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| Justificante del ingreso de uno de los presuntos donativos ilegales al PP de Madrid en la cuenta nacional del partido. |
El PP de Rajoy ayudó a blanquear la financiación de Aguirre
La Tesorería Nacional del partido se puso de acuerdo con los responsables regionales para diseñar una operativa fraudulenta con la que blanquear dinero negro para los actos de la formación encabezada por Aguirre y Gallardón, y burlar así los controles legales establecidos.
En el marco de esta estrategia, la dirección del partido mantuvo además reuniones con Ceim (Confederación Empresarial Madrileña) para que intercediera ante sus afiliados con el objetivo de que inyectasen dinero en Fundescam, la fundación que utilizó el PP madrileño para financiarse ilegalmente.
La documentación de los ex responsables de las finanzas del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que revelan las diferentes estrategias diseñadas desde Génova para camuflar las donaciones en efectivo ante el Tribunal de Cuentas y esquivar los límites legales. Estas estratagemas vinculan directamente a Génova con una trama que está siendo investigada ahora por la Audiencia Nacional en la denominada operación Púnica.
La práctica más importante que acordaron desarrollar conjuntamente los responsables del PP nacional y madrileño consistía en que buena parte de los donativos en metálico aportados por los empresarios para las campañas madrileñas fueran entregados en mano en la Tesorería Nacional del partido.
De esta forma, se instruyó a los grandes donantes para que pasaran por la ventanilla de Lapuerta y Bárcenas a la hora de realizar las entregas en lugar de por la del ex gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez.
Tras seguir estas indicaciones y ya con el dinero en manos de la Tesorería Nacional del partido, se procedía a urdir una estrategia que perseguía no llamar la atención en la cuenta corriente de donativos de la regional de Madrid.
Así, el dinero en metálico se ingresaba por parte de los tesoreros nacionales en la cuenta corriente nacional de donativos a pesar de que su destino eran los comicios autonómicos y municipales madrileños y, en ningún caso, los actos nacionales.
Una vez allí, estos fondos eran transferidos por vía bancaria a la cuenta corriente de funcionamiento del partido en la capital de España.
Mediante este subterfugio se aparentaba falsamente que la formación madrileña se nutría de aportaciones del partido nacional y se disimulaba su procedencia.
También se evitaba que la cuenta regional recibiera cantidades muy importantes en campaña que contrastaban con las recibidas habitualmente.
Se vulneraban así los límites de 60.000 euros por donante y año y la imposibilidad de hacer donaciones a quienes obtenían licitaciones de administraciones públicas.
Sirva de ejemplo que el 4 de marzo de 2004 los responsables de las finanzas nacionales, Bárcenas y Lapuerta, transfirieron 50.000 euros desde una cuenta de funcionamiento del partido a nivel nacional a la cuenta corriente de funcionamiento del PP de Madrid.
Transferencia desde la cuenta nacional del PP a la cuenta de funcionamiento regional del partido.
Junto a uno los extractos de estas operaciones, Bárcenas anotó de su puño y letra que el dinero les había sido entregado en mano y señaló a José Manuel Fernández Norniella (ex presidente de las Cámaras de Comercio).
Resaltó que esos «50.000 euros en efectivo» habían sido «transferidos a Madrid c/c funcionamiento».
Sin embargo, Génova no sólo tejió este sistema, sino que recurrió a su propio personal para ingresar en pequeñas cantidades el dinero en efectivo de los empresarios en la cuenta de donativos regional en lo que se conoce popularmente como pitufeo.
Asimismo, corría a cargo de empleados de la sede central del partido el ingreso de efectivo o de cheques fraccionados en Fundescam, también con el objetivo de sufragar los actos electorales.
En relación con esta última operativa, Bárcenas reflejó en sus anotaciones que «Esther», en referencia a la empresaria Esther Koplowitz, le había entregado «73.000 euros» que fueron fraccionados en cheques de importes menores e ingresados en la fundación controlada por el PP madrileño.
La coordinación entre el PP nacional y regional en materia de financiación irregular de las campañas se tradujo, además, en otra serie de gestiones.
Concretamente, en la interlocución por parte de la Tesorería Nacional del PP con organismos como Ceim (Confederación Empresarial de Madrid) para que sus afiliados donaran a Fundescam para pagar las campañas populares.
Especialmente intensas fueron estas gestiones al repetirse las elecciones de 2003 tras el célebre tamayazo, informa El Mundo.
La población entre 25 y 29 años con estudios inferiores a la educación obligatoria es de aproximadamente el 25% en Puente de Vallecas y Usera, y de en torno al 7% en barrios madrileños ricos como Salamanca o Chamberí.
Ese dato es un fiel reflejo de la desigualdad existente entre los distintos enclaves de Madrid, que con los gobiernos de Alberto Ruíz-Gallardón y Ana Botella (PP), entre 2003 y 2015, vieron cómo la brecha social y económica que les separaba aumentó provocando la ‘expulsión’ de la clase trabajadora.
El informe de la Auditoría municipal ciudadana llevada a cabo por el actual Ayuntamiento de Madrid concluye que las políticas llevadas a cabo durante esos años del PP supusieron una regresión en los derechos sociales básicos de muchos madrileños, particularmente el de los residentes en barrios humildes.
El informe de la Auditoría municipal ciudadana llevada a cabo por el actual Ayuntamiento de Madrid concluye que las políticas llevadas a cabo durante esos años del PP supusieron una regresión en los derechos sociales básicos de muchos madrileños, particularmente el de los residentes en barrios humildes.
El mejor ejemplo de ello fueron las medidas dedicadas a la educación infantil, único marco competencial del Ayuntamiento en Educación.
Así se podrían resumir las políticas educativas de Alberto Ruíz-Gallardón y Ana Botella, que optaron por la privatización de la oferta municipal de plazas de educación infantil, de forma que se ha institucionalizado el modelo llamado “de gestión indirecta”.
De hecho, de la red de escuelas municipales solamente dos no se gestionan a través de esta fórmula de subcontratación al sector privado. Según el informe de la Auditora, la fórmula elegida para la gestión del sistema de educación infantil municipal cambió el criterio de los pliegos mediante los que se valoraban las ofertas para la concesión de escuelas, pasando a valorar más el proyecto económico que el educativo y estableciendo como requisito un volumen de negocio mínimo de 200.000 euros.
Estos cambios facilitaron la entrada en el sector de la educación infantil “pública” de grandes empresas sin ninguna experiencia en el ámbito educativo (Eulen, Clece) y la expulsión de pequeñas empresas y cooperativas.
Por ejemplo, como detalla el informe municipal, en las renovaciones que se llevaron en 2010, 28 de los 50 concursos resueltos fueron a parar a grandes grupos empresariales.
Además de estos procesos, el recorte en el presupuesto y en la oferta de plazas públicas se suma a la presión para el incremento de ratios de alumnos, rebajas o poco control en los requisitos de instalaciones, espacios escolares o recursos escolares, menor control sobre la titulación profesional requerida para el personal -casi siempre colocado a dedo-, el encarecimiento del servicio y la consiguiente ‘expulsión’ de las clases más desfavorecidas.
Por ejemplo, desde 2010 puede estimarse una reducción del 40% en las partidas que concentran el grueso del gasto educativo municipal.
Como consecuencia, a partir del curso 2010-2011 la reducción de matrículas es significativa, declive que se concentra en los distritos con menor nivel de renta de la ciudad, como Moratalaz, Ciudad Lineal, San Blas, Latina, Puente de Vallecas y Usera.
El sistema que se establece es el privado, y no el público, y muchas empresas deciden no instalarse en barrios con ingresos bajos de media.
“Hay que considerar que entre las familias que no escolarizan a sus hijos se encuentran tanto aquellas que en el contexto actual no intentan hacerlo, como aquellas que sí lo intentan pero por diversas razones no consiguen acceder a una plaza de titularidad pública ni privada, por lo que se ven abocadas a la búsqueda de otras opciones no escolares”, afirma el informe, que no duda en concluir que la década del PP al frente del Consistorio abrió (aún más) la brecha de la desigualdad entre los barrios, informa El Boletín.
El Ayuntamiento de Madrid pagará 21 millones de euros hasta 2019 a la secta de los jesuitas, a la que pertenece el capo del Estado Vaticano Bergoglio y la más poderosa y rica de la mafia católica con el Opus Dei, por el alquiler de un aparcamiento de tres plantas en la zona de Chamartín que no alcanza el 1% de ocupación. Según los registros municipales, en 2015 funcionó al 0,8% de su capacidad.
CDC defiende la "legalidad" del robo de dinero público de guarderías para la mafia del Opus
La 'consellera' de Ensenyament Meritxell Ruiz ha defendido la "legalidad" de la transferencia de dinero público de las guarderías para conciertos educativos con la mafia nazicatólica.
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"Mire si es legal lo que se hizo y las modificaciones presupuestarias son muy habituales, que otro año, el 2009, cuando no había crisis, se hicieron 41 en el departamento de Ensenyament, y en el 2010, el Govern entonces también hizo transferencias de crédito desde la partida de las guarderías al pago de las nóminas de las concertadas".
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