No es el único caso en el que el ladrón, paleto e indecente sectario criminal del Opus Dei Rafael Blasco está imputado por su etapa como conseller de Solidaridad y Ciudadanía en la época del PP, dado que también ha de responder, entre otras cosas, de una trama organizada supuestamente con su complicidad para captar sistemáticamente dinero destinado a ese tipo de subvenciones. De eso, hace un tiempo.
Sin embargo, los valencianos todavía pagan facturas de su gestión. La esposa de Blasco, Consuelo Ciscar, y su hijo Rafael están en libertad provisional y les han sido retirados los pasaportes dentro la investigación de las irregularidades cometidas en la gestión del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) mientras ella fue la directora. En resumen: una ejemplar familia de sinvergüenzas muy católicos.
El pasado jueves, dos sobrinos del exconseller, Sergio Blasco, que fue gerente del Hospital General de Valencia, y su hermano Francisco, fueron detenidos junto a otras siete personas en una operación derivada de la investigación de un fraude de unos 29 millones de euros en el área de Sanidad.
El pasado jueves, dos sobrinos del exconseller, Sergio Blasco, que fue gerente del Hospital General de Valencia, y su hermano Francisco, fueron detenidos junto a otras siete personas en una operación derivada de la investigación de un fraude de unos 29 millones de euros en el área de Sanidad.
El alcance del caso puede ser mayor.
La repugnante familia de Blasco, pues, no hace más que ampliar su deuda con los valencianos, a los que todavía toca pagar, pese a ello, algunas facturas derivadas de su actuación.
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha tenido que abonar a finales de 2016 un total de 11.808 euros a una periodista que Blasco tuvo trabajando ilegalmente en su gabinete de prensa entre 2008 y 2013.
Con fecha de septiembre del año pasado, el departamento de Oltra ejecutó una sentencia de 2013 del Juzgado de lo Social número 2 de Valencia que declaró cedida ilegalmente a la Generalitat por la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana (Fundar) a Teresa Doménech, quien fue contratada por esa entidad pero trabajó de hecho en el gabinete del conseller.
La sentencia, derivada de una demanda tras el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a 19 trabajadores de Fundar, obligaba a la Administración valenciana a incorporar a la periodista como "trabajadora indefinida no fija" o a dar por extinguido su contrato con el abono de 11.808 euros que se añadirían a los 10.857 euros que ya había cobrado por su despido de Fundar.
El nuevo gobierno valenciano surgido del Pacto del Botànico, formado por el PSPV-PSOE y Compromís y apoyado parlamentariamente por Podemos, no ha tenido más remedio que ejecutar esa sentencia y pagar la cantidad establecida.
Lo ha hecho muy a disgusto, ya que precisamente lo que intenta es recuperar la mayor parte posible de lo que se ha robado en los casos de corrupción.
Por ejemplo, el mismo departamento de Mónica Oltra que ha tenido que pagar por una ilegalidad cometida por Blasco, consiguió quedarse con los inmuebles que la trama compró con el dinero de las dos subvenciones que debían destinarse a proyectos en Nicaragua.
Pero la Generalitat solo ha recuperado hasta ahora 260.000 euros, requisados a las empresas que operaban con esa trama, de los 2,7 millones que los condenados deben pagar en cumplimiento de sus condenas.
Los nueve detenidos ayer en Valencia en relación con una supuesta trama de corrupción vinculada al Hospital General de Valencia y a su exgerente Sergio Blasco (der. foto), sobrino del condenado por corrupción y sectario nazi del Opus Dei encarcelado Rafael Blasco (PP), han sido trasladados hoy por la Policía ante el juez instructor.
Entre ellos estaban el citado exgerente del centro hospitalario y su hermano, Francisco Blasco.
Ambos son hijos de Francisco Blasco, un histórico del PSPV que ocupó la alcaldía de Alzira y la presidencia de la Diputación de Valencia.
Las acusaciones en el caso IVAM han pedido la retirada del pasaporte para Consuelo Císcar (foto), investigada por su gestión al frente del Institut Valencià d'Art Modern.
Hoy también se celebra la vista para solicitar medidas cautelares para el hijo de Císcar, el artista conocido como Rablaci. A la salida, Císcar ha afirma que espera que todo se soluciones y que es «optimista» ante la situación.
El juez acusa a Nicolás por chantajes con su red de policías y directivos
El titular del Juzgado número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha dictado un auto que transforma las diligencias abiertas contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, dos policías municipales, el excoordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Ana Botella (PP) y el exdirectivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Juan Munguira en procedimiento abreviado, una decisión que conlleva de forma casi segura la pena de banquillo para los investigados.
El titular del Juzgado número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha dictado un auto que transforma las diligencias abiertas contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, dos policías municipales, el excoordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Ana Botella (PP) y el exdirectivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Juan Munguira en procedimiento abreviado, una decisión que conlleva de forma casi segura la pena de banquillo para los investigados.
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