Así rescatamos los españoles a los bancos alemanes

Análisis

Así rescatamos los españoles a los bancos alemanes

España tiene que devolver el dinero prestado 

por el Mecanismo Europeo de Estabilidad y 

parece que ese dinero saldrá de nuestros impuestos

José Moisés Martín Carretero

14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

La semana pasada hemos tenido noticia del magro resultado de las gestiones realizadas para recuperar el dinero invertido en el rescate de las entidades bancarias. De la cuantía final de 51 mil millones de euros, sólo se han recuperado, hasta la fecha, 2.686 millones. 

Es decir, que estamos a la espera de saber qué pasará –si es que pasa algo-- con los otros 48.324 millones de euros. En cualquier caso, ya se ha informado de que una parte será completamente irrecuperable.

El “préstamo en condiciones ventajosas”, sin “coste para la ciudadanía”, se ha convertido en una pesada factura que, probablemente, no tuviéramos más remedio que pagar, si no queríamos que nuestro sistema financiero se evaporara y con él los ahorros y las inversiones de millones de personas, llevando el país al caos. 

Es la ventaja del sistema bancario y su particular concepción del riesgo moral: si gano, gano yo, si pierdo, pierdes tú. 

Desde esta lógica, son las regulaciones –que estallaron a la vista de los resultados-- las que garantizan que las entidades financieras no asuman más riesgos de los debidos, al precio de establecer un aval implícito que garantiza que no quebrarán. 

Mala regulación, vista gorda, prácticas sumamente arriesgadas y un resultado final desastroso. Salvo para algunos.

DE LA CUANTÍA FINAL DE 51.000 MILLONES DE EUROS, SÓLO SE HAN RECUPERADO, HASTA LA FECHA, 2.686 MILLONES

Recapitulemos: el sistema financiero español realizó durante una década una política crediticia arriesgada y basada en el principio de que la propiedad inmobiliaria no baja nunca de precio. 

Pidieron prestado al exterior –en mercados mayoristas, o a instituciones financieras del norte de Europa-- para, aprovechando los bajos tipos de interés, colocar hipotecas sobrevaloradas y financiar proyectos inmobiliarios, amén de otras operaciones de dudoso interés, como la participación de Cajamadrid en las radiales. 

Cuando estalla la burbuja inmobiliaria, comienzan los impagos y muchas promociones inmobiliarias van a la quiebra, entrando como pérdidas en los balances de las entidades. Donde antes ponía 1000, luego puso 500. 

Este deterioro de activos ponía en riesgo la capacidad de las entidades para devolver sus préstamos y garantizar los depósitos de los clientes. 

Los bancos –y el estado-- perdieron la confianza del sistema crediticio internacional y se encontraron con serias dificultades para devolver el dinero que habían tomado prestado de la banca internacional.

En la estructura financiera de un banco, cuando hay pérdidas, las categorías para responder a esas pérdidas siguen un orden preciso: 

primero responden los accionistas; cuando los accionistas ya no tienen más dinero, responden los deudores denominados “junior” –en España, las preferentes y subordinadas, de tan infausto recuerdo-- si ese dinero no es suficiente, responden los deudores senior –los préstamos de otros bancos, los tenedores de bonos-- y sólo al final se tocan los depósitos. 

Es decir, en un banco, lo último que se pierden son los depósitos de los ahorradores, ya que primero se deben haber agotado las otras vías de respuesta ante pérdidas.  

Con el rescate bancario, el estado inyectó dinero suficiente para que los deudores sénior no sufrieran ningún tipo de pérdidas, limitando el alcance de las mismas a los accionistas y a los tenedores de productos junior –preferentes y subordinadas--. 

De no haber inyectado el dinero del rescate, los bancos españoles se podrían haber declarado en quiebra y no devolver parte de sus préstamos internacionales, lo cual hubiera trasladado el problema a la banca internacional: francesa, alemana y holandesa, entre otras. 

De esta manera, el dinero público inyectado en el sistema financiero español permitió que los bancos del norte de Europa no sufrieran pérdidas por los impagos de los bancos españoles.

LOS BANCOS -Y EL ESTADO- PERDIERON LA CONFIANZA DEL SISTEMA CREDITICIO INTERNACIONAL Y SE ENCONTRARON CON SERIAS DIFICULTADES PARA DEVOLVER EL DINERO QUE HABÍAN TOMADO PRESTADO DE LA BANCA INTERNACIONAL

El ciclo del dinero fue el siguiente: el Mecanismo Europeo de Estabilidad prestó dinero a España a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca) el cual a su vez lo inyectó en los bancos españoles, que recuperaron solvencia para poder seguir devolviendo los préstamos a los bancos del norte de Europa. El plan era ideal si no fuera por un pequeño detalle: España tiene que devolver el dinero al Mecanismo Europeo de Estabilidad, y, por lo que parece, ese dinero no va a salir de nuestro sector financiero. 

Saldrá de nuestros impuestos, que en vez de dedicar a la mejora de nuestro sistema educativo, o a revertir los recortes en sanidad, o a luchar contra la pobreza infantil, deberán ser destinados a repagar el préstamo “en condiciones ventajosas” que nos ofrecieron las instituciones europeas.

De todo este cálculo, el Estado da por perdidos definitivamente 26 mil millones de euros. Por poner la cifra en contexto, es el equivalente a 20 años del programa de complemento salarial del pacto PP-Ciudadanos, o a seis años de reversión de los recortes en inversión educativa,  o a cuatro años del ingreso mínimo vital propuesto por el PSOE, o a casi dos años de la renta mínima garantizada que propuso Podemos.

Las cifras no lo son todo. España no podía permitirse que cayera su sistema financiero. Es demagógico comparar las cifras sin tener en cuenta las catastróficas consecuencias que hubiera tenido para el conjunto de la economía española la paralización de nuestro sistema bancario. Pero tampoco podemos dejar de extraer conclusiones. 

Las malas decisiones de la burbuja inmobiliario financiera, la política de dejar pasar las señales de alarma, la perversión del modelo de las cajas de ahorro –que nunca deberían haber tomado esos niveles de riesgo-- y la querencia al enriquecimiento rápido combinaron en un cóctel explosivo que no nos ha salido gratis. Todo lo contrario. 

Pero los bancos del norte, que prestaron su dinero a los bancos españoles sin hacer una adecuada ponderación del riesgo que asumían, también tienen parte de responsabilidad en todo esto y, sin embargo, no han pagado ninguna de sus consecuencias. Sus balances no se han deteriorado por su exposición indirecta al ladrillo en España. 

Parte del dinero que podríamos estar dedicando, hoy, a sacar a los niños de la pobreza y la exclusión social, duerme tranquilo en las reservas de los bancos internacionales. Ojalá aprendamos para que esto no vuelva a suceder. Pero me temo que no va a ser así.

AUTOR

• José Moisés Martín Carretero

  Economista y consultor internacional. Dirijo una firma de consultoría especializada en desarrollo económico y social. Miembro de Economistas frente a la Crisis. Autor de España 20130: Gobernar el futuro. Autor de España 2030: Gobernar el Futuro.
  • @JMMACMARTIN

CTXT

El Estado da por perdidos 40.000 millones de las ayudas a la banca

FERNANDO TADEO

14/04/2015 - 

El Estado da por perdidos a día de hoy unos 40.000 millones de euros de las ayudas públicas inyectadas al sector financiero en los últimos años. 

El subgobernador del Banco de España y presidente del Frob avanzó ayer que las minusvalías existentes para el erario en la actualidad ascienden a esa cifra, que representa más del 70% del total. 

Fernando Restoy, a petición de varios parlamentarios, resumió la situación actual de la recuperación del dinero destinado al saneamiento de las entidades.

El número dos del organismo supervisor señaló que el Frob ha desembolsado un total de 56.181 millones incluyendo las garantías dadas en los procesos de desinversión de Catalunya Banc, Banco de Valencia, Novagalicia y Ceiss y que hasta la fecha se habían recuperado 1.884 millones de euros con Banca Cívica, Liberbank y Novagalicia.

A esta cantidad, habría que añadir los 3.092 millones que el fondo de rescate espera ingresar en el corto y medio plazo, además del valor estimado de la participación en Bankia a través de BFA (63%) y BMN (65%), que alcanza 10.856 millones en conjunto.

Eso sí, la factura final de la reestructuración financiera para el Estado dependerá en gran medida de la venta de Bankia. 

De hecho, en los cálculos expresados por Restoy en el Congreso, durante su última comparecencia como presidente del Frob, se incluyen los 1.300 millones conseguidos con la desinversión llevada a cabo el año pasado en Bnakia del 7,5%, que se ha registrado en el holding BFA pero que aún no se ha trasladado a las cuentas del organismo público.

Con los números aportados por el subgobernador, las pérdidas para el erario ascienden en la actualidad a 40.300 millones. 

De esta cantidad, más de 11.700 millones corresponden a CatalunyaCaixa. Restoy detalló que la venta de su negocio bancario a BBVA y de la cartera de créditos hipotecarios al fondo Blackstone, que se cerrará en los próximos días, generarán un valor positivo neto al grupo catalán de 328 millones, teniendo en cuenta las garantías. 

La cifra contrasta sustancialmente con las ayudas de 12.052 millones inyectadas en la entidad en tres ocasiones para su saneamiento.

CatalunyaCaixa, a pesar de su deterioro, presuntamente aprobó retribuciones irregulares para su equipo directivo. 

Al menos esto es lo que ha destapado el Frob, que ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción presuntas prácticas delictivas sobre este aspecto en los ejercicios 2008 y 2009, años en los que fue presidente el exministro Narcís Serra. 

En concreto, según anunció Restoy, las presuntas irregularidades se deben a determinadas indemnizaciones cobradas. 

En 2008, por ejemplo, el exdirector general, Josep María, Loza se percibió 6 millones de euros.

Bankia pierde el 85% de las demandas

Bankia está perdiendo el 85% de las demandas judiciales presentadas por los inversores por la salida a bolsa, que presuntamente realizó tal operación con las cuentas falseadas. 

El presidente del Frob, Fernando Restoy, indicó ayer en el Congreso que hasta la fecha se habían contabilizado 2.424 denuncias en los tribunales civiles por la OPV con un montante reclamado de 70 millones de euros. Bankia y BFA han provisionado 780 millones para hacer frente a estas contingencias contra los resultados del ejercicio pasado.

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