Sin ingresos no hay derechos
“La excusa es sencilla: ‘No hay dinero’.
Sí que lo hubo para el rescate bancario, para proteger a La Trama
mediante la modificación del artículo 135 de la Constitución.
Quieren que vivamos del aire para mantener sus privilegios”,
sostiene la diputada de Podemos Isabel Franco.
Manifestación en Madrid frente al Congreso de los DIputados. FERNANDO SÁNCHEZ
ISABEL FRANCO CARMONA*
No se puede vivir del aire. Es imposible. Aunque en nuestro país, a dos millones y medio de personas no les quede más remedio que intentarlo cada día, no se puede vivir del aire.
No se alimenta una persona de aire, ni se busca trabajo con aire, los coches no usan aire como combustible, tampoco el aire nos viste, ni los bancos dejan que paguemos nuestros alquileres e hipotecas, o las eléctricas, nuestras facturas de la luz, con aire.
La ciudadanía lo sufre cada día. Cuando te quedas sin empleo y sin prestación o cuando tu pensión o salario es tan bajo que no te da para llegar a fin de mes, pierdes todos tus derechos democráticos.
Aquellos derechos de mínimos que bien describe el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta pérdida de derechos democráticos, es el día a día de nuestro pueblo.
Aquellos derechos de mínimos que bien describe el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta pérdida de derechos democráticos, es el día a día de nuestro pueblo.
Las consecuencias son aún peores si pensamos en el futuro.
Con casi cuatro millones de desempleados, con unos empleos cada vez más precarios y con una temporalidad creciente, es cada vez más difícil que las pensiones públicas vayan a ser sostenibles durante mucho más tiempo.
De hecho, el Fondo de Reserva, conocido como la “hucha de las pensiones”, ya no llega para la paga extra de finales de 2017 y, según la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), el déficit de la caja de la Seguridad Social será de 20.000 millones de euros al acabar el año.
Sin ingresos, ¿dónde quedan los derechos?
Los artículos 35, 40 y 50 de la Constitución Española no se aplican. Es tan grande el abismo entre la situación actual y el cumplimiento efectivo del derecho al empleo y salario digno, a unas prestaciones por desempleo suficientes y a las pensiones públicas, que la propia Constitución parece revolucionaria.
Incluso el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos parece desdibujado. Borroso.
Como si le hubiese pasado por encima una mano sudorosa de agarrar maletines de piel repletos de dinero.
Como si le hubiese pasado por encima una mano sudorosa de agarrar maletines de piel repletos de dinero.
Es urgente aumentar los ingresos, pero eso solo puede hacerse con políticas anticíclicas que permitan a la economía crecer, a las familias volver a consumir y, por consiguiente, a los empresarios volver a producir y vender.
Y a su vez, hay que realizar políticas estructurales que se adapten a la nueva realidad y cambios sociales y garanticen derechos.
Caminar hacia una Renta Básica universal, garantizar las pensiones públicas e impedir que estas se conviertan en un negocio y favorecer un cambio de modelo productivo que dote a nuestras trabajadoras y trabajadores de empleos bien remunerados y de calidad.
Conseguirlo no va a ser fácil.
Para los grandes poderes políticos y económicos, es mucho más efectivo y cómodo tener a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país empobrecidos y hacer negocio con las pensiones.
Y la excusa es sencilla: “No hay dinero”.
Sí que lo hubo para el rescate bancario.
De la misma forma que lo hubo para proteger a La Trama mediante la modificación del artículo 135 de la Constitución.
Quieren que vivamos del aire para mantener sus privilegios.
Solo el pueblo organizado en lógicas de fraternidad y sororidad conseguirá defender sus derechos y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
De la misma forma que las mujeres conquistamos el derecho a voto y que avanzamos hacia la igualdad, o de la misma manera que la clase trabajadora conquistó el derecho a la jornada de 8 horas.
El próximo día 25, salimos a la calle.
Nadie sin ingresos. Nadie sin derechos.
*Isabel Franco Carmona es diputada de Podemos por Huelva.
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#25MYoVoy 1º fue pagar la DEUDA
y rescatar bancos y autopistas con nuestro dinero
antes que cubrir las necesidades del PUEBLO
AHORA gastar de de donde no hay pá comprar ARMAS
De vergüenza!!!
Armak de Odelot
Cospedal negocia en el Pentágono el mayor aumento del gasto militar en democracia
"Si no queréis que EEUU rebaje su apoyo, tenéis que demostrar que vais a respaldar nuestro sistema de defensa común". Palabra arriba, palabra abajo, el secretario de Defensa de Donald Trump, James Mattis, ha pronunciado esta frase en las decenas de conversaciones que ha mantenido con sus homólogos de los 27 países socios de la OTAN.
Previsiblemente, volverá a repetir el mantra hoy ante María Dolores de Cospedal, que llega al Pentágono con el compromiso de que España aumente su gasto en defensa de manera significativa por primera vez desde su entrada en la organización atlántica en 1986.
Que la Unión Europea "costee su propia defensa por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial" es una de las grandes prioridades de la Administración Trump en política exterior.
Y fuentes del Ministerio de Defensa español confirman que los socios de la OTAN (en particular EEUU) cuentan con el compromiso en firme del Gobierno español de ir pasando progresivamente del actual 0,92% del PIB al 2%.
Sobre el papel, se trataría de doblar el gasto en menos de siete años.
O lo que es lo mismo: un desembolso extraordinario de unos 12.000 millones de euros anuales, el doble de lo que le cuesta al Estado pagar las pensiones de jubilación.
Un exfuncionario del Departamento de Estado asegura que España es uno de los países que más presiones recibirán para elevar su gasto militar, por su tasa de crecimiento económico y, sobre todo, porque es el tercero por la cola en el listado que elabora la propia OTAN con criterios propios.
Quitando a Luxemburgo, una nación con 450 soldados profesionales cuya debilidad militar es un género humorístico en el norte de Europa (incluso inspiró esta película de Peter Sellers), solo Bélgica dedica menos porcentaje de sus recursos que España para la defensa de sus fronteras.
Oficialmente, el Gobierno defiende que el renovado interés por elevar el gasto de defensa no tiene nada que ver con la llegada de Trump.
Desde Defensa insisten en que es un compromiso internacional que quieren blindar en esta legislatura ante un eventual cambio de Gobierno.
“Obama insistió mucho con este tema, no es solo cosa de Trump.
Lo que pide la OTAN es que se supere ese 2%, algo que hoy solo cumplen Reino Unido, Polonia, Grecia y Estonia.
Además, un 20% tiene que dedicarse a inversiones como adquisición de material o investigación.
Son objetivos razonables para la seguridad de España”, subrayan, aunque admiten que los plazos podrán ampliarse siempre que empecemos a incrementar el gasto de manera sustancial.
Voces académicas que llevan años estudiando el gasto militar español desde posiciones ideológicas enfrentadas coinciden en que lo primero de todo será estabilizar los presupuestos e introducir en la contabilidad oficial partidas que ya existen y que se han estado 'ocultado' durante años para no tener que pasar por el Congreso ni el escrutinio de la opinión pública.
Especialmente los famosos programas especiales de armamento (PEA), con los que se lleva años financiando la compra de sistemas de defensa (aviones, fragatas, submarinos, etcétera) mediante créditos otorgados a las empresas por el Ministerio de Industria, entre 1.000 y 1.500 millones de euros anuales que después Defensa devuelve fuera de los Presupuestos Generales.
"Me consta que se están haciendo estudios internamente para agregar al presupuesto de Defensa los gastos extraordinarios de los PEA.
Con esto, nos iríamos aproximando a ese 2% al que creo que tenemos que aspirar según vaya avanzando la recuperación económica", comenta Rafael Calduch, profesor de la Universidad Complutense y experto en seguridad internacional.
En su opinión, el Gobierno está obligado a asumir este gasto "para la viabilidad de su defensa y para evitar que haya países ‘free rider’ [gorrones] que se aprovechan de los demás, como ha hecho España en los últimos años".
Un cambio de paradigma que ya estaba en marcha pero que Trump ha colocado como la gran prioridad de su mandato en política exterior.
"Para ellos, lo importante ya no es Europa, sino Asia-Pacífico, y nos van a obligar a pagar antes que después por nuestra defensa", dice.
Pere Ortega, investigador del Centro de Estudios Delas por la Paz, lleva años publicando informes sobre el gasto militar español que arrojan cifras muy distintas a las que maneja el Ministerio de Defensa. Entre ellas, los PEA.
"Por ejemplo, para falsear y esconder el gasto real y evitar el debate en el Congreso, el Estado ha utilizado un subterfugio: presupuestar una cantidad muy baja en el pago de programas de armamento y costearlos con un presupuesto extraordinario después.
Esto se impugnó por la oposición en 2016 y el Tribunal Constitucional tiene bloqueados 1.824 millones de euros, que ahora obligan a aprobar en los Presupuestos Generales, algo que no va a ser fácil", recuerda. Las empresas que recibieron los créditos de Industria llevan casi dos años sin cobrar de Defensa y no pueden devolver los préstamos concedidos por Industria.
Tras la llegada de Cospedal al ministerio, el Gobierno se ha comprometido a incluir la partida en los Presupuestos Generales del Estado, lo que sobre el papel ya supondrá un aumento de la partida de Defensa de en torno al 30%.
Fragatas de la OTAN en el puerto de Málaga.Foto por: EFE
Desde el Ministerio de Defensa aseguran que a la OTAN no se la puede engañar con trampas contables.
“Ellos tienen su propia metodología para medir el gasto. Los parámetros son claros y dicen lo que es gasto militar y lo que no". Llegar al 2% del PIB, concluyen, significa gastar más.
"Los presupuestos de Defensa bajaron un 30% y en inversiones, un 50%. Y hay sistemas de armas imprescindibles que están en el último tercio de su vida útil y deberían ser renovados.
Por ejemplo las fragatas F-80”, dicen.
En los próximos meses, se definirá cuáles son las necesidades de las Fuerzas Armadas “a largo, largo plazo” y se cerrarán las primeras propuestas para planificar el aumento progresivo del gasto comprometido con la OTAN y EEUU.
El reparto genera expectativas diferentes en una institución que, como ocurre con la educación o la sanidad, ha sufrido duros ajustes durante la crisis.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) —lo más parecido a un sindicato que hay en las Fuerzas Armadas—, cree que la gran prioridad debería ser dignificar las condiciones laborales de la tropa y la marinería.
“Se ha reducido el personal en más de 10.000 personas y no ha cambiado el modelo, por lo que hacemos el trabajo de los que se han ido.
Cada vez tenemos que hacer más labores de limpieza, jardinería.
Hay cuarteles muy viejos, con falta de higiene. Cuando salimos de misión, comparamos con otros países y es sangrante”, dice.
El F-35 Lockheed Martin.Foto por: Reuters
En el ministerio aseguran que el dinero también se utilizará para mejorar la situación de algunos cuarteles, aunque lo más acuciante es pagar los PEA y modernizar el armamento.
“Algunos cuarteles podrían estar mejor, es cierto, y tendríamos que seguir trabajando en ello, pero lo importante es la operatividad de las unidades”.
Lo más urgente para Defensa es “mantener el nivel tecnológico de nuestro ejército, renovar esas capacidades basándonos mucho en la industria española, que da puestos de trabajo y trae I+D”.
Es decir, gasto en armamento, tecnología e investigación militar
Además de sustituir las fragatas F-80 por otras nuevas (se habla de las F-110), las Fuerzas Armadas españolas empiezan a considerar urgente, por ejemplo, la renovación de los Harrier, cuya vida no irá más allá de 2025.
Su sustituto natural son los F-35, a 120 millones de euros la unidad y 40.000 euros de mantenimiento por hora de vuelo.
Los fabrica la empresa estadounidense Lockheed Martin, cuyos carteles empapelan frecuentemente la línea de metro que une Washington DC con el Pentágono, el lugar en el que la ministra Cospedal será recibida por Mattis.
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