El millonario negocio del tráfico ilícito de bienes culturales de América Latina hacia Estados Unidos y Europa tiene varios operadores identificados, pero poco investigados, y otros que han eludido la justicia con los vacíos de la ley. 
La lucha contra este delito ha fracasado en varios países de la región.
La prueba está en la libertad que gozan casi todos los acusados de los más grandes casos de robo, exportación, comercio y posesión ilegal de piezas de arte descubiertos en las últimas dos décadas. 
Periodistas de cinco países visitamos fiscalías, nos sumergimos en expedientes e hicimos entrevistas a los procesados para descubrir y recuperar historias que permanecen en la impunidad.
La tienda de arte y antigüedades del uruguayo Néstor Janeir Aude se ubica en el histórico barrio de San Telmo, en Buenos Aires, el epicentro del mercado de anticuarios más grande de Latinoamérica. 
La tranquilidad con que él atiende a los turistas hace difícil imaginar que es el mismo hombre descrito en un voluminoso expediente judicial –hasta ahora desapercibido– como uno de los principales traficantes de piezas arqueológicas y paleontológicas robadas de la región andina. 
El mismo a quien el gobierno argentino incautó cuatro mil objetos precolombinos de Perú y Ecuador en dos intervenciones policiales a su anterior tienda de antigüedades. 
Las piezas fueron devueltas a Lima en enero del 2016, tras una batalla legal de quince años en la vía civil, pero Janeir se libró del proceso penal porque su delito prescribió en el 2011. 
Ahora tiene un nuevo negocio anticuario en una casona de estilo colonial y paredes amarillas en la turística calle Defensa.
El hombre que intentó quedarse con el legado de cuatro países se pone tenso cuando le preguntan por el proceso que lo sumergió varios años en los tribunales. 
“Llegaron a decir cosas como que yo era de una célula de Al Qaeda y hoy, cada que vez que viajo, me ponen miles de trabas en el aeropuerto. Incluso cuando voy con mis hijos. Me acaba de pasar en un viaje local”, comenta. 
El clima de sospecha se ha extendido hasta hace poco, cuando una persona ingresó a preguntarle si vendía oro. Janeir está convencido de que era un policía encubierto.
Este marchante de raíces sirias no figura entre los miembros de la prestigiosa Asociación de Anticuarios y Amigos de San Telmo y tampoco es un personaje conocido en el circuito de comerciantes de arte latinoamericano, pero sus datos sí aparecen en los registros de investigaciones por tráfico ilícito de bienes culturales que guarda la oficina de Interpol en Buenos Aires. 
Su caso modificó la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Argentina para que los coleccionistas se registraran como tales desde el 2003, y a mediados del 2015 motivó un fallo judicial sin precedentes en Latinoamérica en materia de restitución de bienes culturales robados: 
un tribunal de Buenos Aires ordenó la repatriación a Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia de las miles de piezas arqueológicas que le habían incautado, con el argumento de que, aun cuando el delito cometido por el anticuario había prescrito, el Estado debía cooperar con otros países en la protección de su patrimonio cultural.
“Si nuestro Estado pretende que sus reclamos sean escuchados por otras naciones en cuyo territorio se encuentren los bienes y piezas que considera de su patrimonio cultural, necesariamente debe prestar y proveer esa asistencia a aquellos cuando se la solicitan. La práctica contraria significaría tornar en letra muerta los derechos y obligaciones que nacen de la ley”, se lee en la sentencia contra Néstor Janeir Aude.
El caso se remonta al 4 de noviembre de 2001, cuando el responsable de la Dirección del Patrimonio Cultural de la Policía Aeronáutica de Argentina denunció el continuo movimiento de mercancías sospechosas que llegaban procedentes de diferentes países de América Latina al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con destino a tiendas anticuarias del centro de Buenos Aires. 
En concreto, a los negocios de la Galería del Sol, en la céntrica Calle Florida 680, donde originalmente funcionaba la casa de antigüedades de Néstor Janeir Aude. 
La policía empezó entonces una operación de inteligencia que incluyó interceptaciones telefónicas, allanamientos de tiendas y peritajes que confirmaron las sospechas: tanto en el negocio de Janeir, como en el de los anticuarios Carlos Languasco, Carlos Osona, Enrique Álvarez y José Arias, se vendían más de 15 mil piezas arqueológicas originales que ingresaron a la Argentina en encomiendas con etiquetas de “objetos de escaso valor comercial”.
Tras intervenir la computadora de Janeir, la policía descubrió que el anticuario coordinaba por correo electrónico los pedidos de clientes de todas partes del mundo y las características de las piezas enviadas en vuelos comerciales desde países andinos a su galería en Buenos Aires. 
“Las entregaba en forma personal o a través de intermediarios a sus compradores finales, que antes habían depositado un pago en su cuenta bancaria en dólares en el Citibank”, señala un documento del expediente 42282 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3 de Buenos Aires.
Néstor Janeir Aude nació en Uruguay, pero tiene nacionalidad argentina y está casado con la peruana Myrna Garazatúa Diaz. 
A partir de la denuncia de la policía en Buenos Aires, la Fiscalía Provincial Penal 54 de Lima abrió ese mismo año una investigación sobre ambos e incluyó a tres de sus familiares por el delito de extracción de bienes del patrimonio cultural peruano, debido a que en el allanamiento de su galería se encontraron miles de piezas de cerámica originales de las culturas Mochica, Chavín, Cupisnique, Chancay e Inca. 
Sin embargo, el proceso peruano fue archivado por falta de pruebas en el 2005. En Argentina, en cambio, la policía encontró nuevos indicios en contra de Janeir cuando allanó por segunda vez su galería de la calle Florida dos años después. 
El anticuario tenía más piezas arqueológicas que no estaban registradas, pese a que él –para entonces– ya se había inscrito como coleccionista.
En el 2009, la Embajada del Perú en Argentina se acreditó como querellante en el proceso judicial contra Néstor Janeir y otros cuatro anticuarios por tenencia ilegal de piezas arqueológicas y paleontológicas. Comenzaba una batalla por la repatriación de 3.898 bienes que pertenecían al patrimonio cultural peruano. 
Ese mismo año, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3 de Buenos Aires decomisó todos los bienes incautados, pero declaró prescrito el delito. 
Sin embargo, los anticuarios apelaron la sentencia con el argumento de que, si su juicio había sido archivado, las piezas les pertenecían y debían volver a sus manos. 
El representante legal de la embajada de Perú en Argentina, Emilio Itzcovich Griot, apeló también la decisión del tribunal tras considerar que se estaba dejando de investigar un caso que reunía todas las características de una red internacional de traficantes de bienes arqueológicos en América Latina.
 “Por el significativo número y la calidad de los bienes incautados, los anticuarios solo podían haberlos conseguido por intermedio de personas que los extrajeron de los sitios de origen o bien de alguna otra forma ilegítima”, sostuvo el abogado en el documento de la apelación.
El problema estaba en que la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Argentina solo contempla penas de cárcel de entre dos meses y dos años para los traficantes del patrimonio cultural y, debido al largo tiempo transcurrido, el delito de Néstor Janeir y los otros anticuarios había prescrito. 
En noviembre del 2011, el tribunal argentino ratificó la extinción de las acciones penales y ordenó la restitución de  más de cuatro mil bienes arqueológicos a los países afectados. Solo Néstor Janeir intentó recuperar las piezas con sucesivas apelaciones en los años 2012 y 2013.
En junio de 2015, el tribunal del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3 de Buenos Aires ordenó el decomisó definitivo de las piezas arqueológicas y paleontológicas y ordenó al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que las había custodiado por varios años, que empezara la restitución a sus países de origen. 
El fallo fue contundente para desbaratar todas las pretensiones de Néstor Janeir de recuperar las piezas y aclarar su responsabilidad. 
“Si bien se ha declarado la prescripción de la acción penal respecto de las personas imputadas, la infracción a la ley fue acreditada desde el momento en que se determinó que las piezas secuestradas resultaban arqueológicas y paleontológicas, todas con interés científico”, se lee en la sentencia.
Así, un lote de más de tres mil piezas pertenecientes al Perú y 439 objetos de Ecuador fueron repatriados desde Argentina en enero de 2016 a través de los canales diplomáticos.
Néstor Janeir puede seguir vendiendo antigüedades en su tienda de San Telmo, ya que no se le han detectado más piezas arqueológicas como las que le decomisaron sucesivamente en los años 2000 y 2007, dice Marcelo El Haibe, director de la División de Protección del Patrimonio Cultural de la Interpol Argentina. 
Pero, aun hoy, el anticuario se considera un perseguido de la policía y víctima de un despojo. “El gobierno argentino entregó las piezas a Perú y Ecuador, pero dudo que haya entregado todas”, dijo en una entrevista en Buenos Aires para la investigación Memoria Robada. 
En Lima, el Ministerio de Cultura exhibió diversas cerámicas, restos óseos y textiles prehispánicos recuperados de la galería de Néstor Janeir en una exposición realizada en el Museo de la Nación desde junio hasta setiembre pasado.
La directora general de Defensa del Patrimonio del Ministerio de Cultura del Perú, Blanca Alva Guerrero, se ha referido al expediente Janeir Aude como “uno de los más importantes en materia de recuperaciones para nuestro país”. 
Lo paradójico es que la única fiscal peruana que investiga los casos de tráfico ilícito de bienes del patrimonio cultural, Magda Atto, no tiene la menor referencia sobre este caso, o no la tenía cuando fue consultada para esta investigación periodística. 
Quienes sí parecen tenerlo presente son el jefe de la Oficina de Cooperación Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, Alonso Peña, y su abogada asistente, quienes nos mostraron un dossier de hojas amarillentas en su pequeña oficina ubicada en el noveno piso del edificio central del Ministerio Público. 
El detalle es que, según la información que ambos funcionarios manejan, Néstor Janeir está preso en una cárcel argentina.

El expediente Patterson

Hasta ahora se pensaba que el exdiplomático costarricense Leonardo Patterson había perdido el control sobre su famosa colección de más de mil piezas arqueológicas prehispánicas desde que la ingresó en forma clandestina a Alemania, en el 2008, para huir de las denuncias de tráfico ilícito de bienes culturales de seis países. 
Sin embargo, el coleccionista y comerciante de arte con uno de los más largos historiales delictivos, que incluye tres detenciones y cinco condenas por diversos cargos, puede disponer en cualquier momento de su llamado tesoro precolombino: las piezas no están bajo custodia de autoridad alguna, sino depositadas en un almacén privado en la ciudad de Múnich. 
En noviembre del 2015, una corte civil bávara lo halló culpable de posesión y exportación ilegal de bienes culturales, pero solo en el caso de dos cabezas olmecas de madera que le fueron incautadas a raíz de una exposición y que ahora debe restituir a México. 
Más allá de eso, Patterson no está obligado a responder ante la justicia alemana por  el resto de los objetos robados que desde hace una década también le reclama Perú, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador. 
Aun así, su defensa ha apelado el fallo y espera un nuevo veredicto.
A sus 74 años, Leonardo Patterson vive en un departamento de Múnich sin los lujos de su época dorada y bajo libertad condicional. 
Días después recibió una segunda condena, pero esta vez de una corte penal, que le impuso un año y tres meses de prisión suspendida y una multa de 36 mil euros por vender un falso busto olmeca a un ciudadano alemán como si se tratara de un auténtico monumento arqueológico. 
La pieza en cuestión estaba también en su colección privada de arte prehispánico expuesta por única vez en Santiago de Compostela, España, en 1996, que dio origen a una alerta de la Interpol sobre el origen ilícito de toda su muestra y desencadenó denuncias penales en cinco países desde el 2004.
Sin embargo, doce años después de que estallara dicho escándalo internacional, México es el único de los países afectados que persiste en las gestiones diplomáticas y acciones legales en Alemania para recuperar 691 bienes arqueológicos mayas auténticos saqueados de su territorio e identificados en la colección Patterson. 
México fue también el único país que pagó los 90 mil euros que las autoridades alemanas exigieron a cada uno de los estados reclamantes como parte de los gastos del trámite del peritaje y del almacén de los bienes en el 2010. 
Ahora, la Procuraduría General y el Instituto Nacional de Antropología e Historia mexicanos tienen al abogado Robert Kugler como su representante acreditado en Múnich para evaluar una nueva reclamación de sus bienes robados en los tribunales civiles. 
“Se ha dado un paso importante en el proceso de investigar a fondo los orígenes de muchos de los objetos comprados y vendidos ilícitamente a lo largo de los años por el señor Patterson. 
Hay una gran cantidad de trabajo que queda por hacer”, dijo Kugler en una entrevista telefónica para esta investigación sobre las dos sentencias impuestas por la justicia alemana en contra de Patterson.
Se trata de una compleja tarea pendiente y la principal razón está en la Ley de Repatriación del Patrimonio Cultural de Alemania, donde prevalece el principio de buena fe para justificar la propiedad de un bien cultural pese a su adquisición ilícita. 
La norma exige además varios requisitos que el propio Parlamento alemán ha considerado excesivos: uno de ellos es que el Estado afectado acredite que la pieza reclamada estaba debidamente registrada en una base de datos pública de todos sus bienes culturales y que, sobre todo, fuera accesible a los ciudadanos alemanes. 
Otra condición de la ley es que solo los objetos ingresados a su territorio después del 2007 pueden ser devueltos, ya que Alemania recién ratificó la Convención de la Unesco para la Protección del Patrimonio Cultural Mundial 35 años después de su entrada en vigencia. 
Basado en este régimen, el Tribunal Supremo Contencioso Administrativo de Baviera rechazó los pedidos de restitución de piezas arqueológicas de Perú, México, Guatemala, Costa Rica y Colombia en el 2010, según las resoluciones que se hacen públicas por primera vez en este informe.
La vida de Leonardo Patterson es un sorprendente prontuario de investigaciones, detenciones y condenas leves desde que ingresó en el negocio de la venta de antigüedades en Estados Unidos. Su paso a las altas esferas de este mercado fue obra de Everett Rassiga, un galerista de Nueva York con fama de traficante que en los años sesenta estuvo involucrado en el robo del monumento maya La fachada de Placeres. 
Partterson, quien nunca fue a la escuela, entró a trabajar como vendedor a la galería de Rassiga. Allí empezó a hacerse de un círculo de contactos y de fama no solo como coleccionista de objetos prehispánicos, sino también como un hábil estafador de arte. 
Fue condenado por fraude en Suiza (1975), por contrabando de especies protegidas en Dallas (1984) y por estafa al vender obras falsas atribuidas a Salvador Dalí en Basilea (1991).  
En su currículo oficial figura su paso como consejero representante de Costa Rica en las Naciones Unidas en 1995, pero puede que se trate del cargo más fugaz que ocupó alguna vez: el Gobierno costarricense tuvo que retirarlo ese mismo año luego de que The New York Times descubrió que Patterson había ofrecido varias piezas arqueológicas robadas a la casa de subastas Sotheby’s.
El nombre de Patterson está relacionado también con el crimen del coleccionista peruano Raúl Apesteguía brutalmente asesinado en 1996.
 El día del crimen desapareció de la casa de la víctima en Lima una de las más importantes piezas de la arqueología precolombina: el tocado de oro moche que reproduce una cabeza humana. 
En el 2006 la pieza fue hallada en la residencia del abogado de Patterson en Londres. Sin embargo, la fiscalía peruana nunca investigó estos nexos del caso aun impune.
En el 2013, Perú y Guatemala presentaron pedidos de extradición contra Leonardo Patterson mientras estuvo en España. Ese año, un juzgado de Santiago de Compostela logró que se pusiera a derecho por una acusación de contrabando de bienes culturales generada por el traslado ilegal de su colección a Alemania cuando empezaron las denuncias en su contra. Sin embargo, Patterson salió absuelto, se instaló en Múnich y los pedidos de extradición quedaron truncos. 
“El Perú no tiene un tratado de extradición con Alemania y para que proceda un pedido así, la posesión de bienes culturales en manos privadas debe ser considerada un delito. Alemania no lo considera un delito”, sostiene Blanca Alva, directora general de Defensa del Patrimonio del Ministerio de Cultura del Perú.
A diferencia del resto de países afectados, Perú logró recuperar 273 objetos que reclamaba a Leonardo Patterson mientras estuvieron guardados en una bodega de Santiago de Compostela, debido a que fue el primero en enterarse del origen ilícito de la colección e inició negociaciones diplomáticas con España para la repatriación de su patrimonio en el 2006. 
Sin embargo, quedaron pendientes de restitución cuatro textiles (tres paños pintados de la Cultura Chimú y uno de la cultura Nazca -Wari incluidos entre las piezas que fueron trasladadas a Múnich) y nueve piezas de orfebrería prehispánica que, si bien figuraban en el catálogo de la exhibición de 1996, no fueron halladas en la bodega. 
El Ministerio de Cultura envió cuatro cartas rogatorias a Alemania para recuperar dichos bienes, pero todas fueron rechazadas.
El proceso judicial en Lima fue archivado en el 2013. 
La Fiscalía Provincial Penal 45 había solicitado cinco años de prisión para Leonardo Patterson por comercialización ilegal de bienes culturales, además de una reparación civil de un millón de soles (poco más de 300 mil dólares de hoy), pero tras frustrarse el pedido de extradición, el caso se estancó y el Ministerio Público dejó de investigar también a su red de proveedores de objetos de arte en este país. 
Una de las primeras pistas era la peruana Delia Podestá Cuadros, quien fue detenida en el aeropuerto de Múnich con una pieza precolombina en el 2001 y que –según su propia declaración a la policía – iba a entregársela a Patterson. Ella estaba incluida en la acusación fiscal contra el exdiplomático.
Guatemala reclamó la restitución de 369 piezas arqueológicas mayas de la colección Patterson, pero también ha desistido de sus pretensiones de recuperarlas. En agosto de este año, el fiscal del caso, Rolando Rodenas, dijo que pedirá su archivamiento definitivo debido a que el país no ha reunido los requisitos solicitados por Alemania. 
El principal problema está en que los objetos que reclama no aparecen en un registro oficial porque fueron profanados de yacimientos que no habían sido formalmente explorados.
 Según el expediente, el peritaje de las piezas arqueológicas guatemaltecas que están en Alemania se hizo solo mediante fotografías, ya que el Estado no asignó un presupuesto para que un experto viajara a Múnich y tampoco invirtió en abogados.
Una investigación sin recursos realizó también Costa Rica, que alguna vez le exigió a su exdiplomático la devolución de 497 bienes arqueológicos que aparecieron en su colección privada. 
En el 2009, el Museo Nacional de Costa Rica pidió acceso a las piezas para un peritaje, pero no pudo pagar los gastos que demandaba el procedimiento en Alemania. 
Los dos únicos objetos que este país recuperó –un jarrón de mate y un metate de piedra abandonados por Patterson en España–, desaparecieron de la Embajada de Costa Rica en Madrid en el 2010.
El Gobierno alemán le dio a Costa Rica la posibilidad ser nombrado depositario judicial de la colección Patterson, pero antes debía entregar una garantía de varios millones de euros que el país centroamericano no pudo ofrecer. 
En su país de origen, el nombre de Leonardo Patterson es poco recordado y quiénes lo hacen creen que es sinónimo de fraude. 
“Patterson hizo de la arqueología y hasta de la falsificación de piezas un negocio. Se vinculó políticamente a lo largo de todas las administraciones con la clase dirigente de Costa Rica. Tuvo muchos talentos para engañar a la gente. 
Ahí es donde uno se pregunta cómo funciona el mercado [del arte]”, dice la directora del Museo Nacional de Costa Rica, Rocío Fernández. 
En la actualidad, no hay ningún proceso judicial abierto en contra de Patterson en San José y tampoco se han reactivado los canales diplomáticos con Alemania para la repatriación de su patrimonio.
Lo mismo ocurre en Ecuador, que reclamó 121 bienes culturales identificados en el disco con fotografías que le facilitó la Interpol en el 2008. 
El Ministerio de Cultura ecuatoriano no formuló una denuncia penal en contra de Patterson y suspendió los pedidos de repatriación en el 2010, luego de presentar una queja ante las autoridades alemanas porque no le dieron acceso a copias certificadas de los procesos seguidos en contra del coleccionista en Múnich. 
Colombia encargó el caso a la Unidad de Delitos contra la Propiedad Intelectual y Telecomunicaciones de Bogotá, pero también suspendió sus reclamaciones hace varios años.
La colección de arte prehispánico puede ser ahora lo único valioso que le queda a Leonardo Patterson. 
Se ha deshecho de sus caballos de polo, su Rolls Royce y otras propiedades en Estados Unidos y Europa para mantenerse en Múnich sin trabajar y con un estilo de vida reposado a causa de su avanzada edad. 
Ahora vive con limitaciones que le impiden estar al día incluso con los honorarios de su abogado Peter Von Borch.
En un reportaje publicado en mayo del 2016 en la revista Der Spiegel, el coleccionista aparece sonriente en unas fotografías tomadas en su departamento decorado con figuras precolombinas y le confiesa al periodista Konstantin von Hammerstein que “todos los objetos de arte llegaron a sus manos gracias a una red de colaboradores que exploraron sitios arqueológicos en diferentes países”. 
Leonardo Patterson no aceptó una entrevista para esta investigación y tampoco respondió el cuestionario por correo electrónico que le enviamos a través del correo de su abogado.

El diplomático coleccionista

Una tarde de setiembre del 2000, la policía de Bolivia descubrió en el departamento del entonces agregado cultural del Perú en ese país, Pedro Julio Díaz Vargas, decenas de lienzos religiosos coloniales robados que originaron una denuncia internacional que aún hoy produce desencuentros para las autoridades de ambos países. 
El caso ofrecía pistas claves sobre el ilícito mercado de arte sacro que se mueve en La Paz, pero su entrampamiento judicial no ayudó a identificar las redes criminales que lo abastecen. 
Mientras un juez en Lima resolvió que no hubo elementos para investigar al diplomático involucrado y archivó el caso hace más de una década, pocos sabían que otro magistrado de La Paz condenó a Pedro Díaz Vargas a nueve años de cárcel por receptación, destrucción y deterioro del patrimonio cultural en el 2009. 
Sin embargo, su abogada, la ex viceministra de justicia boliviana Denise Mostajo, llevó la sentencia al Tribunal Constitucional, donde después de dos pronunciamientos parciales, fue anulada en el 2013. 
Aún figura como miembro de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos del Perú en Actividad.  
Su último ascenso se produjo en el 2013. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores no accedió a dar información sobre su carrera diplomática y la sede de Cancillería rechazó recibir una carta sobre el tema en mesa de partes.
Pedro Díaz Vargas pertenece al cuerpo diplomático desde 1994. 
Luego de realizar estudios en Londres, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo envió en 1997 a Bolivia, donde se ocupó de la secretaría cultural de la embajada peruana hasta fines del 2000. 
Fue retirado de La Paz y suspendido por un año de sus funciones por el escándalo de las obras de arte religioso robadas, pero luego fue nombrado cónsul del Perú en Ecuador y consiguió ser ascendido a la categoría de primer secretario del servicio diplomático en el 2013. 
En los últimos doce años no se refirió en público a su situación legal en Bolivia y hasta el cierre de este informe no respondió a nuestra solicitud de entrevista. Tampoco la Cancillería peruana atendió nuestras consultas.
Sin embargo, revisamos el expediente del Tribunal Constitucional y entrevistamos por teléfono a su abogada, la ex viceministra de Justicia Denise Mostajo Sotelo, quien dijo que el proceso se anuló porque era cosa juzgada en el Perú. 
“El juicio de la justicia boliviana nunca tuvo valor jurídico porque los tratados internacionales establecen que los diplomáticos no dejan de estar sometidos a la jurisdicción de sus propios países aun cuando los supuestos delitos fuesen cometidos en territorio extranjero”, señaló. 
Como el Sexto Juzgado Penal de Lima archivó la denuncia por tráfico ilícito de bienes culturales en el 2004, la abogada plantea que no le correspondía pronunciarse a un juez de La Paz sobre un asunto que ya estaba cerrado.
Entre las 205 obras de arte colonial que la policía boliviana halló en la vivienda de Pedro Díaz Vargas, se identificaron doce lienzos de la escuela cusqueña que estaban reportados como robados en el Perú. 
Estos fueron repatriados en el 2002 gracias a que existía la denuncia policial del robo y un registro fotográfico de las obras. 
Sin embargo, el diplomático nunca explicó cuándo, cómo y a quiénes compró en Bolivia cuadros como La Virgen de San Lázaro, Cristo Vejado, Mártires Cristianos y San Francisco Xavier. 
En entrevistas de la época aparecidas en el diario El Comercio, Pedro Díaz Vargas solo dio la versión de que dedicaba dos mil dólares mensuales de su sueldo a la compra de piezas religiosas que, luego de ser robadas de iglesias del sur del Perú, aparecían en el mercado de antigüedades de La Paz. 
“Esta era una forma de rescatarlas para luego devolverlas a su lugar de origen”, dijo. Lo respaldó el entonces embajador del Perú en Bolivia, Harry Belevan, quien se refirió a Díaz Vargas de esta manera:
 “Es un coleccionista privado registrado en el Perú y como agregado cultural tiene entre sus funciones rescatar nuestro patrimonio cultural”. 
Sin embargo, Belevan admitió después que la peculiar forma en que Díaz llevaba a cabo esta tarea no había sido comunicada a la Cancillería boliviana.
Como se hallaron también lienzos coloniales bolivianos robados en el departamento de Díaz Vargas, el Ministerio de Cultura de este país le abrió un proceso penal en noviembre del 2000, pero el diplomático nunca se puso a derecho. 
Por ello, el Juez Tercero de Sentencia de El Alto del Distrito Judicial de La Paz lo procesó y condenó en calidad de reo contumaz. 
“Nosotros verificamos toda la procedencia de estos bienes y gran parte no estaban catalogados, pero 12 cuadros coloniales pertenecían al patrimonio peruano y fueron devueltos; otro grupo de siete cuadros provenía de las iglesias de La Paz y Oruro”, indica Lupita Meneses Peña, directora nacional de catalogación de bienes culturales de Bolivia en el libro “El rostro de la inseguridad en Bolivia”, publicado por la Fundación Friedrich Ebert en el 2014. 
Entre ellos estaban las pinturas San Jerónimo Penitente, La entrega de llaves a San Pedro y El rostro de San Francisco de Paula, que luego pasaron a la custodia de museos de La Paz.
Por este caso también fue procesado y condenado a nueve años de cárcel como cómplice del mismo delito el historiador Dominique Scobry Leacey, quien compartía el departamento con Pedro Díaz Vargas en La Paz. 
Este ciudadano francés, conocido como un experto en arte colonial y prehispánico, estaba considerado como un prófugo de la justicia hasta hace cinco años en Bolivia. 
Sin embargo, desde el 2007 hasta el 2009 estuvo trabajando en el Perú como director de la Alianza Francesa de Piura y, desde el 2011 hasta hace un año, figuraba con el mismo cargo en la sede de ese instituto cultural en Lahore, en Pakistán.
A comienzos de este siglo, otro diplomático apareció envuelto en un escándalo internacional de tráfico ilícito de bienes culturales de América Latina hacia Europa. 
El sueco Ulf Lewin, quien viaja hoy por el mundo como un experto en culturas latinoamericanas, fue acusado de haber exportado en forma ilícita cientos de piezas prehispánicas de Colombia, El Salvador, Bolivia, Guatemala y Perú en el período que se desempeñó como embajador de Suecia en estos países. 
El caso fue destapado por el programa televisivo de Estocolmo Striptease en febrero del 2000, pero fue cerrado rápidamente luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores sueco elaboró un informe que concluyó ese mismo año en que no había pruebas en su contra. 
El problema estuvo en que ninguno de los estados afectados fue consultado durante la investigación que sustentaba dicho documento.
Cuando ocurrió la denuncia, Ulf Lewin cumplía su penúltimo año en el cuerpo diplomático como embajador en el Perú y el régimen fujimorista lo había condecorado solo cuatro días antes con la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz por su labor desplegada en este país desde 1995. La acusación de que había utilizado por años su valija diplomática para trasladar bienes culturales lo enmudeció. 
Poco después regresó a su país sin aclarar la procedencia de los más de doscientos objetos que adquirió, varios de los cuales donó al Museo Etnográfico de Gotemburgo. 
Entre los años 2000 y 2002, Lewin fue designado embajador de Suecia para los Países Bálticos y al año siguiente se jubiló para dedicarse a estudiar una maestría en antropología en la Universidad de Uppsala. 
Desde entonces, solo se han conocido noticias suyas sobre los libros que escribió acerca de los suecos en Centroamérica y las conferencias que dicta para hablar de este tema. Se le solicitó una entrevista vía correo electrónico, pero no hubo respuesta.
La denuncia que hicieron dos reporteros y el arqueólogo de la Universidad de Gotemburgo Staffan Lundén contra Ulf Lewin nunca se judicializó en Suecia, ya que este país no consideraba un delito la posesión de objetos culturales de procedencia ilícita y no había firmado entonces la Convención de la Unesco y los principios de Unidroit para luchar contra el tráfico ilícito del patrimonio cultural robado. 
El informe de la cancillería sueca favorable a Lewin sirvió para que el Noveno Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior del Callao archivara la investigación abierta en su contra ese mismo año. El fallo fue ratificado por otra sala superior en el 2001.
Tras este veredicto, el Gobierno del presidente Alejandro Toledo restituyó a Ulf Lewin la condecoración de la Orden del Sol que le había retirado el régimen transitorio de Valentín Paniagua. 
La drástica resolución emitida por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Javier Pérez de Cuellar, fue dejada sin efector por su sucesor Diego García Sayán con este considerando: “ninguna autoridad competente tanto en el Perú, como en el Reino de Suecia ha determinado que el señor Ulf Lewin haya extraído, en violación de normas peruanas e internacionales, objetos de nuestro patrimonio histórico y cultural”.
La historiadora Mariana Mould de Pease siguió de cerca el caso y sostiene no hubo una correcta investigación en Suecia porque no se permitió que especialistas peruanos participaran en las pesquisas y Lewin no hizo pública la lista de piezas peruanas de su colección ni comprobó el origen de las que donó al Museo Etnográfico de Gotemburgo a finales de los años sesenta, entre las que se encuentran cerámicas y otros objetos Mochica y Vicus. 
“Tengo copia de las fichas de registro de estas piezas y las pongo a disposición que cualquier autoridad, institución o persona que desee ahondar en este particular”, dijo Mould hace catorce años. Pero ninguna autoridad se las ha solicitado.
Precisamente, las pistas contra Lewin que originaron la investigación del programa televisivo sueco empezaron en el Museo Etnográfico de Gotemburgo cuando el arqueólogo Staffan Lundén se topó con objetos precolombinos originales que le llamaron la atención en una de sus galerías y consultó sobre su origen. 
En el museo le informaron que habían pertenecido a la colección privada de Ulf Lewin, quien ocupó la presidencia de la asociación de amigos del museo entre 1994 y 1996. La prensa de Estocolmo reveló también cartas del exembajador sueco a sus amigos en las que les contaba que “había mejorado mi colección Nazca, Chavín y Virú”.
Colombia también denunció que Ulf Lewin se llevó piezas de la cultura Tumaco, pero no formalizó un proceso penal en su contra.
Lewin nunca restituyó ninguno de los bienes de su colección privada.

El museo del asesor 

Desde que la policía halló en su casa una de las más importantes colecciones arqueológicas argentinas robada del Museo de Ambato de Córdoba, el politólogo italiano Matteo Goretti Comolli, ex asesor del presidente Mauricio Macri, insiste en que no tiene ninguna responsabilidad porque él no robó las piezas, sino que las adquirió de buena fe. 
Sin embargo, en agosto pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió que hay varios hechos por investigarse y ordenó que se reabra la investigación en su contra por encubrimiento del robo y tráfico ilícito de piezas arqueológicas en Argentina. 
En su fallo, el tribunal anuló la resolución que archivó la denuncia y solicitó que el juez que la dictó sea apartado del caso.
La colección Rosso del Museo de Ambato, que contiene más de 700 piezas arqueológicas de la cultura precolombina de La Aguada, fue robada una noche de fines de febrero de 2008. 
Cuatro años después, 58 de los bienes desaparecidos -la mayoría vasijas de cerámica- fueron ubicados en una de las cuatro propiedades en Buenos Aires de Matteo Goretti, un coleccionista de arte más conocido por ser presidente de la Fundación Pensar, que funciona como el laboratorio de ideas del partido del gobierno argentino, por y una denuncia por lavado de dinero.
¿Cómo llegaron las piezas hasta su casa?, se le preguntó a Matteo Goretti, quien aceptó responder un cuestionario por correo electrónico para la investigación Memoria Robada. 
“Todas las piezas de mi colección llegaron por compra o por donación. Fui el primer coleccionista grande en registrar la colección, apenas pude hacerlo, es decir, cuando se implementó el registro en Argentina. 
Respecto del conjunto de piezas en cuestión, la Ley 25743 exige que el propietario las registre. Si lo hace, la ley dice que las piezas fueron obtenidas de buena fe. No es necesario (ni la ley exige) presentar documentación de compra o de donación”, dijo.
Sin embargo, la Fiscalía argentina sostiene que en realidad Mateo Goretti hizo un registro parcial y no ante el organismo competente, sino ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el que tuvo relaciones como asesor en el 2006, cuando Mauricio Macri fue jefe de Gobierno de la ciudad. 
En el mismo sentido se ha pronunciado la presidenta del Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Diana Rolandi, quien explicó que Goretti registró 800 piezas de su colección privada en el 2007 y después no registró nada más.
 “Es falso que haya comprado las piezas [del Museo de Ambato] de buena fe porque el procedimiento para la compra-venta consiste en que la persona debe registrarlas. Esto no fue lo que él hizo”, declaró.
El comisario Marcelo El Haibe, jefe del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de Interpol Argentina, tiene fichado a Mateo Goretti como un coleccionista ligado al tráfico ilícito de bienes culturales desde hace varios años y lo describe de este modo: 
“Él es otro que cree que todo puede ser pasible de apropiación. Es una persona muy inteligente, adepto a coleccionar arqueología, que siempre se trató de conectarse con el poder”.
La relación de Goretti con los bienes arqueológicos viene desde mucho antes del caso Ambato. En el 2006, según consta en un documento oficial de la provincia de Salta, el exasesor del presidente Macri donó al Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta una momia del período inca para su exhibición. 
El problema fue que la entregó en mal estado pese a que presuntamente la había sometido de manera exitosa a “diversos y complejos procesos de conservación a cargo de un equipo de especialistas” y a que su fundación Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas (CEPPA) incluso había editado un libro sobre este caso. 
Dos años antes, Goretti enfrentó una controversia con el entonces secretario de Cultura, Torcuato Di Tella, cuando intentó abrir un museo en el barrio de San Telmo con 1.500 piezas de arte precolombino pese a que estaba prohibido.  
El enfrentamiento llegó hasta Uruguay luego de que la Interpol detectó que Goretti había exportado ilegalmente a ese país varios de los bienes arqueológicos que no pudo exhibir en San Telmo para sumarlos al Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) de Montevideo.
Este caso quedó en el olvido, pero Mateo Goretti volvió a generar polémica en el 2007, cuando donó al Gobierno de Salta 5.170 piezas, entre fotografías y objetos arqueológicos y etnográficos, así como una biblioteca de casi diez mil volúmenes y publicaciones especializadas. 
Con ellas, el coleccionista pretendía crear el Museo Argentino de Arte Precolombino (MAPA) y una fundación para administrarlo, pero nuevamente sus intereses colisionaron con la ley. 
Ahora, debe explicar ante la justicia cómo, cuándo y a quiénes les compró los bienes robados del Museo de Ambato de Córdoba.

Los papeles apócrifos

En octubre del 2012, las frecuentes encomiendas de artesanía que llegaban en vuelos comerciales provenientes del Perú a la ciudad de Salt Lake, en el estado de Utah, Estados Unidos, llamaron la atención de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas. 
Las cajas iban dirigidas a los esposos César e Isabel Guarderas, dos peruanos nacionalizados estadounidenses que los agentes de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations o HSI) empezaron a vigilar hasta descubrir que formaban parte una red de traficantes de bienes culturales que usaban certificados auténticos de exportación de artesanía para encubrir su delito y se jactaban de sus nexos con empleados del Ministerio de Cultura en Lima para conseguirlos.
La investigación comenzó cuando un policía estadounidense encubierto buscó a César Guarderas, un hombre de 70 años que aparentaba ser un experto en arte prehispánico, y se hizo pasar como un cliente muy interesado en las piezas de cerámica que ofrecía. 
El agente no tuvo que esperar mucho tiempo para que, durante sus negociaciones, el propio vendedor le confesara que las artesanías que ofrecía a un círculo selecto de clientes tenían un precio mayor al de las tiendas porque no eran réplicas, sino piezas originales profanadas de sitios arqueológicos en el norte del Perú. 
Esto hizo que sus pesquisas pasaran a una segunda etapa: el agente le compró dos cerámicas Chimú por un precio de tres mil dólares y luego pidió la asistencia de especialistas de las universidades de Utah y Tulane para un peritaje que confirmó su autenticidad.
El HSI intervino también el teléfono y el correo electrónico de César Guarderas, mientras su agente encubierto pactó una segunda compra de 10 cerámicas por 20 mil dólares. 
Durante sus conversaciones, Guarderas mencionó los nombres de sus proveedores: los peruanos Javier y Alfredo Abanto Sarmiento, quienes eran hermanos de su esposa y dueños de una aparente empresa de artesanías en Trujillo denominada Cholo Andino, que fue abierta en el 2008 y aun figura en actividad. 
Las sospechas de que se trataba de una red de traficantes de bienes culturales fueron corroboradas con las comunicaciones escritas de los implicados que fueron interceptadas por la policía y que aparecen en la demanda del caso seguido en la fiscalía de Salt Lake. 
En una cadena de correos entre César Guarderas y Javier Abanto, ambos conversan sobre un lote de 100 piezas de cerámica Chan Chan originales que sería exportado a Estados Unidos en el 2012 con certificados comerciales facilitados por sus contactos en el Ministerio de Cultura.
En diciembre de ese mismo año, los agentes del HSI incautaron una de las últimas encomiendas que llegó desde Perú dirigida a los esposos Guarderas. 
La caja contenía ocho cerámicas prehispánicas que habían sido remitidas por Javier Abanto. 
Poco tiempo después, se hallaron más piezas en la cochera de la vivienda de la pareja en la ciudad de West Valley. 
Todas fueron sometidas a peritajes y resultaron auténticas.
Javier Abanto Sarmiento fue detenido por los agentes del HSI en Miami el 4 de marzo de 2013, cuando volaba hacia los Estados Unidos desde Perú, mientras que César e Isabel Guarderas fueron arrestados semanas más tarde en su vivienda. 
Una corte de Salt Lake los llevó a juicio por contrabando y transporte ilegal de bienes culturales en el 2015, pero consiguieron su libertad condicional. 
El cuarto implicado, Alfredo Abanto Sarmiento, quien se encuentra en el Perú, no fue detenido. 
El Ministerio de Cultura no abrió una investigación sobre este caso y se ha negado a hacer público el registro de todas las personas y empresas con certificados de exportación de bienes no pertenecientes al patrimonio cultural. 
“Se trata de información protegida por el secreto comercial”, respondió a una solicitud que hicimos para este informe.  
La fiscalía peruana tampoco siguió de oficio las pesquisas para identificar la participación de empleados del Ministerio Cultura en el caso Abanto-Guarderas.
El último rastro de los Guarderas son los teléfonos de su domicilio en Salt Lake, pero ahora ya no están en servicio.
Estados Unidos es uno de los mercados más grandes para el comercio de bienes culturales robados y América Latina una de las principales zonas de origen de esta cotizada mercancía. 
En 1997, a raíz del robo del famoso protector coxal del Señor de Sipán que estaba vendiéndose en Filadelfia por una red de traficantes encabezada por el estadounidense David Swetnam, el gobierno estadounidense firmó con el Perú uno de sus primeros memorandos de entendimiento que imponen restricciones de importación sobre los objetos arqueológicos precolombinos y materiales etnológicos coloniales. 
La norma sirvió para que seis años después su servicio de inmigración y aduanas implementara un programa especial de investigación de casos de transporte y comercio ilícito de bienes culturales en Estados Unidos con apoyo de agentes de inteligencia.
A través de una operación encubierta también fue detectado el arqueólogo y coleccionista italiano Ugo Bagnato, fichado como uno de los mayores traficantes de piezas prehispánicas de Perú y Colombia que tenían como destino los Estados Unidos. En setiembre del 2005, un agente del HSI de Florida se hizo pasar como un cliente y le compró una cerámica de 3.500 años de antigüedad y una estatua con una nariz de oro de alrededor de 1.800 años por dos mil dólares. Expertos de la Universidad Internacional de Florida y del Museo Smithsonian de Washington D.C. confirmaron la autenticidad de las piezas. Entonces la policía allanó la casa de Bagnato y descubrió que tenía en su poder más de 400 objetos precolombinos, entre vasijas, y adornos de oro y esmeraldas que estaban guardados en cajas.
Al principio, Ugo Bagnato pretendió defenderse con el argumento de que había importado legalmente los bienes y que pertenecían a su colección privada, pero su coartada se desmoronó cuando el HSI probó que los documentos que usaba para justificar el origen de las piezas eran falsos. Bagnato se declaró culpable de traficar con bienes culturales profanados y fue sentenciado a 17 meses de prisión en una cárcel federal del sur de la Florida. 
En el 2007, mientras cumplía su condena, el Instituto Gemológico de América, con sede en San Diego (California), reportó al HSI que Ugo Bagnato les había ofrecido unas esmeraldas para su tasación. 
Tras un estudio de las gemas realizado por la Universidad de Maine, las autoridades establecieron que eran auténticas y parte de bienes precolombinos robados de Colombia.
Las autoridades deportaron a Ugo Bagnato a Italia apenas cumplió su condena y repatriaron todas las piezas a Perú y Colombia en el 2008. 
Sin embargo, los proveedores del arqueólogo no fueron identificados porque ninguno de los dos países afectados abrió investigaciones locales sobre el caso.
A sus 75 años, Ugo Bagnato aparece hoy en un directorio italiano de coleccionistas de arte. Tiene una casa de antigüedades registrada denominada il Collezionista, pero sus actividades están suspendidas.
El HSI también detectó el comercio de piezas mayas extraídas de sitios arqueológicos de Honduras que ingresaban con documentos falsos como artesanías destinadas a una importante tienda del Estado de Ohio. 
El caso se remonta al 2002, pero mientras el estadounidense implicado fue sentenciado ese mismo año, un juez de Tegucigalpa recién confirmó en mayo de 2016 la culpabilidad de sus dos cómplices, los hondureños Julio Monterroso Bonilla y Constantino Monterroso Palomo, quienes fueron condenados a prisión por el delito de contrabando de 275 bienes culturales a Estados Unidos. 
Las piezas que enviaban iban destinadas al estadounidense Douglas Hall, propietario de la casa de artesanías Accent on Wild Birds, quien estuvo en la cárcel 18 meses por este caso. Douglas Hall falleció en el 2005.

El anticuario intocable

El circuito comercial de arte y antigüedades en México gira entorno a un hombre: Rodrigo Rivero Lake, un abogado de 66 años y dueño de uno de los anticuarios más grandes de este país que se hizo famoso por sus viajes dedicados a la compra de antigüedades en China e Indochina. 
Pero su nombre no solo aparece en galerías y museos, sino también en la investigación por uno de los más escandalosos robos de arte sacro mexicano que la Procuraduría General mantiene bajo reserva. 
El caso se debe a la pintura colonial “Adán y Eva arrojados del paraíso”, que tras ser robada de una iglesia del estado de Hidalgo en febrero del 2000 pasó a manos de Rivero Lake, quien la vendió por 45 mil dólares al Museo de Arte de San Diego, en Estados Unidos, ese mismo año.
En julio del 2002, cuando la curadora de este museo Claudia Laos tuvo que catalogar el cuadro, empezó una indagación interna que descubrió que había sido robado de la iglesia de San Juan Tepemasalco de Hidalgo. 
En su búsqueda de información, Laos encontró un libro de Agustín Chávez sobre arte hidalguense que en la página 324 tenía una foto del lienzo. Una ficha indicaba que pertenecía a un lugar llamado San Juan Tepemasalco. 
Sin embargo, el vendedor, Rodrigo Rivero Lake, había omitido ese dato e incluso conseguido un documento oficial de que esta pintura colonial de 1728 no pertenecía al acervo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pese a que ya estaba reportada como robada. 
Dos años después, la Procuraduría General de México abrió una investigación a partir de los hechos comunicados por el Museo de Arte de San Diego, pero nunca informó el estado del caso que hasta ahora es considerado reservado. “Todo está archivado”, asegura, Rodrigo Rivero Lake, el principal implicado, desde la comodidad de su lujoso pent-house en el exclusivo barrio de Polanco.
Lo que hasta hoy no responde el anticuario estrella de México es quién o quiénes le vendieron la pintura. “Me dio mucho malestar esto. De ahí se agarraron para hacerme una cadena de desprestigio (…) No es la idea que el coleccionista o el anticuario es un saqueador, hay que cambiar esa imagen, muchas veces somos los protectores”, se defendió Rivero Lake en una entrevista para el proyecto Memoria Robada.
El vendedor de arte asegura que nunca estuvo en la iglesia de Hidalgo donde fue robado el cuadro “Adán y Eva arrojados del paraíso” y a lo largo del tiempo ha dado varias versiones distintas sobre la forma cómo adquirió la obra: que la compró a un anticuario en Estados Unidos, que la consiguió de un grupo de ancianas de Hidalgo que decían que el óleo pertenecía a su familia y, por último, que la adquirió de un patronato de arte. 
Sobre este caso, la Procuraduría General de México se niega a dar información del expediente AP/PGR/HGO/PACH1-III/039/2005. 
“Está reservado por un periodo de cinco años por tratarse de información vinculada a la persecución de un delito”, respondió a una solicitud para esta investigación.
El gobierno de Estados Unidos devolvió el óleo “Adán y Eva arrojados del paraíso” a México a través de los canales diplomáticos, pero la Procuraduría no ha informado siquiera si fueron identificadas todas las personas que participaron o tuvieron alguna responsabilidad en el robo, venta y exportación ilegal de la pintura hasta que llegó a manos del Museo de Arte de San Diego.
Mientras Rodrigo Rivero Lake era investigado por este caso, su nombre apareció implicado en otro escándalo de tráfico ilícito de bienes culturales de América Latina. 
En el 2004, el converso traficante de arte holandés Michel van Rijn reveló que el anticuario mexicano le ofreció los planos y las fotos del mural Coro de Ángeles de una capilla peruana del siglo XVII con la intención de vendérselos por un millón de dólares.
La obra había sido robada de la capilla de la hacienda de Tongobamba, en Andahuaylillas, Cusco, y formaba parte de la Ruta del Barroco Andino. ¿Cómo había llegado a manos de Rivero Lake? 
Esta es otra interrogante que el vendedor de arte se niega a esclarecer hasta la fecha. El Instituto Nacional de Cultura (INC) del Perú presentó una denuncia en su contra, pero una fiscalía del Cusco la archivó en el 2005.
Cuando se conoció el caso, Rivero Lake era presidente del Patronato de Arte Sacro de México y declaró que compró el mural durante una de sus visitas al Perú a fines de los años noventa a un grupo de residentes de Andahuaylillas que se habían convertido en evangélicos y amenazaban con destruir el mural. 
Sin embargo, entre el 2004 y 2006, el INC y la Dirección Regional de Cultura del Cusco demostraron que la pintura había sido robada y debía ser restituida al Perú. 
El problema fue que el proceso de recuperación se detuvo durante el segundo régimen de Alan García, cuando la historiadora Cecilia Bákula estuvo en la dirección del INC.
En el archivo de la Colección Franklin Pease para la historia andina del Perú aún se conservan copias de los estudios que prueban el origen cusqueño de la pintura mural Coro de Ángeles que Rodrigo Rivero Lake nunca restituyó. 
La historiadora Mariana Mould de Pease, quien colaboró con Michel van Rijn en las indagaciones de este caso, tiene una copia del oficio N°363-2005-MP-FPT de la Fiscalía Provincial de Turismo del Cusco que rechazó la denuncia del INC para que se investigara al anticuario mexicano por el delito contra el patrimonio cultural en su modalidad de extracción de bienes culturales en agravio del Estado. 
De este tema, Rivero Lake tampoco quiere hablar. 
“Hay cosas que se robaron antes de que tú nacieras, y tú las tienes”, dice para justificar que un poseedor de arte robado no necesariamente es culpable de un robo.
Con el aporte de David Hidalgo y Rocío Romero en Lima; Catalina Oquendo en Buenos Aires; Arturo Daen en México DF; Julie López en Ciudad de Guatemala; y Hassel Fallas en San José.