La Corte de Apelaciones de Talca, máximo Tribunal de una de las regiones de Chile, ha emitido una orden al Gobierno para que deje de vacunar de manera OBLIGATORIA contra el virus del papiloma humano (VPH) en dicho país.
Talca es la capital administrativa de la región del Valle Central de Chile. Allí el citado tribunal , como también ha ocurrido en las jurisdicciones de Arica y Chillán, la Corte de Apelaciones de la ciudad tramitó un recurso de protección entablado por un grupo de padres y apoderados, que reclaman su derecho a decidir si pone o no la vacuna a sus hijas.
En el centro de la polémica están las múltiples y graves reacciones adversas ofrecidas por esta inmunización en diversas partes del mundo (baste como ejemplo las 352 posibles muertes por la vacuna del papiloma notificadas ante la Agencia Europea de Medicamentos).
La acción legal fue entablada por Carmen Luisa Naranjo, técnico en enfermería, junto a otras 15 mujeres, muchas de ellasprofesionales de distintas áreas de áreas de la salud y educación.
No se trata de un caso aislado dejudicialización ante la obligatoriedad de la vacuna contra el VPH, ya que se han presentaron otras siete acciones legalessimilares y tres han sido admitidas a trámite.
En Talca el recurso lo presentó un abogado candidato a la alcaldía de la ciudad que es, según me cuentan, es muy querido. Ahora, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la provincia del Maule, donde se encuentra Talca, deberá pronunciarse. En algunos recursos se cita a declarar a la ministra de sanidad chilena.
En Chile la inmunización contra el VPH se inició en 2014, bastante más tarde que en el resto del mundo (2006). El Gobierno procedió en ese año a comprar 130.000 dosis de Gardasil, la marca que fabrica Sanofi, Pasteur, Merck, Sharp & Dohme (MSD).
Por cada unidad pagó 7.852,94 pesos. Si el convertidor de moneda no me falla, algo más de 10,5 euros. En total 1214850000 o lo que es lo mismo 1.636.720 euros. Sanofi rebajó el precio pues la compra se le hizo sólo a dicho laboratorio (GlaxoSmithKline fabrica la otra marca de esta vacuna, Cervarix).
Como en tantos otros países, la intrioducción en su programa de vacunaciones de la polémica vacuna estuvo cargada de contradicciones.
El Ministerio de Salud de Chile tomó la decisión a pesar de la existencia de dos documentos discrepantes sobre el tema y a una clara disminución de la mortalidad por cáncer de cuello uterino (el que se pretende combatir mediante la vacunación) en los últimos años gracias al tamizaje citológico cervical (el conocido como Test de Papanicolau, prueba muy extendida, eficaz y barata).
Así se documenta en el artículo Prevención del cáncer cérvico-uterino (CCU) en Chile, mucha vacuna y poco Papanicolau, de Alberto Fica, publicado en 2014 en la Revista Médica.
Fica, sin conflictos de interés en el tema, explica:
La menor mortalidad por CCU indica que la carga de enfermedad por esta causa ha disminuido y que los estudios de costo-efectividad efectuados para analizar la incorporación de esta vacuna deben ser revisados incorporando esta nueva información (…) la eficacia protectora a largo plazo no ha sido demostrada(…) Los efectos adversos serios de estas vacunas, en algunos países más frecuentes que la mortalidad por CCU, no han sido adecuadamente analizadosaún y parecen estar subestimados.Esta decisión ocurre en medio de un deterioro progresivo en la cobertura del tamizaje lo que pone en riesgo la conquista lograda hasta ahora y atenta contra la incorporación de la vacuna ya que no incluye todos los subtipos de alto riesgo y el riesgo de CCU no desaparece. La decisión de vacunar para el VPH aún requiere un fundamento sólido y no puede ocurrir sin solucionar el problema de la cobertura del tamizaje”.
Como hemos publicado, una diputada chilena, Cristina Girardi, que se encuentra entre quienes ha presentado un Recurso de Protección con el objeto de impedir la citada vacunación con carácter obligatorio, asegura que quiere garantizar el “derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”:
Desde luego la inoculación o vacunación es una medida invasiva y su uso debe estar científicamente avalado con la cantidad de estudios suficientes que acrediten calidad y durabilidad del efecto protector, no obstante ello y dado que no es posible asegurar en un 100% la inocuidad del procedimiento, el resguardo del bien jurídico corresponde a la persona y no a la autoridad“.
En el Bufete Almodóvar & Jara llevamos los casos de daños de la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma en España, país pionero en la demanda judicial de los mismos pues aquí se notificaron los primeros daños por esta inmunización.
En España tenemos doce demandas interpuestas ante la Audiencia Nacional contra el Sistema Nacional de Farmacovigilancia y la Agencia Española del Medicamento y Sistema Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad). La batalla legal en Chile promete no ser corta. Y puede extenderse a otros países pues en 2017 Uruguay comenzará a obligar a vacunar a las jóvenes (en su vecina argentina esta vacuna es obligatoria).
Llama la atención que en Europa crece la llamada “duda vacunal”, la crítica a la necesidad, eficacia y seguridad de las vacunas en general o de algunas en particular y lo hace más en los países en las que son OBLIGATORIAS.
Resulta difícil entender lo que sucede en Chile, Argentina, Uruguay o Colombia con la vacuna del papiloma cuando:
-En Francia un Tribunal médico ha reconocido la relación de causalidad entre su puesta y los daños denunciados.
-En Dinamarca hace ya tiempo que investigan los múltiples caso de chicas dañadas.
–India llegó a prohibir que continuaran los ensayos clínicos que hacían los fabricantes del medicamentoporque se usó a niñas pobres como cobayas y varias de ellas murieron.
-En Estados Unidos el Programa Nacional de Compensación por Daños de las Vacunas queha entregado casi 6 millones de dólares a 49 víctimas de las cuales dos murieron y 47 padecen secuelas graves.
-¡Y en Japón hace tres años que el Gobierno dejó de recomendar esta inmunización!
Os dejo con el último documental sobre la vacuna del papiloma que me ha llegado. Está hecho en España con afectadas y médicos a los que conozco:
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