Se estrecha el cerco sobre Ana Botella por la venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre
El fiscal del Tribunal de Cuentas eleva el posible quebranto económico a 2,3 millones por las irregularidades en la venta
Existen indicios más que fundados jurídicamente de la responsabilidad en la venta de viviendas sociales de Madrid a fondos buitre durante el gobierno municipal de la popular Ana Botella.
Al menos así se desprende del informe que la fiscalía del Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid observa en esta venta supuestamente fraudulenta de 1.860 viviendas sociales por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).
El Tribunal de Cuentas ha decidido abrir diligencias preliminares después de que el Ayuntamiento de Madrid enajenara durante el mandato de Botella un total de 1.860 viviendas de alquiler en 18 promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo Magic Real Estate Blackstone, gestionado en España por Fidere.
La supuesta operación de venta al fondo buitre por parte del consistorio madrileño se remonta exactamente al 20 de junio de 2013, cuando el Ayuntamiento de Madrid aprobó en Junta de Gobierno la venta de las citadas 1.860 viviendas de protección oficial al fondo Blackstone-Magic Real Estate, después de haber valorado supuestamente cuatro ofertas de empresas. Todas ellas se recepcionaron en la EMVS sólo seis días antes.
Tras una negociación de 20 días y la rebaja de dos millones sobre el precio que la empresa presentó al realizar la oferta, el fondo buitre adquirió el paquete de viviendas sociales a través de la empresa Fidere por valor de 128,5 millones de euros. Además de las 1.860 viviendas, se incluyeron en la operación 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros.
Ahora, la fiscalía del Tribunal de Cuentas, en un auto fechado el 19 de octubre, concluye que “la enajenación de las 18 promociones se ha realizado sin que haya un informe técnico de valoración en el que se cifre el valor objetivo y cierto de mercado”.
A causa de lo que considera una “deficiente gestión” en todo el proceso, el Tribunal de Cuentas eleva el posible quebranto económico que podrían haber originado aquellas decisiones “a 2,3 millones de euros, respecto de lo que, al menos para la propia compradora, era el valor de mercado”.
La venta de las viviendas sociales al fondo buitre sirvió, entre otras operaciones, al Ayuntamiento de Madrid, entonces en manos del PP de Ana Botella, para saldar una parte de la deuda municipal, que se elevaba a unos 630 millones de euros.
En la citada notificación del 19 de octubre, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas da traslado al Ministerio Fiscal y al representante legal de la EMVS de la notificación de las irregularidades observadas.
El fiscal jefe, Miguel Ángel Torres, parte del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid, que subraya que las ventas a entidades jurídicas “no eran posibles conforme al Reglamento de adjudicación que estuvo en vigor has el 30 de octubre de 2012”.
El pasado septiembre concluyó la comisión de investigación de la deuda del Ayuntamiento de Madrid durante la gestión de Botella al frente del consistorio. La no asistencia de muchos de los cargos municipales más directamente implicados evidenció el manto de silencio con el que los dirigentes populares del consistorio madrileño intentan cubrir el escándalo de la venta de estas viviendas sociales al fondo buitre.
A esta sesión de investigación no solo no acudió la propia ex alcaldesa popular y máxima responsable de la venta de las viviendas sino tampoco la ex delegada de Urbanismo y ex presidenta del Consejo de Administración de EMVS, así como el ex consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, o Ana Gomendio López, responsable de la Consejería de Vivienda de la Comunidad Madrid.
Tampoco dieron su versión en la comisión de investigación los concejales populares Pablo Cavero y Borja Carabante. Ni el ex director de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen. Silencio absoluto ante un problema que puede dejar en la calle a miles de familias tras esta operación urbanística especulativa.
Las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la Deuda de Madrid, respecto a la venta de 18 promociones de viviendas de protección oficial a fondos buitre, destacaba que la venta de estos inmuebles supuso, en el mejor de los casos, un desfalco patrimonial para el Ayuntamiento de Madrid por valor de 31 millones de euros, una cantidad que podría elevarse hasta los 162 en el peor de las situaciones posibles.
El Ministerio fiscal solicitó en septiembre al presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid que comunicara su criterio sobre este asunto y remitiera al órgano fiscalizador los documentos pertinentes que avalen la presunta responsabilidad contable de los antiguos gestores municipales y se pueda determinar si se inician acciones contra ellos.
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, acusaba a la EMVS de “deficiente o mala gestión” en la venta de los inmuebles que habría “afectado a los intereses públicos”. La Cámara de Cuentas puso el foco sobre los 128,5 millones de euros que implicó esta operación ejecutada por el Gobierno de Ana Botella en 2013.
La solicitud de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en julio coincide con una de las recomendaciones del dictamen que los grupos municipales Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos han hecho llegar al consistorio de la capital. En ella instan a “proceder al ejercicio de acciones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas contra los directivos, empleados o funcionarios públicos quienes, apareciendo 45 como gestores de los caudales integrantes de la EMVS han generado perjuicio a los caudales”.
El fondo buitre al que Botella vendió VPO echa a siete familias por sorpresa por “obras significativas” en las casas
Por Sofía Pérez Mendoza
El fondo buitre al que la exalcaldesa de Madrid Ana Botella vendió más de 1.800 viviendas sociales de la capital ha dado un mes de plazo a través de su sociedad gestora Fidere a siete familias para que dejen los pisos en los que llevan viviendo una década. Todas recibieron a mediados de octubre un […]
El fondo buitre al que la exalcaldesa de Madrid Ana Botella vendió más de 1.800 viviendas sociales de la capital ha dado un mes de plazo a través de su sociedad gestora Fidere a siete familias para que dejen los pisos en los que llevan viviendo una década. 
Todas recibieron a mediados de octubre un burofax que les informaba de que su contrato no se renovaba porque la empresa quiere acometer “obras significativas” en las viviendas.
Las siete familias afectadas fueron adjudicatarias de los pisos, ubicados en la calle Huertas y Lope de Vega de la capital, cuando todavía eran de la Empresa Pública de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Es decir, cuando eran viviendas sociales.
Este mes tenían pendiente la renovación de los contratos, como sí ha pasado casi de forma automática con los inquilinos de otras promociones compradas por el fondo. Esta en concreto se compone de 11 casas, todas de 50 metros cuadrados salvo una que tiene el doble.
Las viviendas, aseguran los vecinos, “no tienen ningún problema” y están en buenas condiciones de habitabilidad. “Es una casualidad que solo se necesite hacer obras en las viviendas donde vivimos personas a las que nos cumple el contrato.
Además, no nos han explicado qué tipo de obras ni por qué tenemos que dejar las casas.
No ha habido ninguna comunicación más allá del burofax, que nos deja un nulo margen de maniobra”, explica Laura, una de las afectadas.
Aranxta Mejías, presidenta de la asociación de afectados por la venta, y su familia están viviendo sin contrato en su casa desde principios de octubre porque la empresa no quiere hacerles uno nuevo tras finalizar el que mantenían con la EMVS.
La familia se ha querellado contra Fidere por “discriminación y “coacción”.
Esta acción judicial se suma a la petición de reapertura de las querellas del PSOE y de la asociación que preside la misma Mejías.
Cinco de las siete familias que han recibido el burofax también pertenecen al colectivo de afectados por la venta.
Laura vive con su pareja y sus dos hijos –de dos años y 20 días– en ese piso desde hace 10 años durante los que, asegura, ha pagado “religiosamente” todos los recibos. Abonaba al mes 413 euros en concepto de alquiler y tiene siete días para pensar en una alternativa.
“Nos ha pillado de sorpresa total. No nos han llamado, solo el burofax, donde no se concreta qué obras quieren hacer y por qué tenemos que irnos. Al resto de promociones, salvo a Arantxa, les han renovado los contratos con subidas, pero pueden seguir allí.
No sabemos el porqué de este trato diferencial. Es un disgusto enorme y no tenemos margen de movimiento”, dice Laura en conversación con eldiario.es. Uno de sus vecinos, en la misma situación, ha intentado ponerse sin éxito en contacto telefónico con Fidere, según la inquilina.
El abogado que lleva el caso de la familia Mejías está estudiando, según los afectados, qué puede hacerse en este caso. “Está mirando qué acciones se pueden tomar para que no tengamos que desalojar”, explica la afectada, sin dar más detalles.
En el bloque vendido a Fidere hay otras cuatro familias más: a todas ellas les finaliza el contrato en 2018, pero solo una lo firmó con la EMVS.
El resto entró a vivir una vez que se había producido la venta.
Este jueves se ha conocido que el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para investigar la venta de estos pisos, según Cadena Ser.
“Se puede concluir por tanto que la enajenación de las 18 promociones se ha realizado sin que haya un informe técnico de valoración en el que se cifre el valor objetivo y cierto de mercado”, dice el organismo en una notificación fechada el 19 de octubre.
El equipo de Botella regaló al fondo buitre Blackstone 13 propiedades camufladas en el lote de viviendas sociales
- La Fiscalía del Tribunal de Cuentas recalca que los "inmuebles no vinculados" a los 1.860 pisos en venta e incluidos en la operación pasaron de 76 a 89 sin que el precio subiera ni un euro
- El órgano fiscalizador abre diligencias tras el escrito del fiscal, que cifra en 2,3 millones el quebranto causado: 0,3 millones proceden de los 11 garajes y dos trasteros que Blackstone logró de 'propina'
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