Jesús García: "La represión tiene como objetivo fundamental el miedo y la desmovilización"
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- octubre 12º, 2015
Jesús García: La Policía llegó la madrugada del domingo 15 de febrero, mientras en el local se realizaba un acto de autofinanciación solidario con las represaliadas por la “Caza de brujas”. En aquel momento ya sólo quedábamos una decena de compañeras.
Una patrulla de la Policía Local de Alcalá de Henares requirió la presencia de un responsable debido a que un vecino había emitido quejas (pese a que no hay vecinos ya que el Centro Social se halla en una galería comercial).
Por supuesto quitamos inmediatamente la música.
Por supuesto quitamos inmediatamente la música.
Todo debería haberse quedado ahí pero los agentes me pidieron poder entrar al local a lo cual yo respondí que para ello necesitaba de la pertinente orden judicial que, por supuesto, no tenían.
Hay que recordar que el CS 13 Rosas es también la sede del PCE, un Partido que es legal en España.
Hay que recordar que el CS 13 Rosas es también la sede del PCE, un Partido que es legal en España.
Mientras los agentes y yo debatíamos la cuestión comenzaron a llegar más patrullas de Policía Local y también Nacional.
La Policía Nacional no acudió sola sino que se hallaba acompañada por una cámara de televisión del programa “Policías en Acción” de La Sexta.
Ese hecho, y la extraña hostilidad de los agentes, nos hacían pensar que la noche se iba a saldar con problemas.
La Policía seguía insistiendo en acceder al Centro y yo seguía exigiendo la orden judicial. A la que voy a acceder al local para coger mi DNI e identificarme, uno de los agentes pega una patada a la puerta y todos los policías (que ya llegaban a la veintena) accedieron de forma violenta al Centro Social.
M.O.: Una vez dentro, ¿qué ocurre?
J.G.: Todas las compañeras que nos hallábamos en el interior exigíamos que salieran inmediatamente del local y les recriminamos su actitud violenta y desproporcionada.
J.G.: Todas las compañeras que nos hallábamos en el interior exigíamos que salieran inmediatamente del local y les recriminamos su actitud violenta y desproporcionada.
La situación era muy tensa porque ninguna entendíamos cómo un acto de autofinanciación podía haber acabado con el CS lleno de policías. Yo seguí pidiendo la orden judicial, ante lo cual uno de los agentes me detuvo y me sacó fuera del local. En ese momento todas las compañeras exigen mi liberación.
La respuesta de los agentes fue comenzar una carga policial en el interior de la sede que se saldó con 5 compañeras heridas que tuvieron que ser atendidas en el Hospital y otra compañera detenida, Elena.
A nosotras nos llevan al calabozo de la comisaría de Alcalá de Henares. Mientras, en la sede comienza el registro ilegal por parte de la Policía.
La cámara de televisión (que durante las detenciones y la carga se mantuvo en el exterior del local) graba todo este registro que no se limitó a la sala principal del Centro, sino que incluso registraron el despacho del PCE e intentaron acceder al ordenador del Partido.
La cámara de televisión (que durante las detenciones y la carga se mantuvo en el exterior del local) graba todo este registro que no se limitó a la sala principal del Centro, sino que incluso registraron el despacho del PCE e intentaron acceder al ordenador del Partido.
Una vez calmados los ánimos, un compañero pregunta a los agentes el verdadero motivo de su entrada en el CS, ante lo cual un policía responde: “Esto os pasa por vuestra ideología”.
Esta declaración, que evidencia las causas de este ataque represivo y la farsa policial y mediática, quedó grabada y ya lo dispone la jueza.
M.O.: La entrada de la policía, además de violenta, se salda con vuestra detención, ¿qué cargos se os imputa?
J.G.: A Elena y a mí nos imputan los delitos de atentado contra la autoridad, resistencia y desobediencia. Las penas oscilan de uno a cuatro años de prisión por cabeza.
J.G.: A Elena y a mí nos imputan los delitos de atentado contra la autoridad, resistencia y desobediencia. Las penas oscilan de uno a cuatro años de prisión por cabeza.
Además, nos han impuesto medidas cautelares por las cuales se nos prohíbe la salida del país y se nos obliga a acudir a firmar al Juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
Es curioso haber leído la noticia recientemente de que Rodrigo Rato solo debe ir una vez al mes a firmar.
Es curioso haber leído la noticia recientemente de que Rodrigo Rato solo debe ir una vez al mes a firmar.
M.O.: ¿Se ha aportado algún tipo de explicación posterior por parte de la policía o del ayuntamiento de Alcalá de Henares?
J.G.: Sí, tanto la Policía como el Ayuntamiento (por aquel entonces gobernado por el PP) se excusaron en que la actuación policial del pasado año estaba motivada por una inspección administrativa rutinaria.
No sólo los propios hechos desmienten esta explicación, sino que no hemos logrado obtener aún documento alguno que haya autorizado a los agentes de la Policía local a realizar ese registro.
No sólo los propios hechos desmienten esta explicación, sino que no hemos logrado obtener aún documento alguno que haya autorizado a los agentes de la Policía local a realizar ese registro.
M.O.: Por otro lado, todo esto es grabado por cámaras de televisión, ¿habéis tenido acceso a esas grabaciones o han sido difundidas?
J.G.: Las grabaciones las disponen tanto los abogados como la propia Jueza. Nuestros abogados ya lo han visionado y dejan claro que la intervención fue injustificada y violenta.
La Sexta no difundió la grabación en su programa pese a que sí que lo anunciaron en Twitter (si bien el tuit al poco fue eliminado).
La Sexta no difundió la grabación en su programa pese a que sí que lo anunciaron en Twitter (si bien el tuit al poco fue eliminado).
M.O.: ¿De qué manera os habéis organizado en Alcalá para luchar contra esta situación?
J.G.: En diciembre del año pasado constituimos en Alcalá la Plataforma Absolución CS 13 Rosas, para luchar por la absolución de las dos detenidas.
El apoyo fue enorme, habiendo sido constituida tanto por Partidos políticos (PCE, IU, Podemos…), sindicatos como CGT y el tejido asociativo de la ciudad (PAH, RSP, asociaciones vecinales, LGTBI, estudiantiles, etc.).
Buscamos que la mayoría social de Alcalá de Henares se sensibilice con este y otros casos represivos y los entienda, no como meras anécdotas o incidentes, sino como actos políticos de represión contra el conjunto de los movimientos sociales.
Para ello realizamos charlas antirrepresivas, eventos de autofinanciación (hace poco organizamos un concierto solidario), acompañamientos los días 15 de mes para exigir la retirada de las medidas cautelares, campañas de difusión…
M.O.: ¿De qué manera se puede colaborar con vuestro caso?
J.G.: Las tareas de toda lucha antirrepresiva, ya sea el apoyo al caso del CS 13 Rosas o a cualquier otro, necesitan: visibilización y politización, autofinanciación, solidaridad con otros casos represivos y el apoyo a las represaliadas.
J.G.: Las tareas de toda lucha antirrepresiva, ya sea el apoyo al caso del CS 13 Rosas o a cualquier otro, necesitan: visibilización y politización, autofinanciación, solidaridad con otros casos represivos y el apoyo a las represaliadas.
Respecto a la visibilización es importante realizar actos o campañas denunciando los casos represivos para que la población los conozca y generar una opinión social solidaria y antirrepresiva como la que existía en los últimos años del franquismo respecto a la amnistía.
Para ello, la Plataforma hemos realizado ponencias o charlas en distintos puntos de la Región, incluso fuera de la misma.
Por supuesto, estamos encantadas de participar en cualquier actividad que organice cualquier colectivo para visibilizar la represión.
Mal que nos pese también es vital la cuestión de la autofinanciación. Si la jueza nos conmuta la pena de prisión por una multa (en caso de que no nos absuelva claro), deberemos hacer frente a enormes cantidades cuyo impago podría suponer la entrada en prisión. En este sentido realizar barras, conciertos, cafetas, etc. es importantísimo.
La Plataforma siempre nos hemos tomado como una de nuestras prioridades la solidaridad con otros casos represivos, de cara a tejer redes entre todas las represaliadas.
Si la represión política tiene un aspecto positivo es, precisamente, que introduce elementos de unión entre movimientos o activistas muy distintas.
Debemos ser inteligentes, aprovechar esta generalización de la represión y pasar del movimiento defensivo en el que está sumida actualmente la lucha antirrepresiva, y convertir ésta en una pata fundamental para pasar a la ofensiva contra el Régimen.
Por último, es necesario apoyar a las represaliadas (a Elena y a mí, pero también a Alfon, Isma, las 5 de Barcelona, las compañeras de Zaragoza, las compas del 15-M Valencia y un largo etcétera).
La represión tiene como objetivo fundamental el miedo, la desmoralización y la desmovilización; solo la solidaridad puede combatirlo. Mostrar nuestro apoyo, practicando los cuidados mutuos.
Esto no puede quedarse solo en las redes sociales o en declaraciones vacías sino en volcarnos, nosotras como activistas o nuestras organizaciones, en esta lucha solidaria.
Esto no puede quedarse solo en las redes sociales o en declaraciones vacías sino en volcarnos, nosotras como activistas o nuestras organizaciones, en esta lucha solidaria.
Cuando la Policía es parte del problema
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- enero 24º, 2017
Jaime Montero @MonteroJaimeMiembro de la Asociación Libre de Abogados y profesor de Derecho Penal en el Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Normalmente, los agentes de policía que intervienen a causa de la comisión de un delito, relatan ante el tribunal cuál ha sido su intervención, y qué es lo que han visto y oído.
A su vez, los jueces suelen creer lo que relatan los policías, en la medida en que son testigos ajenos a los hechos sobre los que declaran y, en principio, ninguna relación guardan con los investigados, de parentesco, amistad o enemistad, dependencia laboral, etc, que pudiera llevarles a falsear su testimonio.
Esta posición privilegiada del agente de policía como testigo se conoce como “presunción de veracidad”, y aun cuando en el Derecho Penal carece de reconocimiento formal, en la práctica es de común aplicación, esencialmente porque en el enjuiciamiento de numerosos delitos el único elemento de prueba con el que se cuenta es, precisamente, el testimonio de esos agentes de policía que – decíamos antes – carecen de un interés personal en los hechos sobre los que declaran.
Justo en el extremo opuesto nos encontraríamos con la declaración de lapersona acusada, normalmente de carácter exculpatorio, que tiene un obvio interés en no sufrir un castigo penal y, por ello, no suele ser tenida en consideración, salvo cuando comete alguna torpeza que rápidamente será empleada por las acusaciones para amartillar, figuradamente, los últimos clavos de su ataúd.
Ocurre, sin embargo, que existen algunos delitos en los que los roles e intereses de investigados y agentes de policía se entremezclan y confunden, como son aquellos que derivan de un conflicto entre un ciudadano concreto y un agente de policía igualmente concreto, cuando a uno, a otro, o a ambos a la vez, el conflicto se les va de las manos.
En los supuestos más graves, que son los que normalmente acaban judicializados, pueden concurrir lesiones, detenciones ilegales, denuncia falsa, y delitos contra el orden público (atentado o resistencia a agente de la autoridad), imputables a uno u otro de los protagonistas del conflicto.
Ejemplificando, para una mejor comprensión, un supuesto de enfrentamiento ficticio entre agente de policía y ciudadano de a pie, y atendiendo exclusivamente a la versión que daría el ciudadano, el agente inicialmente habría abusado de su autoridad (poniendo una multa injusta, o haciendo comentarios despectivos, por ejemplo), a lo que el ciudadano habría respondido, protestando airada pero respetuosamente, lo que le habría valido una detención (ilegal), ante la cual se habría resistido, causándose ambos lesiones imputables en cualquier caso a la injusta actuación policial, que finalmente acabaría con una imputación (falsa) de atentado o resistencia a agente de la autoridad, como modo de explicar esa detención.
La versión que ofrecerían los agentes de policía, radicalmente contraria, sería que el ciudadano habría comenzado a provocar a los agentes (expresiones como “policía asesina”, o el clásico “tú no sabes con quién estás hablando”, están en el top ten de los atestados por delitos contra el orden público) negándose a identificarse cuando se le solicita respetuosamente su documento de identidad, e incluso abalanzándose contra alguno de ellos con total desprecio a su función, antes o después de que éste proceda a su detención, por lo que se le reduce empleando la“fuerza mínima imprescindible”, de donde vendrán las lesiones justificadas del detenido, y las punibles que sufren los agentes de policía.
Los párrafos anteriores recogen, grosso modo, los dos relatos-tipo, contradictorios e irreconciliables, que podríamos escuchar en un juicio por atentado o resistencia a agente de la autoridad.
El modo en el que habitualmente se resuelve tal contradicción, si ambas declaraciones resultan razonablemente creíbles, pasa por que el fiscal pregunte a los agentes de policía intervinientes si conocían de antes a la persona acusada, y que estos respondan negativamente, lo que permitirá sostener a fiscal y juez que, no existiendo una enemistad previa que permita dudar de la veracidad de la declaración de los agentes, no existen motivos para no creerla, fundamentando a la postre en tal declaración la correspondiente sentencia condenatoria del ciudadano.
Sin embargo, se obvia en tales sentencias que es precisamente la asunción del relato de los agentes lo que impide considerar que el mismo ha cometido varios delitos, como detenciones ilegales o denuncia falsa, de modo que no se puede predicar que no tenga interés en mantener una determinada versión, responda o no a la realidad, pues la imputación del atentado que realiza al investigado es, a su vez, mera consecuencia de la defensa de la corrección de su propia actuación, o dicho en términos más coloquiales: su ataque es, a su vez, su mejor defensa.
Esta suerte de asunción acrítica por parte de jueces y tribunales de las versiones policiales en los supuestos de delitos de atentado o resistenciaa agente de la autoridad, como si se tratara de intervenciones profesionales en delitos que les son completamente ajenos, y no de un delito que necesariamente les tiene a ellos como parte involucrada, y en el que por tanto su intervención ha de ser examinada con lupa, no sólo es grave por la injusticia que supone para el ciudadano que, en el caso de que su versión responda a la realidad, es condenado injustamente, sino que además contribuye a generar una sensación de impunidad en la actuación policial que favorecerá que, en el futuro, tales actuaciones se repitan.
Un indicio de la magnitud de este problema es, a mi juicio, la cantidad de sentencias condenatoria por delitos contra el orden público, que en el año 2014 ascendieron a 13.745, lo que supone que las condenas por estos delitos ocupan el quinto lugar, sólo por debajo de los delitos contra la seguridad vial (96.698), las lesiones (34.136), los robos (30.815) y los quebrantamientos de condena (14.180), pero por encima de delitos tan comunes como el tráfico de drogas (12.851), los hurtos (11.606), las estafas (9.166) o las falsedades documentales (7.017).
No es posible conocer cuántos de los procesos judiciales por delitos de atentado o resistencia a agente de la autoridad tienen su origen en la efectiva comisión de estos delitos, y cuántos son consecuencia del ocultamiento de una previa actuación policial irregular, pero si entre las funciones de la policía está la prevención del delito, y resulta que los delitos de atentado y resistencia a los agentes de la autoridad ocupan un lugar tan relevante en las estadísticas judiciales, lo que sí parece claro es que, en tales términos, la policía no es parte de la solución, sino del problema.
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