¿Alguien se acuerda de Bahréin?
Por Leandro Albani
La monarquía petrolera en Bahréin mantiene desde hace años una fuerte represión contra el pueblo que exige mayor democracia y participación en la sociedad. 1883 es el número que representa la situación represiva en Bahréin, pequeño país petrolero ubicado en la costa oeste del Golfo Pérsico.
La cifra muestra la cantidad de detenciones ilegales cometidas por ese Estado y denunciados días atrás por el Centro de Derechos Humanos de Bahréin (BCHR, por sus siglas en inglés).
El país, de apenas 760 kilómetros cuadrados y en el cual se encuentra apostada la V Flota de Estados Unidos, es escenario de confrontaciones y críticas debido al profundo malestar interno, principalmente de la población musulmana de confesión chiíta, mayoritaria en el país pero víctima de prohibiciones y relegada de la administración pública.
La monarquía de la familia Al Jalifa, aliada de Arabia Saudí, gobierna a la pequeña nación con mano de hierro y no existe resolución internacional que detenga esa política.
En el informe del BCHR se detalló que las detenciones de los 1883 pobladores se efectuaron en el marco de protestas contra la monarquía. De ese total, indicó la investigación, en el 50 por ciento de los casos las fuerzas de seguridad allanaron las casas sin autorización y encarcelaron a los opositores.
La denuncia también reveló que en 2015, al menos 441 personas desaparecieron, de los cuales el 38 por ciento son menores de 18 años. Entre los detenidos más reconocidos se encuentra Nabil Rayab, activista chií y director del BCHR.
A esta situación se suma otra arma que la monarquía de Al Jalifa utiliza contra los opositores: al menos 200 ciudadanos fueron despojados de nacionalidad legal al ser acusado por “terroristas”.
Aunque Bahréin sea un país del que casi no se habla, entre 2011 y 2012 fue escenario de revueltas y protestas que continúan hasta el día de hoy.
En ese entonces, y como telón de fondo la malograda Primavera Árabe, el país del Golfo –con apenas un millón de habitantes- fue testigo de cómo miles de hombres y mujeres en las calles reclamaban democracia y un mejor nivel de vida.
A diferencia de lo sucedido en Libia o Siria, países víctimas de intervenciones extranjeras con el fin de derrocar a sus gobernantes, el territorio de Bahréin fue protegido por Arabia Saudí. Mientras en Manama, capital del país, crecía el número de muertos y heridos por la represión, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), liderado por la Casa de Saud, envió a más de mil soldados para sofocar las manifestaciones.
El despliegue de uniformados fue denunciado por pocos países, como el caso de Irán, mientras que la Organización de Naciones Unidas mantuvo un oscuro silencio ante lo que ocurría en la nación, precedida por el rey Hamad bin Isa Al Jalifa y el primer ministro Jalifa bin Salman Al Jalifa, representantes musulmanes del sunnismo y cuya familia define el destino de Bahréin desde el año 1783.
Formula 1 y represión
Además de ser un país petrolero, poseer importantes reservas de gas natural y ser el destino turístico de muchos privilegiados, Bahréin es reconocido porque todos los años se realiza el Gran Premio de Fórmula 1, la principal categoría del automovilismo mundial.
El fin de semana pasado se repitió la competición internacional, y aunque el alemán Nico Rosberg con su flamante Mercedes obtuvo los laureles, en las calles de Manamá, Karzakan, Aali, Diraz y Al Dair, miles de personas salieron a las calles para reclamar a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) la cancelación del Gran Premio.
Durante las protestas, los manifestantes denunciaron que la competición sirve para limpiar el prontuario de la familia real Al Jalifa.
Aunque en 2011 se logró la cancelación del Gran Premio, este año los autos rodaron en el autódromo mientras las fuerzas de seguridad desataron una fuerte represión contra los manifestantes.
Sayyed Ahmed Alwadai, director del Instituto por los Derechos Humanos y la Democracia en Bahréin, denunció que “hasta ahora la FIA ha eludido su responsabilidad y no ha utilizado su influencia” y reclamó a la institución “cancelar la carrera en los próximos años”.
Alwadai apuntó contra Jean Todt, presidente de la FIA, al que señaló de “responsable de asegurarse de que sean implementados procedimientos efectivos para poner fin a las violaciones contra los derechos humanos que son realizadas durante el proceso de celebración de la carrera”.
Por su parte, el subdirector del programa de Amnistía Internacional (AI) para Oriente Próximo y el Norte de África, James Lynch, declaró la semana pasada que “detrás de los coches rápidos y las vueltas de pista triunfales no hay que olvidar que está un gobierno que estrecha el cerco para tratar de asfixiar todo resto de oposición en el país, multiplicando las detenciones, las intimidaciones y el acoso a la oposición política y las voces críticas”.
En el último tiempo, AI se hizo eco de las denuncias de la oposición en Bahréin. A mediados de marzo de este año, el organismo demandó a la monarquía Al Jalifa la liberación de la activista Zeinab al-Jawaya y su bebé de 15 meses, detenidos por las fuerzas de seguridad.
Quien también levantó la voz contra la monarquía fue Human Right Watch (HRW), que el pasado 20 de marzo exigió al régimen detener las deportaciones de los ciudadanos que son despojados de su nacionalidad. Joe Stork, miembro de HRW, afirmó que las deportaciones son “ilegítimas” y “causan la separación de familias y ocasiona un sufrimiento incalculable”.
El enemigo del Golfo
Sin duda, la República Islámica de Irán en la actualidad encabeza una lucha hegemónica por Medio Oriente, que tiene como contrincante a los países del Golfo Pérsico, encabezados por la Casa de Saud. Y en esta disputa, la monarquía de Bahréin se encuentra aferrada a su aliado principal.
Por eso, el pasado 2 de abril el canciller de Bahréin, Sheikh Jaled bin Ahmed al Jalifa, aseguró que los estados del Golfo están preparados para enfrentarse a Irán por su política exterior.
La monarquía de Al Jalifa rompió relaciones con Teherán en enero, un día después de que Arabia Saudí hiciera lo mismo debido al asalto a su embajada en territorio iraní, en represalia por la ejecución del destacado clérigo chií Nimr Baqr al Nimr.
“Enviamos un mensaje a Irán y a todos sus seguidores.
Ahora, nos tomamos en serio la posibilidad de enfrentarlo, y no dudaremos en defender a nuestros pueblos, estados, intereses y hermanos en la región, porque es una cuestión vital para nosotros”, sostuvo Al Jalifa, en una entrevista con la cadena Al Arabiya.
Mientras en la pequeña isla, que tiene como vecinos a Arabia Saudí y a Qatar, la represión continúa, la familia Al Jalifa descansa en sus aliados, no sólo del Golfo Pérsico, sino de los que están más allá de los océanos. Estados Unidos poco dice de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en este país.
La V Flota que reposa en las costas de la pequeña isla, que tiene a Arabia Saudí y a Qatar como vecinos, un jugoso Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en 1995 y la venta de armas a la monarquía, que desde mayo de 2015 fue por un total de 33.000 millones de dólares, son razones más que objetivas para que desde las ventanas de la Casa Blanca, no se vea con claridad lo que sucede cotidianamente en Bahrein
Publicación Barómetro -11-04-16
Se recrudece el terrorismo de Estado en Bahréin
Las organizaciones de derechos humanos denuncian despidos masivo por razones políticas, redadas nocturas, secuestros o arrestos masivos de manifestantes pacíficos
Amnistía Internacional ha pedido que la comunidad internacional intervenga para proteger a la población civil
Concentración contra el régimen durante las oraciones del viernes 18 de febrero del 2011 en el pueblo chií de Diraz, Bahrein (Hasan Jamali / AP)
El régimen sunita del rey Hamad bin Issa Al Khalifa lleva adelante desde hace semanas una severa represión contra un movimiento opositor de mayoría chiita.
La población bahreiní ve de cerca el rostro siniestro de una monarquía desesperada por mantener el poder en el marco de la ola de levantamientos populares árabes.
El Consejo de Cooperación del Golfo colaboró con el régimen enviando a más de 1.500 soldados para reprimir.
“Lo que estamos viendo hoy es como lo que vivió Estados Unidos durante los años 50 en el macartismo (caza de brujas anticomunista liderada por el entonces senador Joseph McCarthy)”, dijo Muneera Fakhro, líder del partido izquierdista bahreiní Wa’ad, a periodistas, activistas y políticos reunidos en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, con sede en Washington.
Al hablar por teleconferencia el martes desde Bahrein, Fakhro –cuya casa fue atacada dos veces desde que comenzaron las protestas– denunció que 30 personas han muerto, casi 500 están detenidas y cientos desaparecidas.
“Tenemos que detener de inmediato esas atrocidades con la ayuda de organizaciones internacionales”, pidió.
Tras haber enviado a comienzos de este mes un grupo de expertos a Manama, la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional indicó la semana pasada que la crisis en Bahréin había alcanzado un nivel de suma gravedad.
El grupo además instó a los gobiernos de Occidente, que intervinieron en el caso de Libia, a actuar rápidamente también en Bahrein si no querían ser acusados de selectividad política e hipocresía.
Mientras, en su informe Perspectiva Económica Regional para Medio Oriente y Asia Central (MECA) divulgado este miércoles, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó sus esperanzas de que la economía exportadora petrolera bahreiní creciera 4,9 por ciento este año.
Al presentar el informe en Dubai el martes, el director del Departamento del MECA del FMI, Masood Ahmed, opinó que, en el largo plazo, los levantamientos populares podrían “impulsar a las economías en la región al fijar una agenda de crecimiento más inclusiva, mejorando la gobernanza y proveyendo mayores y más igualitarias oportunidades para sus joven y creciente población”.
Sin embargo, parece claro para la mayoría de los observadores que, a menos que el régimen bahreiní atienda las demandas más básicas de su impaciente población, hay pocas posibilidades de estabilidad o de crecimiento, particularmente a la luz de la última ola de represión.
Desde que las fuerzas del rey expulsaron a los manifestantes de la plaza Pearl –la equivalente bahreiní a la ya legendaria plaza Tahrir en El Cairo–, el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y a veces fuego real fue reemplazado por arrestos arbitrarios, persecución y la elaboración de una lista negra de opositores.
El rey declaró estado de emergencia el 14 de marzo, justo cuando Arabia Saudita enviaba tropas para colaborar.
Desde entonces, los bahreiníes están expuestos a un poder arbitrario que incluso creó tribunales especiales para juzgar a “enemigos del Estado”.
Grupos de derechos humanos advirtieron crecientes ataques contra trabajadores calificados y la clase media en general, no sólo activistas o estudiantes.
Ahora también médicos, abogados, empresarios, académicos y periodistas son encarcelados o vigilados por el aparato de seguridad del régimen.
Un representante de la Federación General de Sindicatos de Bahréin señaló la semana pasada que de los 1.200 despidos de profesionales producidos en los últimos días, más de 920 eran por motivos políticos.
No obstante, portavoces del régimen insisten en que los empleados en cuestión “no cumplían con sus deberes”.
Según el periódico estadounidense The Washington Post, maestros han sido detenidos y encapuchados frente a sus propios estudiantes, y los que han sido interrogados sufrieron maltratos.
La organización Médicos para los Derechos Humanos documentó el arresto de más de 30 profesionales de la salud, mientras que Amnistía Internacional informó que, hasta el 12 de este mes, el Ministerio de Educación había despedido a casi 120 funcionarios.
“No compararía esto con el macartismo, que era más bien caza de brujas. Creo que (lo que estamos viendo en Bahrein) es una táctica política anticuada que es mucho peor”, plantea el analista Gregory Gause, profesor de ciencia política en la Universidad de Vermont.
“Quizás la pérdida del empleo por convicciones políticas es lo que trae la comparación con el macartismo, pero me parece que esto va mas allá. ¿Cuántos objetivos de McCarthy terminaron en prisión?”, preguntó Gause, autor del libro “Las relaciones internacionales del Golfo Pérsico”.
Mientras, organizaciones de derechos humanos presionan a los gobiernos de Occidente para que pongan fin a la impunidad y defiendan a la población civil bahreiní.
El presidente de la Federación Estadounidense de Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, Richard Trumka, le escribió la semana pasada al secretario de Defensa, Robert Gates, exigiendo una “urgente intervención política… para detener el descenso (de Bahríin) a una dictadura”. Trumka añadió que los sindicatos bahreiníes eran esenciales para una sociedad saludable y pluralista.
Considerando que ese país del Golfo es base de la Quinta Flota estadounidense, Trumka insistió en que Washington debería exhortar a Manama a que pusiera fin a la “represión extraordinaria que ocurre en el umbral de una de las más grandes instalaciones militares estadounidenses”.
“Cualquier respuesta menor a esta crisis socava nuestra autoridad moral”, alertó.
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