“Otra vez se vuelve a confirmar la naturaleza criminal del uso del ejército para asesinar a ciudadanos ucranianos que no aceptaron el golpe de Estado en Kiev”, afirmó el analista Boris Rozhin, Colonel Cassad, al conocer las declaraciones de la vicepresidenta del Parlamento de Ucrania.
Según la legislación debía haber autorizado el despliegue de tropas, un tecnicismo que tampoco se cumplió a la hora de destituir al presidente democráticamente elegido, Viktor Yanukovich, que fue depuesto en una “moción de censura” que no contaba con el suficiente número de votos.
“No es que fuera ningún secreto”, prosigue Rozhin.
“El aspecto criminal e ilegal del uso del Ejército Ucraniano contra la población de Donbass se conoce desde la primavera de 2014.
Es curioso que el Parlamento se haya acordado de ello en otoño de 2017, tras más de tres años de masacres y del golpe de Estado que dio lugar a la guerra civil”.
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La vicepresidenta del Parlamento de Ucrania, Oxana Syroid, afirmó que la participación del Ejército Ucraniano en el conflicto armado en Donbass es contraria a la Constitución.
Así lo afirmó el jueves, 7 de septiembre, declaración que está disponible en YouTube.
“El uso de las Fuerzas Armadas en el este de Ucrania está haciéndose de forma inconstitucional”, afirmó Syroid. La vicepresidenta del Parlamento añadió también que, según la legislación vigente, el uso del ejército en Donbass debía haber sido autorizado por el Parlamento, algo que jamás ocurrió.
En junio, el diputado Dmitry Tymchuk afirmó que se había propuesto la sustitución de la llamada “operación antiterrorista” en Donbass por una “operación militar”. “La autoridad principal sobre el comando operativo estará a cargo del presidente como comandante en jefe y el jefe del Estado Mayor de la Defensa se encargará de los aspectos de defensa”, explicó Tymchuk.
El representante plenipotenciario de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, afirmó que nada de eso está previsto en los acuerdos de Minsk”. El conflicto armado en Donbass comenzó en la primavera de 2014, tras el intento de las autoridades de Kiev de acabar por la fuerza con las protestas que habían comenzado en las regiones de Donetsk y Lugansk.
Hace un año, en una entrevista concedida a un medio ucraniano, el ahora presidente del Parlamento, Andriy Parubiy, en 2014 presidente del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, ya se había referido al intento de dotar de legalidad a la intervención del Ejército en Donbass en un momento en que la legitimidad del Gobierno estaba en entredicho y la guerra no debía impedir la celebración de elecciones presidenciales, que la ley marcial habría hecho imposible.
La evidente disposición del Gobierno, entonces liderado por Yatseniuk como primer ministro y Turchinov como presidente en funciones, a utilizar el ejército hizo necesaria la búsqueda de una forma para aparentar cierta legalidad en el uso de la fuerza.
Sin posibilidad de declarar la ley marcial, se decretó una “operación antiterrorista”, que permitía el uso del ejército para acabar con las protestas de Donbass.
La introducción del ejército, jóvenes reclutas sin intención de disparar contra civiles dispuestos a detener los blindados utilizando su propio cuerpo, dio lugar a la guerra.
Ya armadas, las milicias y el Ejército Ucraniano se enfrentaron en las primeras batallas en la primavera de 2014.
Desde entonces han muerto más de 10.000 personas.
Ahora, el Parlamento de Ucrania se acuerda de que ni siquiera se hizo de forma legal, aunque ni la vicepresidenta ni el Gobierno se plantean aún que la decisión fuera un crimen contra una amplia parte de la población del país.
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