Correa revela que la gran obra pública de Aznar escondía comisiones del 3% al PP
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- octubre 13º, 2016
En un giro sorprendente de su declaración, Francisco Correa hizo aflorar el lado oculto del milagro económico español.
Delante de un tribunal, con los medios de comunicación retransmitiendo en directo su declaración, el principal acusado del caso Gürtel ha desvelado que él participó en el amaño de las principales obras del país durante el Gobierno de José María Aznar.
“Carreteras, autopistas y obras del AVE”, el símbolo del progreso de aquellos años lleva en su reverso el sello del 3% en comisiones para el Partido Popular, según el testimonio de Correa.
Después de seis horas de declaración, ya por la tarde, Correa no dejó un resquicio a la duda: el dinero negro iba a parar al Partido Popular.
Fue Luis Bárcenas, gerente del partido a principios de los noventa, quien le propuso buscar a empresarios que colaborasen con la formación.
Correa se quedaría con una parte de las comisiones; la otra iría para Bárcenas y el PP.
El empresario fue explicando cómo al principio le costó que Bárcenas contara con él para facturar trabajos al Partido Popular. Cuando se ganó su confianza –fruto, según él, de un eficiente servicio que ahorraba al PP cantidades enormes en gastos electorales–, Bárcenas se abrió. Y con las campañas, los mítines y los viajes del partido llegó todo lo demás.
“Vamos a intentar hacer gestiones para cuando salen los concursos públicos de la Administración, intentar favorecer o adjudicar a algunos empresarios que luego van a colaborar con el partido”, contó al juez que le explicó el entonces gerente del partido.
En el último tramo del interrogatorio, Correa pasó de contar el plan a los detalles de su ejecución.
"Reunía a un empresario que nos daba la licitación para ver si la obra podía ser para nosotros, yo se lo pasaba a Luis Bárcenas, que lo gestionaba con el correspondiente ministerio. Si el empresario conseguía la obra, yo pagaba la comisión del 2% o del 3% a Génova", ha dicho a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell.
Ha ocurrido después de que el tribunal hiciese sonar la grabación más comprometedora para el PP de cuantas realizó subrepticiamente José Luis Peñas, el concejal de Majadahonda que denunció la trama Gürtel, en la que participó, y que hoy se sienta también en el banquillo de los acusados.
“Yo a Bárcenas le he llevado, yo he hecho con él un día… Vamos a sumar, 1.000 millones de pesetas. Yo, Paco Correa, le he llevado a Génova y a su casa”, se ha podido escuchar con dificultad a través de los deficientes altavoces del juzgado.
Por la mañana, Correa había dicho que con esa expresión se refería al dinero que había hecho ganar, en forma de ahorro, al Partido Popular con su trabajo. Parecía referirse a sus trabajos para las campañas electorales y otros actos, por el contexto del interrogatorio en el que se produjo su explicación.
Pero por la tarde, la versión viró:
“Yo no sé la cantidad de dinero exacta que he llevado al PP de haber gestionado obras.
Puede ser que haya sido mil [millones de pesetas], puede ser que haya sido más, o puede ser que haya sido menos, no lo tengo contabilizado, es una forma de hablar en un máster de tenis, en una cena.
No niego lo que digo ahí, no niego para nada, lo que no puedo precisar es si es verdad, si fueron 500 [millones de pesetas], fueron 1.000 o fueron 2.000. Lo que es cierto es la práctica”.
Correa había dibujado durante toda la jornada un modo de hacer negocios en los que confundía constantemente el cohecho, la prevaricación y la malversación con la “labor de lobby” que, según su versión, se realiza con naturalidad en otros países.
Defendió que ese trabajo era fruto de sus contactos políticos y que desembocaba siempre en un beneficio para la Administración contratante, el empresario y para él mismo, vía comisión.
Acaso por eso, la fiscal Sabadell ha querido que quede claro de dónde procedían las comisiones que llevaba Correa a Génova.
“Sí, era por obras”, ha zanjado por la tarde el empresario, para el que Anticorrupción solicita 110 años de cárcel.
Faltan nombres
A pesar de la gravedad de la afirmación, Correa evitó señalar el nombre de las empresas implicadas y el detalle de los ministerios afectados.
Evidentemente, son obras que solo puede licitar el Ministerio de Fomento, cuyo titular fue Francisco Álvarez-Cascos entre 2000 y 2004. Pero no salió el nombre de Álvarez-Cascos ni el de cualquier otro ministro.
Y la fiscal, por el momento, tampoco se lo ha preguntado.
Correa insistía una y otra vez en que contaba todo lo que sabía, pero también añadía que le resultaba imposible confesar cuestiones de las que nunca se ocupó o que no recordaba.
En ese periodo de Álvarez-Cascos fue cuando la constructora Hispánica, del acusado Alfonso García-Pozuelo, pasó de ser una sociedad de tercera fila a competir con las grandes del país.
Su antiguo dueño, que ha decidido colaborar con la Justicia, dijo el martes que él había pagado dinero negro a Correa y que parte de éste acababa en “organismos centrales”, en referencia a la sede de Génova, si se cotejan las entradas de dinero en la caja B de la trama Gürtel, incautada en 2009, a nombre de García-Pozuelo, y las que reflejó a mano Luis Bárcenas con destino a las oficinas del PP.
Correa había explicado a la fiscal por la mañana: “Es verdad que tuve esa relación con Pozuelo. Y es verdad que él me decía que estaba interesado en una carretera. Era una licitación pública.
Yo gestionaba con Bárcenas si era posible ese candidato, porque daba unas buenas licitaciones y si se hacía, él daba una comisión, yo me quedaba con una parte y otra era para Bárcenas. No era solo con García Pozuelo".
Revés para Rajoy
Hasta el momento en que Correa decidió involucrar al Gobierno de Aznar en el amaño de contratos de las obras del AVE, la confesión no pintaba mal para el actual líder del PP, Mariano Rajoy.
El cabecilla de Gürtel se había quejado de que sus tratos con la dirección nacional se acabaron en 2004, cuando Rajoy asumió la presidencia del partido.
Correa explicó que su mano derecha en los negocios, Pablo Crespo, no “tenía química” con Rajoy desde su época de Galicia.
La explicación hay que buscarla en las guerras internas que el PP gallego libró en los estertores del fraguismo.
Rajoy capitaneó el sector del birrete, la facción urbana del PP que disputó el poder al clan de la boina, un grupo de dirigentes con mucho control territorial que lideraba Xosé Cuiña, de quien Pablo Crespo fue su mano derecha. Aquella enemistad que se prolongó durante años fue la que expulsó a Correa y compañía de Génova 13 cuando Rajoy tomó el mando.
Pero la bomba que Correa se guardó para el último tramo de su declaración involucra también al actual presidente del Gobierno. Rajoy formaba parte del Consejo de Ministros que aprobó las adjudicaciones de las obras del AVE, que según el cabecilla de Gürtel estaban amañadas y reportaban comisiones en negro al Partido Popular.
La confesión en eldiario.es
La confesión de Correa en el juicio ratifica la declaración que entregó en un sobre a Ignacio Escolar, director de eldiario.es, mientras negociaba en 2015 con Anticorrupción una rebaja en la petición de condena.
La Fiscalía consideró insuficiente sus revelaciones para todo lo que solicitaba y el acusado dio la espantada en plenos contactos con las acusaciones populares, sin ninguna explicación.
Aquella confesión decía: "En 1996 hablo con Luis Bárcenas, quien me indica que hay una serie de personas situadas en puestos políticos, y que me necesita como intermediario ante los empresarios de obra civil. (…) Se trataba de adjudicar obras a los empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas".
La pieza que se juzga estos días en la Audiencia Nacional se ciñe a los presuntos delitos de la trama en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Estepona (Málaga).
Pero una vez más, en el transcurso del interrogatorio se coló una cuestión ajena a la pieza, en este caso de la Comunidad Valenciana.
Y otra vez en referencia a la financiación irregular del PP.
“Posiblemente en Valencia hicimos cosas irregulares con la financiación del partido. (...) Cuando acabamos una campaña, teníamos que cobrarla. Los empleados, los proveedores... Si nos tenía que pagar un constructor, pues nos tenía que pagar un constructor", afirmó Correa.
El PP de Aguirre, acusado en un auto secreto de pagar en negro las campañas de 2007, 2008 y 2011
El dinero entró por la puerta de atrás de Génova mediante el desvío de subvenciones de la Administración y el cobro de donaciones ilegales a cambio de “contratos públicos”.
La acusación figura en nuevos informes de la UCO incorporados a la pieza secreta que instruye el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, centrada en la presunta financiación ilegal del PP madrileño.
Según sostiene el magistrado en un auto, en el núcleo de la trama se sitúa la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam.
Según sostiene el magistrado en un auto, en el núcleo de la trama se sitúa la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam.
Como ya adelantó este diario el pasado enero, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han concluido que esta entidad sin ánimo de lucro creada por el PP regional en el año 2000 con el supuesto objetivo de promover acciones formativas y culturales fue empleada de forma masiva, en realidad, para triangular operaciones de su contabilidad paralela.
El juez considera acreditado que permitió al partido “vehicular los fondos destinados a gastos electorales y actuar de pantalla de cobertura de la verdadera naturaleza y destinatario de los servicios de campaña”.
Por Fundescam habrían pasado los donativos opacos de constructores y empresarios pero también ayudas públicas concedidas por los gobiernos madrileños del propio Partido Popular, una nueva vía de financiación ilegal que había pasado desapercibida hasta ahora.
La mecánica era sencilla y permitía al PP controlar todo el proceso.
Primero, los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre concedían fondos a Fundescam para apoyar falsos programas sociales y educativos.
Posteriormente, el dinero era transferido a Génova mediante “facturación por conceptos mercantiles que enmascaraban gastos electorales del Partido Popular de Madrid”.
Y, por último, los fondos permitían a la formación partir con ventaja en los comicios para conservar el control de las instituciones y, de ese modo, poner en marcha otra vez la rueda del fraude para financiar futuras campañas.
La resolución de Velasco precisa que esta práctica ha sido detectada al menos en tres elecciones que se celebraron en un periodo de cuatro años.
Los hechos se atribuyen al PP de Madrid pero se da la paradoja de que, en las generales de 2008, el verdadero beneficiado por el engaño fue el PP nacional, que celebró numerosos actos de campaña en la Comunidad de Madrid.
En varios de ellos, participó el propio Mariano Rajoy.
Según el juez, en el desvío de las ayudas públicas habrían tenido un papel destacado tres dirigentes del partido:
el ex secretario general de la formación y presunto cerebro de Púnica Francisco Granados; el exgerente Beltrán Gutiérrez; y el exconsejero de Transportes José Ignacio Echevarría, que durante una temporada hizo las funciones de tesorero de la fundación.
El auto asegura que los tres, “como miembros del Patronato de Fundescam, habrían sido los que presentaron dichas facturas falsas al objeto de justificar el destino de los fondos recibidos con el propósito declarado de la subvención”.
Granados está imputado desde que estalló Púnica en octubre de 2014, mientras que Gutiérrez fue detenido en febrero de 2016. Por su parte, Echevarría se había mantenido al margen del caso hasta hace sólo dos semanas.
El juez Velasco lo citó como imputado para que aclarara su papel en el movimiento de fondos.
Echevarría, que empezó la legislatura como diputado en la Asamblea de Madrid, tuvo que dejar su escaño después de que tuviera un accidente de tráfico superando la tasa de alcohol permitida.
La UCO también ha confirmado que el PP de Madrid utilizó Fundescam para canalizar donaciones ilegales de empresarios que luego terminaron en la caja B del partido.
La acusación no es nueva.
La Fiscalía Anticorrupción ya concluyó en 2010, dentro de las investigaciones sobre el caso Gürtel, que los populares utilizaron esa entidad satélite para captar aportaciones no declaradas que luego desviaron a las campañas de las dos elecciones autonómicas de 2003, conocidas como las del 'tamayazo'.
Sin embargo, el Ministerio Público desistió de perseguir los dos posibles delitos electorales al considerar que ya habían prescrito.
La Guardia Civil ha descubierto ahora en Púnica que Fundescam siguió recibiendo dinero de empresarios al menos hasta 2011, sólo tres años antes de que comenzara esta causa.
Pero los agentes han ido incluso más allá en sus últimos informes. Según la resolución de Velasco, se ha podido certificar la existencia de “múltiples irregularidades penalmente relevantes” en concursos públicos que habrían sido manipulados por dirigentes del partido para premiar a las mercantiles que daban dinero para sus campañas electorales.
Es decir, que las entregas ilegales de fondos al PP tuvieron una correspondencia directa en adjudicaciones, un vínculo que permite al juez cerrar el círculo del cohecho.
En el trienio 2005-2007, Fundescam recibió de la Comunidad de Madrid subvenciones por valor de 536.096 euros, según una información del diario Público.
Todas las ayudas estaban firmadas por Ignacio González, entonces vicepresidente del Ejecutivo autonómico.
González fue patrono de la fundación entre el 28 de febrero de 2005 y el 12 de junio de 2008. Es imposible encontrar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la concesión de estas subvenciones, ya que no se publicitaron.
Hay más datos en el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza las cuentas de fundaciones vinculadas a los partidos políticos.
En 2008, Fundescam recibió 150.000 euros en donaciones, la misma cantidad que en 2009 y 2010.
La cifra bajó a 75.000 euros en 2011.
Pero el Tribunal de Cuentas no distingue en su labor de control entre donaciones públicas y privadas.
En 2012 el BOCM sí recoge una ayuda de Vicepresidencia (seguía Ignacio González en el cargo) de 128.000 euros.
Esperanza Aguirre anunció en 2010 el cierre inmediato de Fundescam cuando trascendió el vínculo de la entidad con el caso Gürtel.
Dejó la presidencia de la fundación y colocó al frente a una dirigente de su confianza, Gádor Ongil, exconsejera de Familia y Asuntos Sociales, para que la liquidara.
Sin embargo, como informó El Confidencial, la fundación ha estado operativa al menos hasta 2015.
De hecho, el pasado enero todavía no se había comunicado oficialmente su disolución, informa El Confidencial.
Se llama Ramón Cerdá Sanjuan y se dedica «a la constitución de sociedades dormidas o latentes que, posteriormente, vende a terceros a cambio de pingües beneficios, creando un auténtico emporio-nido de sociedades».
Así define la Fiscalía Anticorrupción al hombre que nutrió de empresas opacas a las mayores tramas de corrupción destapadas en España en los últimos 10 años y cuyo nombre está vinculado a más de 9.500 cargos en empresas.
Grau (PP): actos electorales por 350.000 € en billetes de 500
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Alfonso Grau (PP) arremete contra el contenido de la declaración de Jesús Gordillo, su asesor y hombre de confianza, que le sitúa como el máximo responsable de la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.
El Pleno extraordinario de Sant Cugat del Vallès que se celebró este lunes, 20 de marzo, ha decidido por unanimidad realizar una auditoría externa para revisar la adjudicación de la construcción del PAV3 a Ferrovial, una de las obras con las cuales se habría, presuntamente, financiado irregularmente Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).
Las malas compañías del ministro de Justicia Rafael Catalá (PP)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, asistió hace dos semanas a la celebración del 50º cumpleaños del empresario Manuel Torreblanca, condenado en 2015 por siete delitos contra la Hacienda Pública, según confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, asistió hace dos semanas a la celebración del 50º cumpleaños del empresario Manuel Torreblanca, condenado en 2015 por siete delitos contra la Hacienda Pública, según confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia.
La celebración consistió en una comida en un restaurante de la estación de esquí de Baqueira, en el Valle d’Aran y a la misma asistieron destacados miembros de la oligarquía franquista catalana.
Las cuentas del PP de Madrid El juez rechaza llamar a declarar a Aguirre por la Púnica como pedía Granados
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- marzo 21º, 2017
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha rechazado llamar a declarar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del partido en esta región Esperanza Aguirre, tal y como había solicitado la defensa del presunto cerebro de la trama Púnica y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.
En una providencia dada a conocer este martes, el magistrado justifica su decisión señalando que la declaración de Aguirre y de la otra veintena de personas que había reclamado el abogado de Granados "dada la gran cantidad de declaraciones solicitadas", muchas de las cuales considera "innecesarias" en el actual momento del proceso.
La defensa del presunto 'cerebro' de la trama 'Púnica' quería que la expresidenta madrileña declarara para aclarar si Granados podría tener la influencia que le atribuye la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre otros cargos autonómicos en relación con diferentes operaciones urbanísticas investigadas en esta causa.
En concreto, el abogado de Granados pretendía que Aguirre explicara el papel del exconsejero y, en concreto, "qué influencia pudo ejercer sobre la gestión de otros consejeros; si tenía o no la supuesta superioridad jerárquica que se le atribuye en algunos informes de la UCO; que señale qué influencia tuvo (...) en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro, en los conciertos de colegios y en cualesquiera otros asuntos urbanísticos; así como si los altos cargos de su consejería lo fueron por decisión suya, en calidad de presidenta, por ser de su confianza".
Exconsejeros y exalcaldes
Además de Aguirre, el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, interesaba la citación de otra veintena de personas entre las que se encontraban responsables de la empresa pública Arpegio, la exconsejera de Urbanismo Ana Isabel Mariño, el exconsejero de Cultura Santiago Fisas, los exconsejeros de Medio Ambiente Mariano Zabía y Beatriz María Elorriaga y los exalcaldes Pedro Castro y Juan Soler-Espiauba (Getafe) y Bartolomé González (Alcalá de Henares).
En su providencia, de fecha 17 de marzo -dos días después de la presentación del escrito por parte de la defensa--, el juez Velasco considera que "no procede acordar" estas declaraciones "dada la cantidad" solicitada y porque resultan "innecesarias", aunque indica que pueden volver a solicitarse en la fase de juicio oral.
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