(VIDEO) Orlando Romero Harrington: La verdad oculta
del oligopolio “Kimberly Clark” contra Venezuela
Caracas, 21 de julio de 2016.-
La Empresa transnacional Kimberly Clark, cuyos dueños norteamericanos abandonaron las instalaciones en Venezuela y burlaron a sus trabajadores dentro de la Guerra Económica que aplican sectores poderosos contra el país, nunca ha tenido problemas financieros ni de liquidez y sus ingresos mundiales superan el Producto Interno Bruto (PIB) de cualquier país del tercer mundo.
Así lo develó el analista político e investigador Orlando Romero Harrington, durante una interesante entrevista en el programa En Tres y Dos, que transmite VTV.
Las revelaciones producto de investigación documental, demuestra las verdaderas intenciones de esta firma norteamericana que paralizó la producción de papel higiénico, toallas sanitarias para fémeninas y productos de aseo personal con la excusa de pérdidas, falta de materia prima y divisas, pero que en realidad forma parte de la Guerra Económica para generar la supuesta escasez de estos rubros.
"Forma parte de un oligopolio en productos de higiene y aseo personal que opera en más de 170 países del mundo", dijo Romero, al presentar los resultados de la pesquisa periodística, la cual evidencia cómo Kimberly Clark es una transnacional, probablemente una de las más poderosas del planeta, que controla la producción de estos materiales y mercancías para el aseo e higiene personal y hace uso político de esta condición.
"Cuando hablamos que Kimberly Clark toma la decisión de abandonar un país latinoamericano, esta decisión está consensuada en varios países", alertó el analista, al explicar que debido a su presencia geográfica en el continente, posee un poderoso potencial de intercambio entre sus filiales, "es decir, lo que no tenga en Chile lo tiene en Uruguay o en otra nación, para sus operaciones y comercialización".
Dueño de la fábrica y de los ataques mediáticos:
"Lo interesante de esto es que, como toda transnacional y oligopolio del poder fáctico mundial, Kimberly Clark tiene dentro de sus filas a directores de medios de comunicación", advirtió Romero.
Informó que el presidente de Kimbertly Clark es el congresista norteamericano J. Sensembrener,el más conservador diputado del Partido Republicano quien estuvo detrás de la redacción de la "Ley Patriota" en EEUU.
"Es decir, este señor pertenece al Clan Bush", acotó Romero, en referencia directa al expresidente de EEUU, George W. Bush, quien en la primera década del siglo 21 impulsó la adopción de la llamada "Acta Patriota" para violentar todo Derecho Humano en su país y que se ha aplicado sistemática e ilegalmente en todo el mundo, tras los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York, en 2001.
Comentó que Sensembrener fue calificado como un radical e intolerante por muchos de los integrantes de su propio partido, el Republicano. "Este señor, además, tiene asociación estratégica entre Kimberly Clark y nuestros archienemigos mediáticos de The New York Times", reveló el analista.
"¡Imagínate tú lo que puede venir contra Venezuela", auguró sobre los nuevos y futuros ataques mediáticos provenientes de ese medio de la derecha internacional, al señalar que falló la estrategia de la transnacional al abandonar las instalaciones en Venezuela para forzar un presunto colapso en la producción de estos rubros de consumo.
Recordó que los trabajadores pidieron acompañamiento del Gobierno Bolivariano y lograron la recuperación de la empresa, ahora en poder de la Clase Obrera, y según la normativa legal venezolana los antiguos dueños ya no podrán reclamar nada.
Cártel transnacional:
Para abundar en la conducta de esta empresa transnacional, durante la entrevista se difundieron viejos artículos de prensa que revelan cómo la conducta impropia e interesada de Kimberly Clark traspasa las fronteras nacionales.
Se hizo referencia a varias publicaciones de la revista colombiana SEMANA, empresa periodística que no puede ser acusada de "chavista", las cuales revelan que Kimberly Clark fue sancionada por participar en un cártel empresarial mediante el cual fijaban precios abusivos e ilegales en productos de consumo sensible como el papel higiénico, pañales y cuadernos para estudiantes.
En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia declaró la responsabilidad administrativa por asociación ilegal de acuerdos de precios desde el año 2001 hasta por lo menos diciembre de 2011.
Diez años haciendo manejos dolosos junto a otras empresas del ramo, en una trama para forzar el incremento exorbitante de precios que afectaron significativamente al mercado y a los ciudadanos colombianos.
http://www.aporrea.org/tiburon/n294240.html
En varios países de América del Sur ha sido sancionada
Kimberly Clark: transnacionaliza prácticas ilegales de comercio
13 julio 2016 |
En Colombia, les fue descubierto una especie de Plan Cóndor de la cartelización de precios, no sólo se ponían de acuerdo para fijarlos en Colombia, sino en toda la región andina, incluida Venezuela
¿Recuerda usted las marcas del papel higiénico de “el perrito”, los pañales huggies, las toallas sanitarias kotex, y las toallas kleenex?, seguro que si.
Todas esas marcas forman parte de un conglomoreado de carácter oligopólico que opera en casi todos los rincones del mundo.
Se trata de Kimberly Clark, la empresa que hace pocas horas abandonó intespectivamente Venezuela, dejando a casi mil familias sin sustento.
Según datos de la propia empresa, Kimberly Clark opera en más de 150 países del mundo, en cincuenta de ellos poseen plantas de producción, una de esas está instalada en Venezuela.
A partir de este 11 de julio, está bajo control de los trabajadores, una vez que el Ejecutivo Nacional, luego de constatar las violaciones a la ley por parte de Kimberly Clark y el abandono de su responsabilidad productiva y laboral, tomó las medidas correspondientes.
PRÁCTICAS MONOPÓLICAS DE KIMBERLY CLARK EN AMÉRICA LATINA
En la página web de Kimberly Clark, filial chilena, se puede leer que la empresa “proporciona soluciones de vanguardia para un lugar de trabajo más seguro, más saludable y más productivo”. Seguramente eso ocurría antes del caso venezolano. Pero no solamente en nuestro país, esta transnacional se ocupa de violar regulaciones y de exprimir al consumidor.
En países como Perú, Chile y Colombia, la Kimberly Clark ha sido objeto de investigación y sancionadas por cartelización de precios y colusión, prácticas típicas de los monoplios, que halagan el libre mercado, pero que al final lo que hacen es concertar precios para dejar sin alternativas al consumidor.
Según la Enciclopedia de la Economía, colusión es: En economía aplícase generalmente este término para designar o calificar los acuerdos interempresariales cuya finalidad es la de aumentar los beneficios de las empresas intervinientes, a costa de restringir la competencia y en perjuicio, por tanto, de los consumidores.
En Perú, Kimberly Clark fue sancionada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), por la fijación concertada de precios y condiciones comerciales en el mercado de papel higiénico.
En este caso, según el expediente, Kimberly Clark fue denunciada por la otra empresa con quien pactaban los precios, Protisa. Entre ambas compañías controlan el 88% del mercado peruano en el mencionado rubro.
De acuerdo con la publicación peruana, Gestión, dedicada a la información económica, la investigación del Indecopi detectó concertación de precios entre los años 2005 y 2014 para evitar rebajas. Es decir, 8 años robando al pueblo peruano.
EN COLOMBIA DESCUBREN QUE ERA UN PLAN CÓNDOR DE LA COLUSIÓN DE PRECIOS
para referirnos al caso colombiano, quisiéramos detallar primero el contraste con que los grandes medios tratan la relación empresa privada-gobierno en otros países y cómo los trata cuando se trata de Venezuela.
Nos llamó la atención que hasta CNN titulase:
“Colombia lucha contra el poder de los carteles que controlan los precios de los productos básicos”.
¿Se imaginarían que el titular actual sobre Kimberly Clark en nuestro país fuese:
El gobierno de Maduro salva a trabajadores de Kimberly Clark luego del cierre patronal ilegal?.
Bueno, vamos a las ilegalidades de Kimberly Clark en la vecina nación.
Lo hacemos con parte del texto de la propia nota de CNN:
“Un grupo de empresarios del sector de los cuadernos en Colombia podría recibir una multa superior a los 22 millones de dólares en los próximos días por presuntamente haber formado una alianza anticompetitiva para controlar los precios de estos productos durante 14 años”.
Explica quiénes son los involucrados:
“Las compañías investigadas por este presunto cartel son Carvajal Educación S.A.S, Colombiana Kimberly Colpapel S.A. y Scribe Colombia S.A.S.
Estas dos últimas podrían ser exoneradas del 100% de las multas, pues suscribieron acuerdos por colaborar con la SIC, un mecanismo jurídico que permite a la autoridad de competencia otorgar beneficios a los participantes en carteles empresariales a cambio de su información para detectar, desmantelar y sancionar esas prácticas anticompetitivas”.
Pero también la transnacional hizo lo mismo en la comercialización de pañales, lo reporta la revista Semana. “Hace cuatro semanas, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) –el equivalente del Indecopi– denunció la existencia de un presunto cartel de empresas en el mercado de pañales desechables para bebés.
La relevancia de la denuncia va más allá de su efecto sobre el mercado local de pañales, que podría sentar un precedente para que las autoridades de competencia de la región sean más proactivas en investigar prácticas colusivas; además pone en tela de juicio la cultura y las prácticas de una empresa que en los últimos años ha sido una de las más premiadas”.
Pero, en Semana se denuncia algo más grave, no sólo pactaban precios a lo interno del mercado colombiano, lo hacían para toda la región, una especie de Plan Cóndor de cartelización de precios.
Citamos de Semana: “la denuncia ha salpicado al resto de la región. “[Ejecutivos colombianos] contactaron a sus pares en Ecuador, Panamá, Venezuela y hasta en Estados Unidos para aplicar el mismo mecanismo”, señala El Tiempo.
“Todo el mundo en las regionales de las empresas sabían de los acuerdos”, declaró al diario colombiano un ejecutivo que colabora con la investigación.
En el Perú se ubica la sede corporativa de la región andina de KC, que incluye a Ecuador, Venezuela, Bolivia y Colombia. De hecho una de las reuniones entre representantes de Tecnosur-Tecnoquímicas y KC se realizó en Lima para “diseñar un archivo conjunto de precios”, según la resolución de la SIC.
Por cierto, también cartelizaron los precios para el papel higiénico.
EN CHILE DESCUBREN CÓMO SE PONÍAN DE ACUERDO KIMBERLY CLARK Y SUS SOCIOS MONOPÓLICOS
Según la Fiscalía Nacional Económica (FNE), las dos principales compañías papeleras chilena, CMPC y Kimberly Clark, crearon y participaron de un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de productos de la categoría de papeles.
En otras palabras, acordaron ilícitamente subir sus precios desde el año 2000 al 2011.
¿Y usted cree que sólo los delincuentes comunes usan teléfonos prepago y los descartan para no ser localizados?, pues no, así actuaban según la investigación: “de acuerdo al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los gerentes de ambas empresas tuvieron una reunión en un club de golf en las afueras de la capital, luego en un cuartel de bomberos de la zona oriente de Santiago.
Para facilitar la comunicación y no ser descubiertos, se crearon nuevos correos electrónicos y compraron móviles de prepago, que eran descartados cada cierto tiempo”, así lo señala el portal Perú21.
T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
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Kimberly Clark en la guerra económica
Una de las cosas que más le ha costado desanudar a la época de cambio en América del Sur es la estructura monopólica y oligopólica de las economías de nuestros países. Quizás porque fue concebida dentro del capitalismo como una edificación económica lo más parecida a una cárcel.
Un conjunto de bienes esenciales de higiene en el país, son controlados por 4 o 5 empresas mayoritarias, lo mismo ocurre en casi todos nuestros países.
Es por ello que además de las ventajas para apropiarse de los mercados, estas empresas también poseen una gran capacidad de chantaje y cálculo político.
Desde noviembre del año 2015, muy cercano a la fecha de las elecciones parlamentarias, Kimberly Clark otorgó vacaciones colectivas remuneradas a gran parte de su personal, así como paralizó una línea de suspensión de pañales y de toallas sanitarias.
Evidentemente, ello tuvo un gran impacto en la distribución y comercialización de estos productos a los que es difícil encontrarles otras alternativas y también complicado que otra empresa o grupos de empresas logren equilibrar la oferta, ya que requeriría incrementos también intespectivos de producción y de adecuación de maquinarias.
La transnacional estadounidense tenía capacidad para producir en el país: 33 millones de pañales al mes, 20 millones de toallas sanitarias, 27 millones de protectores diarios y 17 millones de papel higiénico.
Para que imaginen la dimensión del problema, según Nelson Rodríguez, gerente del Consorcio Absorbven, para el año 2011, en Venezuela se demandaba mensualmente hasta 119 millones 70 mil unidades de pañales.
Es decir, Kimberly Clark poseía la capacidad de abastecimiento de un tercio del mercado nacional.
Además, según explica, el mimo Nelson Rodríguez, “el ciclo de producción de pañales, que tiene una duración de 120 días”.
Es decir, es poco probable, que la decisión de Kimberly Clark de irse del país, fuese un hecho inocente o únicamente vinculado a razones comerciales.
Es evidente que una empresa que posee un tercio del mercado en rubros como pañales desechables, difícilmente pensarían en cualquier análisis económico, en irse de un país.
¿QUÉ VIOLÓ KIMBERLY CLARK EN EL PAÍS?
Este lunes 11 de julio, el presidente Nicolás Maduro expresó que la decisión de irse del país por parte de Kimberly Clark, fue una orden que les fue dada en el contexto de la guerra económica y de la obsesión imperial por derrocar al gobierno constitucional. Informó que similar caso es el del también estadounidense City Bank, entidad que sin mediar razones, decidió dar un plazo de 30 días para cerrar las cuentas en divisas del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela.
La transnacional violó el artículo 149 de la Ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras (Lott). El primer párrafo del mencionado artículo señala:
“En los casos de cierre ilegal, fraudulento de una entidad de trabajo, o debido a una acción de paro patronal, si el patrono o patrona se niega a cumplir con la Providencia Administrativa que ordena el reinicio de las actividades productivas, el Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social podrá, a solicitud de los trabajadores y trabajadoras, y mediante Resolución motivada, ordenar la ocupación de la entidad de trabajo cerrada y el reinicio de las actividades productivas, en protección del proceso social de trabajo, de los trabajadores, las trabajadoras y sus familias”.
Por otra parte el artículo 148 de la Lottt establece:
“Cuando por razones técnicas o económicas exista peligro de extinción de la fuente de trabajo, de reducción de personal o sean necesarias modificaciones en las condiciones de trabajo, el Ministerio del poder popular con competencia en materia de trabajo podrá, por razones de interés público y social, intervenir de oficio o a petición de parte, a objeto de proteger el proceso social de trabajo, garantizando la actividad productiva de bienes o servicios, y el derecho al trabajo.
A tal efecto instalará una instancia de protección de derechos con participación de los trabajadores, trabajadoras, sus organizaciones sindicales si las hubiere, el patrono o patrona. Los trabajadores y trabajadoras quedarán investidos de inamovilidad laboral durante este proceso.
El reglamento de esta ley regulará la instancia de protección de derechos”.
LOCKOUT
La acción ejecutada por Kimberly Clark para cerrar sus operaciones en el país, sin seguir los procesos correspondientes, se conoce como “lockout”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define este término como:
“el cierre total o parcial de uno o más lugares de trabajo, o la obstaculización de la actividad normal de los empleados, por uno o más empleadores con la intención de forzar o resistir demandas o expresar quejas, o apoyar a otros empleadores en sus demandas o quejas”.
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