'Dardo' de Francisco Granados a Esperanza Aguirre en forma de carta.
La carta de Granados que inculpa Aguirre: "nada se hacía sin que tú lo ordenaras"
Desde la prisión de Estremera, Granados reprocha a Aguirre que no salga en defensa clara de la financiación del PP de Madrid y le recuerda que "absolutamente nada" se hacía en el partido sin que Aguirre diera el visto bueno.
La carta tiene fecha de este mismo lunes.
Seis folios en los que le recuerda la relación estrecha que les unió y le reprocha que no salga en defensa clara de la financiación del PP madrileño.
Granados le recuerda a Aguirre que "absolutamente nada" se hacía "sin que tú lo ordenaras o, al menos, dieras el visto bueno".
Y vuelve a insistir en palabras de la propia Aguirre: "todo se puede delegar menos la supervisión".
Dice Granados que, desde que estalló el asunto, "de todas las declaraciones de compañeros de partido las tuyas fueron las que más me dolieron" y le recuerda que "prácticamente todo" lo que sabe de política lo aprendió de ella.
El caído capo del PP madrileño Francisco Granados, en prisión desde hace dos años y medio como presunto cabecilla de la trama Púnica, ha solicitado este miércoles al juez Eloy Velasco que cite a declarar a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP durante los hechos investigados y para la que el imputado ejercía de mano derecha.
Dice Granados que, desde que estalló el asunto, "de todas las declaraciones de compañeros de partido las tuyas fueron las que más me dolieron" y le recuerda que "prácticamente todo" lo que sabe de política lo aprendió de ella.
Habla de los momentos vividos y del afecto que le tiene a pesar de que "al final fallaras en las formas".
Granados pone el grito en el cielo con las declaraciones de Aguirre en las que aseguró que dimitió por haber "cometido un error 'in vigilando'".
"¿Significaba eso que admitías que, contigo de Presidenta, pudo haber financiación irregular, pero que, en todo caso, tú no te enteraste? Quiero pensar que no, pero el hecho es que nunca lo has aclarado y que esa duda ha quedado en el ambiente".
Se extraña de que no niegue la caja B e insiste en su inocencia y en la del gerente y todo el equipo de Gobierno. "Te aseguro que jamás 'he metido la mano en la caja'", informa La Sexta.
La decisión del juez Eloy Velasco de requerir diversa documentación a la Comunidad de Madrid y tomar declaración como imputados dentro del caso Púnica a dos antiguos altos cargos del PP de Madrid de la etapa de Esperanza Aguirre y a varios empresarios ha sacado a la luz dos nuevas vías de financiación supuestamente irregular de los populares: Fundescam y el cobro de mordidas a través de contratos de publicidad por actos de inauguración de obras públicas.
La candidata del PP a las elecciones autonómicas de Madrid en 2003, Esperanza Aguirre, planeó convertirse en presidenta a base de hospitales. Prometió siete de golpe.
A cambio, abrió el sistema sanitario al capital y la gestión privados de empresas concesionarias.
Las sociedades adelantarían el dinero y construirían los edificios por un canon anual de dinero público que se prolongaría 30 años. Aguirre junto a su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, asignó 2.280 millones de euros a ese plan.
El escrito de la defensa de Granados deja entrever que Aguirre era la única persona capaz de ejercer la influencia e impartir las directrices a otros consejeros que la investigación le atribuye a él, pues sólo Aguirre pudo influir en otros miembros del Gobierno regional bajo sospecha y añade que la presidenta le impuso a sus colaboradores:
“Que indique qué influencia pudo ejercer Granados sobre la gestión de otros consejeros; si él tenía o no la supuesta superioridad jerárquica que le atribuye la UCO", dicen los abogados del encarcelado. Foto: Granados, Aguirre y González.
Granados quiere que Esperanza Aguirre le explique al juez si es posible que él pudiera influenciar a otros consejeros del Gobierno regional para que aprobaran las partidas bajo la lupa de la Fiscalía y la Guardia Civil.
Durante los primeros cinco años de Gobierno de Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid fue un negocio de lo más lucrativo para Daniel Mercado, el publicista que competía con la trama Gürtel.
Granados quiere que Esperanza Aguirre le explique al juez si es posible que él pudiera influenciar a otros consejeros del Gobierno regional para que aprobaran las partidas bajo la lupa de la Fiscalía y la Guardia Civil.
“Que indique (Aguirre) qué influencia pudo ejercer (Granados) sobre la gestión de otros consejeros; si tenía o no la supuesta superioridad jerárquica que se le atribuye en algunos informes de la UCO; que señale qué influencia tuvo el señor Granados en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdemoro, en los conciertos de colegios y cualesquiera otros asuntos urbanísticos, así como los altos cargos de su Consejería que lo fueron por decisión suya, en calidad de presidenta, por ser de su confianza”.
En el mismo escrito, Granados pide al juez que llame al exconsejero de Cultura Santiago Fisas, a la antigua responsable de Urbanismo Ana Isabel Mariño; y a la de Ordenación del Territorio Beatriz Elorriaga.
La petición de Granados se produce apenas una semana después de la tormenta desatada por las últimas actuaciones del juez, la Fiscalía y la Guardia Civil en la investigación de la financiación irregular del PP madrileño, también durante la presidencia de Aguirre, y que forma una pieza separada, y todavía secreta, de la causa Púnica.
Con el segundo cambio de abogados, Granados ha inaugurado una nueva estrategia de defensa. De aguardar acontecimientos en la prisión de Estremera ha pasado a mostrar una supuesta colaboración con la justicia, que ha incluido una declaración voluntaria en la Audiencia Nacional.
Por el momento, Granados no ha conseguido su objetivo de abandonar la situación de prisión provisional.
El último movimiento de Granados también salpica a Cristina Cifuentes, la sucesora de Aguirre al frente del PP madrileño.
El empresario David Marjaliza, antiguo socio de Granados, salió de la cárcel tras colaborar con el juez y señalar, entre otros, a Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente de Cifuentes, como uno de los implicados en la trama de corrupción por su actuación como director general del Territorio y presidente de la empresa pública que administraba el suelo.
En el documento entregado ahora por la defensa de Granados al juez, el exconsejero de Presidencia también solicita la declaración de González Taboada, que niega las acusaciones de Marjaliza. Cifuentes ha hecho hasta ahora una defensa cerrada de su consejero.
“Se estima necesaria la práctica de esta diligencia a los efectos de que (González Taboada) desmienta las declaraciones de David Marjaliza sobre el Plan Prisma, en las que se le acusa de cobrar comisiones; que explique el funcionamiento del citado Plan Prisma, que manifieste si conoce de la existencia de pagos de comisiones referidas a dicho plan con destino al señor Granados; y que confirme que su nombramiento no se debió a una decisión personal del señor Granados”, dice la defensa de éste último.
Granados desliza que responsables de la antigua empresa pública Nuevo Arpegio están sufriendo presiones para que no colaboren con la justicia.
González Taboada debe aclarar ante el juez, según Granados, ese grado de colaboración y si “le consta que algún empleado de Nuevo Arpegio le ha manifestado temor a sufrir represalias o presiones para no colaborar con la Justicia”.
Francisco Granados también solicita las testificales de otras personas, entre ellas el exalcalde de Getafe y actual senador Juan Soler, investigado en el caso Teatro, para que confirme o desmienta la comisión que le pagó Marjaliza, según el testimonio de éste. Granados también quiere que declare como testigo otro exalcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, y el concejal de Urbanismo de éste, Francisco Vázquez, por la negociación sobre unas construcciones que los citados habrían acordado con Ignacio González.
Asimismo quiere el juez llame de una vez a declarar al exalcalde de Alcalá de Henares, actual diputado autonómico y estrecho colaborador de Aguirre en el pasado, Bartolomé González, al que Marjaliza señaló como perceptor de una mordida de 60.000 euros. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregó al juez un informe en septiembre de 2016 en el que da credibilidad a la acusación de Marjaliza, informa eldiario.es.
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| Foto: Daniel Mercado (izda.), junto a su abogado, antes de declarar ante el juez José Castro en 2012. |
El financiador del PP de Madrid recibió 18 millones en contratos
Las denominadas «operaciones con terceros» que constan en las bases de datos de la Agencia Tributaria de algunas de sus empresas le dejaron al menos 18,5 millones de euros en ventas de servicios de publicidad y marketing al Gobierno de Aguirre y a alcaldes del entorno más próximo a la expresidenta.
Estos cálculos con el listado completo de clientes dejan cortas todas las cifras conocidas hasta ahora.
Se trata de operaciones que muestran cómo la Comunidad, a través de sus múltiples (y desconocidas) agencias, institutos, fundaciones y empresas públicas, otorgaba cada año millones a este empresario. La Guardia Civil investiga si parte del dinero acabó en el PP.
Las operaciones con terceros de cuatro empresas de Daniel Mercad y que obran en poder de la Fiscalía Anticorrupción, demuestran cómo la Comunidad de Madrid concedía con especial fijación contratos a su sociedad Over Marketing, ahora bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional en el caso Púnica.
Las operaciones con terceros de cuatro empresas de Daniel Mercad y que obran en poder de la Fiscalía Anticorrupción, demuestran cómo la Comunidad de Madrid concedía con especial fijación contratos a su sociedad Over Marketing, ahora bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional en el caso Púnica.
Esta empresa publicitaria es sospechosa de ocultar una presunta financiación ilegal del PP de Madrid.
Hay que recordar que este empresario ya declaró ante un juez en 2012 que los contratos públicos en Baleares, Madrid, Castilla y León y Valencia se amañaban, que hacían regalos a políticos de la órbita del PP y que en Madrid era Alberto López Viejo (imputado en Gürtel) uno de los que daba las órdenes de que se le contratara.
La suma de facturaciones de sus empresas Over Marketing, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Marketing y Link America ronda los 18,5 millones de euros entre 2003 y 2008.
A grandes rasgos, se puede desglosar de esta manera cómo los políticos del PP de Madrid repartían sus inversiones siempre con este publicista argentino:
Los alcaldes Bartolomé González y Esteban Parro pagaban cada año
COMUNIDAD DE MADRID.
Cada año, el Gobierno regional, como entidad propia, gastaba cientos de miles de euros con este publicista. Sólo con Over Marketing: 384.353 euros en 2004, 571.610 en 2005 y 1.455.799 en 2006. Es decir, en apenas tres años, la Comunidad pasó a gastarse el triple de lo que invertía a principios de la legislatura.
Excepto en 2003, año de la llegada de Aguirre al poder en Madrid, que la inversión fue de sólo 4.379 euros, todos los demás años no bajó de 100.000.
Es destacable además que el mismo organismo contrataba con las distintas sociedades del empresario.
Aparte de a Over, la Comunidad pagó a las otras tres empresas escrutadas por este diario todos los años, y en casos como el de Link America, fue su mejor cliente durante toda la legislatura.
ORGANISMOS DE LA COMUNIDAD.
Fundaciones, institutos, agencias y empresas públicas han invertido la mayor parte del dinero en estas empresas de publicidad. No faltan las ya sospechosas Campus de la Justicia, Arpegio o Fundescam.
Ni tampoco Mintra (que construyó el Metro de Madrid) o el Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo), al que la Cámara de Cuentas ya acusó tras una fiscalización de no respetar los principios de concurrencia en los concursos públicos y de haber aumentado su gasto en publicidad un 706% de 2005 a 2006.
También figuran ventas a la Agencia Regional para la Inmigración, la Agencia Madrileña para la Emigración, el 112, la Academia de Policía Local, el Servicio Madrileño de Salud, el Servicio de Publicaciones Oficiales, la Sociedad Pública Turismo Madrid, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario (Imidra) o Gedesma (empresa pública de gestión de residuos, a la que también investiga la UCO).
AYUNTAMIENTOS AGUIRRISTAS.
Hay tres corporaciones locales madrileñas que no fallaron ni un solo año a su cita con el empresario de la publicidad: Móstoles, Alcalá de Henares y Humanes de Madrid.
En 2003, Móstoles, tradicional feudo socialista, pasó a manos del popularEsteban Parro, que se convirtió para Aguirre en la punta de lanza del asalto del PP al llamado cinturón rojo madrileño, las ciudades del sur de la región que tradicionalmente gobernaba el PSOE.
Móstoles pagó 483.000 euros a Over en 2005 y 740.000 a Traci Comunicación en 2008, entre otras muchas sumas de cientos de miles de euros.
Además, es llamativo cómo junto al Ayuntamiento mostoleño pagaba cada año su llamada Empresa Municipal de Promoción Económica de Móstoles, que abonó al menos 100.000 euros anuales, repartidos entre las diferentes sociedades de Daniel Mercado.
Lo mismo hacía el Instituto Municipal del Suelo de Móstoles, que pagó varios años a Over Marketing.
Y su fundación para celebrar el bicentenario del alzamiento contra los franceses pagó 155.000 euros.
Tampoco fue infiel con las empresas de publicidad Bartolomé González, uno de los más entregados escuderos de Esperanza Aguirre, hombre fuerte dentro del PP regional hasta su reciente caída en desgracia, cuando diferentes casos salpicaron su gestión en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares -entre ellos, la contratación con empresas de Púnica o la investigación de la Policía Nacional a familiares suyos por cobrar dinero municipal-.
Cada año, su Gobierno municipal, o su Empresa Municipal de Promoción de Alcalá, o el PP de Alcalá, o el Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo, pagaban a todas las empresas de Mercado decenas de miles de euros.
Por ejemplo, sólo en 2007: 70.000 a Over, 12.000 a Abanico de Comunicación, 21.000 a Link America y 12.000 a Traci Comunicación.
Humanes, peculiar porque su alcalde popular, José Antonio Sánchez, llegó al poder con el apoyo del PSOE, metió la desorbitada suma de 50.000 euros en 2004 en las empresas de Mercado. Ingente suma para Humanes, que tiene poco presupuesto y esos años no superaba los 15.000 habitantes.Hay muchos otros ayuntamientos que pagaron, como Alcobendas, Galapagar, San Sebastián de los Reyes o Aranjuez (este último en manos del PSOE durante esos años).
De todos, el que más pagó, aunque sólo en 2003, fue el de Madrid (casi 900.000 euros), que ese año cambió el Gobierno de Álvarez del Manzano a Ruiz-Gallardón. Su empresa Madrid 2012 para la promoción de los Juegos Olímpicos pagó también más de 70.000 euros.
AYUNTAMIENTOS 'GÜRTEL'.
También pagó el Ayuntamiento popular de Majadahonda, donde estaba Guillermo Ortega, uno de los preferidos de Aguirre hasta que le imputaron en Gürtel.
Y pagó Pozuelo de Alarcón, con el ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, también en Gürtel, y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda Boadilla, del también miembro de la trama de Francisco Correa Arturo González Panero, El Albondiguilla.
HOSPITALES. Estos pasados días se ha publicado cómo la UCO investiga si el 1% que obligatoriamente se destinaba a publicidad en los grandes contratos públicos madrileños se gastó adecuadamente o una parte fue a parar a las arcas del PP.
Los hospitales de Parla, del Noreste, de Valdemoro, del Norte, del Sureste, del Tajo, de la Paz, de Móstoles, de Majadahonda y de El Escorial destinaron grandes partidas a publicidad en las empresas de Daniel Mercado.
La UCO pidió los contratos de esos hospitales la semana pasada.
Los gastos varían mucho de un año a otro, de los casi 530.000 euros del hospital de Majadahonda en 2006 a las cuatro empresas de Mercado, a los sólo 20.000 de La Paz en 2007.
El caído capo del PP madrileño Francisco Granados, en prisión desde hace dos años y medio como presunto cabecilla de la trama Púnica, ha solicitado este miércoles al juez Eloy Velasco que cite a declarar a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP durante los hechos investigados y para la que el imputado ejercía de mano derecha.
El escrito de la defensa de Granados deja entrever que Aguirre era la única persona capaz de ejercer la influencia e impartir las directrices a otros consejeros que la investigación le atribuye a él, pues sólo Aguirre pudo influir en otros miembros del Gobierno regional bajo sospecha y añade que la presidenta le impuso a sus colaboradores: “Que indique qué influencia pudo ejercer Granados sobre la gestión de otros consejeros; si él tenía o no la supuesta superioridad jerárquica que le atribuye la UCO", dicen los abogados del encarcelado. Foto: Granados, Aguirre y González.
'Dardo' de Francisco Granados a Esperanza Aguirre en forma de carta. Desde la prisión de Estremera, Granados reprocha a Aguirre que no salga en defensa clara de la financiación del PP de Madrid y le recuerda que "absolutamente nada" se hacía en el partido sin que Aguirre diera el visto bueno.
La carta tiene fecha de este mismo lunes. Seis folios en los que le recuerda la relación estrecha que les unió y le reprocha que no salga en defensa clara de la financiación del PP madrileño. Granados le recuerda a Aguirre que "absolutamente nada" se hacía "sin que tú lo ordenaras o, al menos, dieras el visto bueno". Y vuelve a insistir en palabras de la propia Aguirre: "todo se puede delegar menos la supervisión".
Los salarios bajaron en el cuatro trimestre de 2016 un 0,8% respecto al mismo periodo de 2015, hasta los 2.010 euros al mes de media por trabajador, y encadenan ya dos trimestres seguidos a la baja, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Excluido el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados), se obtiene el coste salarial ordinario, que disminuyó un 0,3%.
El coste laboral de las empresas alcanzó entre octubre y diciembre los 2.649,97 euros por trabajador al mes, lo que supone un descenso del 0,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Lleva cuatro trimestres seguidos cayendo.
De esa cantidad, 588,70 euros corresponden a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.
Los votantes de la plutocracia holandesa han rechazado al nazi y xenófobo Geert Wilders.
Según los primeros resultados oficiales, el partido neoliberal del primer ministro de Holanda, Mark Rutte (foto), ha ganado unas elecciones con participación el 82% del censo, la mayor de los últimos 31 años.
Con el 94,3% del voto escrutado, los liberales encabezados por Rutte conseguirían el 21,5% de los votos y 33 escaños, muy lejos de los 76 que se necesitan para formar Gobierno.
José Zorrilla: La corrupción del Estado español es global y preocupa al mundo. En el índice de Transparencia Internacional pasamos de la posición 36 a la 41 sobre un total de 176 países.
Dentro de la Unión Europea somos el 17 sobre 28. En fin, empatamos en esa clasificación con Brunei y Costa Rica.
Y estos datos alarman a los reguladores globales. Empecemos por la división criminal del Departamento del Tesoro (FinCEN) de EEUU.
En marzo de 2015 abre una investigación sobre la Banca Privada de Andorra sospechando blanqueo de capitales en Venezuela, China y Rusia.
La contratación de la consultora Efial por parte del Ayuntamiento de Girona centra el interés de los investigadores del caso del 3% desde hace meses hasta el punto que el juez encargó el pasado octubre a la Agencia Tributaria un informe sobre aquellos contratos, algunos de los cuales se concedieron durante la etapa del actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la alcaldía (2011-2015).
El juez que conduce las investigaciones del 3% desde El Vendrell solicita indagaciones sobre la gestión de Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA (Agissa). Puigdemont adjudicó seis contratos a dedo a Efial por 113.000 euros.
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