los jueces en Colombia han desafiado a los centros de poder han sufrido la represión en sus carnes.
En 2008 HRW denunciaba que Uribe presionó a magistrados para que no investigasen nexos entre paramilitares y políticos.
Otra modalidad para arrodillarlos la comenzó hace décadas el Cartel de Medellín ejecutando jueces, práctica que sigue hoy día vigente, la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial – Asonal denunció en 2011 que solo en los 3 años anteriores fueron asesinados 13 jueces, 750 amenazados y 163 refugiados en otros países.
El sistema judicial ya fue castigado en el pasado cuando guerrilleros del M-19 tomaron el Palacio de la Justicia y el ejército entró a sangre y fuego asesinando a guerrilleros, magistrados, funcionarios y civiles, secuestrando a supervivientes, torturándolos, asesinándolos y enterrándolos en fosas comunes.
Instituciones del estado podridas, civiles castigados
Las instituciones militares y policiales también han sido parte de la represión ejercida contra la clase trabajadora, el pueblo y los políticos opositores.
La corrupción y podredumbre es tal que han estallado escándalos en su seno difíciles de digerir como ‘La Comunidad del anillo‘, trama de prostitución masculina dentro de la policía en la que cadetes eran obligados a prostituirse con senadores y congresistas, y que ya se ha cobrado la dimisión del General Rodolfo Palomino director de la Policía Nacional por su implicación directa, y la del Viceministro de Justicia Carlos Ferro tras filtrarse un video en el que concierta una cita sexual con un capitán de la policía.
O los negocios turbulentos dentro del ejército, en los cuales generales y capitanes inflaban contratos militares y partidas del gobierno a diferentes unidades, para embolsarse mordidas de hasta el 50%.
Pero lo que se ha llevado la palma por su gravedad ha sido el escándalo de los Falsos Positivos que ya ha hecho dimitir al General de las Fuerzas Armadas Mario Montoya por su implicación directa, la investigación de 5.137 miembros de la fuerza pública y la condena de por lo menos 923 uniformados.
Los Falsos Positivos consisten en el asesinato de por lo menos 4.400 civiles por el ejército, después disfrazados de guerrilleros y reportados como muertos en combate, con la intención de mostrar a la opinión publica resultados positivos en la lucha contra la insurgencia.
Las cifras van en aumento a medida que se encuentran fosas comunes como la de La Macarena, La Escombrera, Bocas de Satinga y así hasta unas 3.000 encontradas hasta el momento por todo el país, de donde se han recuperado más de 5.000 N.N. (Cadáveres sin identificar).
A medida que militares y paramilitares declaran sus delitos aparecen nuevas localizaciones con cadáveres.
En 2011 la ONU apuntaba que en Colombia se han producido al menos 57.200 casos de desaparición forzada en los últimos 30 años con lo cual las cifras pueden ser desorbitantes.
Este panorama no ha dejado mucha alternativa a periodistas y políticos del país que les ha tocado decidir entre vivir bajo constante amenaza de muerte.
Abandonar vida civil y la lucha política por la lucha armada desde las selvas y montañas de Colombia, como por ejemplo los guerrilleros de las FARC Simón Trinidad ahora cumpliendo condena en Estados Unidos y Rodrigo Granda.
O en último caso el destierro cuyo caso más conocido es el del ilustre premio nobel ‘Gabo’ Gabriel García Márquez, bajo esta modalidad de censura las cifras son espeluznantes.
Según datos de ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) el país ha generado 397.000 exiliados, 300.000 más que la demonizada Venezuela, aparte de los 16.118 casos de solicitudes pendientes.
Lo que le convierte como el primero de Latinoamérica y el noveno del mundo por encima de países como Irak y la República Centroafricana.
Solo en 2007 con Álvaro Uribe como presidente y el actual presidente Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa, el país generó 23.000 peticiones de asilo situándose cuarto del mundo solo por detrás de Irak, Somalia y Eritrea.
En la actualidad con el presidente Santos continuan las solicitudes 15.600 en 2013 y 5.000 en 2014.
Desplazados recibiendo ayuda humanitaria en El Bagre, Antioquia
La guerra, la mala economía, la falta de democracia, la extorsión, el asesinato selectivo y los falsos positivos han provocado además una autentica crisis migratoria acumulada en las fronteras vecinas, ya en 2008 ACNUR denunciaba que estaba sosteniendo a 552.000 colombianos, refugiados principalmente en Ecuador 250.000 y en Venezuela 200.000, los demás repartidos entre Panamá, Brasil y Perú.
Lo que situaba al país como el primero que más refugiados generaba en el mundo incluso por delante de Sudán.
Además el informe indicaba que era uno de los países del planeta que más desplazados internos generaba, ese mismo año se contabilizaban 3.000.000 según la corte constitucional y 4.000.000 según la iglesia, colocándolo segundo a nivel mundial solo por detrás de Sudan.
Regando de esta manera el país de un ejército de sin tierra pululando como zombis por las ciudades, o invadiendo tierras en las cabeceras municipales, instalando cientos de chabolas de lona tras ser expulsados de su lugar de origen generalmente por combates o por amenaza paramilitar.
Antisindicalismo
Los sindicalistas y líderes sociales no iban a mantenerse al margen de la violencia del país, ellos son uno de los colectivos más castigados de Colombia, que no es en vano calificado como el país del mundo donde más difícil es ejercer el sindicalismo, para ameritar el situarse en primer puesto se ha registrado el asesinato de más de 3.000 de ellos desde 1977 hasta día de hoy.
La Escuela Nacional Sindical (ENS) denuncia que desde que en 2011 se introdujo el Plan de Acción Laboral complementario al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos han sido asesinados 105lo que indica que las cifras han bajado considerablemente pero que aún mantienen al país como el más sangriento al respecto.
Para hacernos una idea, en el periodo 2000-2010 fueron asesinados 1081 sindicalistas colombianos, lo que supone un 63% de los asesinados a nivel mundial, su inmediato perseguidor fue Brasil con un 7,01% de los casos reportados.
En un informe revelado por La Oficina en Colombia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 94,4% de estos crímenes sigue impune.
Además de acuerdo con el Sistema de Información en Derechos Humanos, SINDERH de la Escuela Nacional Sindical (ENS): 13.343 sindicalistas han sido víctimas en medio del conflicto, de los cuales 6.338 por amenazas, 3.043 de ellos han sido ejecutados, 1.890 desplazados, 708 detenidos arbitrariamente, 485 hostigados, 319 han sufrido atentados con o sin lesiones, 233 desaparecidos forzosamente, 171 secuestrados, 96 torturados, 57 allanamientos ilegales y 3 asesinatos de familiares.
De las centrales sindicales la más castigada es la CUT con cerca de 2700 muertos desde su fundación en 1986, por ser tal vez el mayoritario 80% de afiliados en Colombia y probablemente el más combativo.
La CGT acusada de ser muy próxima al presidente Santos ha sufrido desde 1988 un total de 167 asesinatos. La CTC sindicato liberal tiene cifras aún más bajas.
Especialmente han sido castigados los sectores de la agricultura, la educación y la industria petrolífera. ¿Pero quienes han sido los responsables de estos asesinatos?
Se estima que el 30% de esos homicidios han sido cometidos por guerrillas de izquierda, generalmente contra miembros de sindicatos amarillos o sindicalistas que colaboraban con los militares en tareas de identificación de guerrilleros y sus espacios de acción.
El otro 70% se achaca a paramilitares y fuerzas gubernamentales.
Los motivos en este caso son completamente diferentes, romper la resistencia sindical frente a las privatizaciones, finalizar la lucha contra los Tratados de Libre Comercio, evitar huelgas y petición de mejoras en condiciones laborales, y evitar la resistencia frente a la extracción de recursos.
En este ámbito la represión también la sufren los líderes sociales duramente diezmados en los lugares donde se instalan las multinacionales.
Solo en 2014 fueron asesinados 69 líderes sociales, comunales e indígenas, lo que supone un aumento del 71% con el año anterior. Lo que a las claras es una muestra de que las grandes multinacionales, ganaderos y comerciantes están detrás del goteo incesante de homicidios de sindicalistas.
Paraeconomía
En la paraeconomía están implicados cerca de 12.000 empresarios.
La condena de Chiquita Brands la nueva fachada de la United Fruit Company es probablemente uno de los casos más sonados, culpada no solo de ordenar a los paramilitares asesinar trabajadores y afiliados sindicales, si no también de financiarlos y armarlos introduciendo hasta 4200 fusiles y 5 millones de proyectiles en un barco de su filial colombiana BANADEX S.A.
No es un caso aislado, según declaraciones a la justicia de Salvatore Mancuso, líder máximo de las AUC, se creó una alianza entre los empresarios bananeros en la región del Urabá y el Caribe colombiano, con el fin de financiar a estas autodefensas para que amedrentasen y asesinasen a sindicalistas, trabajadores discordantes y pequeños propietarios de tierras, en esa alianza participaron la estadounidense Dole Food Company involucrada en el asesinato de 51 personas, la cual recolectaba las aportaciones de las demás bananeras y las depositaba a la convivir ‘Papagayo‘. En este caso su filial colombiana C.I. Técnica Baltime de Colombia S.A. contacto con paramilitares para que estos amedrentaran y asesinaran a los pequeños propietarios que se negaban a vender sus predios y así poder expandir sus plantaciones.
Además está siendo investigada la bananera del mismo país Del Monte Fresh Produce con un amplio mercado de piña y banano en España y a la vez un buen número de denuncias por negocios con el paramilitarismo en Colombia y Guatemala, en investigaciones posteriores directivos de la compañía indicaron que los trabajadores asesinados entorpecían el desarrollo productivo de su organización económica.
En esa alianza con paramilitares también se vieron involucradas las bananeras nacionales Proban, Uniban que según el comandante paramilitar ‘Pedro Bonito’ varios de sus directivos financiaron tanto al Bloque Bananero de las AUC como la campaña de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia.
Banacol vinculada a paramilitares en las regiones de Curvaradó y Jiguamiandó. Multifruits S.A. en cuyo accionariado están paramilitares y algunos de sus familiares.
Todas ellas han sido clave en el surgimiento y crecimiento de las ACCU – Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y como consecuencia de las más recientes Autodefensas Gaitanistas de Colombia también conocidas como Los Urabeños o Clan Usuga.
Grupos que entre sus prácticas habituales utilizan Casas de Piques para descuartizar a civiles o rivales.
Por su parte los ganaderos fueron desde el inicio los fundadores de las primeras estructuras paramilitares y aun a día de hoy son quienes las sostienen, según declaraciones de Mancuso, en Tierralta, Córdoba, donde había desplegados hombres a su mando, eran financiados por entre otros ganaderos Aran Assias Solar, Pablo Enrique Triana Pernet, Rubén Darío Obando, o Disney Rolando Negrete Polo que entregaba personas al Bloque Córdoba para que las ejecutara y las tirase al rio Sinú. Jorge Visbal Martelo ex presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia y diputado del Partido de la U por aquel entonces presidido por Álvaro Uribe.
Fue vinculado por alias ‘Jorge 40’ al Bloque Norte de los paramilitares, a raíz de esa investigación su sucesor en la FEDEGAN admitió que ganaderos financiaban a paramilitares como medida de autodefensa.
Las conexiones paramilitares con Álvaro Uribe que son muchas tienen como nexo más cercano a su hermano Santiago Uribe, reconocido ganadero taurino e investigado por la fiscalía por fundar y formar parte del grupo paramilitar de ‘limpieza social’ llamadoLos Doce Apóstoles, que operaba en los municipios de Yarumal y Santa Rosa de Osos en el departamento de Antioquia, según declaraciones de los líderes paramilitares desmovilizados alias ‘Don Berna’ y Salvatore Mancuso.
Panfleto de grupos paramilitares dando ultimátum a sindicalistas y miembros de ONG
También con parecida virulencia se encuentra el sector de extracción de recursos mineros, un informe de 2011 realizado por la ONG holandesa PAX for Peace dejaba al descubierto los nexos de paramilitares y estas compañías en el departamento de Cesar.
La compañía estadounidense Drummond dedicada a explotar y procesar carbón está siendoinvestigada no solo por tirar durante años carbón al mar con el consiguiente daño ecológico en el caribe, si no también por la muerte de varios sindicalistas de su plantilla entre ellos el presidente y vicepresidente del comité de empresa, luego de una reunión con la junta directiva en la que se quejaron de la comida proporcionada a los empleados.
Según testimonios de paramilitares desmovilizados, tanto la Drummond como Prodeco, filial en Colombia de Glencore afincada en Suiza y suministradora de carbón a la mayoría de compañías energéticas europeas, ayudaron a crear el Frente Juan Andrés Álvarez con unos 600 paramilitares que en un periodo de 10 años asesinaron a unas 2.500 personas y desplazaron a otras 55.000, en territorios donde extraían carbón estas compañías.
Explica que directivos de Drummond, la empresa de seguridad privada de esta, el frente paramilitar y miembros de las fuerzas armadas se organizaban conjuntamente e intercambiaban información sobre los nuevos objetivos a asesinar.
En el departamento de Arauca fronterizo con Venezuela, la situación también es lamentable desde la llegada de Repsol YPF y la OXY.
Con ellos asentados en 2003, según Amnistía Internacional, se convirtió en el departamento de Colombia más azotado por homicidios y detenciones de sindicalistas sumando un 47% del total en el país.
Después que Repsol localizase petróleo en el municipio de Tame (Arauca) de 55.000 habitantes, se afinca el grupo paramilitar ‘Bloque Vencedores de Arauca‘ que en solo 5 años asesina a 763 personas, algunos de estos asesinatos son imputados a la fuerza pública como falsos positivos.
Las masacres y desplazamiento de las tribus indígena Guahibo y U’wa se hicieron habituales, los U’wa demandaron a la OXY y el veredicto salió favorable a los indígenas, en estos momentos están estudiando como apelar contra ECOPETROL y REPSOL-YPF.
Las cosas no son mejores en el departamento vecino de Casanare desde que en 1986 se estableció BP (British Petroleum) la cual está en el banquillo tras la denuncia de un sindicalista secuestrado por paramilitares en 2002. Ya en 1997 tanto The Guardian, como New York Times, Amnistía Internacional y otros denunciaban el uso de empresas de seguridad privada inglesas y mercenarios israelís para el entrenamiento en contrainsurgencia de las Autodefensa Campesinas delCasanare.
En 1998 la comisión por los derechos humanos de la Unión Europea exigía que informase sobre la situación de los derechos humanos en la zona tras las operaciones de BP, ese año en los 3 primeros trimestres los asesinatos ascendieron a 237 solo en Casanare.
En el sector alimenticio destacan dos casos Coca Cola y Nestle, ambos entrelazados ya que desde 1984 fueron asesinados por lo menos 14 miembros del sindicato Sinaltrainal, mayoritario en las plantas de ambas compañías, algunos mientras se negociaban los convenios, y en algunos casos las muertes se produjeron dentro de las plantas de trabajo.
El caso Coca Cola está perfectamente explicado en este reportaje.
8 presidentes del comité de empresa asesinados sucesivamente mientras se negociaba una subida salarial, no es un caso aislado pues es similar a los acontecidos en Turquía, México, Guatemala y Sudán.
En el caso de Nestle, llego a los tribunales tras el asesinato de uno de los sindicalistas negociadores del nuevo convenio.
En este reportaje de una televisión suiza se puede comprender mejor el caso que presenta similitudes a los de sus plantas en Filipinas.
Hoy en día sigue el proceso judicial de ambas compañías.
Un caso más cercano es el de la española FENOSA ahora dentro de Gas Natural, tras su llegada en el 2000 a Colombia con la compra de ELECTRICARIBE y ELECTROCOSTA, comenzó una fase de asesinatos de sindicalistas de estas dos filiales en el caribe colombiano, entre 2000 y 2005 fueron asesinados 8 de ellos, en 2008 ya eran 27.
El Tribunal Permanente de los Pueblos declaró probadas las relaciones de paramilitares del Bloque Norte y directivos de las filiales de FENOSA. Documentos internos de las plantas de FENOSA en el caribe calificaban de terroristas a los sindicalistas que se oponían a los planes de la empresa.
Manera de actuar ya registrada por la compañía en Nicaragua, México, Guatemala y República Dominicana. Existen más y más casos, estos solo son algunos ejemplos destacados.
Parapolítica
Vicente Castaño Gil (Jefe de los paramilitares de las AUC) dijo en una entrevista a la revista Semana en 2005:
“Creo que podemos afirmar que tenemos más del 35 por ciento de amigos en el Congreso.
Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje de amigos.”, un año después se destapaba el escándalo de la parapolítica que cerraba el círculo entre empresarios, paramilitares y políticos contra la izquierda y los grupos sociales de oposición.
Solo en 2008 estaban oficialmente involucrados el 35% de los senadores y el 25% de los diputados de un total de 253 cargos públicos entre electos, funcionarios y miembros de la fuerza pública, en 2012 la cifra aumentaba a cerca de 500, de los cuales 179 concejales, 94 alcaldes, y 3 diputados habían sido ya procesados.
La parapolítica recordó al Proceso 8000, escandalo del 1995 en el cual el 12% del congreso estaba financiado por el Cartel de Cali incluido el presidente Ernesto Samper perteneciente al Partido Liberal, con el objetivo de conseguir beneficios políticos y judiciales del congreso.
Como ejemplo de la gravedad del asunto, ya en 2012 eran investigados 12 de los últimos 13 presidentes del senado y condenados cuatro de ellos.
El escándalo de la parapolítica fue destapado en 2006 cuando fue filtrado el documento del Pacto de Ralito, firmado un lustro antes en 2001 a espaldas del entonces presidente Andrés Pastrana, el cual estaba enfrascado en las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC.
Los firmantes fueron los líderes paramilitares Salvatore Mancuso ‘Santander Lozada’, Diego Fernando Murillo ‘Don Berna‘, Edward Cobo Téllez ‘Diego Vecino‘, Rodrigo Tovar Pupo ‘Jorge 40‘ y más de 50 senadores, diputados, concejales, alcaldes y funcionarios, que se comprometían a crear un movimiento político que defendiese las tesis de lasAutodefensas Unidas de Colombia – AUC, lo firmado en Ralito fue parte de una serie de pactos alcanzados a lo largo del país, enmarcados dentro del Plan Birmania proyecto que consistía en concretar una alianza entre narcotraficantes, paramilitares, miembros de las fuerzas del orden, políticos y algunos guerrilleros disidentes, con el fin de ocupar progresivamente el poder político a nivel local y finalmente a nivel nacional y así refundar Colombia.
Un año antes en el 2000 ya se había firmado el Pacto de Chivolo que fue el germen de este plan. En Chivolo(Magdalena) asistieron 410 políticos entre aspirantes a alcaldías, concejos y asambleas, allí decidieron unirse al Movimiento Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida de ‘Jorge 40’ comandante del Bloque Norte y unir candidaturas para ahorrar costes de campaña, así como decidir quiénes serían los candidatos oficiales del departamento de Magdalena y cuales las políticas a seguir.
Este fue ampliado en el Pacto de Pivijay en 2001 donde deciden que candidaturas deben elegir en las elecciones a la Cámara de Representantes y Senado de la República de marzo del 2002.
También deciden pagar una cantidad para financiar sus campañas, comprometerles a conseguir un porcentaje de votos a cambio de que los elegidos captasen dinero del presupuesto del estado para esa región.
Ese mismo año en Necoclí se fraguó el Pacto de Urabá, donde se reunieron alcaldes, concejales y candidatos de la región del Urabá chocoano, antioqueño y cordobés con el comandante paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas Freddy Rendón ‘El Alemán‘ que acordó la lista que apoyarían los paramilitares en la región, lista en la que se encontraba Rubén Darío Quintero quien había sido secretario privado de Álvaro Uribe entre 1995-1997 cuando este era el Gobernador de Antioquia.
También fue sonado en 2001 el Pacto-Reunión del Magdalena Medio donde Carlos Castaño, ‘Jorge 40’, ‘Ernesto Báez’, ‘Macaco’, ‘H.H.’, Mancuso y ‘Don Berna’ durante tres días atendieron las audiencias de políticos de las regiones de Urabá y el Sur de Bolívar como estrategia para enchufar a sus amigos en cargos públicos.
Las regiones costeras del Caribe no fueron las únicas que presenciaron este tipo de pactos, en el año 2000 en Los Llanos de Casanare se realizó la Reunión de Coordinación, donde ‘Martin Llanos‘ jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare se reúne con candidatos a la gobernación de ese departamento y de las alcaldías para establecer una estrategia política común, un modo de financiar a los candidatos a cambio de recibir recursos una vez estos fuesen elegidos, y el compromiso de destinar tres cargos públicos para miembros de las ACC.
La lista de pactos es más larga aquí se puede ver un pequeño resumen.
Muchos de los actuales senadores y diputados son familiares de otros ya condenados por parapolítica
Tras explotar el escándalo en el país y abrirse decenas de procesos por nexos entre paramilitares y políticos, de los 199 congresistas investigados hasta 2013 por la fiscalía, 46 pertenecían al Partido Liberal, 36 al Partido Conservador, 32 a Cambio Radical, 31 al Partido de la U(Por aquel entonces de Uribe y Santos), y el resto estaban en un conglomerado de pequeños partidos pertenecientes a la coalición de gobierno con estos últimos.
Ya en 2014 la Fundación Paz & Reconciliación publicó un informe señalando que 131 candidatos a congresistas tienen algún tipo de nexo con paramilitares, 28 del Partido Liberal (de Rafael Pardo Rueda), 27 del Partido Conservador (Marta Lucía Ramírez), 27 del Partido de la U (de Juan Manuel Santos), 19 de Cambio Radical(de Vargas Lleras), 17 de Opción Ciudadana (Extrema derecha), 8 Centro Democrático (de Álvaro Uribe y Oscar Zuluaga).
Como ejemplos notables Jose Ignacio Mesa de Cambio Radical recibió financiación en la campaña del 2002 del grupo paramilitar La Oficina de Envigado. Loher Díaz Díaz del Partido Conservador fue miembro del Bloque Central Bolívar de los paramilitares. Ferney Adel Bertel Rojas miembro del Partido Liberal fue nombrado por Salvatore Mancuso como uno de los alcaldes subordinados a su organización.
La joya de la corona de este caso es el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien gobernaba el país en 2006 cuando se destapo este escándalo poco después de completar la fraudulenta desmovilización paramilitar.
A pesar de aun no ser judicializado lo cierto es que cada vez está más asediado como podemos ver en la siguiente imagen.
Círculo cercano del Expresidente Álvaro Uribe Vélez
Uribe quien mantiene inmunidad por ser expresidente, la cual fuepúblicamente defendida por el Premio Nobel de la Paz Obama, fue premiado por la ONU como Comisionado para la investigación del ataque de Israel a la flotilla por la paz.
Sin embargo en su curriculum existen más sombras que luces, como ser el Narcotraficante numero 82 más buscado según el Consejo de Estado de EEUU en el año 1991.
La pertenencia en esa lista viene de la amistad familiar con el Capo Pablo Escobar del Cartel de Medellín, con el que colaboró cuando era Director de la Aeronáutica Civil (1980-1982), amistad que tiene como nexo a su ex asesor presidencial y a la vez familiar lejano José Obdulio Gaviria el que a su vez fue primo de Pablo Escobar con quien se inició en la política.
Con Uribe como Gobernador del Departamento de Antioquia se multiplicaron las CONVIVIR (Empresas privadas de seguridad) que más tarde se demostró eran la fachada para transferir, combatientes, dinero y armas a los grupos paramilitares, en esa época su secretario privado Rubén Darío Quintero había asistido al Pacto de Urabá con varios jefes paramilitares.
Como presidente los escándalos han sido muchos, falsos positivos, chuzadas del DAS, parapolítica, violación de la soberanía de Ecuador y muchos otros. Entre sus allegados destaca la condena por promover grupos paramilitares de su primo Mario Uribe.
También la de su jefe de seguridad durante el mandato presidencial el General Mauricio Santoyo Velasco, quien se declaró culpable de proveer apoyo material y recursos a las AUC. O la confesión de su otro jefe de seguridad Flavio Buitrago por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y nexos con el narcotraficante ‘Papero’ y el líder paramilitar ‘Macaco’.
Más sorprendente es aun si cabe la condena en EEUU de una cuñada y una sobrina, Dolly Cifuentes y Ana María Uribe Cifuentes respectivamente, por narcotráfico y ser los nexos entre narcos colombianos y el mexicano Chapo Guzmán.
También el hermano Santiago Uribe detenido por pertenencia al grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.
Cada día se destapan nuevos casos, mientras a nuestros medios lo que les preocupa es que Maduro habla con un pajarito.
Conclusiones
Colombia es el gran aliado de Estados Unidos, Unión Europea y España en Latinoamérica, lo es desde siempre.
En el país cafetero jamás han existido los derechos humanos, la democracia libre, la libertad sindical y la protección de las minorías, pero eso nunca ha sido un inconveniente para que nuestras empresas y gobiernos hagan negocios allí.
Nuestro políticos tampoco han hecho demasiados esfuerzos porque esa situación cambiase, es más han apoyado a todos y cada uno de esos políticos que se han cubierto en excesos.
Al fin y al cabo mejor mirar para otra parte y seguir haciendo caja, la pela es la pela. Esta hipocresía solo es posible porque Colombia privatiza todos sus recursos.
En el país vecino Venezuela, la situación es diferente, se nacionalizan así que nuestros políticos y empresas solo ven un camino, el destruir a ese gobierno y colocar uno similar al de Colombia. Mientras tanto Colombia sigue inmersa en un bucle infinito; privatizaciones, despojo de tierras, brecha económica entre clases, asesinatos de sindicalistas, líderes sociales y políticos que tratan de cambiar esa realidad.
Y un sin fin de grupos armados formados por gente que trata de sobrevivir a esa falta de oportunidades sea como sea. ¡Ay Colombia! Si fueras Venezuela…
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